En la recta final del gobierno de Graco Ramírez, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), bajo la dirección de Yaneli Fontes Pérez, contrató con recursos del erario un “seguro de responsabilidad civil” para 16 funcionarios de esa dependencia, a fin de que en caso de ser demandados, no tuvieran que gastar en el pago de fianzas ni en servicios de abogados.

De acuerdo al oficio DA/0891/2018, de fecha 2 de mayo del 2018,  la entonces directora de Administración del IEBEM, Kateri Isamara Castillo Urióstegui, ordenó la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para los servidores Públicos, pero no fueron incluidos todos los funcionarios de la dependencia, sino sólo un selecto grupo cercano a la directora.

La lista es la siguiente: Yaneli Fontes Pérez, directora general; Juan Carlos Morales Figueroa, titular de la Unidad Jurídica; Juan José Figueroa Ruiz, director de Educación Elemental; Lidia Esteban Díaz Flores, directora de Educación Primaria; Enrique Vargas Larios, director de Educación Secundaria; Rubén Rafael Segura Castellanos, director de Desarrollo Educativo; Kateri Isamara Castillo Urióstegui, directora de Administración.

También, Blas Eduardo Ruiz Ramírez, director de personal; Fernanda Farías Victoria, subdirectora de Finanzas; Verónica Villacencio Carbajal, jefa del Departamento de Servicios; Claudia Loya Nava, jefa del Departamento de Adquisiciones; Elsa Vázquez Rodríguez, jefa del Departamento de Tesorería; Edimael Vargas Rodríguez, jefe del Departamento de Contabilidad; Rosella Córdova Cárdenas, subdirectora de Servicio Profesional Docente y Juan Jesús Muñoz Chávez, subdirector de Informática.

De acuerdo al contrato firmado entre el IEBEM y la empresa Interventional Smart S.A. de C.V. (con domicilio en la Plaza Novum local 29, hoy abandonado) con la adquisición de este seguro, “la Aseguradora indemnizará en exceso del deducible, las pérdidas que conforme a Derecho pueda ser responsable el asegurado por cualquier reclamación iniciada por un tercero, que se formulen conforme a los supuestos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y/o las leyes que a nivel local sean equivalentes en los estados en contra de la entidad pública asegurada incluyendo aquella que simultáneamente el tercero inicie en contra de los servidores públicos asegurados que de ella dependan”.

Aclara que se le otorgará cobertura a la entidad pública como asegurado en cualquier caso, “aún tratándose de reclamaciones por actos incorrectos cometidos por cualquier servidor público asegurado, siempre que éste haya actuado sin consentimiento y sin autorización de la entidad pública asegurada y de la cual dependen dicho servidor público asegurado”.

Se advierte también que los servidores públicos asegurados deberán notificar oportunamente acerca de cualquier reclamación o circunstancia que pueda dar lugar a una reclamación, “y deberán tomar las medidas necesarias para adelantar una defensa adecuada de sus intereses, y mantener informada a la aseguradora sobre el desarrollo de la reclamación en su contra.

“Las notificaciones deberán contener una descripción detallada de la naturaleza del acto incorrecto, la identidad del asegurado involucrado, la identidad del perjudicado así como de los daños y perjuicios que se hubiere podido causar  y la o las autoridades ante las que se instruye algún procedimiento o investigación”.

La póliza contratada ampara actos que se hayan suscitado entre el primero de enero del 2018 al primero de enero del 2019 y tuvo un costo de 488 mil 360 pesos.

Su contratación coincide con el manejo de 45 millones de pesos autorizados por el Congreso local para la adquisición de uniformes escolares gratuitos que supuestamente serían elaborados por beneficiarias del programa “Jefas de Familia” de la Secretaría de Desarrollo Social, recursos que fueron entregados a una empresa del estado de México y a dos mujeres cuyo paradero se desconoce, al igual que el destino final de las prendas de vestir.