El Fondo se constituyó con los recursos obtenidos por la aplicación del artículo 15 Ter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la siguiente manera:
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 1% del total;
II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 1% del total;
III.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 1% del total;
IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 1% del total, y
V.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 1% del total.
La propia Ley en su decreto de creación establece que dichos fondos se ejercerán “bajo criterios de estricta racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría y control de gestión que dispongan las Leyes de la materia”, pero en la práctica era todo lo contrario.
En los hechos, ese dinero se repartía discrecionalmente según lo acordara “el Consejo”, conformado por un presidente y cuatro consejeros, mismos que son nombrados por cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.
La Ley que lo crea establece la posibilidad de que el fondo tenga gastos de operación con la única limitante de que éstos no superen el 8 por ciento del total del Fondo.
En la práctica, el Fondo funcionaba como una dependencia gubernamental más, con la diferencia de que ésta se encuentra “escondida” en la estructura del Poder Legislativo y lo hacía con total opacidad.
Si bien es cierto que la Ley del Fondo señala que sería fiscalizada por la Entidad Superior de Fiscalización que depende también del Congreso, no se encuentra dentro de la lista de sujetos obligados, por lo tanto tampoco debe cumplir con la difusión de la información pública de oficio ni tampoco contaba con la Unidad de Información Pública o de Transparencia que establece la Ley del ramo.
Ahora bien, ¿cómo disfrazar el uso de los recursos en supuestos beneficios a los municipios?
El secreto está en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Si se revisa el destino de los recursos de este Fideicomiso, se encontrarán con que gran parte fueron enviados para “obras de servicio social” en el municipio de Puente de Ixtla.
No hay que olvidar que Julio Espín Navarrete mantiene un cacicazgo en ese municipio luego de ocupar dos veces la alcaldía. Se puede decir que en tres ocasiones, pues al finalizar su segundo periodo ya tenía todo dispuesto para que lo sucediera en el cargo su secretario del Ayuntamiento, Josué Espíndola. El tema de la paridad de género los obligó a emplear un Plan B: mandar como candidata a la esposa de Josué, pero en la práctica quien mandaba era Julio.
Para que todo “cuadrara”, Julio puso como representante del PRD ante el Fideicomiso mencionado a Josué Espíndola. De hecho, se jubiló con ese cargo al igual que Ana Guevara, representante de Movimiento Ciudadano, hoy diputada local por ese mismo partido.
Una investigación seria al respecto llegaría a la conclusión de que la mayor parte de los recursos de ese Fideicomiso fueron enviados a Puente de Ixtla, de donde salieron decenas de constancias de trabajo con las que se justificaron una gran cantidad de pensiones aprobadas por la tristemente célebre Cuadragésima Tercera Legislatura.
Sin embargo, no menos cierto es que es prácticamente imposible comprobar que durante el periodo que mencionan las constancias de Puente de Ixtla, no trabajaron o lo hicieron pero en otro lugar.
Dicho de otra manera, no hay forma de sancionar a esos ex diputados y ex funcionarios más que negándoles el derecho a seguir viviendo del erario, como de hecho ocurrió con Julio Espín y todos los demás que conformaban el grupo leal a Rodrigo Gayosso. Hoy están políticamente acabados aunque con las cuentas bancarias muy abultadas.
Reproduzco un mensaje que recibí vía Messenger a raíz de que abordamos el tema de los diputados de la anterior legislatura:
“Amigo, Beatriz Vicera Alatriste tiene una flota de Ubers, tiene papelerías que eran las que surtían al Congreso, pero todo está a nombre de sus hijas. Su marido Luis Fernando Báez Barranco era el encargado de las compras y todo lo compraba en sus papelerías”, dice el mensaje cuyo remitente pidió el anonimato.
Y así podemos recorrer la lista de diputados de la LIII Legislatura y veremos que, salvo honrosas excepciones, todos tienen propiedades que difícilmente hubiesen obtenido con su sueldo, por más prominente que éste fuera.
HASTA MAÑANA.
