La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó la aplicación del “Operativo Mochila”, por considerar que violenta el interés superior de la infancia y carece de un protocolo homologado que permita su aplicación conforme al contexto de cada entidad federativa.

Al emitir la recomendación 48/2019 al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,  la CNDH consideró  al “Operativo Mochila” como “un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana”, porque violenta los derechos humanos a la educación, a la intimidad, a la participación y al principio del interés superior de la niñez de los alumnos.

Además, recalcó, no cuenta con un protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.

Tras emitir la recomendación por dos quejas presentadas por padres de familia por la aplicación el “Operativo Mochila” en la Ciudad de México, el organismo nacional enfatizó que, aun cuando existen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos, los docentes, el personal administrativo, las autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación.

Pero ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, la CNDH enfatizó que cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado, y no de seguridad.

“Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito.

“Además, la Comisión Nacional reitera que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar”, subrayó.

En consecuencia, recomendó al titular de la SEP atender las observaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para determinar si es procedente la continuación de “El Operativo Mochila” y, en su caso, se aplique como medida de protección y cuidado en favor del alumnado, pero bajo un enfoque de derechos humanos.

Pidió conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados del “operativo”, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional.

Solicitó colaborar con el Sistema Educativo Nacional para contar con un análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica públicos y privados, a fin de elaborar y emitir un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar.

Y, adicionalmente, requirió la impartición del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que deberá contener las directrices tendentes a la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia en los planteles escolares, así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos dirigido a todas las autoridades educativas y escolares, padres de familia o tutores, con el objetivo de que conozcan los derechos de los educandos, la forma en que niñas, niños y adolescentes pueden hacerlos efectivos y las obligaciones y responsabilidades de los participantes, como encargados de su custodia y protección contra toda forma de violencia.

En el estado de Morelos, el “Operativo Mochila” se ejecuta de manera intermitente sólo en algunos planteles  educativos que han registrado incidentes violentos dentro y fuera de las instalaciones.

Cada año, se debate sobre la aplicación de esta medida, pero ante la desinformación, la desorganización, la falta de protocolos y muchas veces por la inconformidad de padres de familia, se desalienta su aplicación.  

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