La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación contra Denya Flores Rendón, excandidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD-PSD y exdirectora de Recursos Humanos del Congreso local, por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

Ante un juez de control, la fiscalía anticorrupción acusó a la exfuncionaria por la comisión de diversos delitos, tras haber tramitado y obtenido presuntamente de manera irregular su pensión por jubilación con cargo al erario.

A través de un comunicado, informó que el agente del Ministerio Público adscrito a esta fiscalía “presentó 19 datos de prueba contra Denya ‘N’, acusada de los delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal”, derivado de las denuncias presentadas por la actual Legislatura por las denominadas "pensiones doradas".

No obstante, a petición de la defensa de la exfuncionaria, el juez de control le otorgó 144 horas para dar continuidad a la audiencia inicial relacionada con la causa penal JC/698/2019, y fijó como medida cautelar a la imputada la obligación de acudir a firmar al juzgado, ubicado en la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, situada en el municipio de Xochitepec.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.

“Por ello, no debe pasar desapercibido, que del análisis efectuado y de la documentación analizada, presunciones e instrumental de actuaciones, existen elementos suficientes para considerar que se configura la posible comisión de los delitos de fraude, fraude procesal, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, asociación delictuosa y otros, pues cuando el sujeto activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de la que derive un beneficio indebido para sí, se configura sin que necesariamente exista una resolución judicial, incluso que efectivamente se obtenga un beneficio indebido, pues basta con que el acuerdo emitido dentro del proceso tenga como propósito otorgarle dicho beneficio de manera indebida”, estableció el legislador en el decreto de abrogación de la pensión concedida a la exfuncionaria, y por el cual ordenó a la Dirección Jurídica del Órgano Legislativo, iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón.