Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial.