Proceso judicial está detenido y víctima solicita protección oficial.

Un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) fue acusado por su ex pareja de violencia familiar y de usar sus armas de cargo para cometer la agresión, así como de gozar de protección oficial para evitar enfrentar a la justicia.

Abigail Castro Román, acompañada de su abogado, dio una rueda de prensa frente a la ofrenda a víctimas del delito en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para hacer público su caso y su temor a ser nuevamente agredida por su ex pareja y padre de su hijo menor.

De acuerdo con la víctima, el pasado 14 de abril el presunto agresor y agente antisecuestros en activo, Ángel Olivo Ramírez, acudió a su domicilio, donde la insultó y la humilló, la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo.

“Él se atrevió a agredirme con sus herramientas de trabajo, que fue con un bastón retráctil en mis piernas, donde todavía tengo una marca visible, y las lesiones internas que no son visibles, por las cuales yo sigo acudiendo a terapia física”, dijo y aseguró que el elemento policiaco utiliza su cargo para conseguir protección institucional, al grado de que en dos ocasiones el médico legista de la fiscalía estatal aseguró en sus dictámenes que sus heridas fueron leves y que sanarían en menos de 15 días.

El abogado de la víctima, Luis Ignacio Reyes Andraca,  informó que fue judicializada la carpeta de investigación CJM/524/2019 por las agresiones que sufrió Abigail el 14 de abril, pero existen diversas irregularidades en la integración de la carpeta, ya que el agente del Ministerio Público omitió incluir pruebas y declaraciones de testigos de los hechos

Por ejemplo, señaló, el vigilante del lugar donde vive la víctima, “junto con otros vecinos, pidió la ayuda de la Policía, llegaron, hasta donde tengo conocimiento, dos patrullas estatales y dos patrullas municipales, y este cuate (el presunto agresor) se identificó como miembro de la UECS (otrora unidad antisecuestro) y los policías dijeron ´no podemos hacer nada porque es compañero, hablen a C-5, a la UECS, a ver que pueden hacer’ y no lo detuvieron”.

La mujer acudió a la Cruz Roja a recibir atención médica pero el presunto agresor ingresó hasta la camilla donde se encontraba Abigail e impidió que el médico revisara sus lesiones, por lo cual se dio vista al Ministerio Público ante la evidencia de que Abigail había sido víctima de violencia.

Criticó la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la cual recurrió Abigail el 24 de mayo pasado para solicitar ayuda, porque ahí la emplazaron a conciliar con su agresor, lo cual rechazó de inmediato, ante el riesgo a su integridad física y su vida.

Señaló que el médico legista de la fiscalía insistió en calificar las lesiones como leves, pero han trascurrido dos meses de la agresión y no sólo no han sanado sino que la víctima requiere de terapias de  rehabilitación.

Sin embargo, pese a ello en la fiscalía hay una resistencia por proceder contra el agente antisecuestro por los delitos cometidos en agravio de su ex esposa y madre de su menor hijo.

Insistió en que la carpeta  de investigación no ha sido integrada debidamente ni cumple con las normas ni protocolos para la protección de víctimas, para el acceso a las mujeres a una vida de libre de violencia, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales, razón por la cual la víctima decidió hacer público su caso.

Pidió la intervención del gobierno de Morelos, la fiscalía estatal y la misma titular de la UECS, Adriana Pineda Fernández, para que se le proporcione las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida y la de su hijo, así como para que el proceso judicial prospere y su agresor enfrente a la justicia por los delitos de que se le acusa.

El litigante agregó que el agente antisecuestro está implicado en dos carpetas de investigación más y su grado de violencia lo hace un sujeto peligroso.