Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.