Objetan la forma en que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron amparos contra la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y para reclamar la invalidez del artículo 92-A de la Constitución local, que otorga al magistrado presidente en turno la facultad de elegir unilateralmente a los candidatos a representar a magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo admitieron las demandas de amparo de los magistrados Ángel Garduño, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocía Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde y Andrés Hipólito Prieto.  

Loa juzgadores esencialmente impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que faculta al titular del TSJ conformar unilateralmente las ternas de los aspirantes a representar a los jueces y magistrados en la Junta de Administración, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura, pues a su consideración la facultad debe recaer en el Pleno como órgano máximo del Poder Judicial.  

Con excepción de Rocío Bahena y Carlos Iván Arenas, los magistrados reclamaron por la vía del amparo no haber sido considerados en la terna de magistrados. Otros de los argumentos es que no hubo quórum legal para llevar a cabo las designaciones e integración de la junta, y que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, no rindió protesta como presidenta del nuevo órgano colegiado el pasado 3 de junio.

Cabe destacar que previo a estos amparos, la juez Mireya Díaz Cerón impugnó la designación de Alejandro Becerra Arroyo como representante de los juzgadores ante la junta, por no haber sido incluida en la terna, pese a que solicitó por escrito ser considerada,  y porque la designación recayó sobre una persona que presuntamente no cumplía el perfil, ya que no ejercía el cargo de juez porque estaba de licencia y desempeñando el cargo de coordinador de asesores y apoderado legal del TSJ.

A la juez se le concedió la suspensión para efecto de que Becerra Arroyo no ejerciera el cargo, sin embargo, funcionarios del Poder Judicial aseguran que no hay impedimento legal para que se desempeñe como represente de los jueces ante la junta.

Pese a que se pidió entrevista con la magistrada presidenta Carmen Cuevas López y Alejandro Becerra Arroyo, para abordar el efecto jurídico de la suspensión y obtener su versión, la solicitud ha sido denegada.