El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.
El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.
En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.
El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.
De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.
Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.