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La fiscal Antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, defendió los resultados de su gestión.

La fiscal Antisecuestro Adriana Pineda Fernández defendió los resultados de su desempeño, al asegurar que disminuyó en más de 70 por ciento los casos de secuestro y logró consolidar institucionalmente la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Ante las críticas del legislador José Casas, quien exigió su dimisión al frente de la Fiscalía Antisecuestro, y las cifras tanto del gobierno federal como de la organización civil Alto al Secuestro que ubican a Morelos entre las entidades con mayor incidencia de plagios, afirmó que desde la creación de la UECS a la fecha puede notarse el antes y el después, tanto estadística como institucionalmente.

Afirmó que mientras en el 2013 el estado Morelos llegó a registrar un promedio de 12.5 casos de secuestro por mes, en los últimos tres años el descenso fue notable, ya que en el 2018 la cifra promedio mensual de casos se redujo a 3.8, en el 2019 a 5.8 y en primer semestre de 2020 el promedio fue 3.4 casos.

También, dijo en su defensa, en los últimos siete años han sido sentenciados 517 secuestradores, lo que significa que cada cuatro días un plagiario recibió una condena. En el mismo periodo, fueron detenidas tres personas implicadas en un secuestro, lo que significa que cada tres días hubo una detención relacionada con este delito.

Sostuvo que en los últimos años se ha logrado una coordinación y consolidación institucional para combatir el secuestro y abatir la impunidad, pese a que Morelos es una entidad que se encuentra en medio de otros estados con altos índices delictivos y de movilidad.

“Esa es la diferencia entre el ahora y el pasado. En el pasado no había infraestructura, no había personal ni había integralidad (sic) institucional como lo hay ahora”, expresó Pineda Fernández, que en los próximos días será oficialmente designada como titular de la recién creada Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Indicó que se ha trabajado fuerte en lograr la confianza ciudadana y la socialización de la labor de la UECS y la prueba es que mientras en el 2013 había 80 denuncias por el delito secuestro ante las autoridades federales por la desconfianza hacia las autoridades locales, actualmente no existe ninguna.

Adicionalmente, dijo, no existe ninguna denuncia o investigación que involucre a algún elemento antisecuestro con algún caso de corrupción o implicación con el crimen organizado.

Son los periodos en que suele registrarse mayor violencia contra las mujeres: García Betanzos.

La fiscal especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio, Fabiola García Betanzos, señaló que junio y julio suelen ser los meses en los que se registra mayor violencia contra las mujeres y en los que la temperatura suele ser uno de los factores que provocan este aumento. 

Adelantó que está por lanzarse la convocatoria para seleccionar a quienes integrarán la Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalía especializada, lo que permitirá estudiar y observar metodológicamente la violencia contra la mujer con base en las estadísticas y los casos que investiga la fiscalía.

Precisó que de enero a la fecha la fiscalía registró 28 feminicidios  y 56 muertes violentas de mujeres, pero hasta concluir el 2019 estará en condiciones de concretar un análisis comparativo que permita con claridad establecer si se mantuvo la estadística, si los casos disminuyeron o aumentaron. 

 “La comparativa la vamos a hacer al cierre de año, eso es algo que debemos de hacer. Obviamente los meses más violentos siempre serán junio y julio, esto es por una situación criminológica, implica obviamente, ustedes no lo van a creer, pero uno de los factores es el clima, que en determinado momento puede influir como otros factores. El feminicidio es multifactorial y entonces debemos de atender esa situación. 

“Hoy tenemos esta incidencia delictiva, pero al cierre del año podremos hacer un balance de si está en aumento o no”, indicó.

Explicó que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar también suelen tener un repunte en ambos meses, y estos indicadores deben ser susceptible de estudio, no nada más por parte de los abogados, sino también de los sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, “y ese es uno de los objetivos de integrar un equipo multidisciplinario para la Unidad de Análisis y Contexto, para que nos den estas causas, que nos digan cómo lo vamos a atacar y cuál es el mapa criminológico”.

La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto.

Sus ambiguas declaraciones hacen referencia a Francisco Moreno Merino, quien también encabezó el Poder Legislativo.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que se investiga a por lo menos otro ex diputado de la LIII Legislatura que pudiera estar involucrado en la comisión de algún delito, por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores del Congreso local ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado.
"No les puedo decir exactamente, (pero hay)  otro ex diputado, que fue presidente de la Mesa Directiva a quien le señala por el hecho de no haber enterado las aportaciones que tenían que haberse pagado a este instituto", detalló.
Es que los actuales diputados, así como el asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, cuestionaron el hecho de que Francisco Moreno Merino, ex diputado priista y quien fue por más de un año presidente de la Mesa Directiva del Congreso en la pasada legislatura, no haya sido imputado al igual que sus ex homólogas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, ya que presuntamente también está relacionado con actos de corrupción.
Salazar Núñez afirmó que ningún ex legislador está exento, pues la actual legislatura promovió denuncias en contra de quien resulte responsable por el daño causado al Poder Legislativo.
En cuanto al caso de la ex diputada Beatriz Vicera, dijo que aunque está amparada por la justicia federal, el proceso judicial en su contra debe seguir, por lo que están en espera de que el juzgado de control llame a nueva audiencia y aseguró que existen elementos para vincularla a proceso por el delito de peculado.
"La exdiputada Beatriz " N" deberá presentarse ante el juez que giró la orden de aprehensión, la suspensión que tiene es una suspensión provisional", explicó.

Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.

A través de un breve comunicado, la dependencia rechazó la postura del Congreso local, que exigió a la fiscalía especializada y a su titular, Juan Salazar Núñez, “conducirse con secrecía en todas las investigaciones y ponerse a trabajar”, “más cuando se trata de asuntos tan delicados donde se ha dañado tanto al erario público y donde la sociedad morelense exige justicia, ya que a tres años de la creación de esta Fiscalía no ha dado resultados”.

La fiscalía anticorrupción afirmó que nunca reveló datos sensibles y que la institución continuará su trabajo respetando la legalidad y el debido proceso.

“En relación al comunicado emitido por el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción aclara que en ningún momento se ha puesto en riesgo el proceso derivado de la denuncia iniciada por dicha instancia, en virtud de que los pormenores y detalles de la investigación son reservados y estos datos serán revelados hasta la audiencia respectiva.

“Esta institución siempre actúa y seguirá haciéndolo respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo, con total apego a la legalidad y de manera transparente, honesta e imparcial”, estableció en su comunicado.

La postura del Congreso surgió a raíz de que el martes la fiscalía dio a conocer que retiró la formulación de imputación contra las exlegisladoras y robustecerá la investigación con nueva información aportada por la exsecretaria de Administración del Congreso, Patricia Bandera Flores, quien inicialmente sería imputada junto con Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, pero la fiscalía retiró los cargos y ahora será su testigo.

Uriel Carmona Gándara comparecerá hoy ante legisladores.

Ciudadanos cuestionan el desempeño de Juan Salazar Núñez y la falta de resultados al frente de la FECC; “ataque a la libertad de expresión”, proceso contra reportera, señalan.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se manifestaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en apoyo a la periodista Maciel Calvo y en protesta por lo que calificaron como "ataque a la libertad de expresión". Exigieron la salida del fiscal Juan Salazar Núñez por no cumplir con su función.

Los inconformes lanzaron huevos al portón de acceso de la Fiscalía, en protesta porque no fueron recibidos, y “como un signo para que el titular tenga el valor de atacar la corrupción”.

El grupo de miembros de dicha asociación se congregó en el cruce de las avenidas Poder Legislativo y Vicente Guerrero, desde donde marcharon hasta la sede de la Fiscalía.

Gabriel Rivas Ríos, líder de la organización, expuso que “mientras permanezca el fiscal anticorrupción, no se van a hacer bien las cosas. Hay carpetas de investigación que les han echado abajo… han demostrado una total incapacidad, o bien, hay interés de que las cosas no caminen”. Consideró que el exgobernador “Graco Ramírez sigue metiendo las manos para que le cubran las espaldas”.

Rivas Ríos externó que decidieron manifestarse en protesta porque consideran que “hay un ataque a la libertad de expresión”; lo anterior, en relación con el anuncio hecho por el propio titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, respecto a la apertura de una denuncia (para exigir su derecho de réplica) en contra de la reportera de esta casa editorial, Maciel Calvo.

Rivas Ríos sostuvo que el actuar del fiscal “también es un ataque a la libertad de prensa, a los derechos humanos… Hoy un fiscal anticorrupción se atreve a demandar a una periodista por decir lo que otros ya saben, que fabricó pruebas para meter a la cárcel al exrector de la UAEM, Alejandro Vera”.

Aseveró que el denunciar a un medio de comunicación, en este caso a una periodista, es una clara muestra del intento por acallar cualquier crítica, ya sea de periodistas, o por parte de activistas o defensores de derechos humanos, por lo que hoy exigen un alto a las agresiones de este tipo.

Según Rivas Ríos, Juan Salazar es un funcionario impuesto y heredado por el exgobernador Graco Ramírez, a quien aparentemente pretende proteger junto a ex servidores públicos por irregularidades detectadas; de igual modo, señaló que es de dominio público que este personaje no ha rendido resultado alguno hasta la fecha.

“Ahora resulta que los corruptos nos van a demandar por denunciar la corrupción, por decirles lo que son. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Rivas Ríos.

El dirigente de la organización se refirió así al proceso iniciado por el citado fiscal contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo, por una nota sobre la resolución de un juez local en torno al caso de Alejandro Vera Ramírez y su esposa.

Salazar Núñez recurrió a la justicia federal para exigir lo que consideró su derecho de réplica y su escrito fue publicado en La Unión de Morelos, pese a lo cual, continuó el procedimiento judicial por algunos días, por estar inconforme por la manera en que había sido atendida su exigencia.

Finalmente se desistió y, ayer, después de la protesta, su área de prensa emitió un comunicado en el que señala que “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) respeta la libertad de expresión, así como la de manifestación; jamás ha actuado por consigna ni por presiones de ninguna índole”.

Aunque en ese contexto dice que el martes se reunió con la reportera Maciel Calvo, el comunicado evita decir que fue para realizar una entrevista periodística (que aún no se ha publicado) a petición de la reportera.

El boletín de prensa asegura al final que “Esta Fiscalía se rige por los valores y principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ética, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, transparencia, respeto a los derechos humanos, honorabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio”.

Una activista encaró al funcionario y le reprochó su proceder.

En lo que va del año se han registrado en Morelos 19 feminicidios, informó la representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la entidad, Digna Ochoa, quien este viernes demandó al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, que no se revictimice a mujeres desaparecidas y a jóvenes que son localizadas.

La activista abordó al funcionario estatal cuando éste salía del Palacio de Gobierno. Le expresó su preocupación por la forma en la que se ha dado a conocer la información acerca de menores de edad que estaban reportadas como desaparecidas y que fueron localizadas.

Explicó que van al menos tres casos, en los que se divulga la imagen de las mujeres de entre 14 y 15 años, se da a conocer que “se fueron por su propia voluntad” y que “estaban con el novio”. Se dice que “no estaban desaparecidas”.

Encaró al fiscal, a quien le reclamó que se exhiba a las niñas y jóvenes de esa manera porque las revictimiza, las coloca en una situación de escarnio.

Uriel Carmona Gándara respondió que en lo personal está de acuerdo, agradeció el comentario de Díaz Pineda, se comprometió a corregir esta situación, pero le pidió que presentara su solicitud por escrito, para darle el curso formal y remitirlo a la Visitaduría. Díaz Pineda se comprometió a entregar el oficio requerido el lunes.

En entrevista, informó que la organización tiene registrados 19 casos de feminicidio en Morelos y externó que la preocupación mayor es que la tendencia parece ir en aumento, ya que en enero de este año, el mes cerró con diez casos y hoy estamos a mitad del mes y ya hay nueve.

En cuanto a desapariciones, indicó que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa tiene un recuento de 24 mujeres desaparecidas, de las cuales 20 fichas de búsqueda y localización de la Fiscalía fueron emitidas en enero y cuatro en lo que va de este mes.

Susana Díaz expresó que no ven políticas eficaces y un indicador es que la autoridad, incluso, se niega a dar una estadística oficial de dicho delito. “Lo que nos mueve a levantar la voz es que no hay una estrategia; no hay más que declaraciones totalmente fuera de contexto, cuando no se dice que a las mujeres se les quita la vida porque forman parte de la delincuencia organizada, se les dice que son prostitutas. Estamos ante una autoridad que se niega a reconocer que el tema de la inseguridad de las mujeres está rebasado”, añadió.  

El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

Afirma que, de concretarse, su remoción sería un mal precedente en el país.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acusó al Congreso de violentar su derecho de audiencia y debido proceso, al explicar su inasistencia a la comparecencia convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, como parte del proceso para su remoción del cargo.

A través de un comunicado, el fiscal estatal manifestó no estar en condiciones jurídicas para presentarse a la comparecencia, porque el citatorio que fue enviado por la comisión legislativa, y que le fue entregado al mediodía del martes, no tenía anexado el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni tampoco fue informado de las supuestas causas graves que pudieran justificar su cese.

También alegó que el Congreso no le envió ningún documento con las supuestas pruebas en su contra (en las que algunos diputados afirmaron que carece del examen de control y confianza), ni le concedió ningún plazo razonable para defenderse ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, “sino que violando las garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia”, se le pretende destituir.

Acusó al Congreso de pretender un atentado en contra de la autonomía de la Fiscalía General y que, de proceder su remoción, sin el cumplimiento de los procedimientos y garantías constitucionales, “se estaría dejando patente un ejemplo a nivel nacional, de que la autonomía de los órganos de procuración de justicia pudiera ser una mera simulación, puesto que la autonomía del Ministerio Público debe ser ajena a los vaivenes de los intereses políticos, de grupo y especialmente de índole personal”.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez se abstienen nuevamente de comparecer ante la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso estatal.

A unas horas de que concluya el periodo ordinario, diputados locales buscarán concretar la remoción del fiscal general y del fiscal anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente.
Por la vía rápida y a puerta cerrada, los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), convocaron a sesión de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, en la que comparecerían los fiscales, que fueron citados con tan sólo 48 horas de anticipación (el 10 de diciembre). 
Sin embargo, Carmona Gándara no acudió a la cita y Salazar Núñez determinó enviar un escrito en el que señaló los elementos por los que considera es improcedente su destitución.
Ante la ausencia de los dos funcionarios, los legisladores citados acordaron proceder a la dictaminación del caso, con el voto en contra de la legisladora del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Arano, tercera integrante del órgano legislativo, y quien también se opuso a que la sesión se realizara en privado.
El presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que no se violentó ningún derecho de los fiscales, pues se les garantizó audiencia para presentar sus alegatos en el proceso de destitución que solicitó el Poder Ejecutivo.
Pol tal razón, la comisión antes citada presentará este jueves ante el Pleno un dictamen en el que se establecerá si hay motivo o no para la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar.
Casas González informó que el dictamen se integrará en base a si los fiscales cumplieron o no con los requisitos para estar en el cargo, luego de que no se sometieron a los exámenes de control de confianza.
Mientras tanto, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reiteraron que votarán en contra de la remoción de los funcionarios mencionados, por tratarse de un proceso viciado de origen.

Se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó; también hay procesos por irregularidades en el Instituto de Crédito y en la Sedagro.

La actual administración detectó que en el gobierno pasado se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó, por lo que iniciará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al tratarse de fondos federales. Por otra parte, iniciarán los procesos correspondientes por anomalías en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que suman alrededor de 30 las denuncias que ya fueron iniciadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y hay varios expedientes en proceso de integración, además de la denuncia que se presentará ante la PGR.

En entrevista, la mañana de ayer miércoles, informó que ayer mismo se iniciarían entre tres y cuatro por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, por disposiciones indebidas de recursos económicos. Cuestionado al respecto, no descartó que entre ellas se encuentre la que corresponde al préstamo que se le otorgó al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a unos cuantos días de su salida. “No puedo dar nombres ni detalles… sí podría ser”, respondió ante la pregunta expresa.

El funcionario habló también sobre la postura del fiscal anticorrupción, quien sostiene que no ha emprendido acciones porque el actual gobierno no le ha aportado pruebas de los supuestos delitos cometidos por funcionarios de la administración graquista.

“Todo lleva su proceso, hay alguna diferencia en puntos de vista con el fiscal, pero creo que debe quedar claro que la investigación y persecución de los delitos corre a cargo de la institución del ministerio público y no de los particulares”, expresó, al exponer que el gobierno del estado pidió constituirse como coadyuvante y poder robustecer la investigación con algunos elementos, pero insistió en que todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía y habrá de esperar si decide la judicialización de las carpetas.

Reiteró que será la Fiscalía la que determine el monto del daño patrimonial, en caso de que lo hubiera.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Ortiz Guarneros, informó que se detectó que se erogaron 27 millones de pesos para la capacitación de 400 elementos policíacos, pero que no se realizó. Los recursos que se destinaron para esa supuesta capacitación corresponden a fondos federales y, por ende, la denuncia será presentada ante la PGR.

Acusan a Uriel Carmona Gándara de haber impuesto a su esposa en notaría.

En medio de enconos y acusaciones sobre un proceso viciado y a "capricho" de los legisladores, el Congreso del estado avanza en la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Ayer, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a la Mesa Directiva se revise el proceso que se inició en contra de los fiscales, por estar viciado de origen. Incluso, el legislador Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que dichas violaciones reiteradas a la ley por el Congreso se han cometido a propósito, con el fin de que los fiscales puedan impugnar el proceso y permanezcan en el cargo. Por tal razón, se pronunció por proceder de manera correcta y reunir las causales necesarias para la destitución de los funcionarios.
Sin embargo, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) advirtieron que el proceso continúa y que la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar se concretará en las próximas horas. 
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que han actuado en base a la ley e insistió en que existen elementos jurídicos suficientes para concretar la destitución de los dos funcionarios antes mencionados.
José Casas González, diputado del PT, advirtió que iniciarán un juicio político en contra de sus homólogos de Morena por oponerse a que se cumpla con la ley y se remueva a quienes fueron impuestos de manera ilegal y no han cumplido con su trabajo.
Ayer, finalmente reinició la sesión ordinaria suspendida el martes 4 de diciembre pasado y el proceso de remoción se turnó a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, con la oposición de Morena, PRD y el Partido Social Demócrata, que pidieron que se analizara en la Junta Política y de Gobierno para que todas las fuerzas políticas determinen si hay elementos para avanzar en el tema.

Zapotitla Becerro acusa a fiscal general de haber impuesto a su esposa en notaría

En tribuna, los legisladores manifestaron posturas encontradas sobre la destitución de los fiscales. Sin embargo, Marcos Zapotitla también aprovechó para denunciar el conflicto de interés en el que incurrió el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al haber propuesto como su suplente en la Notaría 6 a su esposa María Luisa Sánchez Osorio.
Zapotitla Becerro dijo que dicha imposición se concretó pese a que la la ley señala que para ocupar una notaría se tiene que contar con una experiencia de 18 meses en práctica notarial, cuando la abogada se desempeñó hasta en enero pasado como juez tercero civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales.

El Congreso del estado iniciaría juicio político al exgobernador Graco Ramírez por encubrimiento y omisión, al haber permitido que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fuera designado y permaneciera en el cargo, a pesar de no haber cumplido con los requisitos de ley.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el diputado José Casas González, expuso que tienen elementos suficientes para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del exmandatario e, incluso, en contra de exlegisladores de la LIII Legislatura.
"El hecho de que Graco Ramírez haya nombrado a un fiscal sin tener esos requisitos también lo hace omiso y lo hace candidato a un juicio político a él, los legisladores que aprobaron esos nombramientos, y el mismo fiscal, y de ahí se desprende que el fiscal anticorrupción y electoral están en la misma hipótesis", manifestó el diputado.
Refirió que –además- el Congreso del estado solicitó el apoyo del gobierno federal y el Congreso de la Unión para hacerse de elementos para proceder en contra del exmandatario por otras causales.
Confirmó que la solicitud de juicio político que presentaron ciudadanos encabezados por el abogado Enrique Paredes Sotelo, se desechó por falta de elementos que no sustentaron los mismos promoventes.

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales

Por supuestos motivos personales, Jesús Meza Tello presentó al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos.

El documento, con fecha 6 de diciembre del año en curso, fue presentado no sólo ante la Fiscalía General del Estado, sino que fue entregada una copia a diversos diputados de la LIV Legislatura, en el que el abogado anunció su “renuncia irrevocable”.

El ahora exfuncionario sólo acotó que, por convenir así a sus intereses personales y profesionales, tomó la decisión de dimitir al cargo.

El 24 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado creó de manera permanente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de investigar y perseguir los ilícitos en esta materia, independientemente de que sea o no época de comicios. Dos días después, Meza Tello fue designado el primer titular de esta fiscalía. 

Uriel Carmona Gándara afirma que no hay causal legal para su remoción y acusa al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

Mientras un grupo de organizaciones de abogados insistieron en la remoción o dimisión de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez como fiscal estatal y fiscal anticorrupción, el titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que no hay causal legal para su remoción y acusó al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

En un pronunciamiento conjunto, 12 organizaciones civiles y de abogados pidieron la salida de ambos fiscales, por considerar que además de carecer de la evaluación de control y confianza como requisito indispensable para su permanencia en el cargo,  su trabajo es deficiente y no cumple con las expectativas de la sociedad.

Señalaron que tanto el fiscal general Uriel Carmona, como tampoco el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no han dado resultado alguno en la importante función que les fue encomendada, pues durante el ejercicio de sus respetivos cargos, sólo ha habido impunidad y corrupción, por lo que de manera voluntaria y por dignidad deberían renunciar.

Recalcaron que Carmona Gándara no puede ser fiscal y notario con licencia a la vez y que es conocido que el ex gobernador Graco Ramírez, lo favoreció con la conservación de la patente para que mientras dirige la FGE, su esposa se haga cargo de la notaria.  

Las críticas se incrementaron con el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pues no sólo lo señalaron por haber sido colaborador de Graco Ramírez, sino por los nulos resultados y los conflictos de intereses que lo envuelven. Por ello, insistieron en que debería proceder su remoción del cargo de Uriel Carmona y Juan Salazar. 

No hay causal de remoción: fiscal

A través de un comunicado, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara se defendió de sus detractores y aseguró que no existe causal legal para que proceda su cese.

En el documento, estableció que los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado, 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen que la remoción de los fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales sólo podrá realizarse por 11 casuales graves.

Es decir, por incurrir en los delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato u obstrucción de la justicia.

“Derivado de lo anterior, y de la simple lectura de las causas graves establecidas en la normativa aplicable, se desprende que el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza no está contemplado en dichas causales, por lo que, tanto la solicitud del Gobernador del Estado, así como cualquier determinación del Congreso del Estado, devienen inconstitucionales”, respondió a quienes solicitan su relevo en el cargo.

Respecto a la polémica generada por el diputado del Partido del trabajo, José Casas González, quien afirmó que el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción no cuentan con los exámenes de control y confianza, que es un requisito obligatorio para el ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Carmona Gándara no precisó si cuenta o no con la certificación, sólo acusó al legislador de difundir información falsa e ilegal.

“De la misma manera y en atención a los cuestionamientos sobre las evaluaciones de certificación y control de confianza, es indispensable hacer del conocimiento de la ciudadanía, que con base en el artículo 56, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los expedientes de los mismos son estrictamente confidenciales, por ello, la Comisión Estatal de Seguridad no tiene acceso a los mismos, por lo que la documentación presentada por el legislador José Casas González es, además de falsa, ilegal; toda vez que el divulgar cualquier tipo de información clasificada se sanciona con una pena de 2 a 8 años de prisión, con base en lo dispuesto por el artículo 139 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Aunado a lo anterior, es importante señalar que con base en lo dispuesto por los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5, fracción III y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gobernador del Estado, carece de toda competencia para solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal Anticorrupción, lo que vicia aún más el procedimiento multicitado”, dijo y llamó al Congreso a conducirse con apego a la legalidad y a trabajar de manera coordinada en beneficio de los morelenses.

El presidente de la organización señala que la falta de exámenes de control de confianza puede subsanarse.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, afirmó que el fiscal general Uriel Carmona Gándara podría subsanar el requisito del examen de control de confianza, pero el fiscal anticorrupción, por honor, debería renunciar al cargo no sólo porque carece de evaluación sino porque en tres años su desempeño ha sido vergonzoso.

Luego de que el Poder Ejecutivo estatal solicitó la remoción de ambos fiscales al Congreso local, el jurista afirmó que efectivamente la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, en su artículo 65, establece que las personas que ingresen a las instituciones de procuración de justicia, deberán contar con el certificado y registro correspondientes, y nadie podrá ingresar o permanecer en el cargo sin contar con el certificado y registro vigentes.

Dijo que en el caso del fiscal estatal –a quien diputados del Partido del Trabajo acusan de no contar con tal certificación al no haber sido sometido al examen de control y confianza-, podría subsanar el requisito de permanencia en el cargo, que ocupa desde hace más de nueve meses.

Pero en el caso del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, la situación es insostenible ante su desempeño vergonzoso y carente de resultados, pues no sólo carece de la certificación, sino que hasta ahora no hay un solo ex servidor público condenado y sancionado.

“De manera moral y por honor el fiscal anticorrupción debería renunciar ya, no ha dado resultados y la prueba es que ningún imputado está cumpliendo una condena, producto de que no hay una buena integración de las carpetas de investigación. Por vergüenza, debería dejar el cargo, antes que la exhibición de su incompetencia sea mayor”, afirmó.

Observó que aun cuando Salazar Núñez tiene tres años en el cargo (ya que fue designado en agosto de 2015 por la LII Legislatura), el fiscal general, en su calidad de superior jerárquico, debió exigirles cumplir con el requisito de certificación.

En caso de prosperar la remoción, dijo, ambos fiscales podrían recurrir al juicio de amparo para defender su encargo y entonces sería del Poder Judicial de la Federación quien definiría y sentaría precedente sobre si la carencia o la caducidad de la certificación, a través de los exámenes de control y confianza, es causal para cese, ya que en la legislación existen lagunas jurídicas.