Las tres instituciones implicadas en el conflicto mantienen en completo sigilo el origen de la investigación que las mantiene enfrentadas.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, se deslindó del conflicto entre la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Sin embargo, todas las instituciones implicadas en el brete mantienen en completo sigilo el origen de la investigación que las mantiene enfrentadas.  

A través de un comunicado, la FGE aclaró que la fiscalía anticorrupción “es un órgano constitucionalmente autónomo, que cuenta con gestión, administración y operación propia y que no está sujeta a las disposiciones, instrucciones o línea de operación” del fiscal estatal.

Tras el cateo autorizado por un juez y realizado por personal de la fiscalía anticorrupción en las instalaciones de la ESAF para confiscar algunos documentos, que presuntamente le fueron negados a la FECC, la FGE rechazó las afirmaciones de funcionarios del ente fiscalizador, que acusaron al fiscal estatal de estar detrás de los supuestos actos de intimidación.

Aclaró que la FGE no promovió ninguna denuncia contra la ESAF, pero en su comunicado explicó que fue su Órgano Interno de Control, “organismo igualmente autónomo y cuya función primordial es la de verificar y auditar el uso y manejo de los recursos asignados” a la fiscalía estatal, quien promovió una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ésta a su vez, integró una investigación que derivó en el cateo a las instalaciones del órgano fiscalizador.

“Resultado de dicha denuncia por el Ejercicio Ilícito del Servicio Público e Incumplimiento de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción inició la carpeta de investigación con causa penal JC/1051/2020 y ante la autoridad judicial solicitó y obtuvo de la Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, con sede en el Municipio de Xochitepec, una orden de cateo”.

La fiscalía estatal reiteró que “no tiene injerencia en las investigaciones realizadas por un organismo autónomo diverso y es cada Institución, organismo y funcionario que desempeñe un cargo al servicio de la sociedad, que está obligado a cumplir con los lineamientos y leyes que rigen su función, haciendo valer el estado de derecho y con el límite que la propia ley establece para cada uno de los funcionarios, por lo que se niega categóricamente que exista de parte de la Fiscalía General del Estado, una persecución de índole política” hacia funcionarios de la ESAF.

Incluso, recalcó que la FGE  “ha enviado siempre oportunamente la Cuenta Pública a la ESAF y a pesar de lo anterior, en ningún momento se ha negado la entrega de la información para dar cumplimiento a la auditoría especial iniciada que contempla los últimos tres años.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos ha remitido la documentación e información que le ha sido solicitada sin que medie ningún obstáculo o negativa”.

Hasta el momento, funcionarios tanto de las fiscalías como del ente fiscalizador han mantenido en total hermetismo los nombres de los servidores públicos bajo investigación, los detalles de la denuncia iniciada por el Órgano Interno de Control de la FGE y las indagatorias desarrolladas, que permitan detallar la ruta crítica que las llevó al enfrentamiento judicial y político.