Detenidos son liberados por errores en informes y registros.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) exhortó a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas, para que se implementen políticas y programas de capacitación dirigidos al personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, para evitar la liberación de detenidos por fallas en los informes y registros.

De acuerdo con un comunicado emitido por el órgano colegiado -integrado por fiscales y procuradores de justicia de todos los estados- los principales motivos que obligan a dejar en libertad a las personas detenidas tienen que ver con temas de derechos humanos, inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones o en el Informe Policial Homologado (IPH).  

De acuerdo con cifras del Inegi entregadas al CNPJ), en el 2018 en el país se cometieron más de 33 millones de delitos, se iniciaron más de un millón 900 mil carpetas de investigación, y alrededor de 200 mil asuntos fueron ingresadas como causas penales ante los órganos jurisdiccionales. 

El Registro Nacional de Detenciones reportó, del 23 de noviembre 2019 al 31 de julio 2020, un total 70 mil 886 detenciones por hechos del orden federal, de las cuales el 46 por ciento de las detenciones fueron efectuadas por policías municipales y el 32 por ciento por policías estatales.

Al realizar una revisión de las razones por las que se otorgó la libertad a los detenidos, se observó que en el 81 por ciento de los casos influyó negativamente la forma de presentación del informe policial homologado.

 “Este Órgano Colegiado exhorta a las y los Gobernadores de los estados de la República Mexicana, para que prioricen el desarrollo e implementación de programas de capacitación conjunta dirigidos a los agentes de las instituciones de seguridad pública y protección ciudadana del ámbito estatal, con un énfasis especial en aquéllas del orden municipal, en materia de derechos humanos, actuación del primer respondiente, registro nacional de detenciones e informe policial homologado”, recalcó el comunicado, basado en el acuerdo aprobado el pasado 4 de septiembre por los fiscales y procuradores de todo el país.

La CNPJ expresó su interés en participar en esfuerzos conjuntos “que nos permitan incrementar la confianza de la ciudadanía y reducir los casos adversos ante los órganos jurisdiccionales. Por lo que ofrecemos la colaboración de las Fiscalías y Procuradurías para generar mesas de trabajo y revisar los asuntos que se ponen a disposición, compartir los criterios de los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de evitar que se repitan los errores, lo que puede evitar el ciclo de impunidad”.