Buscan implementar la Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos.
Los Poderes Judicial y Legislativo cabildean la posibilidad de etiquetar presupuesto para implementar la Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos, aprobada desde 2014, y crear la Unidad de Protección, especializada e integrada por elementos capacitados en la custodia de víctimas y testigos, con lo cual regresarían a las filas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) los policías preventivos que actualmente desempeñan esa tarea.
A petición de un grupo de empresarios morelenses, representantes del Congreso, la CES y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sostuvieron una reunión de trabajo la semana pasada para abordar este tema y considerar su inclusión en la discusión de la ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 2021.
El magistrado y titular de la Comisión de Seguridad del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, comentó que, con base en Ley de Sujetos Protegidos en el Estado de Morelos, se crearía la Unidad de Protección a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y “lo que se busca es que en lugar de que sean los policías de la CES quien atienda medidas de protección, la fiscalía tenga sus propios policías que protejan a víctimas y testigos”.
Con ello, dijo, la CES recuperaría el estado de fuerza, ya que sus policías no estarían distraídos en otros temas que no sean la prevención del delito; en tanto, la FGE tendría una unidad especializada y con elementos capacitados para realizar la labor de protección y custodia.
Explicó que la unidad se encargaría de brindarles protección a las víctimas y las personas que de alguna manera colaboran con la justicia como testigos, a partir de las peticiones de los fiscales, las órdenes que emitan los jueces y magistrados en segunda instancia que llevan los casos, con base en un análisis de amenaza y riesgo.
Dijo que la propuesta presupuestal ronda los 20 millones de pesos al año, sin embargo, la definición de recursos dependerá del número de elementos que se incorporarán y capacitarán, así como de la decisión del Congreso.