El Poder Judicial del estado y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) impugnaron la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020.

El proyecto de resolución presentado este lunes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, de manera inédita e histórica, invalidar la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2020 por violaciones al proceso legislativo, derivado de las impugnaciones promovidas por el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra el presupuesto que les fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

El proyecto expuesto en el Pleno sobre la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la CDHEM corrió a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó invalidar el presupuesto estatal 2020 por diversos vicios.

Aunque una minoría de ministros consideró que el organismo local carecía de legitimidad para promover la acción para impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Poder Legislativo local, la mayoría  de los integrantes del Pleno votó por la legitimidad de la comisión para promover la impugnación, ya que –de acuerdo con el ministro ponente- el reclamo de presupuesto es una defensa en abstracto de los derechos humanos, ya que a partir de un bajo presupuesto la CDHEM no puede cumplir con su objetivo y se vulnera su autonomía constitucional.

Sin embargo, el Pleno no entró al análisis de fondo y pospuso el debate para la siguiente sesión, debido a la conexidad de la acción de inconstitucionalidad con la controversia constitucional 42/2020 (también enlistada en segundo lugar para resolución) promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, y el impacto que tendría la invalidez de la Ley de Ingresos estatal, pues sería la  primera vez en la historia del país  que la SCJN invalidaría un presupuesto gubernamental por vicios legislativos.

“Señoras y señores ministros, como ustedes saben, este proyecto trae un tema delicado, importante de violación a proceso legislativo. Tuvimos una ardua y extensa sesión previa, en la cual algunas ministras y ministros consideraron importante darnos un espacio para reflexionar, ver constancias, tomar en consideración cuáles serían las constancias jurídicas de este asunto, no solo para este caso en concreto, sino como un precedente muy trascendente en un sentido o en otro que fuera la votación (…).

“Voy a proceder a levantar la sesión toda vez que este asunto está vinculado íntimamente con el asunto que tenemos listado en  segundo lugar, para que podamos dedicar un espacio a analizar y reflexionar sobre las diversas posturas y consecuencias que traería  la votación de este asunto, sobre todo por lo que hace a la violación del proceso legislativo que, hasta donde recuerdo, sería la primera vez que eventualmente este tribunal constitucional invalide un presupuesto de egresos por violaciones al procedimiento legislativo”, explicó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al dar por concluida la sesión.

PRESUPUESTO FUERA DE TIEMPO E IMPUGNACIONES

La aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos se dio fuera de plazo y en medio de una disputa política por la representación del Congreso y la titularidad de diversas comisiones legislativas.

El presupuesto debió ser aprobado el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, fue  hasta el 28 de enero de 2020 que se logró el consenso y la aprobación de la Ley de Egresos, con diversos ajustes notables que impactaron a diversos organismos autónomos y al Poder Judicial.

Inconformes, por separado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la CDHEM promovieron la controversia constitucional 42/2020 y la acción de inconstitucionalidad 116/2020, para impugnar ante la SCJN los presupuestos que les fueron asignados.

En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del Estado y publicado el pasado 29 de enero de 2020 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, se asignaron 549 millones de pesos para el Poder Judicial, que se dividieron en 25 millones para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y 524 millones para el TSJ, de los cuales  70 millones de pesos fueron para el pago de decretos pensionarios.

El Poder Judicial solicitó a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

Demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el caso de la CDHEM, para este año recibió un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos, lo cual le serviría para hacer frente a los gastos operativos y la colocó como el órgano defensor con menor presupuesto del país.

El año pasado, el organismo local había solicitado un presupuesto de 50 millones de pesos para adquirir un inmueble como sede propia y aterrizar varios proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el Congreso decidió mantener el presupuesto que tiene la comisión desde hace varios años.