Revocan la sentencia que exoneraba a Rafael Reyes –aspirante a la alcaldía de Jiutepec–, quien fue acusado de actos anticipados de campaña al promocionarse en la red social; el tribunal local había dado por válido que se ampara en la libertad de expresión.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) analizar si el candidato a la alcaldía de Jiutepec por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Rafael Reyes, incurrió en actos anticipados de campaña al usar su cuenta personal de Facebook para promover su candidatura.

Al revocar la sentencia del tribunal local, que declaró inexistente el hecho denunciado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que el TEEM realizó un estudio incompleto del caso, pues si bien existe una deficiente regulación de las redes sociales, también lo es que la autoridad responsable debió analizar diversos elementos de la conducta presuntamente infractora.

Detalló que en el juicio primigenio se reconoció que la cuenta de Facebook señalada sí es la cuenta personal de Rafael Reyes y se argumentó que los mensajes ahí generados estaban amparados en la libertad de expresión.

Sin embargo, en este caso debieron actualizarse los elementos relacionados con los presuntos actos anticipados de campaña.

Es decir, el TEEM debió analizar la calidad del usuario (si era o no aspirante a un cargo) y si los mensajes eran con el fin de externar una opinión o estaban relacionados con una aspiración política, pues no basta que se omita la petición del voto, sino que es suficiente que los mensajes tengan el fin de posicionarse ante la ciudadanía en un proceso electoral en curso o futuro.

“Ante este escenario, en la propuesta se sostiene que, para el estudio de los elementos que actualizan  la infracción de los actos anticipados de precampaña o campaña cuando se involucren mensajes difundidos a través de redes sociales, debe de atenderse conforme a los diversos criterios asentados por este tribunal en los que, si bien la utilización de dichos mecanismo de comunicación se encuentra amparada en la libertad de expresión al ser plataformas que permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones, y difundan información con el propósito de generar debate o intercambio de ideas, lo cierto es que ello lo nos excluyen de las obligaciones y prohibiciones que existen en materia electoral”, detalló la sentencia.

En consecuencia, ordenó al TEEM revocar su sentencia y emitir una nueva, con base en los criterios establecidos por el TEPJF.

El TEPJF confirmó las reglas para el registro de gastos de los representantes ante las mesas directivas de casilla expedidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, confirmar el Acuerdo INE/CG167/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se emitieron los lineamientos para establecer los requisitos y procedimientos a los que deberán apegarse los sujetos obligados para la comprobación de los gastos o gratuidad de los representantes generales y representantes ante las mesas directivas de casilla en el Proceso Electoral 2017-2018.

Los lineamientos emitidos por el INE reiteran la obligación de los partidos políticos de reportar los gastos relativos a la remuneración que, en su caso, entreguen a sus representantes generales y ante las mesas directivas de casilla.

Señaló que si bien reconocen la posibilidad de que este servicio puede ser prestado de manera gratuita por los simpatizantes o militantes, establecen que, ante la presencia de representantes de partidos políticos en las casillas durante la jornada electoral, existe la presunción de la erogación de gastos vinculados con su actuación, mismos que deben ser considerados para efecto de determinar el rebase de tope de gastos de campaña.

En este sentido, los lineamientos incorporan dos mecanismos de reporte de estas actividades. El primero, para informar a la autoridad respecto a la gratuidad de las actividades, los sujetos obligados deberán utilizar invariablemente el Subsistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesa Directiva de Casilla.

Y, el segundo, en caso de que se trate de servicios onerosos, el registro se debe realizar a través del Sistema Integral de Fiscalización, en los tiempos señalados para que la autoridad fiscalizadora esté enterada con oportunidad de los gastos erogados. Asimismo, señalan que, si no se registra la actuación gratuita de un representante en el sistema indicado, se considerará que existió un gasto que no fue reportado y será cuantificado para efecto del tope de gastos de campaña.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó los lineamientos, por considerar que indebidamente fue excluida la posibilidad de demostrar, por otros medios de prueba, que el representante actúo de forma gratuita, generando además consecuencias jurídicas en caso de que, por error o mal funcionamiento de la plataforma, no logren hacerlo a tiempo.

Al resolver el SUP-RAP-51/2018, la Sala Superior no compartió los argumentos del partido actor y consideró que el PRI no señala cuáles son los “otros medios de prueba” susceptibles de acreditar la gratuidad con la que actúan los representantes y, en su caso, las razones por las cuales esas “vías” resultan idóneas, por lo que no es posible analizar este agravio.

Además, reiteró que la trascendencia de acreditar la gratuidad mediante los formatos que genera el sistema diseñado para ello, debe analizarse a partir de considerar que forma parte del sistema de fiscalización en tiempo real.

En el caso del segundo argumento, relativo a posibles problemas en la utilización del sistema de registro, el Pleno señaló que, contrario a lo indicado por el PRI, los lineamientos impugnados sí regulan un plan de contingencia para los casos en que existan fallas que impidan subir los formatos de gratuidad en el Subsistema de Registro de Representantes.

Precisó que los lineamientos determinan que los sujetos obligados deberán acreditar ante la autoridad la imposibilidad de cargar la información, y detonar el plan de contingencia como el medio idóneo para demostrar que existió dicha eventualidad. 

En consecuencia, la Sala Superior determinó confirmar los lineamientos impugnados y, con ello, las reglas específicas para el registro de la gratuidad u onerosidad de las actividades de los representantes ante las mesas directivas de casilla.     

Con el galardón, el Congreso del estado busca reconocer la labor de litigantes en la academia, diputados y abogados burócratas.

La Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Congreso del estado de Morelos lanzó la convocatoria del “Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama” para reconocer la labor de litigantes en la academia, diputados y abogados burócratas.

A través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso emitió la convocatoria, que consta de siete categorías: mérito académico en la enseñanza del derecho; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Legislativo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Ejecutivo; mérito en el ejercicio del derecho en el Poder Judicial; mérito en el ejercicio del derecho en los municipios del estado, órganos constitucionales autónomos y órganos autónomos; mérito en el ejercicio del derecho en la libre postulancia y en las causas sociales y mérito en el ejercicio del derecho en el servicio público de elección popular o designación por decreto legislativo.

El registro de los candidatos o propuestas institucionales deberán ser entregados en las oficinas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado, que están ubicadas en la Calle Acacias número 117 de colonia La Pradera de Cuernavaca, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el próximo 15 de junio.

Para aspirar al reconocimiento deberán cubrirse varios requisitos: carta personal de exposición de motivos; carta compromiso; currículum vitae; copia simple de cédula profesional de licenciado en Derecho y, en su caso, de otros grados académicos obtenidos en la ciencia del derecho.

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 2 de julio y los reconocimientos se entregarán en el marco de los festejos por la celebración del “Día del Abogado” (12 de julio), con la presencia de los titulares de los tres Poderes del Estado y la invitación a los titulares de los municipios, órganos constitucionales y autónomos con participantes inscritos.

Le da de plazo diez días hábiles para que demuestre que cumplió en numerosos casos de pensiones de personal del TSJ a los que no ha asignado presupuesto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó un ultimátum al Congreso de Morelos por incumplir las sentencias en casi media centena de controversias constitucionales relacionadas con los decretos de jubilación de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En los estrados electrónicos fue publicado un acuerdo en el que la SCJN advirtió la contumacia del Congreso local para ejecutar 44 sentencias del máximo tribunal del país, pues si bien en dos ocasiones se le requirió el cumplir y envió copia certificada de una minuta de trabajo con diversos acuerdos celebrados entre los poderes del estado de Morelos, con el objetivo de dar cumplimiento a las sentencias dictadas en controversias constitucionales, esto no es suficiente para dar ejecutada las resoluciones.

“(…) con ello no se satisface lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en cuanto a los efectos de la invalidez decretada; es decir, no hay evidencia de que se hubiera modificado el decreto impugnado, ni se establece, de manera puntual, quién se hará cargo de la pensión respectiva ni con qué presupuesto habrá de cubrirse, lo que evidencia su contumacia para acatar cabalmente lo ordenado en el fallo constitucional”, recalcó la SCJN en su acuerdo. 

Sostuvo que “es un hecho notorio” que, en las controversias constitucionales, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha requerido al Poder Legislativo de Morelos el cumplimiento, sin que a la fecha lo haya realizado.

“En consecuencia, se requiere, bajo apercibimiento por última ocasión, al Poder Legislativo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado en este proveído”, alertó.

Desde 2016, la actual titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cueva López, promovió una cascada de controversias constitucionales contra los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, jueces y magistrados que fueron aprobados por el Congreso sin etiquetar recursos para su pago.

Pero a pesar de que la SCJN ordenó al Congreso destinar presupuesto para el pago de las pensiones de trabajadores en retiro aprobadas mediante decreto, hasta ahora no se han cumplido con las sentencias. Incluso, un grupo de trabajadores jubilados permanece en plantón, afuera del TSJ, en espera de que su situación se resuelva.

Las sentencias incumplidas son de las controversias constitucionales 128/2016, 222/2016, 223/2016, 226/2016, 238/2016, 239/2016, 242/2016, 243/2016, 107/2017, 117/2017, 119/2017, 122/2017, 125/2017, 137/2017, 139/2017, 142/2017, 147/2017, 157/2017, 159/2017, 160/2017, 163/2017, 177/2017, 178/2017, 181/2017, 188/2017, 189/2017, 192/2017, 195/2017, 194/2017, 198/2017, 199/2017, 208/2017, 219/2017, 232/2017, 234/2017, 235/2017, 240/2017, 244/2017, 248/2017, 250/2017, 251/2017, 254/2017, 255/2017 y 291/2017.

Un grupo de ciudadanos acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a iniciar una queja contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por la contaminación de pozos de agua con combustible en Cuernavaca, como consecuencia de la extracción ilegal de gasolina de los ductos que atraviesan la ciudad.

En el documento que fue entregado al organismo nacional para iniciar el procedimiento de queja se denunció que pozos de agua de la zona norte fueron contaminados con el carburante y puso en grave peligro el bienestar una parte importante de la población de la capital morelense y del municipio de Huitzilac.

“Al cometerse el robo de los combustibles de los ductos de Pemex, los delincuentes generan derrames que penetran el subsuelo y, por ende, a los mantos freáticos, donde los combustibles se mezclan con las corrientes de agua que alimentan los pozos de agua potable, la cual es suministrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), generando la contaminación que daña nuestra salud y el medio ambiente, convirtiéndose en un desastre para la población y el territorio afectado”, dice el documento.

Los ciudadanos afirmaron que no hay estudios que puedan constatar que la contaminación por hidrocarburo no se extendió hacia la zona sur de Cuernavaca, lo que significa que es un problema de salud pública que debe atenderse de inmediato antes de que algo grave ocurra.

Agregaron que esta situación es violatoria de los derechos humanos de la población, por lo que es urgente que se tomen medidas para proteger a la población y se haga un monitoreo de todos los pozos de la ciudad.

Un juzgado federal no ha logrado notificar a familiares de dos escoltas fallecidos en los hechos, la resolución que permitiría reactivar el juicio penal

El proceso judicial contra una decena de policías estatales acusado de atentar contra el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado sigue entrampado debido a que un juzgado federal no ha logrado notificar a familiares de dos escoltas fallecidos en la reyerta la resolución que permitiría reactivar el juicio penal.

Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, institución que lleva la defensa de la mayoría de los agentes acusados, señaló que debido al cambio de residencia no ha sido posible la localización de los deudos, lo que impide que se pueda llevar la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los imputados por los presuntos delitos de homicidio calificado y el y homicidio en grado de tentativa.

“Nosotros estamos a la espera de que el juzgado de distrito notifique la resolución, de que se nos negó el amparo indirecto, para que una vez que todas las partes involucradas, en este caso tanto las víctimas como los ofendidos o causahabientes o esposas de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, sean notificadas, se reanude el procedimiento que está suspendido”, explicó.

Dijo que una vez que el juzgado federal pueda hacer las notificaciones faltantes, podrá reactivar el proceso judicial que se quedó en la fase intermedia y llegar final al juicio oral, para determinar la responsabilidad o no de los policías estatales en los hechos que se les atribuyen.

Los diez policías estatales enfrentan los cargos de tentativa de homicidio en agravio del ex fiscal estatal y homicidio calificado de  los tres escoltas que perdieron la vida en el enfrentamiento ocurrido la noche del 7 de febrero de 2013 en la calle 10 de abril de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Mientras la fiscalía sostiene la hipótesis del atentado, la representación legal de los elementos policiacos defiende su inocencia e insiste en que el incidente se derivó una confusión debido a las órdenes que los agentes recibieron del C-4 (centro de control y comunicaciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal) desde donde se les pidió frenar el convoy de camionetas sospechosas y revisar la identidad de los tripulantes, quienes rechazaron detenerse y entonces sobrevino el enfrentamiento.

Se cumplió una orden de aprehensión girada por un juez de distrito por su presunta implicación en delitos federales

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, confirmó que Jorge Miranda Abarca, edil con licencia de Amacuzac y en campaña por la reelección por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de distrito por su presunta participación en delitos federales.

En rueda de prensa, transmitida en vivo por redes sociales, detalló que el funcionario municipal fue aprehendido en el municipio de Cuernavaca, en cumplimiento del mandato judicial.

“En el municipio Cuernavaca, Morelos, junto con la policía estatal se detuvo a Jorge “N”, presidente municipal con licencia de Amacuzac y actual candidato al mismo cargo, por ser probable responsable en el delito de secuestro y colaborador de la banda más representativa criminal de esa entidad.

“Además, tiene vínculos familiares con el principal operador de esa organización delictiva, esta persona fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente. Los trabajos de investigación y campo permitieron su captura sin realizar un solo disparo”, precisó.

A la detención de Jorge Miranda Abarca por parte de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, le precedió la aprehensión el pasado 6 de mayo de su tío y también candidato a la presidencia municipal de Amacuzac por la alianza “Junto Haremos Historia”, Alfonso Miranda Gallegos.

Ambos detenidos son primo y tío del líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, “El Carrete” o “El Señor de los Caballos”, incluido en la lista de los más buscados en Morelos y el país.

Tras la detención de Miranda Gallegos sobrevino el homicidio del ex edil y ex diputado Andrés García Jaime, hecho que generó mayor tensión en el municipio y la región sur de Morelos, donde las autoridades locales vaticinaron un posible incremento de la violencia por estos hechos.  

Con la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, los aspirantes a la gubernatura acudieron al debate convocado por la Coparmex.

El presupuesto, la deuda pública, la inseguridad,  el modelo policial del Mando Único y la corrupción gubernamental, fueron los principales temas que confrontaron a los aspirantes a gobernador, en el debate organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el campus Cuernavaca de la Universidad del Valle de México (UVM) y que, a su término por la noche, se ubicó como en el primer lugar del trending topic en transmisión en vivo por Twitter.

Con excepción de Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la alianza Morena-PES-PT  “Juntos haremos historia”, asistieron todos los aspirantes a la gubernatura: Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato de la alianza PRD-PSD “Juntos por Morelos”; Víctor Caballero Solano de la alianza PAN-Movimiento Ciudadano “Por Morelos al Frente”; Nadia Luz Lara Chávez, candidata del PVEM; Jorge Meade Ocaranza del PRI; Alejandro Vera Jiménez del PANAL; así como los candidatos independientes Fidel Demédicis Hidalgo y Mario Rojas Alba.

El formato del debate se dividió en tres bloques e incluyó preguntas de tres especialistas y académicos, preguntas de algunos de los casi 300 asistentes y las “preguntas más votadas” a través de las redes sociales, así como la presencia de la notaria Julia Bustillo Acosta.  Las intervenciones y las réplicas de los candidatos fueron limitadas a un minuto con 30 segundos por turno.   

La ausencia de Blanco Bravo, desde el inicio del debate y en cada una de las rondas fue remarcada por los moderadores, Marissa Rivera y César Cancino,  y los ataques entre algunos de los aspirantes fueron inevitables.

En la apertura del debate, los candidatos prácticamente dedicaron sus turnos a destacar  su trayectoria y su experiencia en diversos ámbitos para poder ocupar la gubernatura por el periodo 2018-2024.

Corrupción y presupuesto

En el primer bloque, el empresario y académico especialista en transparencia y rendición de cuentas Juan Cintrón Patterson preguntó a los candidatos que, ante las acusaciones de corrupción contra ocho ex gobernadores, cuáles serían las tres medidas ejecutivas para reducir esta mala práctica en la administración pública.

El primer turno para responder tocó a Gayosso Cepeda, quien planteó crear la Contraloría Ciudadana para que los morelenses puedan participar de manera directa en el gobierno y transparentar el manejo de los recursos con la creación de una plataforma digital de datos abiertos para que la información de licitaciones y contrataciones pueda ser consultada.

El candidato del PRI, Jorge Meade Ocaranza, destacó que Morelos es uno de los estados con mayor corrupción y ofreció transparencia en los padrones de proveedores y prestadores de  servicios al gobierno y revisar que sus colaboradores cuentes con perfil y cédulas profesionales.

El candidato del Panal, Alejandro Vera, propuso ciudadanizar el área de información pública gubernamental, crear contralorías sociales con facultades para sancionar a funcionarios corruptos, crear un sistema de evaluación de servidores públicos y combatir la impunidad.

El candidato independiente Fidel Demédicis planteó sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que roben, cero impunidad y apertura de un portal para que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber y vigilen en que se gasta el erario, así como transparentar la asignación de contratos y licitaciones.

El candidato independiente Mario Rojas afirmó que su propuesta es fijar topes salariales para altos funcionarios y el titular del Ejecutivo tendría remuneraciones máximas de 29 salarios mínimos, y no permitir que crezca el endeudamiento público.

El candidato de la coalición “Por Morelos al Frente”, Víctor Caballero, señaló que su primera propuesta es una auditoría a la administración actual, quien sea responsable de la Contraloría no deberá ser designado por el gobernador en turno.

La candidata del PVEM, Nadia Luz Lara Chávez, sostuvo que la Secretaría de la Contraloría no sirve y por ello es necesario ciudadanizarla, pues a pesar de derroches no hay avances y los ciudadanos debemos de pedir apoyos a la autoridad; también insistió en que  el Congreso debe ejercer juicio político y procedimientos de responsabilidad administrativa a quienes incurran en actos de corrupción.

Incluso, destacó que  cuando asumió como titular del Tribunal Superior de Justicia, ordenó una auditoria externa  a la entrega recepción en la que “detectamos desvíos, detectamos malos manejos, lo puse en conocimiento de la Controlaría, de la Auditoría Superior del Estado ¿Sabe qué paso? Después de tres años resolvieron y resolvieron  absolviendo a los responsables”, dijo.

Cuando un ciudadano del público pregunto sobre el tema de salud, Rodrigo Gayosso afirmó que durante la última administración panista en la que Víctor Caballero fue secretario de Saludo, hubo diversas irregularidades, al grado de que sus colaboradores fueron implicados y legalmente acusado de corrupción, pero sostuvo que es necesario gestionar recursos para invertir en salud y se eficaz.

También el tema del presupuesto y deuda pública fueron temas que contrapusieron a los aspirantes. Mario Rojas dijo que con la administración actual aumentó la deuda pública en más 500% y ofreció instaurar un equipo de negociación con los bancos para reestructurar deuda, redistribuir recursos, aplicar un plan de austeridad y establecer un banco zapatista que permita impulsar el desarrollo, y aumentar la recaudación de ingresos propios en 6 u 8 %

Víctor Caballero propuso revisar la posibilidad de reducir el número de secretarías del gobierno estatal, disminuir el gasto corriente, traer fondos nacionales e internacionales y generar ingresos propios para apoyar la economía local. 

Nadia Luz Lara Chávez estimó que hay una mala distribución del presupuesto público pero de esas acciones es corresponsable el  Congreso, que ha aprobado un presupuesto que no es equitativo, por lo que planteó una redistribución del erario.

Jorge Meade propuso una reingeniería financiera,  revisar el presupuesto, fomentar la economía local y frenar el endeudamiento del estado.

Alejandro Vera consideró necesaria una reestructura de la deuda pública, acabar con las dádivas, hace eficiente el aparato gubernamental y detonar sectores como el sector agrícola y agropecuario.

Fidel Demédicis dijo que se necesitan hacer ahorros y generar mejores ingresos del estado, combatir la evasión fiscal, y renegociará la deuda pública con mejore condiciones.

El del modelo de Mando Único fue otro tema que contrastó las opiniones de los aspirantes a gobernador, pues la mayoría se pronunció por no aplicarlo o por revisarlo y modificarlo.

Víctor Caballero explicó que el Mando Único tiene  que ser revisado en su estructura, desempeño y resultados, porque no es claro cómo funciona y definir si es la estrategia correcta, porque se necesita una policía cercana a la gente, equipada y eficiente,

Nadia Luz Lara Chávez dijo conocer cómo funciona el modelo de policía pero lamentó la centralización tanto de los recursos como el reclutamiento de los nuevos elementos, pues sólo tres de 10 aspirantes son aceptados por la Comisión Estatal de Seguridad.

Rodrigo Gayosso dijo que no se puede retroceder en los avances logrados en seguridad y espetó que en gobiernos priistas y  panistas hubo infiltración en las corporaciones de delincuentes y hubo lazos con cárteles; recordó la reciente detención del candidato a alcalde de Amacuzac por Morena, Alfonso Miranda Gallegos, a quien vinculó como amigo del candidato independiente Fidel Demédicis, y sostuvo que mantendría el modelo de Mando Único.

Jorge Meade también se pronunció por revisar la estrategia policíaca y destacó que cuenta con el “Plan Morelos sin Miedo”, en el cual se contempla consensuar el tema de seguridad con los presidentes municipales y acusó que el Mando Único fracasó porque se impuso y se obligó a los municipios a adoptarlo.

Alejandro Vera dijo que no adoptará el Modelo de Mando Único, porque es violatorio del derecho morelense y de la Constitución, y propuso una policía de proximidad, promover la cultura de la no violencia en escuela y comunidad, y combatir violencia contra mujeres, así como generar programas de atención a víctimas.

Fidel Demédicis también se opuso al Mando Único, porque se le relaciona con extorsión, la violencia, la fabricación delitos, funcionó de manera unipersonal y persiguió a inocentes y encubrió a delincuentes, creando terror en la entidad, aseguró.

Recordó que en el Congreso de la Unión se discute el modelo de la policía coordinada con la policía federal, estatal y municipal, como el mejor modelo para sacar al país de la criminalidad y tener un Morelos en paz.

Mario Rojas señaló que este modelo policíaco es inconstitucional y no dio resultados, e insistió en que deberá de adoptar un sistema de seguridad coordinado entre las policías federal, estatal y municipal.  

Otros temas que se tocaron de manera aislada en el debate, que duró alrededor de dos horas, fueron sobre jóvenes, legalización de la marihuana, violencia contra las mujeres y el socavón en el Paso Exprés. 

El Consejo Coordinador Empresarial convoca a la totalidad de los candidatos a la gubernatura a participar en el encuentro con empresarios que se realizará el 4 de junio.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el candidato a gobernador de Morelos por la alianza “Junto Haremos Historia”, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sí cumplió con el requisito de residencia exigido por la ley para aspirar al cargo, con lo cual se disipó la duda sobre su elegibilidad.

Al resolver en acumulado los juicios de revisión constitucional promovidos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Social Demócrata (PSD) y de la Revolución Demócrata (PRD), en el proyecto propuesto por Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Superior, se determinaron infundadas las impugnaciones planteadas por los partidos actores que cuestionaban la validez y legalidad  del documento por el cual Blanco Bravo acreditó al menos cinco años de residencia en el estado para contender por la gubernatura.

En su intervención, la magistrada Otálora Malassis sostuvo que procedía ratificar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), debido a que los partidos inconformes no aportaron elementos para probar que el exfutbolista no cumplía con el requisito en cuestión.

“Aquí, desde el inicio de la cadena impugnativa, el tema en este asunto es que el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Social Demócrata y el PRI consideran que el candidato al que he hecho referencia no cumple con este requisito de la residencia.

“Y uno de los principios a partir de los cuales parto en el proyecto que someto a su consideración, es que antes de aspirar a la gubernatura del estado de Morelos, el ciudadano denunciado contendió por la presidencia municipal de Cuernavaca, en el estado de Morelos, por lo que en aquel entonces, en 2015, tuvo que acreditar ya diez años de residencia que era entonces el requisito que establecía la norma local para poder ser candidato, lo cual obviamente no puede ser cuestionado en el presente juicio.

“A estos diez años se suman, además, tres años de residencia en el estado, ya que resultó electo en 2015 como presidente municipal de Cuernavaca y, por ende, tuvo también residencia en dicha ciudad”, explicó.

Detalló que entre los documentos que respaldaron la emisión de la carta de residencia por el Ayuntamiento de Cuernavaca están la credencial para votar de Blanco Bravo, su acta de nacimiento, copias certificadas de las sesiones de Cabildo de Cuernavaca cuando asumió el cargo, el acuerdo del Órgano Público Electoral Local cuando se le registró como candidato al cargo de presidencia municipal y la sentencia emitida en aquel entonces por la Sala Regional Ciudad de México, en la que se validó la elección para alcalde de Cuernavaca y se ordenó entregarle la constancia de mayoría.

La Sala Superior también desestimó los alegatos de los tres partidos actores que pretendían vincular el caso con la investigación de un supuesto contrato que Blanco Bravo habría suscrito para participar como contendiente a la presidencia municipal de Cuernavaca, pues no afecta el tema de su residencia, “ya que lo único que se acreditaría sería un contrato de prestación de servicios y éste es un tema, es un hecho público y conocido de todos que sigue otra vía de investigación”.

También apartó el argumento de que el candidato formó parte de equipos de futbol que se encuentran fuera del estado de Morelos, pues los inconformes tampoco acreditaron que por esta razón no cumplió la residencia.

Respecto del agravio relativo a la omisión del TEEM de resolver que si Cuauhtémoc Blanco cumplió o no con el requisito de separación del cargo 90 días antes de la jornada (pues el día de la jornada electoral estará en funciones de presidente municipal) se consideró ineficaz, ya que la Sala Superior, al resolver el juicio ciudadano 139/2018, determinó que la licencia no debía ser definitiva y los argumentos hechos valer por los partidos actores tienen relación con hechos futuros e inciertos.

La SCJN concedió al Legislativo estatal una suspensión para impedir la ejecución del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa que habilitó a un secretario de acuerdos para ocupar la Segunda Sala, mientras los diputados designan al sustituto del magistrado retirado Orlando Aguilar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Congreso de Morelos una suspensión para impedir  la ejecución del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que habilitó a un secretario de acuerdos para hacerse cargo de los asuntos de la Segunda Sala en tanto los diputados designan al sustituto del magistrado retirado Orlando Aguilar Lozano.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de Morelos para que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos se abstenga de ejecutar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de 19 de abril de 2018, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto.

“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, estableció el acuerdo dictado por el máximo tribunal del país dentro de la controversia constitucional 93/2018, que fue promovida por el Congreso en contra del acto del TJA.

El pasado 19 de abril, después de un largo litigio con el Congreso local, entró en vigor el decreto de jubilación como magistrado de Orlando Aguilar Lozano, quien dejó vacante la Segunda Sala del TJA.

Ese mismo día, el Pleno de ese tribunal determinó necesario que el secretario de acuerdos José Juan Juárez Lago fungiera como encargado de despacho de la Segunda Sala para dar trámite a los expedientes en curso, mientras los diputados designaban al nuevo magistrado.

Sin embargo, el Congreso local, que desde meses atrás había iniciado el proceso para nombrar al sustituto de Aguilar Lozano, protestó contra la medida provisional tomada por el Pleno del TJA y controvirtió la decisión ante la SCJN.

El TEE le aplicó una multa de alrededor de 80 mil pesos.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) sancionó al candidato a diputado local por el VI Distrito por el PRD, Éder Rodríguez Casillas, por actos anticipados de campaña y uso de espacios públicos.

La dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) de Jiutepec promovió un Proceso Especial Sancionador (PES) en contra de Rodríguez Casillas (quien busca reelegirse como diputado local), debido a que, con recursos del Congreso, colocó pintas en diversos espacios públicos como parques, canchas deportivas y escuelas para publicitar su imagen en vísperas de la elección.

Al resolver el recurso promovido por el dirigente panista Homero Campo Flores, el TEEM determinó que se comprobaron los hechos denunciados y procedió a aplicar una multa económica al candidato perredista de alrededor de 80 mil pesos.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) confirmó los lineamientos expedidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para la toma de fotografías de los candidatos que aparecerán en las boletas electorales y el acuerdo por el cual se negó a Morena el registro de diputados plurinominales.

En sesión, los magistrados electorales resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM/JDC/2010/2018-1, promovido por el candidato a diputado local por VII Distrito del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Barranco García, quien acusó discriminación al impedirle la autoridad electoral usar sombrero para su fotografía que aparecerá en la boleta electoral el próximo 1 de julio.

Y es que, en los lineamientos impugnados, el Impepac determinó que las fotos que se tomarán a los aspirantes a los diversos cargos de elección popular y que se imprimirán en boletas electorales deberán excluir elementos añadidos como gorras, sombreros y lentes.

Sin embargo, el Pleno consideró infundado el reclamo del actor por considerar que no existe ningún tipo de discriminación y que, por el contrario, la autoridad electoral administrativa pretendió garantizar la igualdad de condiciones en la contienda.

“No se viola el derecho a la identidad o imagen, ni el de igualdad, pues la prohibición protege la equidad entre los demás candidatos. La prohibición no va dirigida al actor en particular. La utilización del sombrero implicaría una situación de desventaja  sobre los demás candidatos o candidatas”, recalcó en su intervención el magistrado presidente del TEEM, Francisco Hurtado Delgado.

El Pleno del Tribunal también confirmó el acuerdo del Impepac por el cual negó al partido Morena el registro de diputados plurinominales, pues a pesar de que la resolución del 30 de marzo de la Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció un plazo de diez días para llevar a cabo el registro y luego se le concedió al partido cinco días naturales adicionales, éste no realizó el registro en el tiempo perentorio, que feneció el 19 abril pasado.

“Si bien es cierto que en la sentencia referida se instruyó al Impepac realizar una reserva para el registro de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional del partido político Morena, también lo es que el partido político Morena incumplió con realizar las actividades dentro del plazo concedido por la Sala Regional”, se estableció en la sentencia.

Piden celeridad en la resolución de juicios promovidos contra la negativa a sus registros.

Un grupo de aspirantes a diversas candidaturas locales por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizó una protesta afuera de las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para pedir celeridad a los magistrados en la resolución de los juicios promovidos contra la negativa de su registro por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Con pancartas, un grupo esencialmente de mujeres militantes del Partido Verde, aspirantes a ser candidatas a regidoras y diputadas plurinominales, expresó su preocupación porque los tiempos de campaña están en cuenta regresiva y no hay una definición de su situación.

Insistieron en defender su derecho a votar y ser votadas luego de que el órgano electoral administrativo negó el registro de diputados plurinominales y varias planillas debido a que el partido no cumplió con los lineamientos del Impepac en materia de paridad de género.

Pese a la carga de trabajo del TEEM, se espera que hoy o a la brevedad posible se resuelvan los juicios promovidos por las aspirantes del partido en cuestión.

Jueces interinos –originalmente- estarían en funciones hasta enero, en tanto concluía el proceso de designación de nuevos juzgadores

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, aseguró que en breve se reactivará el concurso de oposición para la designación de 13 jueces mixtos de primera instancia y menores, el cual estaba estancado porque la persona que aplicará las evaluaciones a los aspirantes estaba fuera del país.

Según el argumento de Falcón Vega, “el problema que se presentó fue con la parte del psicólogo. Debemos recordar que son varias fases, entonces había un problema de agenda con la persona que va a hacer las evaluaciones psicológicas y esperemos la semana entrante ya estar ajustando las agendas para que (sic) se agende precisamente a las personas que van ir realizando las evaluaciones”.

Cuestionado sobre quién era el profesional seleccionado para realizar dichas pruebas, y si no había disponibles otros con el perfil para ejecutar esta etapa del concurso de oposición, dijo no acordarse del nombre, pero aseguró que “por las características del examen esta persona es la idónea para poder realizar este tipo de estudio, entonces la persona salió del país y ahora ya está nuevamente (en México), ya está nuevamente y se va a platicar para que esté”.

El año pasado se lanzó la convocatoria para la designación de nuevos jueces. Sin embargo, por conflictos políticos y jurídicos que involucraron al TSJ y que culminaron con la extinción del Consejo de la Judicatura (cuyos integrantes eran responsables del proceso), el concurso fue congelado.

Esto obligó al TSJ designar a jueces interinos que, originalmente, estarían en funciones hasta el mes de enero, en tanto concluía el proceso de designación de nuevos juzgadores.

Buscan cerrar los casos y corregir errores; los imputados bajo el antiguo sistema inquisitorio pueden beneficiarse de reducciones en su condena

Menos de 200 casos de procesados bajo el sistema de justicia penal se encuentran en desahogo y se espera que en breve los imputados puedan obtener sus sentencias en primera instancia, para avanzar en sus juicios y se pueda cerrar el ciclo de sus procesos penales.

La titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, señaló que en un trabajo coordinado con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría, se revisó la situación de reclusos cuyos procesos se llevaban todavía en el sistema de justicia inquisitorio.

Actualmente, dijo, el Instituto de la Defensoría tiene sólo 147 procesos del sistema tradicional en los que están implicadas 170 personas pendientes de dictar sentencia en primera instancia, y la intención es darle seguimiento a los casos para que sean concluidos.

“Sólo 170 personas están pendientes de recibir una sentencia, para posteriormente seguir el proceso penal en que se dicte o se interponga el recurso de apelación, si es que es procedente y se tramite el amparo y, en su momento, arrancar ya con el proceso especial de ejecución, de acuerdo con la ley nacional, que tiene muchos beneficios a favor de ellos (los sentenciados).

“Eso les daría certeza jurídica para ver de cuántos años es la pena impuesta, cuántos lleva compurgados a través de la prisión preventiva, cuántos estarían pendientes para que, en un momento dado, ellos puedan salir obteniendo un beneficio de libertad anticipada”, explicó.

En el 2013,  en acción coordinada entre las instituciones operadoras del sistema de justicia, se implementó el “Programa Permanente de Depuración del Sistema de Justicia Penal Tradicional”, con el fin atender las causas penales rezagadas y resarcir las violaciones al debido proceso de los imputados, que no habían recibido sentencias desde hace años o cuya acción punitiva del delito había prescrito.

En una primera etapa se revisaron mil 124 expedientes rezagados y, de acuerdo con las autoridades judiciales, se espera que en un corto plazo se concluyan los casos pendientes del sistema de justicia tradicional.

Magistrado visitador invita a acompañarlas de pruebas suficientes para poder proceder.

El magistrado visitador general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Bernardo Sierra Becerra, solicitó a los ciudadanos realizar denuncias de posibles irregularidades en los juzgados, pero acompañadas de pruebas suficientes para poder proceder.

Expresó que cualquier persona –justiciable o abogado– que sienta que hay algún perjuicio que estime o resienta en su contra tiene la facultad de presentar alguna queja, ya sea por escrito o en línea.

Explicó que una vez presentada la queja en la Visitaduría se cita a comparecer a servidor público involucrado para que responda a las acusaciones, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, el respeto a sus derechos humanos, legítima defensa y debido proceso y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Consideró importante presentar pruebas ante la autoridad; de lo contrario, la queja no tendrá éxito. “Quien se queja tiene que presentar pruebas porque si no presenta pruebas no nos da elementos para proceder”, refirió.

Sierra Becerra dijo que las quejas y su seguimiento permiten verificar el normal funcionamiento de los juzgados y hay plena disposición para que los justiciables, de los abogados, se acerquen a hacer sus denuncias para darles el tratamiento o la respuesta que proceda.

“Aquí ejercemos esa función de vigilancia sobre los órganos jurisdiccionales sobre el actuar y le estamos dando la atención a la ciudadanía que se acerque a nosotros, con toda confianza.

“Tenemos la oficina central en Obregón 209 o en el módulo en la Visitaduría de Leyva y realizamos visitas regularmente a los juzgados de la zona oriente y zona sur del Primer Distrito Judicial”, dijo.
Precisó que son varias las causas de responsabilidad para el servidor público y están previstas en la Ley Estatal de Responsabilidad Civil y en la propia Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.

Por ejemplo, señaló que si no hay justificación para la omisión del dictado de sentencias esto podría ser susceptible de responsabilidad; sin embargo, insistió en que para ello sería necesario que la parte acusadora presente las pruebas.

De acuerdo con la gravedad de la conducta, podrían aplicarse sanciones que van desde el apercibimiento, la amonestación, la multa, la suspensión del cargo, hasta la destitución e inhabilitación del servidor público.

Trabajadores jubilados mantienen plantón por la falta de pago de sus pensiones; magistrados expresan su inconformidad por la reelección de la titular del TSJ.

Por segunda ocasión, Carmen Cuevas López rindió su informe de labores en medio de protestas y críticas de trabajadores jubilados a los que no se les pagó su pensión y magistrados inconformes con la reelección.

Vestidos de negro, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas, junto con trabajadores jubilados, colocaron en la estatua de Temis (diosa griega de la justicia) una ofrenda floral fúnebre en la que se leía la leyenda: “Descanse en paz la justicia”.

A la protesta se unieron miembros de la asociación civil “Gustavo Salgado Delgado”, quienes lamentaron que a trabajadores del Poder Judicial en retiro se les escamoteen sus pensiones.

Ivonne Islas Dueñas, quien junto con un grupo de jubilados mantienen desde hace un mes un plantón afuera del Palacio de Justicia, consideró inédito el problema que hoy tiene bajo presión económica a los trabajadores en retiro y de cuyos ingresos depende el bienestar de sus familias.

Dijo que el préstamo de 30 mil pesos que les otorgó la magistrada presidenta a varios afectados por la falta de pago, les será descontado de sus pensiones una vez que el Congreso local autorice el presupuesto adicional al TSJ.

Dijo que son 43 jubilados sin pago de pensiones, y otros 90 jubilados -cuyos pagos no fueron suspendidos- están bajo la amenaza de que en cualquier momento podrían ser suspendidos sus pagos por falta de presupuesto.

“Nos hemos plantado aquí en el tribunal para manifestar que necesitamos nuestro dinero, que necesitamos nuestra pensión, que de eso subsistimos. Algunos quizá no tengamos una situación tan incómoda, pero hay familias que están padeciendo realmente por la falta de pago de la pensión”, dijo.

Afirmó que  no retirarán el plantón hasta que se resuelva integralmente el problema, que incluye denunciar al Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el incumplimiento de sentencias en controversia constitucional, al no acatar la orden del máximo tribunal de etiquetar presupuesto para el pago de los decretos de pensiones de trabajadores judiciales retirados.

Hizo un llamado al Congreso para que autorice a la brevedad los recursos y se deje de agobiar a decenas de familias.

En este tema, el magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, afirmó que se espera que en los próximos días el Congreso autorice recursos adicionales por 6.5 millones para el pago de pensiones de 23 trabajadores jubilados, y dijo esperar que a la postre se solucionen los casos restantes.

Por su parte, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas Ángeles, previo al informe de Cuevas López, mantuvieron firme su postura crítica e inconforme con la reelección.

Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta cometió muchos yerros durante su administración, tales como la subordinación de la administración de justicia a otros Poderes del Estado, el debilitamiento de la carrera judicial y la opacidad en el manejo de las finanzas de la institución.

Lamentó que en lugar de permitir el ascenso de trabajadores, haya preferido dar nombramientos en diferentes puestos a personas “recomendadas” por magistrados o personas ajenas al tribunal; que haya realizado rotación de jueces sin aprovechar su especialización, al pasar a los jueces penales a civiles y viceversa; y que no haya dado cuentas de cómo se manejan las finanzas del TSJ.

Aseveró que es difícil que Cuevas López pudiera mostrar un cambio de actitud, y consideró que sólo un cambio de gobierno hará posible que se audite el Poder Judicial y se le exijan cuentas a la presidenta.

Durante su informe, Cuevas López destacó el avance de la construcción de la Ciudad Judicial y la aplicación de políticas de equidad e igualdad de género, cuyos proyectos heredó de la administración anterior.

También destacó los nombramientos definitivos a 175 empleados del Tribunal Superior de Justicia que tenían entre 12 y 15 años de laborar con nombramientos temporales; la implementación -a través de la Escuela Judicial- de cursos, talleres, seminarios y diplomados, con la finalidad de mejorar la administración de justicia; y la fusión de juzgados y reducción de recintos jurisdiccionales en arrendamiento, con lo que logró atender la demanda social a través de la apertura del Departamento Regional de Orientación Familiar de la zona oriente.

“En este periodo demostramos conciliación y acción, los fantasmas de la especulación acabaron en el tintero de las anécdotas, los hechos son la mejor argumentación, la justicia se administra con determinación y sólidas decisiones, destruimos los miedos con la fortaleza de un Pleno unido y democrático”, dijo al agradecer a sus colaboradores cercanos y su familia por su apoyo.

Al informe acudieron el gobernador Graco Ramírez y representantes de diversas dependencias estatales y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin embargo, fue notaria la ausencia de algunas organizaciones de abogados, de algunos representantes de otros tribunales y del representante de la Comisión de Derechos Humanos, que usualmente acudían al informe de labores.

El órgano no ha recibido fondos extraordinarios gestionados, señala magistrado presidente.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, lanzó un ultimátum al Congreso local y advirtió que se agotaron los recursos del órgano jurisdiccional, al grado de que no cuentan con los medios para realizar notificaciones a las partes.

Afirmó que hace unos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el incidente de inejecución de sentencia que fue promovido por el TEEM (ante la negativa de dotarlo de los 23.5 millones de pesos que le fueron restados a su proyecto presupuestal) y dio al Congreso 15 días naturales para que entregue los recursos al tribunal local.

Dijo que el órgano jurisdiccional se encuentra financieramente en una situación crítica, al punto de no tener ni gasolina para que los notificadores puedan usar los vehículos oficiales para realizar las notificaciones correspondientes en todo el estado, derivadas de los juicios de impugnación promovidos por ciudadanos, candidatos y partidos políticos.

Sin embargo, Hurtado Delgado alertó que lo más graves es que comienza a mermar la capacidad operativa y resolutiva del TEEM ante la falta de personal y recursos materiales para realizar su labor jurisdiccional.

“Por ejemplo, puedo decirles que en este momento tenemos 97 asuntos del Partido Verde Ecologista, de algunos candidatos al Congreso del estado y diferentes municipios a los cuales se les negó el registro.

“No hemos podido resolver hasta este momento porque los informes que hemos solicitado al Impepac no los ha podido rendir por falta de personal. Esto, como ejemplo de lo que se ve a venir y, desde luego, multiplicado, en los siguientes días o los siguientes meses si no se da la asignación presupuestal inmediata al Tribunal Electoral del Estado de Morelos”, señaló.

Afirmó que el Tribunal no ha recibido ni los siete millones que el Congreso ofreció ni los más de 17 millones que los diputados y los magistrados del TEEM habían pactado en la mesa de diálogo para atender la judicialización del proceso legal; sin embargo, en vista de la resolución de la Sala Superior del TEPJF, especialmente el Poder Legislativo está obligado a autorizar los recursos adicionales que requiere el órgano impartidor de justicia electoral para evitar una crisis.

Ayer se publicó el decreto que también extingue el Morebús y ofrece extensión del plazo de concesiones y permisos por dos años más.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Morelos, con lo que quedó oficialmente derogado el proyecto del “Morebús” y fueron otorgados nuevos beneficios a los concesionarios.

De acuerdo con el decreto publicado en el órgano oficial de difusión, quedó extinto el Sistema Integrado de Transporte Masivo (conocido como “Morebús”), sustituyéndolo por el Sistema de Transporte Público, que permitirá la creación de un fideicomiso de apoyo para los concesionarios.

También, en caso de muerte o incapacidad del concesionario, se amplió el beneficio de preferencia para explotar la concesión a hermanos, parientes colaterales hasta en un cuarto grado, las personas que acogen a los expósitos (tutor que se quede con los hijos del concesionario que no tiene otros familiares) o directores de instituciones de beneficencia o asistencia como el Sistema DIF.

A petición de los transportistas, las reformas incluyen la revisión anual de las tarifas del servicio y, en su caso, su modificación; la homologación de los años de vida útil de una unidad conforme a la Ley Federal del Transporte (15 años) y la creación de un fideicomiso para mejorar el servicio y renovar las unidades.

Con las reformas se crea el rubro de Áreas de Tránsito Controlado (antes denominadas Zonas de Tránsito Controlado), que abarcan las zonas urbanas, metropolitanas y rurales de las ciudades del estado.

Los cambios incorporan a representantes del gremio del transporte con voz y voto en el Consejo Consultivo de Transporte.

En las disposiciones transitorias del decreto se estableció que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno de Morelos, en un plazo improrrogable de 180 días (contados a partir de la publicación del decreto) deberá reformar el Reglamento de Transporte para el Estado de Morelos con el fin de hacer realizable la reforma a la ley.

Para estos efectos, en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley Estatal de Planeación, la SMyT convocará a los representantes del gremio del transporte público de pasajeros para consensuar la norma y se faculta, por única ocasión, para que el gobernador, con posterioridad a la conclusión del proceso electoral ordinario 2018, otorgue la extensión de las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo.

Con la presentación de su segundo informe, la magistrada iniciará hoy su segundo periodo como presidenta del TSJ.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto afirmó que además de los operadores judiciales, la sociedad morelense debe saber que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, no sólo cometió traición a acuerdos políticos y morales, sino que ha atentado contra la propia institución.

Aun cuando existe la posibilidad de impugnar la reelección de Cuevas López por la vía del juicio de amparo, dijo que es un tema que aún se debate entre un grupo de magistrados inconformes, pero en su opinión no sería lo más viable porque implicaría llevar al tribunal a un litigio.

A unas horas de que Cuevas López rinda su segundo informe de actividades y comience su segundo periodo al frente del TSJ, reiteró que se siente traicionado porque la magistrada presidenta no cumplió su palabra con un compromiso moral y político firmado por ella, en el que se comprometió a mantener la alternancia tanto en la presidencia de la TSJ como en el extinto Consejo de la Judicatura.

Hipólito Prieto, que aspiraba a la presidencia, lamentó que no se le haya permitido competir y, en cambio, lo descartaran con un albazo.

“Me siento ofendido, me siento agraviado, y la verdad es que busqué por más de una semana y media el consenso con mis compañeros para hacerles ver este compromiso y, en lugar de obtener una respuesta favorable, me encuentro con un albazo, con un madruguete, como vulgarmente se dice”, dijo en referencia a la convocatoria exprés de Pleno Solemne del 4 de mayo para consumar la reelección de Cuevas López.

Expresó que en las próximas horas el grupo de magistrados inconformes determinará si promueve o no juicio de amparo para impugnar a Cuevas López, pero insistió en que el riesgo de llevar a un litigio a la institución es el desgaste.

Afirmó que la opinión pública, los jueces y trabajadores judiciales que se encuentran bajo represión deben saber que será crítico y mantendrá la defensa de quienes sufren la violación de sus derechos por parte de la titular del TSJ.

En el escrito, signado en febrero de 2016, siete magistrados se comprometen a no reelegirse en la presidencia del TSJ.

A escasos días de la súbita reelección de Carmen Cuevas López como magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue exhibido el documento firmado por ella y por otros seis magistrados que comprueba que rompió el pacto y traicionó a sus compañeros de bloque para mantenerse como representante del Poder Judicial.

El documento, fechado el 19 de febrero de 2016, contiene las firmas de los magistrados Norberto Calderón Ocampo, Juan Emilio Elizalde, Andrés Hipólito Prieto, Manuel Díaz Carvajal, Miguel Ángel Falcón Vega, Carlos Iván Arenas Ángeles y Carmen Cuevas, en el que los siete se comprometieron a mantener un “bloque institucional” para la elección de presidente del TSJ de ese año y los periodos subsecuentes en los que cada uno de los miembros de este grupo ocuparía la representación del Poder Judicial sólo por un periodo.

El acuerdo también incluía que quien resultara electo para representar a los magistrados ante el hoy extinto Consejo de la Judicatura, lo haría también por un solo periodo para dar oportunidad a otros de sus homólogos de ostentar tal representación.

“Los magistrados asistentes asumen el compromiso de que el magistrado elegido para presidir el periodo 2016-2018 no se reelegirá y el acuerdo de todos es que sólo presidirá el Tribunal de Justicia durante un periodo de dos años.

“Los magistrados se comprometen que bajo la misma condición que el presidente del tribunal, el magistrado representante del Pleno ante el Consejo de la Judicatura ejercerá sólo por un periodo de dos años, con el objetivo de permitir la alternancia tanto en la presidencia como en el Consejo de la Judicatura”, dice el documento con las firmas de los miembros del bloque institucional.

El magistrado del TSJ Carlos Iván Arenas afirmó que este documento prueba no sólo la inmoralidad de la reelección, sino la franca traición de Cuevas López, quien al romper con un compromiso institucional y no cumplir con su palabra empeñada no es digna de fe ni de confianza.

Expresó que un grupo de magistrados inconformes con las circunstancias en que se dio la reelección, pues no permitió que otros magistrados compitieran por la presidencia, realiza un análisis jurídico sobre la viabilidad o no de impugnar a la magistrada.

El pasado 4 de mayo, de manera exprés, Cuevas López convocó a una sesión de Pleno Solemne en el TSJ para reelegirse, con 13 votos. Miguel Ángel Falcón Vega, Juan Emilio Elizalde y Manuel Díaz Carvajal –quienes también habían firmado el pacto– votaron también a favor de Cuevas López.

Esto originó una fuerte protesta de Andrés Hipólito Prieto, quien había manifestado su interés por contender por la presidencia, pero se le negó la posibilidad, y de Carlos Iván Arenas, quien señaló la ruptura del pacto signado en 2016.

El primer periodo de Carmen Cuevas concluirá este 17 mayo y a partir del 18 comenzará su segundo periodo, hasta mayo de 2020.

Las funciones de dos subsecretarías se trasladan a cuatro direcciones generales.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) fue compactada en su estructura por el Poder Ejecutivo con fines de simplificación administrativa y austeridad financiera.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el decreto por el cual la administración estatal determinó reestructurar la dependencia en el estado, responsable de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano para el combate de la pobreza e implementación de programas de beneficio comunitario.

Según el documento, la reestructuración de la Sedeso fue derivada de un nuevo proceso de análisis y valoración de las actividades que actualmente desempeñan las unidades administrativas de la secretaría, para reducir aún más su estructura orgánica y suprimir las Subsecretarías de Inclusión y Bienestar Social, y de Participación Social y Desarrollo Comunitario.

En consecuencia, las atribuciones de las áreas extintas se trasladan a las direcciones generales de Gestión Social y Economía Solidaria, de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, de Migrantes y Grupos Vulnerables y a la de Análisis y Gestión de la Política Social de la Sedeso.

“Con estas adecuaciones se logra un equilibrio orgánico y administrativo en la gestión de las políticas de desarrollo social; destacándose que este instrumento ha sido objeto de autorización por parte de la Dirección General de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal, la cual emitió el Dictamen de Funcionalidad Autorizado número 02”, destacó el acuerdo en vigor.

Dentro de los plazos perentorios establecidos en las diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, el Poder Ejecutivo deberá realizar los ajustes administrativos y cambios en los manuales de políticas y procedimientos de la dependencia.

Cuernavaca, Morelos.- Vecinos de diferentes colonias de Cuernavaca promoverán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la omisión de los tres niveles de gobierno que ha permitido la contaminación de los pozos de agua y los mantos freáticos por las fugas de combustibles de los ductos de Pemex, derivado del robo de gasolina..

Desde el 9 de mayo, ciudadanos preocupados por los daños ambientales y a las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad provocados por la ordeña ilegal de los ductos de Pemex, comenzaron la recolección de firmas de colonos de Jardines de Delicias, Vista Hermosa, Chapultepec, Palmira y los que quieran sumarse a este queja ante el organismo nacional.

Arturo Díaz de Sandi, presidente de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, invitó a todos los ciudadanos a sumarse a la queja ante la CNDH y escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., para los detalles de los requisitos para suscribir el oficio que será entregado al organismo nacional en los próximos días.

Expresó que un estudio que fue financiado por los colonos de Delicias corroboró que el pozo que surte a esta zona fue contaminado con combustible y, aunque las autoridades del municipio aseguraron que ya fue saneado, no existe un estudio oficial que dé certeza de que el agua sea apta para consumo humano y uso doméstico.

Afirmó que existe la posibilidad de que para “sanear” los pozos, en lugar de limpiarlos mediante un tratamiento especial, se viertan sólo grandes cantidades de cloro para disipar el olor o sabor del combustible y, si fuese este el caso, la salud de miles de personas estaría en riesgo y por ello se reclama la realización de nuevos estudios técnicos para verificar la calidad del agua.

Detalló que la queja que se presentará ante la CNDH girará en tres ejes principales, en la que los gobiernos federal, estatal y municipal deben asumir su responsabilidad y tomar medidas para evitar daños a la población civil.  

El primer eje es pedir a la CNDH que pida a las autoridades federales que tomen las medidas necesarias para frenar y combatir el robo de combustible en los ductos que atraviesan de la ciudad.

El segundo, que se remedien los daños provocados por los delincuentes o huachicoleros a las fuentes de abastecimiento de agua potable, pues existen tratamientos a base de enzimas que “se comen” el hidrocarburo, y mantener un monitoreo permanente para garantizar el saneamiento y prevenir una nueva contaminación.

El tercer eje, que consideró fundamental, es pedir a las autoridades que soliciten del Congreso de la Unión la modificación de la legislación penal para tipificar como grave el delito de robo de hidrocarburo, para que los delincuentes permanezcan en prisión preventiva y se les sancione con severidad, considerándose como agravantes del ilícito los daños ocasionados a la población y que, incluso, pueden calificarse como genocidio, porque la contaminación de agua provoca envenenamiento masivo.

Consideró necesarias acciones urgentes de la  Secretaría de Gobernación federal y sus dependencias como protección civil y prevención de desastres, pues recordó que existe el riesgo que la contaminación de las fuentes de agua se extienda de la zona norte (parte alta) hacia la zona sur (parte baja) de la ciudad.

Agregó que la queja también será remitida a organismos internacionales como la Organizaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, porque el problema es grave  y las autoridades no están actuando para frenarlo y resolverlo.

Exigen resultados a las autoridades en casos de desapariciones,  asesinatos y feminicidios.

Colectivos y víctimas del delito conmemoraron el Día de las Madres con una marcha para exigir resultados a las autoridades de procuración y administración de justicia en el esclarecimiento y castigos de los asesinatos y feminicidios, así como acciones para la localización y búsqueda de las personas que están desaparecidas.

Madres, hermanas y amigos de víctimas partieron de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el norte de Cuernavaca, y marcharon hasta el primer cuadro de la ciudad para hacer un pronunciamiento en la ofrenda colocada en el acceso principal del palacio de gobierno, que no sólo recuerda a aquellos hombres y mujeres a quienes les fue arrebatada la vida, sino cuyo paradero se desconoce y las autoridades no han hecho lo suficiente.

Reclamaron a la fiscalía estatal, la Comisión Estatal de Seguridad y al Poder Judicial su inacción e insensibilidad para quienes lloran la ausencia de un ser querido.

“Dichas instituciones no respetan los derechos humanos de las víctimas, no equilibran los derechos de acceso a la justicia, ni equilibran los derechos de acceso a la justicia y verdad, así como el debido proceso, dando privilegios a los presuntos responsables, lo que ocasiona altos niveles de impunidad”, señalaron integrantes de organizaciones como Ana Karen Vive, Frente de Víctimas de Morelos, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Víctimas de la Negligencia de las Autoridades, Regresando a Casa Morelos y la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.

Las mujeres, vestidas de blanco, acompañadas de sus hijos, nietos, esposos, amigos, dejaron en claro a las autoridades que nunca se darán por vencidas hasta encontrar justicia.

“Seguimos en pie de lucha y cada día nos vamos a unir y a sumar a tantas madres, hermanas, esposas, hijas, novias, amigas que sufren por los mismos motivos por los que nosotras estamos aquí, que en este camino no tiene regreso hasta que logremos verdad, justicia, reparación integral y la garantía de no repetición. Y hoy (ayer), 10 de mayo, venimos a decirles que si no pueden, renuncien”, fue el clamor.

También exigieron a las autoridades terminar con la simulación, porque la evidencia de su ineptitud, negligencia y omisión es la impunidad, la no localización de los desaparecidos y la libertad de la que gozan homicidas y feminicidas.

El TEE ordenó al Congreso local llamar a Gonzalo Valle Ríos para que entre en funciones.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Congreso local llamar a Gonzalo Valle Ríos para que entre en funciones como diputado suplente, ante la licencia temporal que solicitó el diputado propietario Aristeo Rodríguez Barrera.

En sesión, el Pleno resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM/JDC/75/2018-1, el cual fue promovido por el legislador suplente ante la negativa de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de habilitarlo en suplencia de Rodríguez Barrera, quien dejó el cargo para competir por la alcaldía de Tlaltizapán.

El quejoso pidió que no se aplicara la disposición del artículo 21, Fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que establece que únicamente se llamará al  diputado suplente sólo en caso de que el diputado propietario solicite licencia definitiva, y su integración como parte de la legislatura.

El TEEM consideró “válidos los agravios esgrimidos por el justiciable en tanto que su de derecho a ser votado también abarca el permitírsele el ingreso en funciones del cargo para el que fue electo en calidad de diputado suplente.

“Por lo que por un test de proporcionalidad para efecto de inaplicar la norma que lo limita en el caso concreto, y una vez realizado el mismo, se desprendió que dicha norma no es proporcional y limita el derecho de votar y ser votado.”

Por lo tanto, ordenó al Congreso local que inmediatamente, a través de la Mesa Directiva, incorpore a la legislatura a Valladares Ríos con todos los derechos inherentes al cargo.

Un grupo de integrantes de la organización designó como nuevo presidente a Ricardo Popoca González.

El Consejo Estatal de Abogados se fracturó luego de que, en circunstancias poco claras, un grupo de agremiados relevó a Jaime Serna Pérez como presidente de la organización y lo sustituyó en votación exprés por Ricardo Popoca González.

A través de las redes sociales, Popoca González difundió un comunicado en el que se presentó como nuevo dirigente de la organización y reconoció la gestión de Jaime Serna, así como se comprometió a representar dignamente a los agremiados.

“A todos los socios e integrantes del de Consejo Estatal de Abogados, los invita a que fomentemos la unidad, paz y tranquilidad de esta organización, y nos sumemos al trabajo para que todos pongamos en alto el nombre del CEAM”, dice el documento.

Pero algunos miembros de la organización cuestionaron la forma en la que ocurrió el relevo, que fue orquestado por un grupo de abogados que originalmente convocó a una reunión informativa y, en presencia de 15 de los poco más de 40 asociados del CEAM, decidió declararse en asamblea para elegir al nuevo líder.

El Consejo Estatal de Abogados existe desde casi dos décadas, pero hasta hace unos meses comenzó su proceso de protocolización para convertirse en una organización legalmente constituida. Según los estatutos, el representante del consejo durará un año en su encargo, pero en esta ocasión los asociados decidieron que Serna Pérez –que culminó su periodo a finales de 2017– continuara al frente hasta concluir el proceso de formalización del consejo.

Sin embargo, un grupo de agremiados convocó a la reunión que luego se convirtió en asamblea y, literalmente, aplicó un “madruguete” a Jaime Serna para ser relevado. De acuerdo con algunos miembros de la organización, el problema de fondo fue la forma en la que ocurrió, ya que a la supuesta asamblea sólo acudió una minoría de 15 agremiados y se sumaron otros litigantes que no están asociados o personas que no pertenecen al gremio.

A ello se sumó que no hubo una convocatoria para la elección del presidente de la CEAM, a pesar de que los abogados Aída Hernández, Rocío Carrillo Pérez y Antonio Yáñez Bello tenían intención de lanzarse a la contienda por la presentación del consejo.

Desde hace al menos tres meses, el tema de la dirigencia del CEAM generó discusiones internas y el grupo que consumó el relevo de Jaime Serna presionaba para convocar a la elección.

Entre los sujetos obligados a cumplir con el requisito están los secretarios de acuerdos, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, Isidro Zambrano Vargas, solicitó a los servidores públicos de la institución presentar por escrito su declaración patrimonial en tiempo y forma.

Detalló que entre los sujetos obligados a cumplir con este requisito de ley están los secretarios de acuerdos, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

Explicó que la declaración patrimonial anual tiene el propósito de transparentar sus ingresos y, en esta ocasión,  los funcionarios judiciales deberán presentarla de forma escrita.

Zambrano Vargas también informó que en todo mayo, personal de la Contraloría Interna instalará módulos en las sedes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y  Jojutla para recibir las declaraciones patrimoniales y resolver dudas de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, refieren que todos los servidores públicos debemos ser transparentes con los ingresos que percibimos y el Tribunal cada año cumple con esta obligación”, dijo y comentó que en los próximos días, el Tribunal Superior de Justicia firmará un convenio con la Secretaría de Contraloría estatal para crear una plataforma digital y presentar la declaración patrimonial vía electrónica y no manual.

En este sentido, el director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, invitó a los trabajadores para que acudan a los módulos o consultar la liga http://tsjmorelos2.gob.mx/2016/declaracion_patrimonial/.

Detalla cifras de detenciones en los últimos meses por homicidio calificado y feminicidio.

El fiscal regional del surponiente, José Alejandro Chávez Carmona, sostuvo que el 90% de las personas que han sido detenidas en los últimos meses por homicidio calificado y feminicidio están vinculadas a grupos criminales como “Los Rojos”.

Tras la detención por parte de la Policía Federal del exdiputado y aspirante a la alcaldía de Amacuzac por Morena, Alfonso Miranda Gallegos, informó que en los últimos 15 meses se ha realizado una intensa labor de investigación y se ha solicitado a los jueces de control la liberación de entre 140 y 150 órdenes de aprehensión contra personas señaladas como responsables de delitos relacionados con la privación de la vida.

Indicó que en el 90% de casos, los victimarios tienen vínculos o son parte de grupos criminales, esencialmente de “Los Rojos”, liderados por Santiago Mazari Hernández, al que se le relaciona directamente con Miranda Gallegos, quien es su tío.

Detalló que de las órdenes de aprehensión ejecutadas, 75% de los imputados fueron vinculados a proceso y sujetos a la medida de prisión preventiva, hasta que se concluya su juicio por los delitos de homicidio agravado o feminicidio.

“En estos últimos 15 meses se reflejó que la Fiscalía General del Estado ha aumentado el número de órdenes de procesamiento y de sentencias relacionados con este grupo, es decir, en el 2015 y 2016 era mucho menor el trabajo que se obtenía en este rubro.

“En 2017 y lo que llevamos de 2018, este rubro ha aumentado porcentualmente mucho. Entonces creemos que nosotros como fiscalía estamos haciendo nuestra parte para efecto de poder conseguir que las personas que han cometido un delito, pues estén pagando las consecuencias”, explicó.

Luego de la detención de Alfonso Miranda, el domingo pasado (acusado de los delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada), este martes un grupo de supuestos seguidores del candidato de Morena a la alcaldía de Amacuzac arribó a la Ciudad Judicial federal en Cuernavaca para realizar una breve protesta y defender su inocencia. “Alfonso, aguanta, el pueblo se levanta”, decían algunas de las pancartas de los simpatizantes.

La califican de “antidemocrática e inmoral” y cuestionan que no se cumplió el debido proceso.

Abogados calificaron de “antidemocrática e inmoral” la reelección de Carmen Cuevas López como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al haber cometido un “agandalle” e impedido la competencia.

El presidente del Consejo Estatal de Abogados, Jaime Serna Pérez, afirmó que es una reelección cuestionada porque ocurrió de manera sorpresiva, precipitada y sin dar oportunidad de competir por la presidencia a otros magistrados.

Expresó que el periodo de Cuevas López fenecía hasta el 17 de mayo y había tiempo para un proceso de elección abierto y transparente; sin embargo, la reelección que fue consumada el viernes pasado dejó muchas dudas porque quienes la apoyaron ni siquiera explicaron cuáles fueron los criterios para elegir por un segundo periodo a la titular del TSJ.

Consideró que la reelección “es un abuso de poder, es un agandalle, de que se preparan las cosas para que te quedes tú y eliminar al rival… Me parece que debió hacerse con justicia, con equidad, como lo marca aquí la dama de la justicia (en alusión a la estatua de la diosa Temis en el Palacio de Justicia). ¿Cuál es el temor? Si tenía tantos votos a su favor, ¿por qué hacerlo de esa forma?”, cuestionó.

Serna Pérez dijo que los integrantes del Consejo Estatal de Abogados solicitaron hacer público el descontento con la reelección,  que se perpetró con total ausencia de democracia, equidad y justicia.

Por su cuenta, Enrique Paredes Sotelo, expresidente del Colegio de Abogados de Morelos, lamentó también las circunstancias en las que fue designada Cuevas López como representante del Poder Judicial por un segundo periodo.

“Es legal, pero no moral. Porque al final de cuentas estamos ante una circunstancia en la que, si bien tuvo los votos suficientes para hacerlo, creo que no se cumplió con el debido proceso para la elección.

“Es decir, no había acabado su mandato –le faltaban 14 días–, convoca a una reunión el mismo día sin las 48 horas para llevar a cabo la sesión (solemne de Pleno) y se reeligió… Yo creo que las apariencias se deben de aguardar y en este caso no se guardaron; se vio muy apresurada en su designación, pero la final de cuentas ya fue reelegida”, dijo.

Consideró que no hay posibilidad de impugnar la reelección, sobre todo porque el grupo disidente es pequeño, pero afirmó que “ahora el llamado a los integrantes del Poder Judicial es que se reorganicen y que trabajen en conjunto porque la justicia no puede parar”.

Es su responsabilidad prever y exigir una partida para el pago de la prestación de los trabajadores jubilados, plantean.

La presidenta de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, Aida Hernández, lamentó que la recién reelecta magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, se deslinde de responsabilidad en el adeudo del pago de pensiones a trabajadores jubilados y responsabilice al Congreso y al gobierno de Morelos.

Expresó que Cuevas López no debe evadir su responsabilidad, porque era su  trabajo prever y exigir una partida para el pago de las pensiones.

Detalló que un día antes de la reelección, la magistrada presidenta citó, por separado, a algunos jubilados para ofrecerles préstamos de aproximadamente 30 mil pesos para sobrevivir en tanto se resuelve el problema presupuestal.

“Hacemos un llamamiento, que si bien es cierto que el día anterior a la reelección se les otorgó un préstamo, se les mandó citar a algunos de los trabajadores para otorgarles un préstamo, también lo es que ese es del propio dinero de los trabajadores”, dijo.

También lamentó que la magistrada presidenta pretenda traspasar la responsabilidad del problema, pues “se me hace una irresponsabilidad esa manifestación porque tenemos que sumarnos, tenemos que solidarizarnos, ¿cómo es que expresas que no es en tu cancha cumplirles a los trabajadores, que son parte integral del Poder Judicial?”

Insistió en que es urgente una solución y criticó que el pasado 3 de mayo el Congreso haya descartado de la orden del día el análisis de un tema vital, porque se trata de los ingresos para vivir de los trabajares en retiro.

Según la titular del TSJ, son el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó etiquetar una partida para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial aprobados por los diputados.

La suerte del exedil y exdiputado será decidida en las próximas horas por un juez federal.

En las próximas horas un juez federal deberá determinar la situación jurídica del exalcalde de Amacuzac y exdiputado local Alfonso Miranda Gallegos, quien fue detenido este fin de semana por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, confirmó la detención y detalló que la División de Investigación de la Policía Federal realizó un operativo simultáneo en Tecámac, Estado de México, y Amacuzac, Morelos, que derivó en la detención de Mirando Gallegos y de Sergio “N”, quienes son identificados como presuntos colaboradores cercanos de Santiago Mazari Hernández, líder del grupo delictivo de “Los Rojos”, con fuerte presencia en Guerrero y Morelos.

Sales Heredia detalló que el exdiputado por el Partido del Trabajo y tío de Santiago Mazari intentó ocultarse de la autoridad federal al hacerse pasar como operador de una línea de transporte en el Estado de México.

Sin embargo, al obtener su ubicación y la orden de aprehensión por parte de juez de distrito, se ejecutó su detención por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada, y en el momento se le leyeron sus derechos y se respetaron sus derechos humanos.

Se espera que en las próximas horas un juez federal determine su situación jurídica.

La detención de Miranda Gallegos ocurrió luego de que la semana pasada reapareció a las afueras del penal de Atlacholoaya para esperar y celebrar la liberación del alcalde con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a la diputación federal por el IV Distrito, Enrique Alonso Plascencia, quien fue detenido por la presunta autoría intelectual del homicidio de un hombre que ocurrió el 17 abril pasado y, posteriormente, absuelto de la imputación por un juez debido a la falta de elementos.

Durante su gestión como alcalde  de Amacuzac y diputado local, Miranda Gallegos, de 62 años, fue reiteradamente señalado por pobladores y autoridades estatales de estar implicado en ilícitos. El comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, en diversas ocasiones señaló también al exedil no sólo por su familiaridad con el líder de “Los Rojos”, sino por su posible participación en actividades ilícitas.

La presidenta del TSJ señala que los otros poderes deben destinar recursos para el pago de los decretos pensionatorios 

Cuernavaca, Morelos.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Verónica Cuevas López aseguró que los jubilados que no reciben pensión por falta de presupuesto fueron apoyados con préstamos, y responsabilizó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la situación precaria que viven los trabajadores en retiro.

En una breve entrevista, tras su polémica reelección, afirmó que la solución al tema del adeudo de las jubilaciones es un asunto que “no está en esta cancha” y el TSJ procuró apoyar a los pensionados con préstamos para sobrevivir mientras se resuelven sus asuntos.

“Los jubilados es (sic) un tema que no es del Poder Judicial, es un tema que está en el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial hizo lo propio para que nos den la partida presupuestal para ellos, como reiteradas veces se los he comunicado, tan es así que hubo un apoyo de este Poder Judicial al estar haciéndoles un préstamo para que ellos puedan seguir subsistiendo, pero el tema de los jubilados no está en esta cancha”, dijo en alusión a diversas resoluciones dictados por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) en controversias constitucionales, que ordenan a ambos poderes etiquetar recursos para el pago de las pensiones.

Este lunes, nuevamente un grupo de trabajadores en retiro que piden el pago de sus jubilaciones volverán a instalar su plantón en la explanada del Palacio de Justicia y exigir a la magistrada presidenta del TSJ una solución inmediata. En tanto, en la SCJN están en curso al menos cinco denuncias de incumplimiento de sentencia en las se apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que destinen recursos para el pago de algunos decretos jubilatorios.

El Legislativo de Morelos promovió una controversia constitucional contra la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de habilitar a un secretario de acuerdo para atender asuntos de la Segunda Sala, tras la jubilación del magistrado Orlando Aguilar Lozano.

El Congreso de Morelos promovió una controversia constitucional contra la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de habilitar a un secretario de acuerdo para atender asuntos de la Segunda Sala, tras la jubilación del magistrado Orlando Aguilar Lozano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia 93/2018, promovida por la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, quien se ostentó como representante del Congreso local ante la licencia temporal de la diputada presidenta Beatriz Vicera Alatriste.

Figueroa Peralta expresó su inconformidad con el acuerdo del Pleno del TJA por el cual ordenó habilitar al secretario de acuerdos, José Juan Juárez Lago, como encargado de despacho de la Segunda Sala, con todas la facultades previstas en el artículo 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta en tanto el Poder Legislativo realiza la designación del nuevo magistrado propietario que sustituirá a Aguilar Lozano.

Sin embargo, el ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo se reservó resolver sobre la admisión o no del medio de control constitucional hasta que Figueroa Peralta justifique su legitimidad jurídica y remita las constancias necesarias que justifiquen la ausencia de la presidenta de la Mesa Directiva.

El pasado 19 de abril, después de un largo litigio, entró en vigor el decreto de jubilación como magistrado de Orlando Aguilar Lozano, quien dejó vacante la Segunda Sala. No obstante, el Congreso desde tiempo atrás había iniciado el proceso para nombrar a un nuevo magistrado. Pero en tanto, el Pleno del TJA determinó necesario que el secretario de acuerdos se hiciera cargo de los asuntos en trámite de dicha sala.

Por “unanimidad”, Carmen Cuevas López se reeligió por un segundo periodo como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una sesión extraordinaria de Pleno Solemne convocada de manera exprés con menos de dos horas de anticipación. 
La sesión no duró más de 15 minutos y los 13 magistrados asistentes (incluida la magistrada supernumeraria, Leticia Taboada, que cubre la ausencia de Nadia Luz Lara Chávez) colocaron sus votos “secretos” a favor de Cuevas López en una caja de madera, los cuales fueron leídos en voz alta; incluso, uno de ellos tenía la frase “con la bendición de Dios”, en alusión al pragmatismo religioso de la magistrada presidenta reelecta. 
Al proclamarse el triunfo, Cuevas López se tomó ella misma la protesta y los magistrados se levantaron de sus asientos y reverenciaron a la presidenta reelecta, quien presidirá el TSJ y ostentará la representación de Poder judicial hasta el 17 de mayo de 2020. 
A la sesión no acudieron los magistrados numerarios Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles y el magistrado supernumerario (con voz pero sin voto) Norberto Calderón Ocampo, quienes previamente se pronunciaron en contra de la reelección.

Cuevas “madrugó” a sus rivales  

De acuerdo con magistrados inconformes, fue hora y media antes de la sesión cuando de manera inesperada les fue notificada la convocatoria para sesión de Pleno extraordinario. La convocatoria fue precedida por un cónclave en un lujoso hotel de Jiutepec, donde Carmen Cuevas afianzó el voto de la mayoría de los magistrados y ordenó convocar de manera inmediata al Pleno. 
Los magistrados Carlos Iván Arenas e Hipólito Prieto fueron los primeros en manifestar su sorpresa y su oposición tanto a la realización de la sesión como la inminente reelección, por tres razones: la primera, porque no se cumplía con la formalidad ni la solemnidad del acto al haber sido una convocatoria improvisada; la segunda, porque el plazo para la elección vencía hasta el 17 de mayo y el magistrado Hipólito Prieto, quien aspiraba a la presidencia, apenas comenzaba el cabildeo; y la tercera, porque había un pacto verbal y moral entre Carmen Cuevas y un grupo de magistrado que la apoyaron hace dos años, para que no se reeligiera y a cediera la presidencia  Andrés Hipólito.
“Al hacerlo de esta forma lo único que denota es la poca transparencia, la falta de legalidad en el desarrollo de este tipo de sesiones, que es una característica que ha distinguido a esta administración a lo largo de estos dos años. 
“Evidentemente que estaremos analizando la posibilidad, y por supuesto que esto no será una decisión particular sino de un grupo que no estamos de acuerdo, para impugnar esta decisión”, dijo el magistrado, Carlos Iván Arenas. 
El magistrado Andrés Hipólito Prieto expresó su desconcierto porque comenzaba el cabildeo con sus homólogos respecto a su aspiración a la presidencia del TSJ, y hasta había elaborado un documento que exponía 10 razones institucionales del porqué Carmen Cuevas no debía ser reelecta y solicitaba que sus homólogos expusieran con cinco puntos a favor de la presidenta. 
Acusó que los magistrados que votaron por Carmen Cuevas fue porque “les ha nombrado jueces a hijos (en diversos puestos del TSJ), porque les ha nombrado hermanos en esta administración, porque les ha ayudado políticamente, y entonces la institución pasa a segundo término”. 
Afirmó que “con este madruguete me atan de manos”, al no permitirle siquiera la oportunidad de exponer su ideas y argumentos, ni llamar al voto de conciencia a sus homólogos. 
El magistrado Arenas Ángeles recordó que hace dos años, cuando apoyaron a la elección de Carmen Cuevas y enfrentaron al bloque de la expresidenta Nadia Luz Lara Chávez, se hizo un acuerdo escrito (que no se firmó), moral y verbal de que, al concluir sus dos años de administración, ella cedería la presidencia a Andrés Hipólito. 
Incluso, recordó que en ese entonces también el magistrado, Miguel Ángel Falcón, se sumó al acuerdo que ayer fue roto. 
Al cuestionar si fue un acto de traición la reelección de Carmen Cuevas, afirmó “sí, es una traición, el acuerdo era que seguía (en la presidencia) el magistrado Andrés Hipólito. Cuando se eligió al magistrado Falcón (como presidente del TSJ) el magistrado Hipólito cedió. Para poder elegir a la magistrada Cuevas, se hizo a un lado el magistrado Andrés,  y el acuerdo era que la siguiente era para magistrado Hipólito, entonces hay una traición, una falta congruencia y una falta de compromiso institucional”. 
Agregaron que impugnarán la reelección y advirtieron que habrá una reacción en su contra, y hasta una posible persecución en su contra por su postura crítica a la presidenta.
En una breve entrevista posterior a su reelección, la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, negó que haya existido premura, ilegalidad o un madruguete en su reelección, así como rechazó opinar sobre la supuesta traición a un grupo de sus homólogos.

En una convocatoria sorpresiva y apresurada, en sesión de Pleno, con 13 votos a favor y ninguno en contra fue reelecta Carmen Cuevas López como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El magistrado, Andres Hipólito Prieto, que aspiraba a la presidencia, reclamó el madruguete y que no se le haya dado oportunidad de cabildear y convencer con sus homólogos.

La convocatoria se hizo varias días antes de que concluyera el actual periodo de la presidenta y comenzó a circular ayer mismo.

En el documento se citaba a los magistrados a una sesión extraordinaria para desahogar cuatro puntos, el segundo de los cuales era la elección del magistrado presidente para un periodo de dos años que culmina en mayo del 2020.

El siguiente punto era la toma de protesta, que poco antes de las tres de la tarde se había realizado y con eso se consolidaba el segundo periodo de la magistrada.
 

En una convocatoria sorpresiva y apresurada de sesión de Pleno, fue reelecta María del Carmen Verónica Cuevas López como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Cuevas López fue reelecta con 13 votos a favor y ninguno en contra.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto, que aspiraba a la presidencia, reclamó el madruguete y que no se le haya dado oportunidad de cabildear y convencer con sus homólogos.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, convocó hoy a la celebración de una sesión extraordinaria de Pleno, en la que se llevará a cabo la elección del magistrado presidente del TSJ.

Lo anterior, para el periodo comprendido del 18 de mayo de 2018 al diecisiete de mayo de 2010.

Se tiene previsto que la sesión extraordinaria de Pleno público solemne se celebre a las 14:00 horas; en el orden del día también se incluye la toma de protesta del magistrado presidente electo.

Requiere el cumplimiento de sentencias sobre la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a ejercer presión sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo para que cumplan con sus sentencias respecto de la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El TSJ promovió las primeras cinco denuncias de incumplimiento por aplicación de normas generales o actos declarados inválidos en la controversia constitucional en contra de ambos poderes, por no etiquetar fondos para solventar los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales que fueron aprobados por los diputados.

Estas primeras denuncias corresponden al incumplimiento de cinco controversias constitucionales promovidas desde 2016 y en las que el máximo tribunal del país ordenó al gobierno de Morelos y al Congreso local dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para  cumplir con sus obligaciones laborales y no violentar los derechos de los pensionados.

Incluso la SCJN apercibió a las autoridades responsables que, en caso de no presentar pruebas de cumplimiento, se impondrán multas y las medidas de apremio que sean necesarias.

Desde hace dos años, cuando Carmen Cuevas López asumió la titularidad del TSJ, comenzó la promoción de controversias constitucionales, que a la fecha suman más de 150, en las que la representación del Poder Judicial alegó no tener presupuesto para solventar las nuevas jubilaciones autorizadas por el Congreso.

En los últimos días, un grupo de jubilados se ha manifestado a las afueras del tribunal para exigir el pago de sus pensiones.

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF también ordenó el registro de candidatos a regidores por Morena en Cuernavaca.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones promovidas por la perredista y exdirectora del Instituto de la Mujer Teresa Domínguez Rivera, quien, por la vía del litigio, aspiraba a obtener la titularidad de la candidatura al Senado asignada a Hortencia Figueroa Peralta. Además, la Sala ordenó el registro de candidatos a regidores en Cuernavaca por Morena.

Al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SCM-JDC-257/2018 y SCM-JDC-290/2018, la autoridad electoral decidió declarar infundado el primer recurso y desechar en consecuencia el segundo, en los que Domínguez Rivera alegó que, en el proceso de sustitución de candidaturas, le tocaba pasar de suplente a propietaria de la candidatura a la senaduría.

De acuerdo con la sentencia de la sala regional, “se considera que la designación directa por parte del Comité Ejecutivo Nacional (de la diputada local, Hortencia Figueroa Peralta) se encuentra legalmente sustentada en una facultad extraordinaria, que es consecuente con el principio de libertad de autodeterminación, pues se trata de un método subsidiario o emergente de designación ante el riesgo de que el partido pudiera quedar sin candidatura.

“Finalmente, contrario a lo manifestado por la actora, dentro de la normatividad interna aplicable no se prevé como criterio que en el caso de sustitución de candidatura deba elegirse a quien haya fungido como suplente”, remató.

La Sala Regional Ciudad de México también revocó el acuerdo del Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca por el cual negó registrar la lista de candidatos a regidores de Cuernavaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al ser extemporáneo.

En su sentencia, el órgano jurisdiccional ordenó el registro debido a que, si bien se presentó extemporáneo, esto se debió al cumplimiento de una sentencia del tribunal electoral federal que ordenó reponer las asambleas municipal y distrital para la designación de candidatos.

El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que se continúa con la búsqueda y localización de los presuntos responsables del ataque a un bar el fin de semana en Plaza Marina y de herir a varias personas.

“Estamos investigando, estamos en la recopilación de videos, de geolocalizaciones telefónicas y de testimonios para estar en condiciones de pedir una orden de aprehensión formalmente en contra de los responsables”, dijo.

Indicó que ya están identificados varios de los presuntos agresores que, tras sostener un pleito al interior del bar “La Metiche” aparentemente con el gerente del lugar, fueron corridos del establecimiento y luego regresaron para balear el lugar la madrugada del 29 de abril.

El resultado de la agresión fue de 12 personas lesionadas, siete de ellas con arma de fuego.

Según la Comisión Estatal de Seguridad, los agresores fueron identificados como Axel Daniel, de 19 años y apodado “El Niño”, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y homicidio; Miguel Alexis, de 32 años, relacionado con el delito de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y delitos contra la salud, y Carlos “N”, quien no cuenta con antecedentes penales.

Pese a que en Plaza Mariana han ocurrido varias agresiones simulares a clientes y trabajadores, el fiscal estatal señaló que el lugar se mantendrá acordonado por la FGE y clausurado por la autoridad municipal de Cuernavaca, pero se abstuvo de hacer cualquier sugerencia sobre el futuro de esta plaza ante este tipo de acontecimientos recurrentes, por considerar que eso es competencia de otras autoridades. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó constitucional la negativa de beneficios preliberacionales a sentenciados por el delito de secuestro.

De acuerdo con la resolución de la Primera Sala de la SCJN del amparo en revisión 1074/2017, se estableció que la negativa a otorgar los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, prevista en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, no vulnera la dignidad humana, las garantías de igualdad y no discriminación, ni el derecho fundamental a la reinserción social ni impone una doble sanción.

Detalló que la restricción no se opone a la previsión contenida en el artículo 18 constitucional, porque la concesión de los beneficios preliberacionales no es una obligación constitucional sino una facultad para el legislador ordinario, quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios a fin de desalentar ciertas conductas, o en su defecto, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Así, los condicionamientos que se imponen se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional 19 delega al legislador para determinar en qué casos no deben concederse beneficios, los que adquieren una connotación eminentemente instrumental, ya que son medios adecuados para generar los resultados, y fines que se adscriben al régimen penitenciario.

La norma, tildada de inconstitucional –precisó–, no vulnera la garantía de igualdad, ya que permite tratar del mismo modo a los sentenciados que se ubican en la misma hipótesis normativa o que resultaron responsables del mismo ilícito penal, además de ser congruente con los fines perseguidos por la reinserción social.

Tampoco –recalcó– constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente en la mayor relevancia penal de las conductas delictivas allí previstas, así como el impacto más grave que tienen en la afectación a la seguridad y salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales.

El alcalde con licencia de Tlaquiltenango fue exonerado por falta de elementos.

Por falta de elementos, un juez de Control dejó en libertad al candidato independiente a diputado federal por el IV Distrito y alcalde con licencia de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, quien acusó de maltrato a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y anunció que pedirá protección para continuar con su campaña y salvaguardar a su familia. Por su parte, la FGE anunció que impugnará la resolución judicial.

Prácticamente de manera simultánea, Alonso Plascencia y el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, ofrecieron ruedas de prensa. El primero para defenderse y denunciar abusos policiacos, mientras que el segundo para inconformarse con el fallo judicial porque –aseguró– la representación social aportó pruebas suficientes para vincular a proceso y mantener en prisión preventiva al aspirante a diputado y a sus presuntos cómplices del homicidio de un hombre.

A su salida del penal de Atlacholoaya, donde estuvo detenido en el área de ingreso, Enrique Alonso Plascencia fue acogido por un grupo de supuestos simpatizantes y por Alfonso Miranda Gallegos -exdiputado local y tío del líder de un grupo criminal Santiago Mazari Hernández-  quien también ha sido acusado por el gobierno de Morelos y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, de estar vinculado al crimen.

El alcalde con licencia deslindó a su principal detractor, el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, del maltrato policiaco que sufrió y aseguró que el funcionario le manifestó que no intervendrá en asuntos políticos.

 “Me recibió el comisionado Alberto Capella Ibarra el día que llegué al penal de Atlacholoaya, y lo dijo puntalmente y lo demostró. Estoy sorprendido porque el Mando Único jamás me tocó y me lo dijo muy claro: ‘Este tema no me voy a meter porque no quiero temas políticos; yo voy a hacer mi trabajo, y si tú demuestras tu inocencia, entonces saldrás libre y se respetará lo que dicte un juez federal (sic). Pero si tú no demuestras tu inocencia, serás señalado culpable y entonces todo el peso de la ley’. Y el señor comisionado ha cumplido y yo también he cumplido con mi inocencia. Y es la fiscalía quien ha cometido todo esos atropellos”, dijo.

En contraste, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, lamentó el auto de no vinculación que fue dictado por Alejandra Trejo Reséndiz, jueza de Control del Tercer Distrito Judicial con sede en Jojutla, a favor Enrique Alonso Plascencia y coacusados, “lo que consideramos grave pues deja de lado las pruebas aportadas por esta fiscalía y representa una afectación al sistema de impartición de justicia en el estado de Morelos”.

Señaló que el fallo judicial “no representa la liberación de responsabilidad de Enrique Alonso en los hechos que se le imputan, por lo que las investigaciones continúan”.

Dijo que la FGE respeta la determinación judicial, sin embargo, promoverá un recurso de revisión en contra de la resolución de la jueza, por considerar que no fueron valoradas adecuadamente las pruebas aportadas por la fiscalía y que, en otros casos similares, han sido suficientes para que jueces resuelvan someter a proceso penal a los acusados.

Agregó que, sin mezclar los asuntos electorales con los judiciales, la FGE se  ajustará a los plazos para que las autoridades jurisdiccionales resuelvan este caso.

No obstante, el fiscal expresó su extrañeza por las facilidades que tuvo el edil con licencia y candidato durante su audiencia de vinculación, donde incluso se le permitió dar entrevistas a los medios de comunicación.

“Señalamos las diversas facilidades que le fueron otorgadas a Enrique Alonso Plascencia durante el desahogo de la audiencia, como las libertades que a otros imputados no se les conceden, como el poder interactuar con los asistentes, ofrecer conferencias de prensa en los recesos de la audiencia y poder mantener contacto permanente con la gente de su equipo cercano y simpatizantes”, destacó.

El propósito es proteger a tres especies de murciélagos que ayudan al control de plagas en esa región del estado

La Secretaría de Desarrollo Sustentable decretó como área natural protegida la cueva “El Salitre” en el municipio de Tlaltizapán, para proteger a tres especies de murciélagos que prestan importantes servicios ambientales en la región.

De acuerdo con el artículo 86 Bis de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, los refugios de vida silvestre se constituirán sobre extensiones territoriales reducidas en las que existan características naturales de importancia para la conservación de la biodiversidad, para asegurar la sobrevivencia y perpetuidad de las especies, y limitar su uso a la realización de actividades de conservación de las áreas, de investigación científica y educación ecológica.

En ese sentido, dice el decreto gubernamental, en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, existe una cueva conocida como cueva “El Salitre”, en la que habitan siete especies diferentes de murciélagos: Artibeus hirsutus, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Leptonycteris yerbabuenae, Pteronotus parnellii, Mormoops megalophylla y Myotis velifer, por lo que por su importancia biológica requiere ser protegida.

Estas especies proporcionan en la zona servicios ambientales como la polinización y el control de plagas o vectores de enfermedad, que consumen una gran cantidad de insectos por noche.

Pese a la bondad de los servicios ambientales que proporcionan, los murciélagos que habitan en la cueva enfrentan amenazas como el crecimiento irregular y desmedido de la mancha urbana su periferia, así como la construcción de unidades habitacionales, efectos antropogénicos debido a las visitas de la cueva y la extracción de guano, lo que favorece la alteración o destrucción de las áreas donde se alimentan.

Además del efecto indirecto de fertilizantes y pesticidas que contamina sus alimentos, lo que ocasiona en los murciélagos cambios conductuales, disminución del éxito reproductivo, decremento y mala calidad del alimento conseguido.  

Por tal razón, la cueva, localizada en el ejido de Santa Rosa Treinta, municipio de Tlaltizapán de Zapata, fue declarada como área natural protegida con el carácter de refugio de vida silvestre y conformada por un polígono general con superficie de 0.026 hectáreas, 258.268 metros cuadrados y perímetro de 67.469 metros.

La inspección y vigilancia del refugio queda a cargo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, con la participación que corresponda a las demás secretarías, dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como al Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

Son acusados de homicidio y de estar ligados al cártel de "Los Rojos" 

La Fiscalía General del Estado informó que un juez de control vinculó a proceso a ocho sujetos que, junto con el edil con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a diputado federal, Enrique Alonso Plascencia, son acusados de homicidio calificado y ligados al cártel de “Los Rojos”.

Detalló que los hombres identificados como Roberto “N”, de 18 años; Santiago “N”, de 19; Juan Daniel “N”, de 23; Óscar “N” y Emanuel “N”, ambos de 28; Andrés “N”, de 30; Jeremías “N”, de 34 años; y Rodolfo “N”, de 39, fueron sujetos a proceso penal en esta ocasión únicamente por el delito de narcomenudeo.

Sin embargo, mañana 1 de mayo se llevará a cabo la audiencia de vinculación de estos ocho sujetos y del edil con licencia, actualmente en prisión preventiva, en la que la fiscalía los acusará como autores materiales e intelectuales del homicidio de Adan “N”, privado de la vida el pasado 17 de abril.

Según la FGE, a estos individuos se les detuvo el pasado 20 de abril en poder de armas de fuego y alrededor de dos kilogramos de marihuana, motivo por el que quedaron a disposición del COE por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de venta.

Para el tribunal, la designación –por parte del Congreso del estado- de Patricia Adriana Ariza Cuéllar, contraviene los principios constitucionales de autonomía e independencia de dicho órgano jurisdiccional

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) acordó impugnar la designación del Congreso local de Patricia Adriana Ariza Cuéllar como titular del Órgano Interno de Control de este órgano jurisdiccional.

Para el tribunal, la designación de Ariza Cuéllar contraviene los principios constitucionales de autonomía e independencia que reviste la función jurisdiccional, al ser una intromisión a su estructura y funcionalidad.

El reciente nombramiento de Patricia Ariza no sólo generó inconformidad en el TJA, sino que generó críticas en diversos sectores ante el evidente conflicto de intereses, ya que la funcionaria designada es esposa del diputado ex petista y ahora perredista Edwin Brito.

El TJA aprobó promover una controversia constitucional para impugnar la decisión legislativa, la cual consideró inconstitucional.

El pasado 9 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la designación de Javier Rojas Pérez como contralor interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por considerar, en este caso en particular, que el Congreso no fundo ni motivó la designación, además de que no tenía competencia y violentó la autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) validó el registro de Cuauhtémoc Blanco Bravo como aspirante a la gubernatura por la alianza “Juntos Haremos Historia”.

Al resolver sendos juicios promovidos por Roberto Yáñez y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD), el Pleno del tribunal declaró infundados e inoperantes los argumentos planteados por los actores que, esencialmente, cuestionaron la elegibilidad del exfutbolista y alcalde con licencia de Cuernavaca por no cumplir con la residencia mínima efectiva de 12 años en la entidad para competir por el cargo.

Tras analizar el expediente de casi ocho mil fojas, el magistrado ponente Carlos Alberto Puig Hernández sometió al Pleno el proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad.

De acuerdo con la sentencia, la cual todavía es susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se aportaron elementos para suponer que la constancia de residencia de Blanco Bravo fue obtenida de manera ilegal.

Además, subrayó, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) fundó y motivó de manera adecuada y suficiente el registro del exfutbolista. 

El alcalde con licencia de Tlaquiltenango y candidato independiente a diputado federal por el Distrito IV, Enrique Alonso Plascencia, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Criminal como presunto autor intelectual del asesinato de un hombre, perpetrado el pasado 17 de abril.

En rueda prensa, en las instalaciones del C-5, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara informó que el aspirante a diputado federal fue aprehendido junto con un grupo de siete sujetos vinculados con la organización criminal de “Los Rojos”, liderada por Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”.

Según el funcionario, “existen declaraciones que pesan en contra de esa persona, que lo relacionan con este delito de homicidio calificado como autor mediato del mismo, es decir, como el que ordenaba la ejecución del delito”, detalló e informó que Alonso Plascencia fue ingresado al penal de Atlacholoaya en espera de que en las próximas horas el juez de control determine su situación jurídica y el resto de los detenidos por el presunto delito de homicidio calificado.

El comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, reservó el móvil del homicidio y rechazó que la actuación tanto de la CES como de la FGE, tenga una motivación política, pues existe una imputación directa de la comisión de un delito y existen indicios que formarán parte de otras investigaciones con otro tipo de ilícitos.

“Las instituciones de seguridad pública no trabajamos bajo una lógica de carácter político o partidista, cuando existe una situación importante de delitos que se cometen en semanas recientes o días recientes, nosotros tenemos que actuar en consecuencia.

“Ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública nos vamos a detener por el hecho de que quienes estén señalados o imputados de un delito sean actores políticos de este proceso y por ello no vamos a proceder”, dijo.

Insistió en que existen presunciones sólidas de su participación o vínculos con líderes criminales y otras actividades ilícitas desde hace tiempo, ya que ha sido evidente que realizaba obras sociales con recursos de dudosa procedencia.

“También existe una serie de ‘labores sociales’, de regalos a niños, de cosas que ningún otro alcalde venía desarrollando, lo cual era sorprendente, evidentemente la administración pública tiene ciertas reglas y ciertos mecanismos de transparencia, (eso) no nos toca a nosotros.

“Simplemente las áreas de investigación nuestras y las áreas de inteligencia nos daban ciertas vertientes de una cantidad importante de circulante, es decir, de dinero, de esta administración municipal sin saber cómo y de dónde. Entonces, no es parte de este proceso, aquí hay un imputación directa por el delito de homicidio, y bueno será parte de otras carpetas, de otros procesos, si es que tenemos las testimoniales”, sostuvo.

Pidió a posibles víctimas acudir a la FGE a denunciar, para que se pueda integrar las carpetas de investigación y fincar responsabilidades.

La necropsia indica que Moisés Fabila Reyes murió por un infarto y su cuerpo no presentaba huellas de golpes o tortura, señala el fiscal general.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que no existen indicios de que el párroco de la Basílica de Guadalupe (cuyo cadáver fue localizado en el municipio de Emiliano Zapata) haya sido secuestrado y asesinado en Morelos.

Luego de que trascendió la identificación de prelado Moisés Fabila Reyes (a quien hallaron sin vida este domingo y posteriormente fue entregado a su hija Elizabeth “N”), precisó que la necropsia indica que el hombre falleció por un infarto y no presentaba huellas de golpes o tortura.

Cuestionado sobre la versión de que el clérigo fue secuestrado para pedir rescate a la familia, informó que “en la fiscalía no tenemos por el momento una denuncia ni tampoco no tenemos ningún dato que nos arroje la existencia de ese ilícito”.

Indicó que no se tomó ninguna declaración a la familia de la víctima y sostuvo que la institución centró la integración de la carpeta de investigación en el hallazgo del cadáver.

Carmona Gándara expresó que hasta ahora sólo sabe que la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene abierta una investigación (presuntamente por el secuestro del prelado en la Ciudad de México), pero dijo desconocer su contenido y los hechos denunciados.

Sin embargo, aseguró que hay disposición a colaborar con la autoridad federal en las investigaciones que hagan falta, “pero debo ser enfático en que en Morelos no se encuentran datos que se haya ejecutado un delito de secuestro ni tampoco de homicidio”, en agravio al sacerdote.

A través de un comunicado, la FGE insistió en que “no cuenta con denuncia alguna por algún hecho delictivo que involucre a Moisés Fabila Reyes, ni se cuenta con información que determine si fue o no privado de la libertad como se ha difundido.

“No obstante lo anterior, esta Institución estará atenta a cualquier solicitud de colaboración para apoyar a dependencias estatales y/o federales en el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos”.

La Arquidiócesis de México lamentó el deceso del clérigo, que oficiaba misa en la Basílica de Guadalupe, y envió condolencias a su familia.

Convocan a marcha el 10 de mayo.

Padres de familia cuyos hijos fueron asesinados o se encuentran desaparecidos reclamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) su falta de acción y de sensibilidad para esclarecer los casos y exigieron no dejarlos en la impunidad.

Al instaurar como iniciativa civil el 25 de abril como “Día de las Víctimas de la Negligencia de las Autoridades y Servidores”, Fabián Tlalapango Carrasco, padre de Tonatiuh Tlalapango (quien fue secuestrado y asesinado en octubre de 2016), lamentó que las autoridades estatales pretendan dar carpetazo al caso sin investigar sobre otros probables implicados en el crimen.

Rechazó darse por vencido y recordó que fue la familia la que realizó la mayor parte de las diligencias para localizar el cuerpo del joven estudiante, cuya vida fue truncada a sus escasos 21 años.

“No teníamos la infraestructura que tiene la UECS (Unidad Especializada en Combate al Secuestro), no teníamos el poder político de la UECS. Lo único que teníamos era el deseo de saber dónde estaba mi hijo. Ahora la autoridad dice que ya no hay más líneas de investigación; tenemos temor que sea lo mismo cuando decía que no podían encontrar a mi Tonatiuh”, recalcó.

Exigió a los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia cumplir con su responsabilidad legal y ser sensibles con las víctimas, que sólo buscan respuesta y verdad.

La iniciativa ciudadana de crear el 25 de abril como “Día de las Víctimas de la Negligencia de las Autoridades  y Servidores” obedece a que fue este día, pero de 2017, cuando la familia de “Tona” localizó el cuerpo del joven en el Estado de México, luego de una búsqueda intensa y por encima de la resistencia de la autoridad estatal de apoyar en la localización.

Ayer, la familia de Tonatiuh también colocó varias lonas en puentes peatonales de Cuernavaca para exigir justicia a las víctimas.

La representante del Frente de Víctimas del Estado de Morelos y madre de Ana Karen (adolescente que fue asesinada por su exnovio), Ana Luisa Garduño Juárez, invitó a los ciudadanos a sumarse a la cuarta marcha del 10 de mayo, en la que decenas de madres volverán a llorar la ausencia de sus hijos.

“Estamos convocando a todas las víctimas del estado a que se sumen a esta marcha de dolor, a esta marcha donde las familias hemos quedado muertas en vida al tener una pérdida tan importante, y que seguimos en espera de una justicia”, dijo.

La marcha del 10 de mayo, Día de la Madre, partirá en la avenida Morelos, a la altura de un centro comercial, y se dirigirá a la fiscalía estatal.

“Esperamos la suma de más familias; si no existe unidad entre las víctimas, no vamos avanzar y vamos a seguir esperando esa justicia tan anhelada y esa verdad que muchas madres esperan”, dijo.

Designan nuevo jefe de la Policía de Cuernavaca.

Este viernes la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) realizará un despliegue ministerial en el territorio morelense con el propósito de incentivar la denuncia ciudadana e inhibir las conductas que pudieran inducir o coaccionar el voto.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR)  anunció que este 27 de abril, personal de la Fepade desplazará personal en diversos municipios de la entidad, en la víspera del proceso electoral federal, concurrente con la elección local.

El objetivo, informó, es acercar los Ministerios Públicos federales a la ciudadanía que desee interponer denuncias por posibles conductas susceptibles de delitos electorales.

El despliegue será encabezado por personal ministerial de la Fepade en los diversos municipios del estado y atenderá de primera mano las denuncias que se presenten.

Relevan a jefe policiaco en Cuernavaca

La mañana de ayer, Iván René Hernández Salgado fue relevado como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca y encargado del Mando Único en el municipio.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) no precisó si el motivo obedeció a la rotación periódica de los jefes policiacos u otra razón relacionada con su desempeño, sin embargo fue designado en su lugar Daniel Hernández Gutiérrez.

El Tribunal ordenó registrar al exalcalde Alfredo Reyes Benítez como candidato a la presidencia municipal de Atlatlahucan.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) registrar al exalcalde Alfredo Reyes Benítez como su candidato a la presidencia municipal de Atlatlahucan, lo que obligará al tricolor a realizar ajustes en sus candidaturas a las alcaldías para cumplir con el principio de paridad de género.

Al resolver el juicio TEEM/JDC/65/2018-13 para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el Pleno consideró fundados los argumentos expuestos por el actor respecto de la ilegal designación de Beatriz Flores Olivo como candidata a presidenta municipal de Atlatlauhucan por el partido tricolor.

El TEEM consideró que no fueron sustentados la designación y el registro de Flores Olivo ante el Consejo Electoral Municipal, ya que Reyes Benítez (quien fue alcalde en el trienio 2009-2012) acreditó que le asistía la razón.

Lo anterior, en virtud de que el aspirante fungió como precandidato único durante el proceso interno de selección de candidatos del PRI y, por tanto, la designación de Beatriz Flores no se encontró debidamente fundada y motivada.

El tribunal dio dos días al Consejo Electoral Municipal, contados a partir de la notificación, para registrar como candidato del PRI a la alcaldía de Atlatlahucan a Reyes Benítez.

La resolución del TEEM impactará en las listas del PRI a las 33 alcaldías para cumplir con el principio de paridad de género (17 candidatos de un género y 16 de otro), pues en Atlatlahucan se ordenó el relevo de una mujer por un hombre.

Serán integradas a la base de datos nacional de la PGR.

Este fin de semana, en la zona oriente fue recolectada casi media centena de nuevas muestras a familiares de personas desaparecidas, quienes tienen la esperanza de saber pronto el paradero de sus seres queridos.

De acuerdo con la fiscalía estatal, se realizó la segunda etapa del programa de recolección de muestras en el municipio de Cuautla, con el apoyo de la Procuraduría General de la República y la división de la Policía Científica.

Del viernes al domingo fueron tomadas 41 muestras, de las cuales 11 corresponden a hombres, 24 a mujeres, dos a niños y cuatro a niñas.

En el mes de marzo, cuando se atendió a personas en la zona metropolitana, se obtuvieron 85 muestras que, junto a las recabadas este fin de semana, suman un total de 126, que serán procesadas y posteriormente serán integradas a la base de datos nacional de la PGR, para el cruce de información genética y estar en posibilidades de identificar a personas no localizadas.

Se divulgó una supuesta confrontación entre Ramón Castro Castro y Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En nombre de la Diócesis de Cuernavaca y del candidato a gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el abogado Pedro Martínez Bello inició una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de divulgar en las redes sociales noticias falsas sobre una supuesta confrontación entre el obispo Ramón Castro Castro y el exfutbolista.

“El día de hoy me han pedido, tanto el Obispo Ramón Castro Castro como el hoy candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, que presente las denuncias correspondientes ante la fiscalía de justicia por un uso indebido de medios de comunicación que nosotros consideramos se establece”, dijo.

Afirmó que desde hace tres meses, en Facebook circulan videos con la imagen y voz editada del prelado, en los que ataca al candidato y lo acusa de orquestar una guerra sucia en su contra.

“Queremos que se pongan a trabajar (la fiscalía estatal) en el sentido de que nos digan dos cosas. Primero, quién está detrás de estas notas periodísticas y cuál es el propósito. Porque nosotros podemos intuir que el propósito es desestabilizar a la sociedad morelense, confundirla y, por supuesto, confrontar al alcalde con el obispo y es importante que esa situación quede completamente clara porque ellos tienen una excelente relación”, expresó.

Afirmó que espera que la fiscalía actúe imparcialmente y que haya consecuencias para quienes, a través noticias falsas (“fake news”), pretenden confundir al electorado y en particular a la comunidad católica del estado.

De no hacerlo, los beneficiarios serán dados de baja y los recursos se entregarán a otras personas

El padrón de beneficiarios de “Unidos por Morelos” será depurado para ceder los apoyos a damnificados que, por diversos factores, quedaron excluidos de los programas gubernamentales de apoyo, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fue publicado el decreto por el que se reformaron y adicionaron distintas disposiciones de las Reglas Operativas de la Estrategia Estatal para la Reconstrucción de la Vivienda en el Estado, a cargo del órgano desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”.

De acuerdo con el documento, se realizó una evaluación de la situación actual y se concluyó que es necesario depurar o ampliar el Censo Estatal de Viviendas Afectadas realizado por el Gobierno del Estado, para otorgar apoyos para la recuperación de su vivienda a las personas que no calificaron para recibir el apoyo del Fonden o que quedaron excluidos de los programas locales.

Según el diagnóstico, un reducido número de beneficiarios no se ha presentado a recibir su material de construcción o, inclusive, la credencial que expidió “Unidos por Morelos”, lo cual no sólo generó retraso en la entrega de material y cierre de los registros por municipio, sino que impidió que otras personas que sufrieron daños en sus viviendas puedan acceder a los apoyos que entrega el gobierno del estado de Morelos.

Se fijó el 1 de mayo como plazo máximo para que los beneficiarios que no han recogido el material de construcción o su credencial puedan acudir a su entrega, de lo contrario, se dará por sentado que no hay interés en recibir la ayuda y serán depurados del padrón y su credencial destruida, para que otras personas afectadas que no fueron oportunamente censadas, dada la situación de emergencia ocurrida, se encuentren en condiciones para acceder a esos apoyos, de conformidad con la suficiencia presupuestal.

Las reglas operativas también se modificaron para que, cuando una vivienda haya sido censada con daño total pero los daños no impliquen daño estructural, se modifique su estatus y otorgue un paquete de hasta 60 mil pesos en materiales de construcción, de acuerdo al nivel de gravedad del daño dictaminado.

 De igual manera, en aquellos casos en que se haya solicitado una reclasificación en el tipo de daño parcial a daño total, se deberá realizar la inspección y valoración técnica respectiva para justificar, en su caso, el cambio o aumento de paquete de material de construcción.

Otra modificación relevante fue la posibilidad de que los beneficiarios de la Estrategia Estatal para la Reconstrucción de la Vivienda en el Estado pueda renunciar voluntariamente, bajo su más estricta responsabilidad, a los beneficios a los que se han hecho acreedores, mediante escrito en el que conste tal circunstancia y que su decisión es tomada en ejercicio libre de su voluntad.

En los artículos transitorios del decreto que modificó las reglas operativas, se estableció que, una vez realizada la depuración o ampliación del padrón de beneficiarios con viviendas dañadas por el sismo, bajo la responsabilidad de los Coordinadores Técnico y Operativo, se deberá informar al Comité Técnico de los movimientos realizados y someter a su aprobación la actualización de los datos diagnósticos.

También en un plazo de 30 días el órgano desconcentrado “Unidos por Morelos”, identificará y elaborará un padrón de aquellos casos en los cuales exista un error de clasificación parcial o equivalente por parte del Fondo de Desastres Naturales; y, dentro del plazo siguiente de 30 días naturales, los coordinadores deberán verificar esa información con los registros o censos que al efecto tenga la autoridad federal o la propia autoridad local, a fin de verificar que los casos identificados no hayan sido reclasificados previamente o no cuenten con algún tipo de beneficio complementario al otorgado.

Entró en vigor el decreto de jubilación del magistrado Orlando Aguilar Lozano.

A partir de este jueves entró en vigor el decreto de jubilación por cesantía en edad avanzada del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Orlando Aguilar Lozano, quien recibirá una pensión al 90 por ciento de su último salario como impartidor de justicia.

Tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Aguilar Lozano dejó de ser magistrado al aceptar su retiro voluntario y ceder la vacante para que el Congreso, en breve, nombre a un nuevo magistrado.

El documento, emitido por la actual legislatura, está basado en el decreto especial que en 2008 expidió el Congreso local para conceder el retiro voluntario y una pensión “dorada” a seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuya institución entonces atravesaba por una fuerte crisis política interna y externa.

“En estricta observancia al derecho humano de igualdad para resolver sobre la procedencia de la solicitud de pensión promovida por el C. Orlando Aguilar Lozano, se toma como referencia las disposiciones jurídicas que sirvieron del DECRETO NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO, por el que se establecen los términos de la pensión por retiro voluntario de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cual tuvo una vigencia de cinco días hábiles a partir de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, la cual se llevó a cabo el quince de octubre de 2008”, se estableció en el decreto.

La pensión autorizada por el Congreso deberá cubrirla el Tribunal de Justicia Administrativa al 90% en forma mensual, conforme al último salario percibido por Aguilar Lozano.

Además la pensión se incrementará conforme al aumento porcentual del salario mínimo general en el estado de Morelos e incluye todas las prerrogativas del cargo desempeñado como prestaciones, asignaciones y aguinaldo, como lo establece el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Además fue abrogado el decreto número 1759 de fecha 3 de abril de 2012, mediante el cual Aguilar Lozano fue ratificado por un segundo periodo de ocho años como Magistrado Propietario del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en agosto de 2015 cambio de denominación a Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos.

Desde 2015, el ahora magistrado en retiro promovió recursos de defensa cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal y en su juicio de amparo alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad, al haber cumplido 65 años (límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso).

En septiembre de 2017, la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

Según Lozano Aguilar, con las reformas realizadas el año pasado por el Congreso de Morelos su situación jurídica cambió a su favor, al incrementarse de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso de la magistratura.

Recientemente el Congreso intentó, de nueva cuenta, relevarlo y designar a un nuevo magistrado del TJA, pero Aguilar Lozano obtuvo una nueva suspensión federal. Finalmente, el Poder Legislativo optó por aprobarle la pensión vitalicia y con ello continuar con el proceso de designación de su sucesor.

El magistrado pide una sucesión transparente en el Poder Judicial.

El magistrado Andrés Hipólito Prieto se postuló como aspirante a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y aunque rechazó convertirse en detractor de la actual magistrada presidenta, Carmen Cueva López, afirmó que la reelección nunca ha sido sana para la institución y se necesita un cambio a favor de la autonomía y la independencia del Poder Judicial.

“La exigencia de la base trabajadora, de los jueces, de los operadores de justicia en general, piden que venga un cambio, una renovación, pero sobre todo piden que el cargo se ejerza de manera diferente. Que sea, por una parte, transparente, que sea incluyente, que no haya intolerancia, que no haya discriminación”, refirió el magistrado.

Hipólito Prieto destacó que “la población impartidora de justicia así lo reclama, así lo reclaman también los justiciables que son a quienes nos debemos los impartidores de justicia; pero también lo reclaman los abogados, la academia, que el cargo de presidente del TSJ se ejerza de otra manera y se busque no a través de la prebenda, no del amiguismo, de los cuates, sino que se busque no a la persona sino el trabajo de la persona”, dijo.

Y es que desde el inicio de su gestión, Cuevas López recibió fuertes críticas no sólo de algunos de sus homólogos sino de los operadores judiciales, trabajadores y organizaciones de abogados por su intolerancia y cerrazón al diálogo, la mezcla de asuntos religiosos personales con la labor institucional y, sobre todo, por su defensa endeble del Poder Judicial.

Rechazó insistentemente en descalificar o atacar la gestión de Cuevas López, sin embargo dejó claro que de ser electo presidente del TSJ, peleará por la autonomía financiera del Poder Judicial para evitar presiones y subordinación a otros poderes del Estado.

Recordó que el Congreso congeló la declaratoria de la reforma constitucional que permitiría al Poder Judicial obtener por lo menos el 4.7 por ciento del presupuesto estatal anual, y sostuvo que mientras dicha autonomía no sea una realidad, la impartición de justicia seguirá mendigando su presupuesto y estará expuesta a los intereses externos.

También recalcó que “las reelecciones, al menos en el TSJ, no han sido sanas, no han sido buenas, no han sido positivas; el cargo de por sí desgasta en todos los sentidos, entonces buscar la reelección no sólo desgasta a la persona, desgasta a la misma institución”, como sucedió con los casos de Nadia Luz Lara Chávez y Ricardo Rosas Pérez.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Carmen Cuevas mantenga un voto de lealtad de varios magistrados por favores personales recibidos y beneficios como la ampliación de sus periodos en el cargo por 20 años, Hipólito Prieto sostuvo que los agradecimientos deben saldarse en el ámbito personal y apeló a un voto reflexivo y consciente de los magistrados, quienes deberán sopesar qué es lo mejor para la institución.

“Tienen un compromiso personal, no tienen un compromiso con la institución… Si bien es cierto que la actual presidenta les ha hecho favores en lo personal, que se lo agradezcan en lo personal, pero que no afecten a la institución”, dijo y subrayó que hará una campaña limpia, sin denuestos ni ataques, pese al riesgo de que él sea el blanco de descalificaciones.

Resaltó que iniciará una campaña al interior del TSJ para lograr los votos de la mayoría de sus homólogo y presentará, en vísperas de la elección –el próximo 17 de mayo–, su proyecto de trabajo basado en cinco ejes fundamentales: desarrollo del gobierno judicial; lograr, de una vez por todas, la autonomía financiera del Poder Judicial; propiciar la modernización de la impartición de justicia con el uso de las nuevas tecnologías en las áreas civil y familiar; fomentar la carrera judicial para que los operadores de justicia puedan avanzar en su profesionalización y lograr ascensos, y la transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que Cuevas López o cualquier otro magistrado tiene el derecho legítimo de postularse por la presidencia del TSJ, pero insistió en que la contienda por la presidencia debe ser limpia y basada en la trayectoria personal y el proyecto de trabajo.

Se acreditó la difusión de propaganda confusa en unidades del transporte público.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) impuso una multa económica al presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, y al Partido Social Demócrata (PSD) por actos anticipados de campaña en su intención de reelegirse como alcalde por la coalición PRD-PSD.

En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  que ordenó al TEEM recalificar como grave la conducta cometida por el candidato y el instituto político, el Pleno del tribunal local aprobó imponer una multa de 102 mil 800 pesos tanto a Agüero Tovar como al Partido Social Demócrata.

Originalmente el TEEM declaró acreditado que tanto el PSD como el edil incurrieron en actos anticipados de campaña con la difusión de propaganda confusa en unidades del transporte público, específicamente en la Ruta 20.

El Pleno del Tribunal Electoral de Morelos sancionó al PSD y a Agüero Tovar con una amonestación pública y ordenó a la Comisión Temporal de Quejas del  Consejo Estatal Electoral  del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizar las determinaciones necesarias para retirar inmediatamente la propaganda de las unidades del transporte público, que circulan por el municipio de Jiutepec y en otras áreas de la zona metropolitana.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por el partido Morena ante el TEPJF, que consideró que fue grave la conducta en la que incurrieron los denunciados y ordenó a TEEM recalificar e imponer una sanción más fuerte.

La elección de nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia está prevista para el 17 de mayo.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que “sería una cuestión inmoral” que la actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, pretenda reelegirse como representante del Poder Judicial.

Durante la ceremonia de conmemoración de la erección del estado de Morelos, a pregunta expresa de los medios de comunicación, Cuevas López respondió escuetamente que no descarta la posibilidad de reelegirse.

En respuesta, Arenas Ángeles –quien ha sido abiertamente crítico de la gestión de la titular del TSJ– consideró que “sería una cuestión inmoral que Cuevas pensara en reelegirse” porque no ha defendido la autonomía ni la independencia del Poder Judicial, y como servidora pública no se ha conducido con transparencia, honestidad, profesionalismo, objetividad, imparcialidad ni rendición de cuentas.

Dijo que estos principios constitucionales no han sido practicados por la magistrada, quien durante su gestión ha provocado “una crisis muy fuerte al interior del TSJ porque no sólo se ha atentado contra los derechos de los trabajadores, sino que se ha atentado contra la dignidad de las personas. Es muy desafortunado que esto se tenga que hacer del conocimiento público”.

Iván Arenas se descartó como aspirante a la presidencia del TSJ, pero afirmó que “sí haré una campaña de concientización con mis compañeros magistrados para que hagamos un análisis y valoración del trabajo que viene realizando la magistrada presidenta”.

En víspera de la elección del nuevo titular del TSJ, prevista para el 17 de mayo, criticó la endeble defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial por parte de Cuevas López ante las reformas que modificaron su estructura y funcionamiento, entre ellas la extinción del Consejo de la Judicatura.

Lamentó que durante su gestión la presidenta haya optado por controvertir cada uno los decretos de jubilación de los trabajadores para postergar los pagos, en lugar de promover una sola controversia constitucional para exigir al Congreso una partida presupuestal a fin de hacerles frente a las pensiones.

Fue pospuesta la inhumación de más de 350 cuerpos que están sin identificar en los servicios forenses.

La Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de autoridades locales, llevará a cabo la segunda fase de la recolección de muestras genéticas de personas que tienen a un familiar desparecido, en la zona oriente de la entidad. En tanto, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, informó que fue pospuesta indefinidamente la inhumación de más de 350 cuerpos que permanecen como no identificados en los servicios forenses.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que del viernes 20 y hasta el domingo 22 de abril, personal de la Policía Científica, dependiente de la Policía Federal, realizará la toma de muestras sanguíneas para la elaboración de la base de datos nacional que permita el cruce de información genética como parte de los esfuerzos por localizar a las personas desaparecidas.

El módulo de atención y toma de muestras se instalará en el Centro de Salud de la colonia Peña Flores, ubicado en cerrada Adolfo Ruiz Cortines sin número del municipio de Cuautla, con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas.

En marzo se realizó la primera etapa, a través de la que se recolectaron 85 muestras que quedaron bajo resguardo de la PGR, que es la responsable de la alimentación de la base de datos nacional.

Por su parte, el fiscal Uriel Carmona informó que uno de los acuerdos con organizaciones y familiares de personas desaparecidas fue posponer indefinidamente la inhumación de más de 350 cuerpos no identificados, que se encuentran bajo el resguardo de los servicios forenses de las tres regiones de la entidad.

Indicó que los cadáveres no serán sepultados hasta que se cumplan totalmente los protocolos de inhumación, cuenten con las carpetas de investigación y, junto con autoridades federales, se recaben las muestras biológicas que a la postre permitan su identificación.

“Tenemos mucho avance, estamos muy adelantados en esa identificación, pero todavía no tengo una fecha definida para hacer las actividades de inhumación, primordialmente porque ahorita estamos en coordinación con las autoridades federales que van a participar en la identificación final previo a la inhumación”, dijo.

Respecto de la investigación del homicidio de un ciudadano ítalo-español, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 20 de marzo sobre la carretera Temilpa-San Rafael, en el municipio de Tlaltizapán, el fiscal señaló que ya fueron identificados presuntos implicados en el asesinato y se ha solicitado a un juez las respectivas órdenes de aprehensión.

Insistió en que el caso sigue bajo la jurisdicción del fuero común y hasta el momento no hay ninguna petición o intervención de autoridades europeas, dado el origen de la víctima.

El TEE resolvió que no se aportaron elementos que comprobaran las acusaciones.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) desechó las acusaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nadia Luz Lara Chávez, sobre presuntos actos anticipados de campaña.

En sesión, el Pleno del TEEM resolvió el procedimiento especial sancionador TEEM7PES/09/2018-1 instaurado por el tricolor, en el que presentó como prueba un video en el que aparece la aspirante a la candidatura supuestamente promoviendo el voto previo al inicio de las campañas.

Por unanimidad, el tribunal local determinó que el PRI no aportó elementos que comprobaran las acusaciones, por lo que absolvió a la magistrada con licencia de los señalamientos del partido adversario.

“En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción denunciada como actos anticipados de campaña, toda vez que del caudal probatorio ofrecido por la denunciante (…) no se logra comprobar la concurrencia de los tres elementos básicos que son: personal, temporal y subjetivo, dado que de la única prueba aportada por la denunciante y de las inspecciones oculares realizadas a la misma, no se desprende las personas, la fecha ni el lugar en que se realizó el acto que el video refiere”, resolvió.

De acuerdo con el calendario electoral local, el 29 de abril iniciarán las campañas a la gubernatura y el 14 de mayo las campañas para presidencias municipales y diputaciones locales.

De acuerdo con el abogado defensor, el fallo obedeció a que actualmente el exfutbolista ya no es alcalde en funciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó una de las dos controversias promovidas por el alcalde con licencia de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, contra la pretensión de someterlo a juicio político, presuntamente por no cumplir con sus deberes como servidor público.

En la sesión del pasado 11 de abril, la Primera Sala determinó el sobreseimiento del recurso de control constitucional que el alcalde promovió en diciembre de 2016 y que impedía, dentro del segundo juicio político iniciado por el Congreso a solicitud del jurista Raúl Carrancá y Rivas, que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una vez erigido en jurado de sentencia, emitiera un fallo y ejecutara cualquier sanción.

De acuerdo con el abogado Cipriano Sotelo Salgado, el sobreseimiento obedeció a que actualmente Blanco Bravo ya no es alcalde en funciones (luego de solicitar licencia temporal para competir por la gubernatura por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social); por lo tanto, la demanda quedó sin materia.

Subrayó que aun cuando con el sobreseimiento caducó la suspensión con respecto a esta controversia, se mantiene la medida cautelar en los mismos términos, pero con el auspicio de la  protección que le concedió la justicia federal al exfutbolista dentro del juicio de amparo que promovió en calidad de ciudadano.

“Cuauhtémoc Blanco ahorita ya no es autoridad, ya dejó el cargo porque se fue a buscar la gubernatura. Como ya no es autoridad, esa controversia ya no se puede resolver porque él ya no tiene interés jurídico. Si él siguiera siendo presidente municipal, no se hubiera quedado sin materia (la controversia), pero como ya no es, entonces se queda sin materia”, explicó la razón del sobreseimiento del recurso.

Aclaró que permanece vigente el juicio de amparo promovido por el exfutbolista, así como la medida cautelar a su favor, que impide que la comisión instructora del TSJ emita y ejecute cualquier sentencia respecto del juicio político incoado por el Congreso de Morelos.

Agregó que el juicio de amparo fue atraído por la SCJN y consideró que todavía tardará varios meses su resolución.

El 18 de mayo, Carmen Cuevas buscará reelegirse, ante la oposición de un grupo minoritario de magistrados.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó la cuenta regresiva para la elección del nuevo presidente, en la que Carmen Cuevas López se perfila para la reelección, mientras que un grupo minoritario de magistrados busca frenar la intención de la magistrada presidenta.

De acuerdo con juristas y magistrados consultados, con el pretexto de la veda electoral, Cuevas López evita declaraciones públicas y fijar postura sobre el tema para prevenir que su reelección ocurra en medio de golpeteos internos, como sucedió hace dos años, cuando se convirtió en titular del TSJ y sucesora de Nadia Luz Lara Chávez, quien pidió licencia como magistrada para competir por la gubernatura de Morelos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Por el momento, la actual magistrada presidenta mantiene el apoyo de un número significativo de magistrados, a quienes les ha concedido algunos privilegios, como el ascenso de sus colaboradores cercanos, mientras que otro bloque de al menos cuatro magistrados se mantiene inconforme con la gestión de Cuevas López.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada dos años el Pleno debe celebrar una sesión solemne para elegir por mayoría o unanimidad al magistrado que dirigirá la institución, con la posibilidad de poder reelegirse por un periodo más. El próximo 17 de mayo se llevará cabo la sesión para reelegir o renovar la presidencia del TSJ.

Además de licitar la adquisición de juegos de placas y calcomanías para motocicletas y vehículos particulares, la Secretaría de Hacienda comprará formatos de licencias de conducir

La CES licita la renta de vehículos blindados para la protección de funcionarios

Cuernavaca, Morelos.- La Secretaría de Hacienda y la Comisión Estatal de Seguridad  lanzaron sendas licitaciones públicas nacionales para la adquisición de juegos de placas y calcomanías para motocicletas y autos particulares, así como cursos de capacitación y renta de vehículos blindados para protección de funcionarios.

De acuerdo con el sitio con las bases de la licitación EA-N04-2018, la dependencia estatal que ahora tiene a su cargo el área de control vehicular, adquirirá 49 mil 790 juegos de placas con calcomanía de identificación vehicular para autos particulares; mil juegos de placas con calcomanía con el distintivo que identifica los vehículos de personas con discapacidad; otros mil juegos con calcomanía para autos antiguos y mil juegos para motocicletas.

De igual forma fue lanzada la licitación nacional para la adquisición de 84,780 formatos de licencias de conducir para la Coordinación de Control Vehicular de la Subsecretaría de Recaudación, así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de licencias.

La dependencia informó que en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, se dispuso de una partida para la adquisición de estos insumos. 

Paralelamente, la Comisión Estatal de Seguridad lanzó dos licitaciones: una para comprar cursos de capacitación para policías, y otra para el arrendamiento de vehículos blindados.

La primera licitación consistirá en la contratación de una empresa para que implemente un curso de capacitación en materia de seguridad, a impartirse en la Academia de Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de la CES, con vigencia del contrato hasta el 30 de septiembre, fecha en que culmina la actual administración.

En la segunda licitación, la cual puede consultarse en el sitio compras.morelos.gob.mx, la CES requirió el arrendamiento puro de 11 vehículos blindados para la protección de funcionarios.

En la licitación, la CES requirió el arrendamiento de dos unidades Jeep Grand Cherokee modelo 2017 o mayor con blindaje nivel 5, que es resistente a ataques de armas de alto poder y que es requerido habitualmente por organismos gubernamentales para la protección de servidores públicos de nivel superior.

También requirió la renta de seis camionetas blindadas Pathfinder, una camioneta Tahoe Premier 4x4; una camioneta Grand Cherokee y una Suburban 4x4, todas modelo 2017 o mayor con blindaje 4 y 3.

El blindaje 3 es utilizado comúnmente para la prevención de asaltos y secuestros, mientras que el nivel 4, es uno de los más utilizados por las entidades del país con presencia en su territorio de crimen organizado y resiste impactos de armas como AK-47.

El interés superior del menor debe estar por encima de los deseos particulares de los cónyuges que libran un juicio de divorcio y/o guarda y custodia: juez.

Para proteger el interés superior del menor, psicólogos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) apoyan a los infantes cuando sus padres libran un juicio de divorcio y/o guarda y custodia.

Edilbertha Salgado Nájera, titular del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia, explicó que cuando los menores son presentados ante un juez por el Ministerio Público, deben ser apoyados con un psicólogo, para saber sus necesidades y sentir.

“Con el respaldo de un Ministerio Público, quien funge como abogado, y un psicólogo, los menores nos hacen saber qué es lo que realmente quieren, si estar con mamá o con papá.

“El profesional ayuda a verificar si no son alienados, si tienen temor o están nerviosos, por la decisión que toman al irse con uno de sus padres cuando éstos se divorcian”, indicó.

Señaló que “a los niños se les explica cuál es la función del MP, del psicólogo y de nosotros como jueces para que tenga confianza y pueda expresar su sentir durante la presentación del menor en la audiencia”.

“Esta práctica ayuda porque, en ocasiones, los padres de familia dicen que sus hijos no quieren irse con la mamá o el papá; sin embargo, el interés superior del menor debe estar por encima de los deseos particulares de los cónyuges que se separan porque debe prevalecer el bienestar de ellos”, recalcó.
Sostuvo que a las niñas y los niños se les pregunta cómo se sienten, qué es lo que quieren o les gustaría y, con base a eso, la autoridad jurisdiccional debe resolver un juicio.

Una década después fue detenido el cuarto implicado en el homicidio de un policía ministerial que investigaba una serie de secuestros exprés y violaciones que fueron perpetrados sobre la autopista México-Cuernavaca.

Rodrigo “N”, de 32 años, fue ubicado y detenido en el estado de Nuevo León y puesto bajo la responsabilidad de un juez en Morelos para hacer frente a los cargos de homicidio agravado, robo y tentativa de homicidio, en agravio del policía Carlos “N” y otra agente.

El 18 de abril de 2008, Carlos y su compañera, entonces agentes ministeriales de la extinta Procuraduría General de Justicia, realizaban investigaciones relacionadas con los delitos de secuestros exprés, robo de vehículo y violación en la zona conocida como “El Mirador”, ubicado sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 65, en el municipio de Huitzilac, cuando fueron sorprendidos por cuatro presuntos delincuentes.

Carlos “N” fue acribillado, mientras que a su compañera la sometieron y subieron violentamente a un vehículo. Cuando los delincuentes se percataron de que la agente llevaba su arma de cargo, intentaron quitársela y el forcejeo provocó que el hombre que conducía perdiera el control del automóvil y se impactara contra un poste.

Enseguida, uno de los delincuentes se apoderó de la pistola y disparó en dos ocasiones a la agente, pero el arma se “encasquilló” y evitó que fuera privada de la vida.

Los cuatro criminales se dieron a la fuga, pero a la postre tres fueron detenidos, en tanto que Rodrigo “N” evadió la acción de la justicia durante diez años, hasta que se logró su ubicación.

Primera Sala avaló la constitucionalidad del artículo 213 Quintus, Fracción I, del Código Penal del estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del artículo 213 Quintus, Fracción I, del Código Penal del Estado de Morelos, que tipifica como delito el feminicidio.

Al resolver el amparo directo en revisión 1545/2017, a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala de la SCJN analizó la regularidad constitucional del artículo 213 Quintus, Fracción I, del Código Penal local, que contempla que en el delito de feminicidio se considera que existen razones de género cuando se acredite –entre otras hipótesis– que entre el activo y la víctima haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia o noviazgo.

Resaltó que es responsabilidad del Máximo Tribunal juzgar con perspectiva de género y adoptar medidas que permitan a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia; por lo tanto, determinó que dicha porción normativa no es inconstitucional, dado que esa previsión (el vínculo que unía a la pasivo y el activo) encuentra su justificación en que muchas de las conductas delictivas perpetradas en contra de las mujeres tienen origen en relaciones que encuentran su punto de inicio en núcleos como el de la pareja, familia, trabajo o de la propia convivencia escolar, pues son éstos los escenarios o los momentos más oportunos para llevar a cabo actos de violencia que dañen la integridad de las mujeres, y donde también el nivel de vulnerabilidad es mayor, pues la naturaleza propia de las relaciones que se generan en estos ámbitos de convivencia así lo propician.

Precisó que la inclusión en el tipo penal de un vínculo de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho entre la pasivo y el activo es razonable para acreditar el delito de feminicidio, pues tal hipótesis obedece a la protección de las mujeres que se encuentran en alguna relación sentimental-afectiva, toda vez que en tales circunstancias debe imperar el respeto a su dignidad, pues dicha relación contribuye a que el grado de vulnerabilidad y confianza sea mayor.

Con ello, subrayó la Sala, se busca otorgar una protección más amplia a la mujer que se encuentra ligada sentimentalmente a su agresor y que precisamente por ese motivo se encuentra en condiciones de mayor desventaja.

El TEPJF pidió a la funcionaria denunciar ante instancias federales o locales posibles actos de violencia política en su contra.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió a la síndica de Zacualpan, Hortencia Muñoz Pérez, denunciar ante instancias federales o locales posibles actos de violencia política en su contra por parte del alcalde, Zenón Barreto Ramos, o miembros del Ayuntamiento.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SCM-JDC-143/2018, promovida por la funcionaria municipal, el Pleno de la Sala Regional consideró fundado el reclamo de la actora respecto a la inacción del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) para hacer cumplir la sentencia del juicio TEE/JDC/54/2016-1, en la que se ordenó al edil y a funcionarios del Ayuntamiento pagarle los emolumentos adeudados y proporcionarle los recursos humanos y materiales para desempeñar su cargo.

La afectada argumentó que, pese a que hubo un convenio con la comuna para el pago de sus salarios y prestaciones, no se cumplió y siguió siendo objeto de discriminación por parte de los miembros del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas.

Al analizar el caso, el Pleno de la Sala Regional resolvió que “se considera que el actuar del tribunal local es  incorrecto, pues ha permanecido inactivo durante varios periodos y sus actos han sido insuficientes para que la sentencia local y el convenio se cumplan, lo que provocó una afectación al derecho de la actora a una tutela judicial efectiva y como consecuencia implicó la continuación de su derecho de ser votada en su vertiente de acceso y desempeño del cargo”.

Ordenó al tribunal local realizar todas las diligencias necesarias para que sean protegidos los derechos de la funcionaria municipal; sin embargo, consideró  inatendibles los reclamos de Muñoz Pérez sobre discriminación por razón de género en su contra por parte de miembros del Ayuntamiento, porque no está relacionado directamente con el cumplimiento de la sentencia.

Pero propuso informar a la actora que si considera que ella u otras personas han sufrido discriminación o actos violencia política por ser mujeres, pueden presentar denuncias ante la FEPADE, el INE, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra  Mujeres y Trata de Personas o la Fiscalía General de Morelos para que se investigue el delito.

Además, la Sala Regional enviará a la síndica municipal un ejemplar del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, con el fin de que cuente con herramientas para identificar y actuar en consecuencia ante las instancias correspondientes.

Luis Antonio Flores García será candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó el registro de Luis Antonio Flores García como candidato independiente a la presidencia municipal de Cuernavaca, quien será el noveno competidor en la boleta electoral.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM/JDC/68/2018-3, por unanimidad, el Pleno del TEEM revocó el acuerdo del Consejo Municipal Electoral CME/Cuernavaca/050/2018, por el cual se negó el registro al aspirante independiente por no cumplir con el criterio de dispersión requerido (en la recolección de firmas) en al menos el 50% de las 205 secciones.

Es decir, recolectó nueve mil 546 firmas (348 más del tope mínimo legal establecido), pero sólo lo logró en 100 secciones y le faltaron tres para cumplir con el requisito de dispersión.

En la resolución, el tribunal privilegió el derecho fundamental de ser votado, previsto en el artículo 35 constitucional, y los criterios de proporcionalidad y ponderación fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tal razón, consideró que el criterio de dispersión requerido “es excesivo dejando en estado de indefensión y vulnerando con ello el derecho a ser votado” y revocó el oficio por el cual se le negó el registro, “por imponer restricciones desproporcionadas para ejercer su derecho a ser votado”.

Asegura que estaban capacitados para manipular el equipo de monitoreo.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró que los elementos que fallecieron electrocutados en una estación de vigilancia instalada a un costado de una plaza comercial, en la colonia Ricardo Flores Magón de Cuernavaca, sí contaban con capacitación para manipular el equipo de monitoreo.

Mandos y agentes de la CES rindieron un homenaje de cuerpo presente a Julio César Yáñez Álvarez y Guillermo Albarrán Esquivel y presentaron sus condolencias a los deudos.

En entrevista, el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, informó que será la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de Protección Civil, la que determinará cómo ocurrió y la causa de la electrocución.

Detalló que las cámaras de videovigilancia captaron el momento de la tragedia. En este sentido, la primera hipótesis es que por una aparente violación del protocolo en la manipulación de equipo de monitoreo se suscitó el lamentable incidente.

“Hay una imagen muy clara de una cámaras de C-5 que señala lo que sucedió, hay una violación de un protocolo; estos jóvenes, junto con otros, fueron preparados y capacitados para la utilización de este equipo, pero sucedieron dos cosas. Hubo una falta de atención en el levantamiento de un mástil y al no darse cuenta de que había demasiado viento, que de alguna forma generó el movimiento de los cables, que finalmente detonaron en este proceso.

“Es la primera hipótesis que tenemos en este momento, hay un acto heroico de Julio César Yáñez cuando pretende salvar la vida de su compañero y él es también… él trató de salvaguardarlo, trató de jalarlo y en ese momento es impactado (por la corriente eléctrica), queda lesionado y pierde la vida horas después, en el Seguro Social”, explicó.

Precisó que esa estación de vigilancia tiene instalado un equipo de monitoreo, con el propósito de detectar vehículos robados o usados para ilícitos y evitar que dentro de los automóviles existan personas privadas de la libertad.

Busca el primero permanecer en su actual adscripción, y la segunda conservar su investidura de consejera de la Judicatura.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles y Guillermina Jiménez Serafín obtuvieron  la suspensión definitiva para que el primero permanezca en su actual adscripción y la segunda conserve la investidura de consejera de la Judicatura.

Al resolver sendos incidentes, los juzgados Tercero y Séptimo de Distrito resolvieron en los en los juicios de amparo 995/2018 y 481/2018 concederles a ambos la suspensión definitiva hasta que haya una resolución de fondo.

En el caso de Jiménez Serafín, mantendrá la investidura de representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, órgano que recientemente fue extinto mediante reforma constitucional aprobada por el Congreso y sustituido por un nuevo órgano administrativo.

Sin embargo, el juez federal negó la petición para que la quejosa fuese incorporada a la comisión temporal instaurada e integrada por tres magistrados del TSJ, en tanto se funda el nuevo órgano de administración. La negativa obedeció a que este tema formará parte del análisis jurídico y de la resolución del juicio de garantías.

También el magistrado Arenas Ángeles obtuvo la suspensión definitiva que impedirá que sea removido de su adscripción a la sala de Jojutla, luego de que el Pleno ordenó su cambio a la sala de Cuautla, pese a que su actual adscripción vencía hasta julio.

Según el magistrado, esto forma parte del acoso laboral que sufre de parte de la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, quien ha tomado represalias en su contra por la postura crítica a su administración. Por el momento, la presidenta del tribunal no ha emitido ninguna postura al respecto.

Afirma que hay condiciones para que las campañas y los comicios se realicen en un ambiente de tranquilidad.

El comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, acusó a partidos políticos y candidatos de “fabricar” supuestos ataques y obstruir las investigaciones ministeriales para generar una percepción equivocada en la ciudadanía y hacerse publicidad.

Afirmó que hay condiciones para que las campañas y los comicios se realicen en un ambiente de tranquilidad y hasta el momento no se han detectado focos rojos, pese a la molestia de algunos servidores públicos municipales a quienes se les redujo el servicio de escolta, para reincorporar a ese personal a la labores de la CES.

“Hay algunas molestias en términos de algunos ajustes que hemos hecho con funcionarios particularmente municipales que tenían a su cargo una cantidad importante de escoltas; en base a los acuerdos que tenemos con las áreas electorales, estamos evidentemente recuperando ese personal para poder administrarlo de la mejor manera”, dijo y resaltó que la criminalidad no da tregua en periodo electoral, por lo que es necesario reforzar la prevención.

Cuestionado sobre algunos incidentes denunciados por actores políticos, como el caso del presunto ataque a las instalaciones del Partido Nueva Alianza (Panal), Capella Ibarra recalcó que “lamentablemente las campañas políticas se convierten en una especie de ‘show’ publicitario. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa este tipo de situaciones armadas por grupos para tratar de generar cierta percepción de la ciudadanía; me preocupan los autoatentados, o sea, aquellas situaciones donde dicen ‘atacaron nuestras instalaciones’ o atacaron un grupo de brigadistas o atacaron a un convoy de nosotros con pedradas o dañaron nuestra propaganda electoral, entonces empieza el tema de la espectacularidad.

“Yo hago una invitación respetuosa a todos, este tipo de casos los hemos atendido, pero cuando llega la autoridad a investigar o atender este tipo de situaciones, te cierran las puertas, no te dan datos, se ríen y al rato ves una nota tirados al piso con un dramatismo totalmente lamentable”, expresó.

Llamó a mantener la confianza en las  instituciones estatales y federales,  y dio su palabra de que en la parte que le corresponde en materia de seguridad actuará apegado a la ley y con transparencia.

El presidente del Foro Morelense de Abogados calificó como “desastrosa” la administración de Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, calificó como “desastrosa” la administración de la magistrada Carmen Cuevas López como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y consideró que pese a sus yerros, ella allanó el camino para su reelección en mayo próximo.

En vísperas de la elección para definir quién presidirá el TSJ los próximos dos años, Martínez Bello señaló que Cuevas López no debería reelegirse porque su principal error fue permitir la subordinación del Poder Judicial a otros poderes y no defender su autonomía e independencia.

Sostuvo que por encima de un grupo de magistrados disidentes, Cuevas López prepara, con apoyo del gobierno estatal y legisladores, las condiciones para su reelección, el próximo 17 de mayo.

Consideró que la labor desempeñada por la magistrada presidenta ha sido “desastrosa” y que lo ideal sería que ella no se reeligiera por otro periodo y cediese el espacio a otro de sus homólogos.

“Ella tendría que ser congruente y reconocer la desastrosa administración que está teniendo en su encargo, y bajo esas premisas darle la oportunidad a alguien más. Pero como las cosas no van a suceder así, porque como se ven las cosas, ella y el Poder Ejecutivo y el Legislativo están generando las condiciones para su reelección”, aseguró.

Afirmó que el Foro Morelense de Abogados no está de acuerdo en que Cuevas López sea reelecta y mantendrá su postura crítica a su administración, caracterizada no sólo por la subordinación del Poder Judicial sino por las represalias hacia sus detractores.

Reitera acusaciones contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de represalias por las críticas a su gestión

Debió instalarse desde noviembre de 2015, señala el organismo.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) urgió a crear la Comisión para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos.

Tras la tensa reunión entre familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones con el comisionado nacional de Búsqueda y Localización y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que hubo reclamos a las autoridades por su falta de apoyo a los afectados, la organización consideró que tanto el feminicidio como la desaparición de mujeres se ha convertido en fenómeno delictivo preocupante.

Detalló que, de acuerdo con información solicitada a través de la plataforma de transparencia, las fiscalías de las regiones oriente, metropolitana y surponiente reportaron la desaparición de mil 742 mujeres y mil 425 hombres. De este total han sido localizadas mil 535 mujeres y mil 92 hombres.

“Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres, es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur-Poniente desde el 2008”, apuntó.

Manifestó que los datos oficiales registran desapariciones en 32 de los 33 municipios. De manera inexplicable –dijo–, Jiutepec es la única demarcación que no registra desapariciones.

Sostuvo que la mayor parte de las mujeres que permanecen en calidad de desparecidas oscilan entre los 11 y los 17 años de edad,  seguido de mujeres de entre 18 y 25 años; en los hombres, el mayor número de víctimas se concentra en el grupo de 26 a 35 años, seguido por el grupo de 18 a 25 años.

“La diferencia principal es que las mujeres jóvenes menores de edad son las que más han sufrido la desaparición forzada, en contraposición a las cifras altas de los hombres adultos desaparecidos”, precisó.

La organización defensora de los derechos humanos precisó que la Comisión para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos debió instalarse desde noviembre de 2015, pero a más de dos años y a pesar de la urgencia de localizar a quienes permanecen desparecidos, las autoridades han omitido cumplir con su obligación legal y moral.

Debió instalarse desde noviembre de 2015, señala el organismo.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) urgió a crear la Comisión para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos.

Tras la tensa reunión entre familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones con el comisionado nacional de Búsqueda y Localización y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que hubo reclamos a las autoridades por su falta de apoyo a los afectados, la organización consideró que tanto el feminicidio como la desaparición de mujeres se ha convertido en fenómeno delictivo preocupante.

Detalló que, de acuerdo con información solicitada a través de la plataforma de transparencia, las fiscalías de las regiones oriente, metropolitana y surponiente reportaron la desaparición de mil 742 mujeres y mil 425 hombres. De este total han sido localizadas mil 535 mujeres y mil 92 hombres.

“Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres, es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur-Poniente desde el 2008”, apuntó.

Manifestó que los datos oficiales registran desapariciones en 32 de los 33 municipios. De manera inexplicable –dijo–, Jiutepec es la única demarcación que no registra desapariciones.

Sostuvo que la mayor parte de las mujeres que permanecen en calidad de desparecidas oscilan entre los 11 y los 17 años de edad,  seguido de mujeres de entre 18 y 25 años; en los hombres, el mayor número de víctimas se concentra en el grupo de 26 a 35 años, seguido por el grupo de 18 a 25 años.

“La diferencia principal es que las mujeres jóvenes menores de edad son las que más han sufrido la desaparición forzada, en contraposición a las cifras altas de los hombres adultos desaparecidos”, precisó.

La organización defensora de los derechos humanos precisó que la Comisión para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en el Estado de Morelos debió instalarse desde noviembre de 2015, pero a más de dos años y a pesar de la urgencia de localizar a quienes permanecen desparecidos, las autoridades han omitido cumplir con su obligación legal y moral.

El exsecretario de Gobierno de Carrillo Olea trabajaba para el ayuntamiento de Cuernavaca.

El Ayuntamiento de Cuernavaca otorgó su pensión por jubilación al polémico exsecretario de Gobierno Guillermo Malo Velasco, en cuya gestión estalló la primera crisis de seguridad en el estado de Morelos y que provocó que el gobernador priista Jorge Carrillo Olea fuese sometido a juicio político y depuesto del cargo.

Según el acuerdo pensionario SO/AC-302/3-VIII-2017, aprobado por el Cabildo de Cuernavaca, Malo Velasco trabajó para la administración pública 12 años, seis meses y 28 días; al cumplir 64 solicitó su pensión por cesantía en edad avanzada.

Fue secretario de Gobierno del 18 de mayo de 1994 al 30 de abril de 1997, cuando dimitió en medio de una grave crisis de seguridad por el aumento de secuestros y la detención del otrora comandante antisecuestros Armando Martínez Salgado, implicado en varios plagios y homicidios.

A la postre continuó con su carrera pública refugiado en los ayuntamientos de Yautepec y Cuernavaca. Su último cargo fue como director de Vinculación Metropolitana del Ayuntamiento capitalino, al cual renunció en enero pasado.

De esta manera, el Cabildo de Cuernavaca autorizó la pensión al 60% del último salario que el exfuncionario percibió como trabajador de la comuna.

La Suprema Corte determina que la afectada es una víctima y debe ser ampliamente indemnizada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una menor víctima de violación a quien las autoridades sanitarias del estado de Morelos le negaron la interrupción del embarazo, a pesar de que éste fue producto de una violación, y ordenó a las comisiones federal y estatal de Atención a Víctimas, la reparación integral del daño y la no repetición del acto.

En la sesión de este miércoles, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 601/2017, en el que la víctima y sus padres denunciaron a las autoridades del sector salud y, principalmente, a directivos y médicos del Hospital General “José G. Parres” de Cuernavaca, por actos crueles e inhumanos, equiparables a tortura, al presionar a la menor y negarle la interrupción del embarazo, que fue producto de una violación y cuyo feto presentaba una anomalía genética grave.

La menor fue agredida sexualmente en noviembre de 2015 y sus padres presentaron la denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia. La víctima acudió al hospital en mención para recibir atención médica y solicitar la interrupción del embarazo, pero la directiva y el Comité de Bioética del nosocomio, con argumentos dogmáticos, sin fundamentación ni motivación, rechazaron practicar el legrado a la adolescente y la presionaron para continuar con la gestación.

Durante tres años, la víctima y su familia dieron la lucha en los tribunales hasta conseguir que el caso fuese atraído por la SCJN, que finalmente determinó concederles la protección de la justicia federal y ordenar tanto el reconocimiento como víctimas como reparación integral del daño ocasionado.

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala, que  fijó un precedente para otros casos en Morelos, las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y están embarazadas, como resultado de dicho acto, deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la agresión sexual se sigan desplegando en el tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo.

Por lo tanto, al recibir la solicitud de interrupción de un embarazo producto de una violación sexual, las instituciones públicas de Salud deberán brindar la atención médica correspondiente a un caso de emergencia y, con la autorización de las autoridades ministeriales –que era exigible conforme a la NOM-046-SSA2-2005 previa a su reforma–, deberán practicar la interrupción del embarazo.

Esto implica que las autoridades de Salud correspondientes no pueden implementar mecanismos ni políticas internos que impidan la materialización de los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo que fue consecuencia de dicho acto delictivo.

La SCJN recalcó que la violación grave a derechos humanos se evidencia con mayor claridad si se toma en cuenta que la menor tenía derecho a interrumpir el embarazo al acreditarse diversa excluyente de responsabilidad, a saber, una alteración congénita del producto.

Al reconocer la calidad de víctimas, la Segunda Sala de la Suprema Corte ordenó el acceso de la parte quejosa a los recursos del fondo para la reparación del daño conforme a los parámetros previstos para el efecto en la Ley General de Víctimas, el registro de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y el Registro Único de Víctimas de Morelos.

Además de la reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido por el delito o hecho victimizante, comprendiendo ineludiblemente, medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición; medidas que serán individualizadas por la Comisión Ejecutiva Federal y, en coadyuvancia, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, a la luz del principio de enfoque diferencial y especializado.

En el recurso de impugnación se excluyó la extinción del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra las reformas relativas al Poder Judicial que fueron aprobadas en diciembre pasado por el Congreso local.

Sin embargo, en el recurso de impugnación se excluyó la extinción del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

Luego de que ayer feneció el plazo para la promoción del recurso de control constitucional, el TSJ informó que en representación del Poder Judicial se presentó en tiempo la controversia ante el alto tribunal, y ahora espera que se dicte el auto de admisión.

El magistrado del TSJ Manuel Díaz Carvajal detalló que uno de los puntos impugnados ante la SCJN fue una porción normativa de la disposición transitoria Decimoctava de la reforma a la Constitución local, que se establece que los magistrados supernumerarios, actualmente en funciones, tienen que pasar por un proceso de ratificación para convertirse en magistrados numerarios.

Dijo que esta disposición trastoca la autonomía e independencia del Poder Judicial, además que ambos magistrados –Norberto Calderón Ocampo y Leticia Taboada Salgado– ya fueron ratificados por el Congreso.

También fue combatida la creación de dos nuevas magistraturas y la integración del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en el TSJ, así como la instauración del tribunal laboral.

Díaz Carvajal precisó que en ambos casos, la inconformidad planteada por el TSJ está orientada al tema presupuestal porque el Poder Legislativo realizó modificaciones al Poder Judicial sin tomar en cuenta el impacto presupuestal.

Confirmó que en la demanda constitucional no fue incluido el tema de la extinción del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes por dos razones fundamentales.

En el caso del Consejo de la Judicatura, en el cual participaban dos representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se consideró necesario preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial y cortar con la intervención de representantes externos.

En el caso del TUJA, Manuel Díaz refirió que la magistrada presidenta de ese tribunal, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en febrero pasado presentó la controversia constitucional 51/2018, a la cual el TSJ fue llamado como tercer interesado y, por tal razón, se determinó no incluir el tema en la controversia promovida en representación del Poder Judicial.

Afirmó que el recurrir a la SCJN no significa una confrontación entre los poderes del estado; por el contrario, es un signo de madurez política.

“Esto no implica que estemos confrontados con los demás poderes; es un gesto de madurez política y jurídica. El TSJ, bajo la presidencia de la magistrada Cuevas López, ha sabido manejar esta relación entre los poderes”, dijo.

Horas antes de que el Tribunal Superior de Justicia fijara postura sobre el tema, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, exigió a la representante del Poder Judicial combatir los efectos de la reforma constitucional, cuyo propósito es mantener subordinados a los magistrados a poderes externos y allanar el camino a la impunidad al gobierno saliente.

Incluso acusó a la titular del TSJ, Carmen Cuevas, de permitir la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, en aras de preservar su influencia y mantenerse en la presidencia.

El TUJA, el TCA y la CDHEM ya promovieron sendas controversias y acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.

Este miércoles vence el plazo para que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Cuevas López, inicie una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas a la Constitución local aprobadas en diciembre de 2017, por la que el Congreso extinguió el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y el Consejo de la Judicatura y creó dos nuevas magistraturas en el Tribunal Contencioso Administrativo y lo subordinó al TSJ.

Pese a que sólo quedan unas horas para promover la controversia constitucional, hasta el momento Cuevas López no ha informado si en calidad de representante del Poder Judicial promovió ya los recursos de control ante la SCJN o está en vísperas de hacerlo.

Aun cuando el Congreso, tras la reacción crítica de los presidentes de los tribunales afectados y juristas, determinó realizar algunas modificaciones a la reforma para intentar subsanar varios yerros, el TUJA, el TCA y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) promovieron sendas controversias y acciones de inconstitucionalidad.   

Sin embargo, a unas horas de que fenezca el plazo de 30 días para impugnar las reformas ante la SCJN, se desconoce si la representante del Poder Judicial se sumará a las impugnaciones, tras la extinción del Consejo de la Judicatura y su sustitución por un órgano  administrativo adscrito al TSJ.  

El órgano sostiene que no aceptará menos de 17 millones de pesos, para un proceso electoral “atípico”.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) consideró insuficiente la ampliación presupuestal ofrecida por el Congreso local y sostuvo que no aceptará menos de 17 millones de pesos, los cuales son necesarios para hacer frente a los comicios atípicos.

Durante varios días, los magistrados del TEEM negociaron con legisladores para la asignación de los 23.5 millones que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó se le entregaran al tribunal local, luego de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo decidieron presupuestarle sólo 18 de los 41.5 millones requeridos para el ejercicio fiscal 2018.

A través de un comunicado, la presidencia del TEEM reconoció la disposición al diálogo de los legisladores, quienes ofrecieron una ampliación presupuestal de siete millones de pesos, “pero lamentablemente la asignación presupuestal que nos proponen no es suficiente, y desafortunadamente tampoco resuelve el problema financiero que atraviesa en estos momentos el Tribunal Electoral, ya que el presupuesto estará sujeto a la gran cantidad de impugnaciones que esperamos recibir en el proceso de este año”.

Recalcó que  “estas elecciones son atípicas y muy competidas, por tal razón se espera terminar con muchas impugnaciones por figuras que enfrentamos como la elección a la Gubernatura, Congreso, ayuntamientos, reelección, distritación, paridad de género, candidaturas independientes y más”.

Estableció que el TEEM requiere como mínimo una asignación de 17 millones de pesos y por la complejidad del proceso electoral en curso, no es posible aceptar una cantidad inferior.

Apostó a la reflexión y reconsideración del Poder Legislativo, porque “necesitamos construir un sistema democrático con la impartición de justicia electoral que merecen las y los morelenses, pero es indispensable el apoyo institucional y el compromiso social con nuestro Estado.

“Es por ello que exhortamos a las y los diputados de la actual legislatura reivindiquen  y reconsideren antes de sesionar y aprobar la cantidad de 7 a 17 millones que necesita el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, y de esta manera consolidemos plenamente nuestra democracia”.

En su proyecto de presupuesto presentado en agosto de 2017, el TEEM pidió un presupuesto de 41.5 millones, de los cuales el Congreso sólo aprobó 18. En sentencia del 17 de enero pasado, la Sala Superior del TEPJF ordenó al gobierno de Morelos y al Congreso la entrega de los recursos “recortados” al tribunal local, para garantizar la autonomía e independencia del órgano jurisdiccional y no poner en riesgo los comicios.

El TEEM tiene la posibilidad de promover un incidente de inejecución de sentencia ante la máxima autoridad electoral del país y litigar la entrega inmediata de recursos.

Hasta el momento la FGE no ha requerido la atracción del caso por parte de la PGR.

La investigación del homicidio del ciudadano ítalo-español sigue bajo jurisdicción del fuero común y hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha requerido la intervención o atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) lamentó la estigmatización de la víctima, sin antes haber concluido la investigación del asesinato.

El delegado en Morelos de la PGR, Adonaí Carreón Estrada, señaló que está “a la espera de cualquier competencia que nos asista”, pero la investigación continúa a cargo de la autoridad local.

“Nosotros estamos a la expectativa de la colaboración jurídica que requiera la Fiscalía General del Estado de Morelos; estamos con todas las competencias en materia de servicios periciales, de investigación a cargo de la Policía Federal Ministerial y, sobre todo, con la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación”, dijo.

En relación con el caso, fue el pasado 20 de marzo cuando localizaron el cadáver de un hombre junto a la carretera Temilpa-San Rafael, en el municipio de Tlaltizapán, con heridas de arma de fuego. Sin embargo, la FGE mantuvo hermetismo acerca del caso.

Pero este fin de semana trascendió y se confirmó que la víctima estaba identificada con el nombre de Alberto Villani Olivares, de nacionalidades italiana y española, y avecindado en Italia.

En un comunicado, la FGE afirmó que el ciudadano extranjero tenía antecedentes penales en Italia y “desarrollaba actividades ilícitas” en México, sin especificar qué tipo de actividades ilegales.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Villani Olivares llegó a México el pasado 24 de febrero con visa de turista y viajó de forma directa al estado de Morelos. Aparentemente se hospedaría en el municipio de Cuautla, pero su cuerpo fue localizado en la zona sur.

En contraste, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Jorge Arturo Olivares Brito, lamentó que, ante la presión, de manera prematura la fiscalía haya acusado a la víctima de estar vinculada al crimen sin antes esclarecer el asesinato.

“Debemos ser cuidadosas y prudentes las instituciones al hacer este tipo de expresiones, y yo creo que el tiempo suficiente no ha transcurrido para pensar que se haya realizado ya una investigación profunda por parte de la propia fiscalía”, dijo.

Consideró que estigmatizar a la víctima sin que haya concluido la investigación es un mal mensaje para la sociedad. Además lamentó que en lo que va del primer trimestre del año ya sumen 184 homicidios dolosos en Morelos, de cuyas víctimas 11 son mujeres.

Yazmín Aguayo Baheza fue designada directora de Bienes Asegurados de la FGE.

El fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, realizó los primeros cambios relevantes en la estructura de la institución al designar al presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, como fiscal de la región oriente.

A través un comunicado, la FGE anunció el relevo de Julio Ernesto Silvar y el nombramiento como fiscal regional de Rosete Flores, quien deberá enfrentar casos complicados como el de la fosas de Tetelcingo, el cual sigue abierto y pendiente de que se deslinden responsabilidades contra ex servidores públicos que permitieron la irregular inhumación de más de una centena de cuerpos.

La representación de la Barra de Abogados la asumirá temporalmente María Elena Galindo,  vicepresidenta de la organización, por dos razones. La primera, porque Rosete Flores presentó licencia temporal a la presidencia, y los estatutos barristas establecen que ningún servidor público puede formar parte del Consejo Directivo; y porque en el mes de junio se elegirá nueva dirigencia.

También fue designada como nueva directora General de Bienes Asegurados Yazmín Aguayo Baheza, quien se había desempeñado hasta este fin de semana como Agente del Ministerio Público en la colonia Alta Vista de Cuernavaca.

El TEE resolvió recurso de impugnación.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) resolvió que es la Comisión de Honor y Justicia del Partido Encuentro Social (PES) la que debe resolver primero si fue o no legal la designación de José Gómez Borbolla como dirigente estatal de este instituto político.

Al resolver el juicio TEEM/JDC/61/2018-SG para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Mario Gutiérrez Castillo, el tribunal determinó que la polémica debe resolverse primero al interior del partido.

De acuerdo con el inconforme, Gómez Borbolla no cumple con los requisitos del artículo 91 de los Estatutos del PES para ser líder de este partido y consideró que, al no estar legitimado, podría poner en riesgo las candidaturas para el proceso electoral local.

Por unanimidad, el Pleno del TEEM consideró improcedentes los agravios planteados, porque el actor no agotó los medios de impugnación intrapartidistas y no se advierte que esté en riesgo algún derecho político-electoral del promotor para que este tribunal conozca del fondo el asunto.

Por tal razón, consideró que la polémica debe ser resuelta, en primera instancia, a través de los órganos internos del PES y posteriormente ante el órgano jurisdiccional.

“Este tribunal colegiado estima que para la procedencia del juicio ciudadano ante este órgano jurisdiccional el recurrente debe haber agotado los medios de defensa que la propia normatividad interna del partido político prevenga para dirimir sus controversias, situación que en el caso particular no sucedió, puesto que el enjuiciante no agotó la cadena impugnativa  partidista para controvertir los actos que menciona en su escrito de demanda.

“En tal virtud, lo procedente es encauzar el escrito de demanda a la Comisión Nacional (de Honor y Justicia) del Partido Encuentro Social  para que resuelva a la brevedad en la vía que considere pertinente la controversia planteada”, resolvió el TEEM.

Se publicó el pasado miércoles en el periódico oficial; se deben respetar las nuevas reglas a la hora de edificar

Cuernavaca, Morelos.- La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos expidió la nueva norma técnica complementaria para la construcción y reconstrucción,  derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la nueva norma estatal que fue elaborada por las autoridades en coparticipación con los colegios de arquitectos, ingenieros e ingenieros civiles del estado de Morelos.

El objetivo de la norma es regular, en sus aspectos esenciales, el proceso de diseño estructural, construcción, rehabilitación y reforzamiento de inmuebles e instalaciones,  con la incorporación de la reglamentación para el desarrollo de una construcción segura, confiable y habitable, así como para establecer las obligaciones y responsabilidades de los distintos entes que intervienen en el proceso de edificación.

Esta norma estatal es obligatoria, aplica a la infraestructura estatal, de uso particular, municipal y estatal, y establece los requisitos mínimos para el diseño estructural y construcción que deben cumplir las edificaciones nuevas, y para la revisión y rehabilitación, en su caso, de estructuras existentes.

El documento incluye una guía gráfica de construcción y autoconstrucción, con la finalidad de facilitar el entendimiento de la nueva norma para que la población, antes de construir o reparar un inmueble, tome en cuenta  factores como tipo de terreno, de clima y fenómenos naturales comunes, así como una cartilla breve para refuerzo de la vivienda rural de autoconstrucción contra sismo y viento

Tras el sismo del septiembre pasado, en el que Morelos fue uno de los estados con mayor número de damnificados y daños materiales, se detectó que una parte importante de los inmuebles y viviendas afectadas fue construida sin asistencia adecuada o sin cumplir con los requisitos técnicos mínimos.

El cambio de adscripción es una represalia por su postura crítica contra la presidencia del TSJ, considera

Cuernavaca, Morelos.- Un juzgado federal otorgó una suspensión al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, para evitar su cambio arbitrario de adscripción de la Sala del Segundo Circuito en Jojutla, a la Sala del Tercer Circuito en Cuautla.

De acuerdo con la demanda de amparo 481/2018, radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito, se otorgó al juzgador la suspensión provisional para evitar que se ejecute el cambio de adscripción en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.

Para Arenas Ángeles, su cambio arbitrario de adscripción, que partió de una solicitud inusual del magistrado Valentín González para ser cambiado a la sala de Jojutla, es una represalia de la titular del TSJ, Carmen Verónica Cuevas López, frente a quien ha asumido una postura crítica en diversos temas.

“La razón por la cual considero que pretenden mi cambio de adscripción es por motivo de los constantes señalamientos que he realizado al dar a conocer diversos actos de ilegalidad, arbitrariedad y de represión laboral cometidos por la magistrada presidente Carmen Cuevas en contra de jueces, secretarios y demás funcionarios judiciales; así como en contra de los trabajadores sindicalizados y de los jubilados, de ahí que mi cambio de adscripción es una muestra más de la arbitrariedad que impera al interior del Tribunal Superior de Justicia”.

Recordó que él mismo evidenció que Cuevas López fue la principal beneficiaria de la reforma constitucional que amplió a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial, pues su periodo original como magistrada concluía en junio del 2019.

“De ahí que pactó un beneficio particular en perjuicio de la institución, con el ánimo de poderse reelegir como presidente del tribunal. Su trabajo al interior del tribunal ha sido para otorgar concesiones a los magistrados, pues a más de uno le han sido contratados sus familiares, incluso la magistrada Cuevas cuenta con varios familiares ya en la nómina del tribunal”, espetó.

Recalcó que está en manos de la justicia federal determinar si fue legal o no remover de su adscripción, la cual vencía hasta  el 31 de Julio del 2018.

Autoridades italianas notificaron que la víctima contaba con antecedentes penales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el ciudadano ítalo-español que recientemente fue asesinado en Morelos estaba implicado en supuestas actividades ilícitas.

El pasado 20 de marzo fue localizado el cadáver de un hombre a orillas de la carretera Temilpa-San Rafael, en el municipio de Tlaltizapán. El cuerpo presentaba heridas que fueron provocadas con arma de fuego y tanto la identidad como la nacionalidad del finado no habían sido dadas a conocer por parte de la FGE.

Luego de que trascendió la identificación de Alberto Villani Olivares, de 37 años, de nacionalidades española e italiana y avecindado en Italia, la fiscalía morelense emitió un boletín en el que precisó que al iniciar las investigaciones y requerir información, las autoridades del país europeo notificaron que la víctima contaba con antecedentes penales.

“Se ha logrado establecer la comunicación con familiares del hoy occiso, sin embargo, no han tenido la oportunidad de viajar a México, por lo que la Fiscalía coordinará las acciones con las autoridades consulares, para la repatriación correspondiente.

“De acuerdo con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado, Villani Olivares desarrollaba actividades ilícitas. Al momento se cuentan con líneas de investigación sólidas para esclarecer los hechos en donde este hombre lamentablemente perdiera la vida”, dijo la institución.

Según las autoridades locales, se sabe que Villani Olivares llegó a México el pasado 24 de febrero, con visa de turista, y viajó directamente al estado de Morelos.

Aparentemente se hospedaría en el municipio de Cuautla, pero su cuerpo fue localizado en la zona sur, la noche del lunes 20 de marzo.

Son vehículos cuyo valor de avalúo oscila entre cuatro mil y ocho mil pesos.

Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) subastará, entre los trabajadores de menor jerarquía, un lote de vehículos “obsoletos” que fueron dados de baja del parque vehicular oficial.

La institución lanzó las bases en las que la Dirección General de Administración y la Administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia restringieron la convocatoria únicamente a trabajadores de 26 categorías, que van desde los auxiliares de diversas áreas, hasta actuarios y secretarios de acuerdos menores.

En total serán subastados 14 vehículos Nissan Tsuru y Volkswagen Sedán, cuyo valor de avalúo oscila entre cuatro mil y ocho mil pesos.

Para participar, los interesados deberán inscribirse, comprobar que pertenecen al rango de los trabajadores estipulado en la convocatoria y presentar el 10% del monto del vehículo seleccionado como garantía.

La consulta y la entrega de los requisitos no tendrán ningún costo; los trabajadores interesados podrán revisar las bases completas y consultar las características de los vehículos a través de la página web o acudir a la Dirección de Vehículos del Poder Judicial, que se ubica en la calle Abasolo número 47, en la colonia Centro de Cuernavaca.

Entró en vigor reforma al Código Penal del estado.

Cuernavaca, Morelos.- Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la reforma al Código Penal del Estado de Morelos que tipifica como violación la introducción de objetos en los genitales de menores.

El legislador analizó que la norma establecía que sólo se consideraría una violación cuando el agresor realiza la cópula, con la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal u oral, o cuando el sujeto penetre con uno o más dedos los genitales de la víctima.

En consecuencia, notó que existía una laguna jurídica que impedía tipificar como violación y aplicar sanciones a aquellos agresores que, sin usar su miembro viril, causaban daño a sus víctimas con la introducción de objetos en los genitales.

Estableció que también se incurría en una violación al artículo 1 de la Constitución federal, al no contemplar sanciones –la legislación penal– a los que transgreden el derecho humano de las niñas y de los niños a un normal desarrollo psicosexual y violente el principio del interés superior del menor.

Por tal razón se modificó el artículo 154 del Código Penal para establecer que comete el delito de violación quien “realice cópula, o introduzca cualquier elemento o instrumento distinto (al miembro viril) vía vaginal o anal con fines lascivos o erótico-sexuales con persona menor de 12 años edad o que no tenga capacidad para comprender, o por cualquier causa que no pueda resistir la conducta delictuosa”.

De acuerdo con el artículo 153 del mismo código, la violación se sanciona como una pena privativa de la libertad de 25 a 30 años.

Lo acusan de disparar en contra de los uniformados desde el interior de la vivienda en la que murieron seis personas.

Temixco, Morelos.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal reaprehendieron a José Antonio “N”, uno de los presuntos implicados en el enfrentamiento y la masacre de seis personas en el municipio de Temixco que ocurrieron la madrugada del 30 de noviembre de 2017.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la representación social impugnó el auto de no vinculación a proceso que fue dictado el 4 de noviembre por un juez de Control y Juicio a favor de los detenidos Gilberto “N”, Brenda Elena “N”, José Antonio “N” y José “N”, también familiares de las cuatro mujeres y dos menores víctimas fallecidos (aun en condiciones no claras) y a quienes se acusó de disparar contra los policías.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvieron la apelación de la FGE y determinaron vincular a proceso y ordenar la aprehensión inmediata de José Antonio “N”, por el presunto delito de tentativa de homicidio, en agravio de dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

La Policía de Investigación Criminal detuvo al imputado y lo puso bajo la responsabilidad del juez, quien dictó prisión preventiva como medida cautelar en su contra y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación.

Según la versión oficial, el día de los hechos, los agentes estatales fueron alertados por un hombre de que en un domicilio que está ubicado en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo, en el municipio de Temixco, se realizaban supuestas actividades ilícitas, por lo que acudieron al lugar indicado.

Al llegar, afuera del inmueble se encontraban varios individuos, quienes ingresaron al domicilio tras notar la presencia policial. Presuntamente, los hombres –entre ellos José Antonio “N”– comenzaron a disparar en contra de los policías a través de una ventana del inmueble y los uniformados repelieron la agresión.

Durante el enfrentamiento, en el interior del domicilio murieron acribilladas seis personas (incluidos un bebé y un adolescente).

La versión contraria indica que los oficiales habrían ingresado a la casa y ejecutaron a las mujeres y a los menores. Hasta la fecha, el caso sigue bajo investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la queja iniciada por la familia de las víctimas.

Ordenan el retiro de la publicidad colocada en unidades del transporte público.

Jiutepec, Morelos.- El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó que el alcalde de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, y el Partido Social Demócrata (PSD) incurrieron en actos anticipados de campaña, y ordenó el retiro de la publicidad colocada en unidades del transporte público.

Al resolver el procedimiento especial sancionador TEEM/PES/01/2018-1, promovido por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por unanimidad, el Pleno del TEEM resolvió que no se acreditó violación a la norma electoral, luego de que se denunció que  Agüero Tovar se promovió como precandidato por el PRD y el PSD, con la intención de reelegirse como presidente municipal, y sin que en ese momento mediara convenio de coalición.

Pero, de acuerdo con el resolutivo, sí se acreditó que tanto el PSD como el edil incurrieron en actos anticipados de campaña con la difusión de propaganda confusa en unidades del transporte público.

“Se acredita la existencia de la propaganda denunciada y, por tanto, los actos anticipados de campaña, ello en virtud de que la propia propaganda es confusa, toda vez que genera incertidumbre al no indicar explícitamente que se referirá al proceso interno ni a la calidad de precandidato, lo que pudo influir en el ánimo de la ciudadanía, militantes y simpatizantes

Por tal razón, el Pleno del TEEM sancionó al PSD y a Agüero Tovar con una amonestación pública, y ordenó a la Comisión Temporal de Quejas del  Consejo Estatal Electoral  del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizar las determinaciones necesarias para retirar inmediatamente la propaganda de las unidades del transporte público que circula por el municipio de Jiutepec y área metropolitana.

José Antonio Albarrán Contreras, nuevo alcalde de Jiutepec
Manuel Agüero Tovar presentó licencia definitiva al cargo de alcalde para buscar la reelección. Durante la sesión de cabildo de ayer, José Antonio Albarrán Contreras tomó protesta como edil suplente.

Agüero Tovar dijo que tomó la decisión “para que haya equidad en la contienda electoral”. El cabildo, que se realizó en sesión abierta en el zócalo de Jiutepec, aprobó la solicitud de licencia definitiva de Manuel Agüero Tovar, con 12 votos a favor y una abstención.

Previamente, el edil con licencia resaltó los logros que se tuvieron en su administración, como la entrega de útiles gratuitos durante los tres años de su gestión, el pago de laudos heredados y obra pública, al cumplir con el 90 por ciento de los compromisos adquiridos. El alcalde con licencia solicitó a la ciudadanía no dejar de creer en las instituciones ni en los partidos políticos.

En entrevista, hizo un llamado a los partidos políticos y los candidatos a evitar los ataques y denostaciones que pudieran desestabilizar el proceso electoral.

"Esta contienda pinta para ser una guerra sucia muy complicada, creo que la gente está muy fastidiada de todo lo que nos hacemos los políticos, hemos perdido la credibilidad  en las instituciones, en la política. La invitación a nuestros amigos es que entremos a una contienda limpia, a una contienda de propuesta", manifestó.

Así lo determinó el TEPJF.

Cuernavaca, Morelos.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decretó -únicamente en favor del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo- la inaplicación de una porción del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que obliga a los ediles e integrantes del Cabildo a presentar su licencia definitiva si pretenden contender por un nuevo cargo de elección popular.

El criterio fue fijado al resolver en acumulación los recursos de impugnación promovidos por el alcalde de Cuernavaca y aspirante a la gubernatura, Cuauhtémoc Blanco Bravo; los partidos de la Revolución Democrática y Social Demócrata, y Juan Manuel Hernández Limonchi, en calidad de presidente municipal suplente.

El litigio fue originado porque el Impepac evitó pronunciarse sobre la duda planteada por al alcalde Blanco Bravo, quien pidió al órgano electoral determinar si debía pedir licencia temporal o definitiva.

La indefinición del Impepac fue avalada en un primer momento fue el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), por lo que el alcalde de Cuernavaca recurrió la sentencia ante la máxima autoridad electoral, seguido por PRD, PSD y Hernández Limonchi quienes pugnaban por que el exfutbolista solicitara licencia definitiva.

En los últimos días, el debate en el tribunal electoral se centró sobre si los ediles debían pedir licencia temporal por 90 días, o definitiva, para ceder el cargo al suplente, pues mientras la Constitución local establece que quienes contiendan a la gubernatura deben separarse de sus funciones públicas 90 días ante de la elección, el artículo  171 de la Ley Orgánica Municipal estatal establece que “los integrantes del Ayuntamiento deberán solicitar licencia definitiva para separarse del cargo en caso de contender a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, la Sala Superior determinó que la disposición de la ley orgánica no es una medida necesaria para cumplir con el fin constitucional, ya que al utilizar el adjetivo “definitiva” extiende el ámbito de la restricción porque impugna una exigencia mayor a la que se consigna en el artículo 60, fracción sexta de la Constitución Local, que establece la posibilidad de participar para el cargo de gobernador del estado si se separa dentro de los 90 días anteriores a la elección.

En consecuencia, revocó la sentencia impugnada y la respuesta del Impepac a la consulta formulada por el presidente municipal de Cuernavaca, así como declaró la inaplicación al caso concreto de la porción normativa del artículo 171, párrafo último de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en lo relativo a la palabra “definitiva” de la licencia, establecida para poder contender a un cargo de elección popular.

Y, por tanto, cubriría la licencia del presidente municipal, la síndico Denisse Arizmendi, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica Municipal.

El TEPJF ordenó informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la inaplicación normativa.

Con la Comisión Independiente de Derechos Humanos acuerdan reactivar la mesa de seguimiento de casos de feminicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acordaron reactivar la mesa de revisión de los casos de feminicidio, luego de un año de mantener suspendidos los trabajos.

Miembros de la organización independiente sostuvieron un encuentro con el fiscal Uriel Carmona Gándara, en el que externaron su preocupación no sólo porque la Fiscalía de Homicidios de Mujeres y Feminicidios canceló las reuniones de la mesa de trabajo  con la CIDH, cuyo objetivo era revisar acuciosamente las carpetas de investigación para verificar si fue correcta la clasificación de los delitos relacionados con los decesos de mujeres y, en su caso, reclasificarlos e investigarlos como feminicidios.

Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión, informó que como organización impulsora de la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en Morelos por la Secretaría de Gobernación en agosto de 2016, expuso ante el nuevo fiscal los problemas y obstáculos que se han enfrentado durante la revisión de los casos de mujeres asesinadas y la resistencia de diversas autoridades para llevar a cabo las medidas de emergencia determinadas en la alerta, para proteger la vida y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.

Explicó que el acuerdo con Carmona Gándara fue realizar y desarrollar durante todo abril una revisión exhaustiva de las tareas pendientes con la FGE, “ya que la evidente omisión institucional ha significado que la violencia feminicida en Morelos siga creciendo día con día”, destacó.

“Urge que la fiscalía rectifique en los términos mencionados para poder ver avances significativos en el cumplimiento de las medidas mandatadas en el decreto de Alerta de Violencia de Género y lograr, en ese sentido, prevenir y erradicar los feminicidios en la entidad”, expresó García Quintanilla.

Dijo que también se acordó que a las  reuniones acudirán representantes de los municipios, en virtud de la falta de información y coordinación con la fiscalía.

En respuesta, el fiscal estatal aceptó trabajar durante abril en conjunto con la CIDH  para la revisión de las carpetas de investigación, los protocolos y los mapeos resultantes de las investigaciones, así como evaluar los avances que se alcancen.

El Partido Verde contenderá sin alianzas en los comicios locales.

La magistrada con licencia Nadia Luz Lara Chávez afirmó que se mantiene en pie su candidatura a la gubernatura  por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ha decidido sostener la postulación y competir solo en el proceso electoral.

Tras la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó replantear la dispersa alianza entre el PRD, el PVEM y el PSD para evitar confusiones entre el electorado, afirmó que “nuestra dirigencia del partido a nivel estatal y nacional hemos estado en pláticas, y por supuesto que de ninguna forma vamos a bajarnos de nuestra candidatura”.

Lara Chávez también refirió que “el PVEM sigue firme, en este caso en la candidatura de su servidora como candidata a la gubernatura del estado, y el resto de los espacios será cuestión que el partido determine”, dijo.

Siendo la única mujer en la contienda por la gubernatura, recalcó que tampoco está en sus planes declinar por otro partido o candidato, porque esta candidatura –aseguró– es ciudadana y “si en este momento se determinara una situación diferente en relación con privilegiar a otro partido, estaríamos en un retroceso muy importante”.

Insistió en que se mantiene su candidatura y que el Partido Verde decidió no poner en peligro la postulación, por lo que sólo espera que en breve el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) avale su registro.

Cuestionada sobre si para mantener su candidatura el PVEM cancelará la alianza pactada con el PRD y el PSD en tres alcaldías y varias diputaciones locales, afirmó que así tendrá que ser y el Partido Verde competirá solo en los comicios locales.

“En términos coloquiales, el Tribunal Electoral dijo: ‘O van en coalición en todo o nada’. Y justamente ahorita mi partido, el Partido Verde Ecologista, está obviamente en el análisis, en la deliberación, pero en términos de la candidatura al gobierno del estado, ahí no hay negociaciones, no hay una postura de retroceso”, sostuvo.

Un objeto incendiario ocasionó daños en un ventanal del inmueble; la agresión ocurrió por la madrugada; denuncian los hechos ante la PGR

Cuernavaca, Morelos.- La madrugada del domingo fue atacada la sede estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), la cual sufrió daños parciales en el interior y la fachada, por lo que los representantes del instituto político acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar a los hechos.

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de la una de la mañana de ayer un grupo de hombres llegó a las oficinas del partido turquesa, ubicadas en la esquina de Citlaltepec y Guelatao, en la colonia Las Palmas, del municipio de Cuernavaca.

Los sujetos rociaron gasolina en la fachada del inmueble, rompieron los cristales de una ventana y aventaron al menos una bomba molotov, con el propósito de incinerar el interior de la sede partidista.

El cuerpo de bomberos capitalino acudió a controlar el siniestro y el lugar fue acordonado por la Policía estatal, mientras que el dirigente estatal del Panal, Javier Bahena, y su representante ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac), Kenia Lugo, presentaron la denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público Federal de la delegación de la PGR.

Actualmente, el Panal tiene como su candidato a gobernador al polémico exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, quien enfrenta dos procesos penales iniciados por la Fiscalía Anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.

Pero también hay un grupo de detractores que permanentemente han lazado ataques verbales y a través de las redes sociales contra Vera Jiménez.

Es el primer ataque de esta naturaleza registrado en contra de un instituto político en lo que va del proceso electoral local, en el que se renovarán 33 ayuntamientos, la gubernatura y el Poder Legislativo.

Por la tarde, la Fiscalía General el Estado emitió un breve comunicado, condenó el atentado y conminó a la dirigencia del Panal a denunciar los hechos ante esta instancia.

“Esta Fiscalía General, al momento no ha recibido ninguna denuncia relacionada con estos hechos, por lo que invita a los dirigentes del Partido Nueva Alianza en el Estado de Morelos, a acudir a nuestras instalaciones para iniciar el proceso legal que corresponda, con la certeza de una atención institucional y con un pleno respeto al instituto político.

“A partir de la denuncia correspondiente, se estará en condiciones de iniciar las investigaciones correspondientes con toda la fuerza de la ley, para atender este lamentable hecho que vulnera la paz y tranquilidad de la ciudadanía, al tiempo que se establecen como un atentado a las instituciones políticas y con ello, dan incertidumbre social”.

El TEPJF ordena investigar si José Manuel Agüero Tovar incurrió en actos anticipados de campaña en la búsqueda de la reelección.

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) investigar si el alcalde de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, incurrió en actos anticipados de campaña en su carrera por la reelección y, en su caso, sancionarlo.

Al resolver el juicio de revisión constitucional SCM-JRC-7/2018, promovido por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de la sentencia del tribunal local (que declaró inexistente la infracción por actos anticipados de campaña del edil), la Sala Regional estableció que el TEEM emitió una sentencia deficiente que no se allegó de los elementos necesarios para fundamentarla y motivarla, ni estudió debidamente las pruebas aportadas por la parte actora.

“El TEEM no resolvió de manera exhaustiva y con la debida fundamentación y motivación sobre el contenido del material probatorio que el instituto local le había admitido al actor, ello para determinar si el actor cumplía con el marco electoral y así concluir si se acreditaba o no los actos anticipados de campaña atribuidos al candidato y partidos denunciados.

“Lo anterior, debido a que la autoridad responsable no se percató de todo lo que implicaba la composición de la propaganda, los medios utilizables y el alcance de los mismos a la ciudadanía, y en este sentido debió requerir la información necesaria para llegar a la verdad de los hechos y realizar las diligencias para integrar debidamente el expediente”, estableció el veredicto.

La Sala resolvió que el TEEM tampoco estudió el agravio respecto a que Agüero Tovar competía por la candidatura para reelegirse como presidente municipal por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD), sin que mediara un convenio de coalición entre ambos.

En consecuencia, la Sala Regional ordenó al TEEM investigar, “toda vez que pudiera darse un fraude a la ley al estar un ciudadano promocionándose simultáneamente en los procesos internos de dos partidos que no han integran (sic) una coalición ni celebrado un convenio de candidatura común en contravención a lo establecido en el código local”.

Por lo tanto, revocó el resolutivo del TEEM que exoneraba a Agüero Tovar  y ordenó emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada.

Además de la pena corporal, el juez decretó como sanción el pago de una multa por 844 mil 200 pesos y la cantidad de un millón 460 mil 730 pesos por concepto de la reparación del daño.

Un juez de Control y Juicio Oral sentenció a 45 años de prisión al homicida del empresario y otrora organizador de la Feria de Cuernavaca Juan Manuel García Bejarano, quien hace un año fue acribillado por la espalda cuando encabezaba una cabalgata sobre la avenida Plan de Ayala.

Este jueves, en audiencia de individualización de sentencia, además de la pena corporal, el juez decretó como sanción el pago de una multa por 844 mil 200 pesos y la cantidad de un millón 460 mil 730 pesos por concepto de la reparación del daño.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el proceso penal el Ministerio Público aportó suficientes evidencias que fueron validadas por el juzgador, consistentes en testimoniales y estudios periciales, sobre la responsabilidad de José “N” como autor material del homicidio.

Los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2017, durante una cabalgata en la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, a unos metros del crucero de Teopanzolco, en dirección al IMSS, donde José “N”, de 37 años de edad, privó de la vida al empresario.

El responsable del homicidio intentó huir del lugar, pero fue retenido por personas que acompañaban a la víctima.

Primeros ajustes serán en las áreas de primer contacto con la ciudadanía.

Cuernavaca, Morelos.- El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, adelantó que habrá ajustes de personal en las áreas de primer contacto con la ciudadanía, con el fin de mejorar la atención a los usuarios de la procuración de justicia.

A poco más de un mes de su designación, señaló que en este tiempo conoció el funcionamiento de la dependencia y esto le permitió hacer una evaluación para considerar cambios en algunas áreas.

“Ya estamos empapados de los asuntos después de un primer mes, ya estoy conocedor de la situación y los cambios se van a empezar a ver próximamente.

“Vamos a tener una revisión del personal que tiene el primer contacto con la gente y vamos a revisar perfiles y a mejorarlos”, dijo.

Manifestó que, con base en las quejas o procedimientos a cargo de la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado (FGE), se harán los ajustes de personal en las áreas sensibles, porque “tenemos que quitar la apatía y dejar a personal con vocación de servicio”.

Las áreas de primer contacto de la FGE son básicamente las Unidades de Atención Temprana y agencias del Ministerio Público. Hasta ahora, el fiscal mantiene hermetismo respecto de posibles cambios en direcciones y fiscalías regionales.

El órgano pide que la controversia se acumule con la promovida por el Tribunal de Justicia para Adolescentes, contra las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso local.

Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional contra las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso local por las cuales se modificó la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional 71/2018, promovida por el TJA, en la que se reclama la invalidez de los decretos 2589 y 5578, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 15 de febrero de 2018, por los que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución local, la Ley Orgánica del TJA y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En su demanda, el órgano jurisdiccional argumentó violaciones al marco constitucional al pretender el Congreso adscribir al TJA al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al crear dos nuevas magistraturas sin etiquetar el presupuesto suficiente para el pago de emolumentos de magistrados y personal de las nuevas salas; y por haber realizado la reforma justo en periodo electoral.

A decir del TJA, éste último argumento es fundamental porque, de acuerdo con la instauración del sistema nacional y estatal anticorrupción, este tribunal sería el responsable de imponer sanciones a los servidores públicos y a los propios candidatos que incurran en faltas graves, por lo que la reforma es contraria los principios legales y éticos.

De acuerdo con el escrito de trámite del recurso de control constitucional, el TJA pidió que la controversia se acumule con la promovida por el Tribunal de Justicia para Adolescentes, porque ambos órganos jurisdiccionales impugnan los mismos decretos.

Se espera que en los próximos días el ministro instructor determine la admisión o no de la controversia y su posible acumulación y, en su caso, la aplicación de alguna medida cautelar.  

El magistrado dice que litigó durante cuatro años para defender sus derechos.

Cuernavaca, Morelos.- El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Orlando Aguilar Lozano afirmó que la jubilación que aprobó a su favor el Congreso local, hace unos días, no es un regalo ni mucho menos un privilegio por encima de sus pares del Poder Judicial, porque hay bases jurídicas que sustentan el decreto pensionario y una lucha jurídica que inició hace varios años.

En respuesta a algunos magistrados, que acusaron un trato desigual del Congreso, al aprobar una pensión vitalicia para Aguilar Lozano, el titular de la Segunda Sala del TJA recalcó que si bien es cierto que la reforma constitucional por la que se eliminó la jubilación y en su lugar se instauró el haber de retiro entró en vigor en julio de 2008, los lineamientos para su aplicación fueron expedidos hasta el 23 de abril de 2015.

Argumentó que, de acuerdo con su decreto de designación, él obtuvo el derecho a una pensión vitalicia el día 29 de octubre del año 2014, y los lineamientos no son aplicables en forma retroactiva.

Subrayó que prueba de ello son los juicios de amparo ganados por los magistrados en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Ricardo Rosas Pérez, Ezequiel Honorato Valdez y Virginia Popoca González, por los cuales el Congreso del estado emitió sendos decretos de jubilación.

Recordó que los lineamientos para la aplicación del haber de retiro se encuentran sub júdice (pendiente de resolución judicial), en virtud de que la representación del Poder Judicial los impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, recalcó que “a mí nadie me regaló nada; es del conocimiento público que me costó casi cuatro años de juicios y juicios de amparo, defendiendo mi derecho a no ser discriminado en términos del artículo 1 de la Constitución Federal de la República y de diversos tratados internacionales que prohíben la discriminación por la edad”.

En dos ocasiones, el Congreso de Morelos intentó, sin éxito, relevar al magistrado Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal y en su juicio de amparo alegó que aún no concluía su periodo y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017, la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Orlando Aguilar no sólo se mantuvo en el cargo, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

Según Lozano Aguilar, con las reformas realizadas el año pasado por el Congreso de Morelos, su situación jurídica cambió a su favor, al incrementarse de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso de la magistratura.

Recientemente el Congreso intentó –una vez más– relevarlo y designar a un nuevo magistrado del TJA, pero Aguilar Lozano obtuvo una nueva suspensión federal. Finalmente, el Poder Legislativo optó por aprobarle la pensión vitalicia y con ello continuar con el proceso de designación de su sucesor.

El Pleno aprobó tomar como asueto la semana próxima.

Cuernavaca, Morelos.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó suspender labores y extender su asueto de Semana Santa con el pretexto de que el Poder Judicial de la Federación tampoco trabajará.

Aunque en las últimas semanas el debate y los disensos han sido recurrentes entre los magistrados del TSJ, esta vez no causó ningún encono tomar unos días extras de vacaciones, más allá de los días obligatorios previstos en el calendario oficial de labores.

En la sesión del pasado 14 de marzo, sólo con el voto en contra del magistrado Andrés Hipólito Prieto, por mayoría de votos, el Pleno aprobó tomar como asueto la semana próxima, aun cuando oficialmente los días no laborables son el jueves 29 y el viernes 30.

El magistrado y expresidente del TSJ Miguel Ángel Falcón Vega fue quien, en la sesión, propuso mantener la costumbre de declarar inhábil toda la semana próxima. Sin mayor debate o prolongada discusión, como suele ocurrir con regularidad en las sesiones, la mayoría de los magistrados del Pleno se unió para aprobar el acuerdo, en minutos.

En la circular 95 expedida por la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, se informó a los trabajadores y público en general que suspenderán laborales del 26 al 30 de marzo, para reanudar labores el lunes 2 de abril.

En consecuencia, no correrán los plazos legales en materia civil y penal, y en los juzgados penales, mixtos y menores se establecerán guardias para atender asuntos urgentes y de término constitucional.

Publicaron convocatoria de licitación de las obras

El gobierno de Morelos realizará la remodelación completa de Torre Morelos, actual sede la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ubicada en el municipio de Temixco.

Hace unos días, la Secretaría de Obras Públicas lanzó la convocatoria 004 de la Licitación Pública Nacional SOP-SSESO-DGLCOP-L.P.E.-003/2018, relativa a la reestructuración y reacondicionamiento de oficinas de Torre Morelos, donde despacha el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, y se concentran las actividades administrativas de la dependencia.

Según la convocatoria, se tienen previstos  trabajos preliminares, demoliciones, desmontajes, acarreos, albañilería, acabados, registros, instalación eléctrica, voz y datos, hidrosanitarios, plafones y tabla roca, pastas y pinturas, cancelería y carpintería.

No se estableció el monto de la inversión, pero se especificó que los recursos provendrán del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2018, y el tiempo estimado para la ejecución de los trabajos de remodelación es 120 días.

Este lunes vence el plazo para la inscripción a la licitación nacional y las empresas interesadas deberán de presentar la documentación legal requerida y demostrar capacidad técnica y financiera.