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Cuestionan labor de titular de la JLCA, Pascual Archundia.

Abogados laboralistas se quejaron del desempeño de Pascual Archundia Becerril como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la inexperiencia de la recién nombrada titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca), Ivonne Nava Ide.

Representantes de diferentes despachos especializados en litigación laboral, que convergen en el denominado Movimiento de Despachos Unidos, señalaron que ambos tribunales laborales aún antes de la pandemia por covid-19 mostraban ineficiencia en el desahogo de los procedimientos y la emisión de laudos, pero con la contingencia sanitaria el rezago aumentó, ante la falta estrategias y modernización de las instituciones que imparten justicia laboral.

Los litigantes laboralistas expresaron su preocupación por la falta de interés de quienes dirigen los tribunales en la materia para sacar adelante los procesos en curso, ante la incertidumbre que prevalece frente al semáforo epidemiológico.  

“Esta pandemia ha evidenciado que en muchas ocasiones no se cuenta con el uso de tecnología necesaria, entonces ¿qué va a pasar si el día de mañana vuelven a cerrar? La sociedad, los patrones y los abogados ya estamos cansados”, dijo Gibrán Humberto Cisneros, presidente de la Asamblea de Abogados Laboralistas, quien informó que esta situación fue informada a la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, mediante la entrega de un documento, en el que los litigantes laborales también solicitaron una reunión con la funcionaria.

Otro punto ventilado y criticado por los abogados, fue la designación de Ivonne Nava Ide para estar al frente del Teca, porque consideraron que es inexperta y no cubre los requisitos legales para estar al frente de este tribunal ya que nunca ha ejercido ni la función pública ni ha litigado en materia burocrática laboral.

Por ello, pidieron a Rodríguez González una reunión para establecer una mesa de trabajo para dialogar y debatir sobre los retos que enfrenta la justicia laboral, que incluye abordar el tema de la titular del Teca y la posibilidad de que sea relevada, mediante la emisión de una convocatoria para designar a una nueva persona titular.

Afirman que no existen las condiciones para realizar los nombramientos; es más urgente legislar sobre la digitalización de la administración de justicia, plantean representantes de organizaciones.

Organizaciones de abogados insistieron en la cancelación o el aplazamiento de la convocatoria para la designación de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa, por considerar que no existen las condiciones para realizar los nombramientos y porque es más urgente legislar sobre la digitalización de la administración de justicia.

El representante del Colectivo de Abogados y Abogadas Progresistas del Estado de Morelos, Octavio Ocampo, se sumó a las voces que piden la cancelación de la convocatoria, porque en este momento lo prioritario no es solo atender la emergencia sanitaria por el covid-19, sino analizar y aprobar las iniciativas para modificar la normatividad que rige al Poder Judicial, para la implementación de los juicios en línea y la digitalización de trámites.

“Consideramos que es más importante que se legisle en materia de juicios en línea y también que se proporcionen los recursos suficientes para que se establezca el juicio en línea en todas las instancias judiciales y jurisdiccionales.

“Eso es más importante que solo designar a los magistrados, los nombramientos podrían esperar, pero lo que sí es de urgente resolución es que se legisle en estas reformas procesales”, señaló.

Insistió en que la convocatoria debe ser cancelada para atender lo que es realmente importante en este momento y, cuando la emergencia sanitaria haya mermado y existan las condiciones, se emita una nueva.

Por su parte, Iván Velazco Alcocer, quien preside una de las dos facciones de la Barra de Abogados, pidió al Congreso local aplazar la convocatoria, porque “no vemos la necesidad de la premura cuando sabemos que estamos en semáforo rojo y que sabemos que debemos estar protegiendo (sic), quedándonos en casa nuestros compañer@s, nuestras familias, servidores públicos y demás candidatos que aspiran a las magistraturas, pedimos que no haya imposiciones y que sea un proceso transparente, que sean los mejores perfiles y más aptos a ocupar las magistraturas que se encuentran vacantes”.

También señaló que el Congreso local debe ser muy minucioso y cauteloso, para que los futuros nombramientos recaigan en personas que cubran totalmente los requisitos previstos en la Constitución local y la convocatoria, para evitar impugnaciones, además de que no haya favoritismos.

“Seremos muy cautelosos de que no se lleven a cabo imposiciones por compromisos políticos o con algún servidor público, ya que las consecuencias que han provocado con esas acciones otras legislaturas, las hemos vivido, ya que se produce una pésima impartición de justicia en perjuicio de los morelenses”, estableció Velazco Alcocer en su pronunciamiento público.                        

Dirigentes de dos organizaciones señalan que es necesario que se digitalice y se ponga en marcha la administración de justicia.

La ampliación de la suspensión de labores en el Poder Judicial del Estado de Morelos agravó la preocupación entre los litigantes organizados e independientes, debido a que no sólo algunos despachos tuvieron que cerrar sus puertas y prescindir de personal, sino por el rezago acumulado a casi un año del que inicio de pandemia del covid-19 y por la indiferencia de los congresos federal y local, que han dado prioridad a temas políticos y electorales en lugar dar realizar reformas legislativas que permitan apresurar la digitalización de la administración de justicia. 

Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, externó su preocupación porque al estar en semáforo rojo, los tribunales están fuera de servicio y solo hay personal de guardia para atender asuntos de emergencia.

Recordó que instó a los integrantes de los Congresos local y federal a establecer una mesa de trabajo y propuso, a nombre de los barristas, una serie de modificaciones al marco normativo que rige la administración de justicia, con el propósito de avanzar en la justicia digital, pero no hay respuestas concretas pese los llamados urgentes de los abogados a los legisladores.

“Considero que tanto el Congreso del Estado y los diputados federales, en lugar de andar pensando en campañas, tendrían que pensar en mecanismos para actualizar, reformar (tanto) los códigos procesales civiles como familiares. Es una grave afectación la paralización de la justicia en la entidad”, expresó al señalar que el gremio está muy preocupado porque muchos abogados han tenido que dejar momentáneamente el litigio para dedicarse al comercio o al transporte de pasajeros o paquetería. 

“Muchos abogados están cerrando despachos, no pueden pagar la renta del despacho, no avanzan sus trámites, han tenido que buscar alternativas diferentes como (las) ventas de productos o poner sus autos en servicio de transporte digital, mientras los servidores públicos siguen cobrando sin buscar alternativas de funcionalidad para la apertura de la justicia digital”, recalcó.

Subrayó que persiste la violación grave al derecho de acceso a la justicia de cientos de justiciables, que ven afectado su patrimonio e integridad física y emocional, ante la falta de certeza y seguridad jurídica.

Estimó que solo en el área metropolitana de Cuernavaca por lo menos 800 demandas esperan trámite y atribuyó el crecimiento del rezago en la atención de los asuntos a que, en realidad, los funcionarios y trabajadores judiciales de los tribunales no están realizando trabajo en casa o home office.

URGE EMPUJAR REFORMAS

Norma Delgado Díaz, presidente del Colegio de Postulantes de Morelos, dijo que son comprensibles las medidas implementadas por el Poder Judicial local, ante el alto número de contagios y decesos por covid-19, que también alcanzó a los litigantes y sus familias.

Refrendó su disposición a colaborar con el Tribunal Superior de Justicia, pero también consideró que debe haber unión e interés tanto de las organizaciones de abogados como de las autoridades de todos los niveles para solucionar la parálisis en la administración de justicia, que afecta económicamente al gremio y trunca el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.

Expresó que la organización que representa tuvo acercamientos con el diputado Alejandro Mojica Toledo y el senador Ángel García Yáñez y presentó propuestas para que el tema de reforma al marco normativo, encaminado a que la digitalización de la justicia avance en el Congreso de la Unión, y también para que el Congreso local haga lo propio conforme a su competencia.

Afirmó que debe ser prioritario para los congresos federal y local el tema de la administración de justicia, ante las fuertes afectaciones y la necesidad de que el Poder Judicial responda a los retos de la “nueva normalidad”.

Recordó que Morelos tiene un rezago de al menos 15 años en la modernización de la procuración y administración de justicia. Es decir, es de los estados más atrasados, al ubicarse en el penúltimo lugar del ranking nacional.

Insistió en que para acelerar las reformas al marco normativo es necesario que todos las organizaciones y los representantes populares, responsables de legislar, colaboren e impulsen este tema, en virtud de que la pandemia podría –según algunos pronósticos- prolongarse por un año más.

La digitalización d ellos procesos para impartir justicia solo pueden implementarse si el Congreso realiza las reformas necesarias, señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, al sostener su primera reunión virtual de este año con integrantes de la facción de la Barra de Abogados del Estado de Morelos que encabeza Miguel Ángel Rosete.

El magistrado recordó a los litigantes que a pesar de que los integrantes del Pleno determinaron prorrogar hasta el 17 de enero la suspensión de labores jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Morelos y de que no correrán plazos y términos procesales durante ese periodo, continúan las actividades en diversas áreas del TSJ “para garantizar la administración de justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

Jasso Díaz afirmó que dicha determinación está armonizada con la decisión que tomaron las autoridades sanitarias del estado de ampliar hasta el 17 de enero la permanencia para el estado de Morelos en color rojo respecto al semáforo de riesgo sanitario por la pandemia ocasionada por el covid-19, por lo que debe acatarse lo establecido en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, el cual fue avalado por la propia autoridad sanitaria.

Durante este encuentro virtual en el que participó Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las dos facciones de la Barra de Abogados de Morelos, Jasso Díaz refirió que personal de guardia labora en los órganos jurisdiccionales para la atención de los plazos constitucionales y de los asuntos urgentes en materia penal, así como el pago de pensiones alimenticias, la atención de asuntos urgentes en materia de violencia familiar, y demás acuerdos urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.

También dijo que el  Portal de Citas continuará en operaciones para que los justiciables o sus representantes legales puedan continuar presentando demandas en  materia familiar, mercantil, civil o penal.

Precisó que las demandas en materia de violencia de género o familiares no requieren de cita, por lo que los interesados sólo tienen que presentarse a las oficialías de partes correspondientes.

Jasso Díaz habló a los abogados de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos “a través de medios electrónicos, como una alternativa oportuna, eficaz, de rápido acceso y muy seguro en tiempos de pandemia”.

Dijo que desde el 15 de junio, los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos aprobaron por unanimidad de votos los Acuerdos Generales para brindar esta opción para la solución de conflictos

“Ante la insistencia de los representantes legales por llevar a cabo audiencias virtuales o telemática en materia familiar y civil, Jasso Díaz recordó que existe un impedimento legal para llevarlas a cabo, por lo que insistió una vez más que desde el Congreso local deben reformarse diversos artículos del Código Procesal Familiar y al Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, bajo dos premisas prioritarias: salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del Sector Salud como una “actividad esencial” en medio de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo”, se señala en el comunicado difundido por el TSJ.

Exigen que el Congreso y el TSJ implementen la justicia digital; el perjuicio, para litigantes y justiciables, señala uno de los presidentes de la organización.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos protestó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de ampliar la suspensión de labores en los juzgados, luego de que el pasado 23 de diciembre Morelos retornó a semáforo rojo, por alto riesgo de contagio de covid-19.

Miguel Ángel Rosete Flores, dirigente de una de las dos organizaciones de litigantes barristas, consideró que la administración de justicia enfrenta una fuerte crisis, debido a que las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de coronavirus agravaron el rezago en el trámite, desahogo y sentencia de cientos de casos en materia penal, civil, mercantil y familiar.

Advirtió que el personal judicial tampoco labora en la modalidad de home office y la inactividad en el Poder Judicial provoca daños irreparables a los justiciables, lo cual es razón para que los litigantes, diputados y la representación del TSJ converjan en una mesa de diálogo para resolver urgentemente la dilación en la administración de justicia.

“Como Barra de Abogados exigimos y urgimos al Congreso del Estado y al TSJ para establecer una mesa de trabajo con el fin de encontrar mecanismos para hacer realidad la justicia digital.

“Hacemos un llamado para dejar a un lado la parálisis legislativa y la inactividad del Poder Judicial, porque ni siquiera hay trabajo en casa, hay un retardo abismal en la emisión de acuerdos en perjuicio de los justiciables”, explicó.

Afirmó que los barristas no sólo están dispuestos a expresar su inconformidad por los canales institucionales, sino que tienen propuestas concretas para analizar y debatir en la mesa de trabajo, bajo la premisa de que la justicia es un derecho que debe ser tutelado aún bajo las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el mundo.   

Rosete Flores detalló que la Barra de Abogados tiene como propuestas impulsar la justicia digital; modificar los códigos procesales; homologar los trámites con respecto al Poder Judicial de la Federación y establecer las demandas, acuerdo y resoluciones en línea.

Insistió en que la parálisis de la justicia es una gran afectación no solo a los postulantes sino para los morelenses que hoy, en medio de la crisis sanitaria, no encuentra una vía jurídica pronta y expedita para la resolución de conflictos.

Cabe destacar que el pasado 4 de enero, el TSJ anunció que prevalecerá la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 17 de enero y que el retorno a las labores dependerá del color del semáforo epidemiológico y las disposiciones de las autoridades sanitarias.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó a los alcaldes que no han cumplido con su responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos y ahora pretenden condicionar el convenio de Mando Coordinado, Policía Morelos, a cambio de un "interés económico".

Lo anterior, luego que varios ediles anunciaron que pedirán que se les regrese el cinco por ciento del recurso destinado al fondo de Seguridad, a cambio de trabajar en coordinación con el estado para el combate a la inseguridad.
El jurista sostuvo que la seguridad también es responsabilidad de los presidentes municipales.

"Nuevamente le quedan mal a la ciudadanía en el sentido de que ellos están viendo más por una cuestión administrativa y monetaria pero no han resuelto el tema de seguridad pública", manifestó.
Martínez Bello afirmó que los alcaldes deben cumplir con su responsabilidad y atender la problemática,  más allá de la aplicación de los recursos financieros.
"A nosotros los ciudadanos lo que nos interesa es que se coordinen de manera eficaz para que nos den seguridad y podamos tener paz en el estado…”

Gremio exige esclarecer el asesinato de un litigante.

Por alto número de ilícitos que se registran en el estado y por la falta de resultados en la prevención del delito, la Asociación de Abogados Penalistas pidió la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, luego de que el rumor sobre su posible su salida del cargo ha sido insistente en diversos círculos políticos.

El dirigente de los litigantes penalistas, Efraín Márquez Durán, se sumó a la condena del asesinato del abogado Daniel Benítez Callado, ocurrido el fin de semana en el municipio de Temixco, y consideró que ante este tipo de hechos que lastiman a la sociedad es evidente que el responsable de la seguridad estatal no cumplió con su misión.

En rueda de prensa, señaló que “nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno de Morelos para el efecto de que realice un análisis sobre la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad Pública (José Antonio Ortiz) Guarneros, ante las negligencias, ante las omisiones que ha realizado, en trabajos de prevención del delito, para evitar este tipo de actos”, dijo.

También pidió al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que se realicen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Benítez Callado, pero también de otros litigantes, como fue el caso de Paul Zaragoza Popoca, asesinado en enero pasado dentro de su despacho en la ciudad de Jojutla.

Reiteran compromiso para dar continuidad a los trabajos de coordinación a favor de los morelenses.

Como parte de los compromisos adquiridos al inicio de esta administración, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Almirante Ret. José Antonio Ortiz Guarneros, se reunió con los integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, en las instalaciones del C5 Morelos. 

Durante la reunión, Ortiz Guarneros dio a conocer los avances y los alcances de las distintas acciones llevadas a cabo por la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) como lo son las detenciones más relevantes, capacitación de las policías y la invitación a ser parte del proyecto “Tu seguridad depende de mis acciones, ven y conóceme”, en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, entre otros. 

En su intervención, Cristian Iván Velasco Alcocer, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, así como la mesa directiva, ratificaron el apoyo a la institución y  se comprometieron a continuar trabajando a favor de los morelenses. 

En tanto, Merary Pimentel Laínez, directora de Asuntos Internos de la CES, detalló el trabajo que se ha realizado así como el seguimiento continuo a las supervisiones de los elementos de las distintas corporaciones municipales, con el objetivo de erradicar actos de corrupción y actividades que estén fuera de la ley. 

Además, se presentaron las líneas de Emergencia 911, el número de Denuncia Anónima 089, así como las distintas formas y requisitos para la conformación de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE) y SeguriChat, al que se les hizo una cordial invitación para crear un grupo en el que tengan contacto directo con la CES y en caso de ser necesario se les atienda de manera inmediata.

Finalmente, el comisionado estatal de Seguridad Pública señaló que se continuará trabajando en favor de los distintos grupos, asociaciones y sociedad civil, con el propósito de fortalecer las bases que conllevarán a vivir en un estado de paz, fomentando una cultura de prevención y de autocuidado.

Digitaliza el TSJ servicios.

Como parte de la digitalización de los servicios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), obligada por la contingencia sanitaria por el covid-19, los litigantes podrán recibir y consultar los acuses de recibo de las promociones de sus demandas.

De acuerdo con el TSJ, ahora en el Portal de Citas Electrónico podrán consultarse los acuses de recibo de las demandas o escritos iniciales presentados por las y los abogados desde el inicio de la pandemia hasta fecha.

Los documentos digitales están disponibles en el apartado de “Lista de Acuses”, ubicado en el Portal de Citas Electrónico, el cual inició su funcionamiento desde el pasado 8 de junio como una medida preventiva para evitar que se generen aglomeraciones en la reapertura parcial de los órganos jurisdiccionales.  

Una vez obtenido el documento, el usuario deberá desplegar la función “buscar” oprimiendo simultáneamente las teclas “Control” más “F” y escribir el nombre de su cliente para visualizar el acuse de sus demandas o escritos iniciales.

 Los acuses de las demandas iniciales están disponibles desde el 7 de abril hasta el viernes 21 de agosto, para que los abogados no tengan que asistir a las sedes judiciales y conozcan qué juzgado les fue asignado por el sistema electrónico y de manera aleatoria.

Reiteran que acudirán a los tribunales si la elección incurre en favoritismos.

El gremio de abogados mantiene la presión sobre el Congreso de Morelos, a fin de que lance la convocatoria para concursar seis magistraturas vacantes en los tribunales Superior de Justicia (TSJ)  y de Justicia Administrativa (TJA) y que las designaciones sean transparentes y apegadas al marco constitucional.

Un grupo de litigantes acudió a la sede el Poder Legislativo a presentar un escrito, en la que fijaron su postura  y advirtieron en que no permitirán  el influyentismo ni el nepotismo en el nombramiento de los juzgadores de segunda instancia.

La abogada Jessica Vargas detalló que el grupo de litigantes independientes entregó al Congreso un documento en que exigió a los legisladores un proceso totalmente transparente e imparcial, en el que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones para competir por una magistratura.

Destacó que también solicitó que, en cuanto sea lanzada la convocatoria, ésta sea ampliamente difundida y se establezca un plazo de por los menos de 30 días, para que los abogados puedan recopilar y presentar su documentación para postularse y desarrollar un ensayo, en caso de que  éste se incluya como requisito.

Adicionalmente, sugirió que el examen escrito a los aspirantes no sea de respuestas abiertas, sino de opción múltiple, de tal manera que no haya duda sobre cuál es la respuesta correcta y se descarte cualquier interpretación ventajosa a favor de algún aspirante.

El grupo de abogados dejó claro que vigilará con lupa la actuación de los legisladores y no permitirá que esta vez las magistraturas sean asignadas a personas que no cuenten con los méritos, con honorabilidad probada, con la calidad académica y profesional que debe tener un impartidor de justicia.

“Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a nuestro escrito, a lo que contesten y obviamente a la convocatoria, porque ya estamos hartos de que estos puestos los ocupen compadres, amigos, familiares de los diputados. No queremos eso”, dijo

Indicó que las personas sobre quienes recaigan las magistraturas deben ser incorruptibles y contar con una trayectoria impecable.

Advirtió que, en caso de que el proceso de designación sea amañado y fuera de la ley, los abogados irán a los tribunales a impugnar los nombramientos.

Se pronuncian por la designación de personas reconocidas por su profesionalismo, honorabilidad y por el perfil para administrar justicia.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos exigió al Congreso evitar las prebendas y el influyentismo en el proceso de designación de magistrados y que los nombramientos recaigan en personas reconocidas por su profesionalismo, su honorabilidad y por contar con el perfil para administrar justicia.

José Luis Urióstegui Salgado, quien se ostenta como presidente del Consejo Directivo Interino de la organización (que atraviesa un conflicto interno por la representación) acudió a la sede del Poder Legislativo con un grupo de abogados barristas para entregar un documento dirigido a cada uno de los diputados, en el que manifiesta su postura en la víspera del lanzamiento de la convocatoria para designar seis nuevos magistrados, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia (TJS) y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Dijo que la petición es que el Congreso del Estado valore todos los perfiles profesionales y que tome en cuenta la preparación, la experiencia, la honorabilidad y el desempeño de todos y cada uno de los abogados que concursen por una de las vacantes.

Afirmó que existe temor fundado de que, por el historial de designaciones anteriores, los nombramientos se realicen con base en intereses particulares o partidistas y mediante prácticas ilegales e inmorales.

“Estamos seguros de que en este tiempo de receso hay muchos intereses que están moviéndose para designar a magistradas y magistrados, que obedezcan más a una cercanía con algún servidor público, que por el conocimiento del derecho”, recalcó.

Advirtió que los barristas estarán pendientes de los términos en los que será lanzada la convocatoria y de que el desarrollo del proceso de designación de magistrados se realice con apego a la Constitución del estado de Morelos. De lo contrario, como profesionales del derecho recurrirán a los medios de impugnación posible.

“Si a pesar de este llamamiento el Congreso determinase seguir el camino de la inconstitucionalidad, haremos valer nuestra oposición en las instancias jurisdiccionales a nuestro alcance, y que los diputados y diputadas tengan la certeza de que lo que hagan indebidamente no quedará impune”, recalcó.

Insistió en que el historial de designaciones a cargo del Congreso está plagado de intereses políticos y relaciones personales que transgreden el marco constitucional, por lo que la Barra de Abogados pugnará porque este proceso sea transparente, que los aspirantes sean evaluados por un organismo nacional y que los cargos sean otorgados a personas competentes, profesionales y honorables.

Lamentan el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

La Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos criticó el pobre desempeño de la Fiscalía General de Justicia  (FGE) y lamentó el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.

Al tomar protesta como nuevo presidente de la asociación, Efraín Márquez Durán calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscalía y lamentó que, a partir de la contingencia sanitaria por el covid-19, la institución responsable de la persecución del delito haya truncado la investigación e integración de las carpetas de investigación.

Consideró delicado que la fiscalía se encuentre en el letargo, con el alto riesgo de que las evidencias y elementos probatorios para completar debidamente las investigaciones en curso se desvanezcan con el paso del tiempo y, en consecuencia, los delitos queden impunes.

Dijo que será crítico respecto de la labor que realicen las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia y recalcó su crítica hacia el fiscal estatal, quien dejó claro su poco interés por mantener un diálogo con los abogados penalistas.

Incluso, destacó que fue buscado para presenciar la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, pero no hubo respuesta del fiscal estatal.

La nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas para el periodo 2020-2022, estará integrada por: Efraín Márquez Durán como presidente; Alfonso González Mendizábal como vicepresidente; Naybi Ríos Sandoval como secretaria general; Mario Martínez Díaz como tesorero y Jorge Armando Onofre Cuéllar como vocal.

El Consejo de Honor y Justicia de la organización estará integrado por Crhistian Fragoso Velázquez como presidente, Claudia Susana Pantaleón Rodríguez como vicepresidenta, Víctor Hernández Vega como secretario general  y Fernando Abarca López como vocal.

El recién reelecto presidente de la Barra de Abogados, Cristián Iván Velazco Alcocer, requirió formalmente a los ex integrantes de la Mesa Directiva la entrega de los recursos acumulados de las cuotas de los asociados.

En medio de la polémica disputa por la representación de los litigantes barristas, Velazco Alcocer emitió sendos oficios dirigidos a Monserrat Bosco Ramírez y Nora Tania Jaimes Servín, ex tesorera y ex vicepresidente de la organización, para efecto de que realicen el proceso de entrega recepción de la documentación y los recursos de las cuotas de los agremiados en favor de  Marilyn Cristina Rivera Sánchez y Alexis Velazco Alcocer, electos en la asamblea del 1 de agosto como nueva tesorera y vicepresidente.

“Solicito a usted se realice la entrega  recepción de todo el recurso económico que obran (sic) en su poder, al igual que los estados financieros del recurso económico del que usted era responsable hasta el 1 de agoto de la presente anualidad que se realizaron las elecciones correspondientes para el cambio de directiva para el periodo 2020-2022….”, detalla el documento difundido en redes sociales por Velazco Alcocer.

De acuerdo con el oficio, las ex integrantes de la Mesa Directiva deben hacer entrega de toda la información y documentación relacionada con los recursos depositados en una cuenta bancaria, que las ex representantes barristas manejaban de manera mancomunada, conforme a lo previsto en los estatutos de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.

Emplazó a ambas abogadas para acudir el próximo 7 de agosto de 2020 a un domicilio en la colonia Centro, de la capital morelense, para llevar a cabo la entrega recepción de los recursos, cuyo monto se estima en 350 mil pesos aproximadamente.

Actualmente, la Barra de Abogados se encuentra en una disputa interna por la titularidad de la representación. Por un lado, está Velazco Alcocer, quien se reeligió en el cargo, después de una reforma a los estatutos realizada en julio pasado para establecer, “por única ocasión” la posibilidad de reelección, justificada por las circunstancias especiales de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Por otro lado, está el abogado José Luis Urióstegui Salgado y un grupo de ex presidentes de la Barra de Abogados, que conformaron un consejo interino y convocaron a elección de la nueva Mesa Directiva para la primera semana de octubre. Este bando de la Barra de Abogados no reconoce a Velazco Alcocer como su dirigente y consideró ilegal su reelección, porque su periodo feneció el 2 de junio y los estatutos prohíben la reelección.

Protestaron contra el reinicio de actividades a puerta cerrada en el TSJ.

Diversas organizaciones de abogados protestaron contra el reinicio de actividades a puerta cerrada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y exigieron la apertura total de los juzgados.

Integrantes del Colegio de Morelense de Abogados, del Colegio de Abogados del Estado de Morelos y litigantes independientes se agruparon afuera del TSJ para exigir al magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, la reactivación al cien por ciento de las actividades jurisdiccionales, tras cuatro meses de parálisis debido a la contingencia sanitaria por el covid- 19.

Aunque estaba planeada para este lunes el inicio de una huelga de hambre de abogados en la explanada del TSJ, finalmente los litigantes decidieron posponer la acción unos días más, en espera que las protestas de los postulantes ejerzan efecto sobre quienes dirigen el Poder Judicial.

Enrique Paredes Sotelo, representante del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, consideró insostenible que los juzgados permanezcan cerrados, no sólo por las afectaciones económicas a los abogados sino por el impacto que se ocasiona a los justiciables, que no ven respuesta institucional a sus demandas.

Dijo que sigue en pie la intención de realizar la huelga de hambre si no se atiende la exigencia de reapertura de las actividades jurisdiccionales, porque los abogados no obtienen ingresos por sus servicios legales  y su subsistencia está en riesgo, “porque nos morimos de hambre o nos morimos de covid o nos morimos sin trabajar”.

Por separado, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, coincidió con la exigencia de sus homólogos y cuestionó el trabajo realizado por quienes dirigen en Poder Judicial, al considerar que no respondieron debidamente a las circunstancias que generó la pandemia y no han mostrado un trabajo verdaderamente eficiente, que permita destrabar el sistema de administración de justicia.

“Al Foro Morelense de Abogados no nos van a engañar, el llamado es para que se pongan a trabajar en el TSJ, todos. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que se tiene que administrar justicia en razón de los justiciables, pero pareciera que les es muy conveniente no iniciar actividades jurisdiccionales. El llamado a quien está dirigiendo el tribunal es que abran ya”, recalcó.

Advirtió que, al no haber acceso a la justicia, se corre el riesgo de que la sociedad busque “mecanismos extraoficiales” para resolver sus conflictos, por lo que insistió en que no puede postergarse más la reapertura de las actividades jurisdiccionales.

Así, los litigantes independientes y organizados manifestaron su inconformidad con la determinación del Pleno del TSJ de reiniciar actividades a puerta cerrada y solo con el 30 por ciento del personal y la reactivación de plazos y términos procesales hasta el 17 de agosto.

A través de un comunicado, el TSJ informó que el magistrado presidente del TS, Rubén Jasso Díaz, recibió a una comisión de litigantes inconformes, para aclarar algunas inquietudes sobre la nueva operatividad de los juzgados, y reiteró su disposición al diálogo y al trabajo coordinado a favor prioritariamente de los justiciables

“Hoy vieron abogados, hicieron un recorrido para que conocieran cómo se está llevando a cabo la actividad, las promociones y demandas que se han estado recibiendo. Se les dio una explicación y se disiparon algunas dudas que tenían, afortunadamente están a la espera de que todo funcione favorablemente”, expresó Jasso Díaz en el comunicado.

También se informó que el magistrado presidente realizó un recorrido por la sede del TSJ para verificar el cumplimiento del “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, aprobado por el Pleno para la reanudación de labores jurisdiccionales y administrativas a puerta cerrada.

El grupo opositor controla los fondos.

Abogados independientes se manifestaron este viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la reactivación de labores, al sostener que no puede seguir la parálisis en el Poder Judicial. Atribuyeron la inactividad a las diferencias políticas entre magistrados.  

Los litigantes de distintas regiones del estado señalaron que la información más reciente indica que se van a reanudar actividades parcialmente en los juzgados, pero a puerta cerrada. 

Esto quiere decir, expusieron, que únicamente se van a recibir demandas y promociones, pero no van a acordar, no van a tener atención al público ni trabajar, al menos durante las dos primeras semanas de agosto. 

Lo anterior, a pesar de que ya van cuatro meses de pandemia y no obstante que, en otros estados, los tribunales ya están funcionando, muchos por vía digital.  

Los abogados insistieron en que no puede seguir parada la impartición de justicia, pues ya hay daños graves como aquellos casos en los que está detenido todo proceso judicial y los padres en separación no pueden ver a sus hijos, o en otros casos hay familias que no reciben pensión alimenticia porque si no se cumple con los depósitos no hay quien los obligue, entre muchos asuntos que son delicados.  

Los profesionales del Derecho manifestaron que desde hace más de un mes presentaron a la presidencia del TSJ un pliego petitorio en el que solicitaron que se reactivaran las labores de forma híbrida: a puerta cerrada para que hagan acuerdos y resoluciones y otra parte abiertas para la atención a la ciudadanía con las medidas sanitarias correspondientes.  

“Sabemos que aquí en Morelos de fondo hay un asunto político de divisiones entre los …  pero ya basta que se vulneren derecho por intereses fugaces y de grupos”, aseveraron los inconformes.  

Organizaciones pugnan por modificaciones legales para contrarrestar la parálisis en los procesos judiciales.

El Colegio de Postulantes del Estado de Morelos llamó a sus colegas a presionar al Congreso de Morelos para que se realicen los ajustes inmediatos a la legislación que rige el funcionamiento del Poder Judicial, a fin de que jueces y abogados puedan trabajar a través de los juicios en línea.

Norma Delgado Díaz, en representación de la organización de postulantes, afirmó que con la reactivación de las actividades jurisdiccionales en los tribunales locales no se resuelve el problema que enfrentó la justicia y los justiciables durante la contingencia sanitaria por el covid-10, que obligó al confinamiento, el cierre de los juzgados y la parálisis en los procesos judiciales.

Dijo que si bien es prioridad y preocupación la salud de todos, también hay incertidumbre en Morelos porque los tribunales no logran evolucionar a la justicia digital, debido a que carecen de un marco normativo que lo permita.

Coincidió con otras organizaciones y colegas, que incluso han planteado acciones radicales como realizar una huelga de hambre en la sede del Tribunal Superior de Justicia para exigir la reactivación del sistema estatal de justicia. Sin embargo, consideró que el gremio debe unirse para atender la problemática de fondo.  

“Es un tema que no se va a resolver nada más con que abran las puertas del tribunal, necesitamos trabajar en una modificación que permita que los juicios se puedan llevar en línea, que se aporten pruebas, que exista la firma electrónica.

“No nada más debemos pedir que se aperture y punto, o que hagamos huelga de hambre, vamos a organizarnos para que se logré esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, necesitamos que tengan las herramientas para darnos facilidades a quienes somos litigantes, y podamos trabajar desde los despachos, desde cualquier punto que estemos, sin estar in situ en el tribunal o en cualquier oficina del tribunal”, dijo.

Afirmó que los abogados deben presionar al Poder Legislativo, porque es “quien tiene la responsabilidad y la tarea de trabajar en estos temas” que importan e impactan a la sociedad.

“Vamos a hacer la huelga, los invito a todos y a todas, en el Congreso del estado para que los diputados y las diputadas pongan atención en el tema prioritario. Así es que, vámonos uniendo, pero sobre una causa real, bajo un conocimiento de causa de lo que vamos a hacer. No nada más abran la puerta, necesitamos que estén las condiciones jurídicas para trabajar en línea, porque ya no es la normalidad  como antes, es una nueva normalidad y tenemos que innovar y adoptarnos a un nuevo sistema de trabajo”, recalcó.

José Luis Urióstegui Salgado llamó a Velazco Alcocer a reconocer que su periodo como dirigente culminó.

El presidente interino de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, José Luis Urióstegui Salgado, llamó a Cristian Iván Velazco Alcocer a reconocer que su periodo como dirigente culminó y a sumarse a los trabajos de la organización.

Rechazó que los barristas enfrenten una fractura y aseguró que no existen bases legales para que Velazco Alcocer extienda su periodo como presidente, que culminó el de 2 de junio, con el pretexto de que la contingencia sanitaria por el covid-19 impidió realizar el proceso de elección de la nueva representación de la Barra de Abogados, porque no hay ninguna disposición estatutaria que permita realizar esa ampliación de periodo.

Expresó que es él quien de manera interina tiene la representación de los barristas y cualquier acto que realice otra persona ostentándose como presidente de la organización, carece de validez.

Insistió en que no un hay problema de división en la Barra de Abogados, porque el problema se focaliza únicamente a que una sola persona ostenta una representación que ya no tiene.

Recalcó que cuenta con el apoyo y reconocimiento como representante interino de la mayoría de los miembros de la Barra de Abogados e hizo un llamado a Velazco Alcocer a reconocer que su periodo culminó y sumarse a los trabajos de la organización, donde se le reconocen los méritos logrados durante su gestión.

Por otra parte, los abogados barristas, quienes de manera simbólica conmemoraron el Día del Abogados (que se celebró este 12 de julio), criticaron la parálisis en el Poder Judicial por la contingencia sanitaria, advirtieron graves afectaciones a los justiciables y exigieron la reapertura de los juzgados.

Ayer, dos grupos de litigantes se manifestaron para exigir que se reabran los juzgados, ya sea de forma digital o presencial.

Litigantes independientes e integrantes del Colectivo de Abogadas y Abogados Progresistas de Morelos se manifestaron este viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en demanda de la reanudación inmediata de actividades, ya sea por vía digital o con la aplicación de las medidas de higiene correspondientes, al sostener que la justicia no se puede paralizar.

Postulantes de diferentes municipios del estado se manifestaron este viernes en las instalaciones centrales del TSJ, para exigir una respuesta a su pliego, entregado el martes pasado al magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, quien no les había dado respuesta.

En ese documento se pronunciaron por la apertura inmediata de los tribunales luego de tres meses de suspensión de labores por la pandemia de coronavirus.

Además, sugirieron que se pongan las medidas sanitarias para que todo el personal de los juzgados trabaje a puerta abierta con atención al público para recibir demandas y que hagan sus proyectos y sentencias en espacios donde no haya aglomeración.

Dijeron que hay muchas familias, por ejemplo, en lo que respecta a juzgados familiares que están divididas, necesitan ver a sus hijos o bien quieren divorciarse y no pueden.

Aseguraron que sus clientes les llaman constantemente para saber cómo van sus juicios, pero está todo paralizado. “Las contestaciones del presidente son vacilantes, porque dicen que no han parado de trabajar, pero nosotros no vemos cómo o en qué, ya que los juzgados están cerrados”.

Sostuvieron que hay alrededor de diez mil abogados en el estado, la mayoría de los cuales ha tenido que despedir auxiliares y muchos despachos han cerrado, pero enfatizaron que la población no puede estar sin administración de la justicia.

Por su lado, integrantes del colectivo de Abogadas y Abogados Progresistas de Morelos se manifestaron este mismo viernes en el mismo sitio para reclamar la reapertura de las actividades judiciales, ya sea por vía digital o de forma presencial.

Aseveraron que en otras entidades, a pesar de la pandemia, ya se reactivaron juzgados de manera digital en un 30 al 40 por ciento y en Morelos "no pasamos de la página de citas por internet".

Además, consideraron que es viable iniciar la impartición de la justicia por medios digitales y con todas las medidas sanitarias correspondientes; a decir de los litigantes, el magistrado presidente del TSJ sólo da excusas.

También demandaron que se cancelen las vacaciones del personal de los referidos juzgados luego de que han estado tres meses en suspensión de labores.

También propusieron que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria se notifiquen las resoluciones judiciales a través del correo electrónico que se sirvan proporcionar las partes, como un medio de comunicación procesal eficiente, así como la práctica y desahogo de las diligencias y audiencias mediante el sistema de videoconferencias, previa autorización del Pleno de dicho tribunal.

La organización se pronunció por el establecimiento de puentes de comunicación, colaboración y cooperación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o la Secretaría de Educación del estado de Morelos que permita la cooperación con las universidades públicas (como la  Universidad Tecnológica Emiliano Zapata o la Universidad Politécnica del Estado de Morelos) para el desarrollo de la plataforma tecnológica que permita contar con un sistema integral de consulta de expedientes judiciales, en aras de agilizar y brindar publicidad de las resoluciones judiciales.

De la misma manera el grupo sugirió planear, programar y presupuestar con cargo al Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, las partidas presupuestales necesarias para hacer frente al pago de los compromisos que se adquieran en el desarrollo e implementación del citado sistema.

También consideraron factible publicar en el Boletín Judicial los acuerdos y resoluciones que se dicten en los juicios y diversos asuntos que se tramiten ante los órganos judiciales.

Pidieron en el pliego que el Poder Judicial proponga las reformas legislativas y proyectos con iniciativa de ley para incluir en las legislaciones procesales estatales el juicio en línea, tal como acontece con las leyes de amparo y federal de procedimiento contencioso administrativo.

 “Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la consciencia de dichos funcionarios encargados de impartir justicia a que, por ética, congruencia y solidaridad, suspendan su respectivo ‘periodo vacacional’ ya que no vemos condiciones para el goce y disfrute de ese tiempo de descanso ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria, en la inteligencia de que el acceso a la justicia ha sido suspendido en perjuicio del pueblo y de la sociedad,g añadieron los litigantes.  

Decenas de profesionales del Derecho protestaron ante la sede del Poder Judicial; exigen la reanudación de los procedimientos.

Profesionales del derecho agrupados en el Frente de Abogados y Peritos Independientes del Estado de Morelos Unidos por la Justicia, protestaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir la pronta reactivación de las actividades jurisdiccionales y la implementación de medidas para avanzar en los procesos judiciales, que quedaron paralizados por la pandemia del covid-19.

Los litigantes expresaron su enojó por la determinación del Pleno del TSJ de ampliar la suspensión de actividades hasta el 12 de julio e irse de vacaciones hasta el 3 de agosto porque -a diferencia de los burócratas judiciales, que gozan de un salario seguro- los abogados y los justiciables se quedaron sin ingresos y en espera de que sus casos se reactiven algún día, cuando el Poder Judicial retorne a sus actividades en la “nueva normalidad”.

“La justicia es un derecho humano que no debe esperar, porque nuestras familias también comen y los empleados del Poder Judicial no han dejado de percibir sus salarios y, como bien se dijo, no estamos de vacaciones, por lo tanto, consideramos que los servidores públicos del TSJ pueden trabajar con las medidas de seguridad recomendadas o en su casa y nosotros podemos promover a través de los buzones, oficialía de partes o electrónicamente”, establecieron.

 Alejandra Tapia Ortiz, una de las abogadas que se sumó a esta protesta, lamentó que, después de tres meses de suspensión de actividades en los juzgados, las autoridades del Poder Judicial hayan decidido retornar a sus labores hasta el mes de agosto.

 “Está retrasado ahorita todo, realmente no hay juicios mercantiles, civiles, familiares, ningún juicio se está llevando a cabo. Si usted se quiere divorciar en este momento no podría hacerlo y ya van cuatro meses sin poder hacerlo. Sí se están tomando ciertas medidas con grupos vulnerables tal como y lo dijo el presidente (del TSJ) como son los menores o mujeres violentadas o algunos sectores que necesitan urgentemente atención, pero nosotros los abogados creemos que son todos los sectores los que están afectados y necesitamos la reapertura a la justicia lo antes posible”, explicó.

Consideró insuficiente la implementación del Portal de Citas, porque únicamente permite presentar las demandas, pero no se emite ningún  acuerdo hasta el retorno de labores en el Poder Judicial.

Resaltó que muchos despachos cerraron sus puertas o despidieron personal ante la insolvencia económica, producto del confinamiento y la suspensión de labores gubernamentales como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19, así como muchos litigantes  tuvieron que dejar temporalmente el ejercicio de la profesión para dedicarse a otras actividades, como el comercio.

A través de un comunicado, se informó que el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, se reunió con un grupo de abogados, para explicar cuáles son las acciones que se realizan para la reapertura de los juzgados, entre ellas la nueva logística para ingresar a las sedes judiciales y las medidas de desinfección de las instalaciones y  de protección para los trabajadores.

Del retorno a las actividades jurisdiccionales, luego de que Morelos pasó en el semáforo epidemiológico a color naranja, el titular del Poder Judicial en Morelos dijo que levantar la suspensión de labores en el TSJ depende de diversas circunstancias externas y lo que determinen las autoridades de la Secretaría de Salud.