Un juzgado federal no ha logrado notificar a familiares de dos escoltas fallecidos en los hechos, la resolución que permitiría reactivar el juicio penal

El proceso judicial contra una decena de policías estatales acusado de atentar contra el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado sigue entrampado debido a que un juzgado federal no ha logrado notificar a familiares de dos escoltas fallecidos en la reyerta la resolución que permitiría reactivar el juicio penal.

Mirtha Sagrario Aguirre Gómez, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, institución que lleva la defensa de la mayoría de los agentes acusados, señaló que debido al cambio de residencia no ha sido posible la localización de los deudos, lo que impide que se pueda llevar la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los imputados por los presuntos delitos de homicidio calificado y el y homicidio en grado de tentativa.

“Nosotros estamos a la espera de que el juzgado de distrito notifique la resolución, de que se nos negó el amparo indirecto, para que una vez que todas las partes involucradas, en este caso tanto las víctimas como los ofendidos o causahabientes o esposas de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, sean notificadas, se reanude el procedimiento que está suspendido”, explicó.

Dijo que una vez que el juzgado federal pueda hacer las notificaciones faltantes, podrá reactivar el proceso judicial que se quedó en la fase intermedia y llegar final al juicio oral, para determinar la responsabilidad o no de los policías estatales en los hechos que se les atribuyen.

Los diez policías estatales enfrentan los cargos de tentativa de homicidio en agravio del ex fiscal estatal y homicidio calificado de  los tres escoltas que perdieron la vida en el enfrentamiento ocurrido la noche del 7 de febrero de 2013 en la calle 10 de abril de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Mientras la fiscalía sostiene la hipótesis del atentado, la representación legal de los elementos policiacos defiende su inocencia e insiste en que el incidente se derivó una confusión debido a las órdenes que los agentes recibieron del C-4 (centro de control y comunicaciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal) desde donde se les pidió frenar el convoy de camionetas sospechosas y revisar la identidad de los tripulantes, quienes rechazaron detenerse y entonces sobrevino el enfrentamiento.