El ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, ya podrá cobrar su “pensión dorada”, luego de que quedó firme el amparo que le fue concedido por la justicia federal y que no fue recurrido por el Congreso local ante un tribunal colegiado.

Este martes, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió el acuerdo, dentro del expediente 521/2019, por el cual “la resolución emitida por este Juzgado Federal en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria”.

En conciencia, requirió a la autoridad responsable (el Poder Legislativo) “para que dentro del plazo concedido exhiba las constancias que acrediten de forma fehaciente el cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de mérito”.

Michel Luna, responsable de las finanzas estatales durante la administración del gobernador perredista, Graco Ramírez, tramitó su pensión por jubilación antes de culminar su gestión y le fue aprobada por la anterior legislatura, quien a su vez  autorizó un bloque de decretos  denominado “pensiones doradas”, correspondientes a altos funcionarios, así como de sus familiares y amigos.

Pero al ingresar la LIV Legislatura, se hizo la revisión de varios decretos pensionarios y se determinó que, por lo menos en 35 de ellos, no se cumplieron con los requisitos  previstos en el Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hasta se presentaron documentos alterados o falsificados.

En el caso de Jorge Michel Luna, la justicia federal le concedió el amparo con la premisa principal de que no existe normatividad que permita al Congreso local invalidar los decretos pensionarios ya aprobados.

De acuerdo con el decreto que le fue aprobado, el ex secretario de Hacienda, quien cesó en sus funciones el 27 de septiembre de 2018 al entrar en vigor su decreto jubilatorio, tendría una jubilación del 70 por ciento sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales, es decir, poco más de 37 mil pesos mensuales.

El monto de la pensión otorgada, según el decreto, obedeció a que en su solicitud de retiro comprobó que laboró de  maneta interrumpida para la administración pública un total de 24 años con cuatro meses y cinco días.