Magistrados opositores afirman que la suspensión provisional que le fue concedida no surte efectos para que siga como presidenta del TSJ.

También la acusan de boicotear los intentos para sesionar y elegir a presidente provisional del Poder Judicial de Morelos.

Mientras Carmen Cuevas López se aferró como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados opositores desconocieron su investidura, por considerar que la suspensión provisional concedida por la justicia federal no surte efectos para que siga en el cargo, además de que la acusaron de boicotear los intentos de un grupo de magistrados para sesionar y elegir al presidente provisional, y promovieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La mañana de este jueves, una comisión de magistrados disidentes fijó su postura respecto a la suspensión concedida a Cuevas López por el Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, y afirmaron que los efectos no son para sostenerla en el cargo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto afirmaron que la suspensión no la protegió para seguir como magistrada y mucho menos como presidente del tribunal, pues sólo fue para efecto de que las cosas se mantuvieran como estaban  a partir de la hora y día que promovió el amparo.

Como peritos en derecho, destacaron que cuando se concedió la medida cautelar ya estaba consumado su cese como representante del Poder Judicial y había concluido su periodo, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo por el que el Congreso revirtió la disposición tercera transitoria del decreto 2610, por la que la legislatura anterior –sin reforma constitucional- amplió  a 20 el periodo de los magistrados de los tribunales locales, y emitió uno nuevo para retornar al periodo original de 14 años, como consta en sus decretos de designación de los juzgadores de segunda instancia.

Resaltaron que le fue negada la suspensión contra el nuevo decreto, por el cual se da por culminada su gestión desde el 4 de julio pasado e, insistieron, que la suspensión concedida fue únicamente para que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran y eso significa que al momento de la concesión de la medida cautelar Carmen Cuevas ya estaba fuera del Poder Judicial.

Hicieron un llamado a sus homólogos del grupo de Cuevas López a reflexionar sobre la crisis que atraviesa el Poder Judicial, cuya representación se encuentra acéfala

“Hoy ya  no es magistrada y mucho menos presidente. La exhortamos para que no anteponga sus intereses personales y no afecte el interés público y social. Que prevalezca la legalidad para que se restablezca el Estado de Derecho en bien de la justicia”, afirmó Arenas Ángeles.

Posteriormente, arribó a la sede del TSJ la notaria número 5 de la demarcación de Cuernavaca, Patricia Mariscal Vega, quien dio fe de que Carmen Cuevas y su personal estaban despachando en la oficina de Presidencia.

Posteriormente, Hipólito Prieto acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia penal contra Carmen Cuevas, por la probable comisión de un delito al ejercer funciones que ya no le corresponden y usurpar una investidura.

“Ejercer actos o materializar actos en que se ostente como servidora pública, incurre en una conducta delictiva que será denunciada ante el agente del Ministerio Público y, si la representación considera que es un delito flagrante, incluso deberá de proceder contra la persona que se está como servidor de la magnitud de un presentante de un poder, o disponer de recursos materiales, humanos, incluso económicos, son graves”, secundó el magistrado Gambo Olea.