Familiares de víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas de Tetelcingo demandan justicia.

Surgen nuevo reclamos de justicia de familiares de seis personas que fueron sepultadas  en la fosas de Tetelcingo y que exigen fincar responsabilidades no sólo a los funcionarios que participaron en la inhumación ilegal, sino aquellos que omitieron informarles su derecho a ejercer acciones penales y solicitar al Estado la reparación integral del daño.

El abogado y representante de una de las familias, David Marroquín Ojeda, señaló que el objetivo de hacer la denuncia pública es visibilizar que existen  más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y la muerte de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones.

Explicó  que las familias denunciaron ante la otrora procuraduría de justicia, en unos casos la desaparición y, en otros, el secuestro de sus seres queridos, e incluso algunas carpetas de investigación datan desde 2009, pero fue hasta la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo en mayo de 2016 y la realización de pruebas genéticas a los 118 cadáveres extraídos, cuando descubrieron que los restos de sus familiares estaban ahí.

“El objetivo es presentar ante los medios de comunicación a todas las víctimas indirectas que ya están reconocidas dentro de la carpeta de investigación que se lleva por las fosas de Tetelcingo, en el proceso penal, y que están buscando ahorita en el juicio ser reconocidos como tal (como víctimas indirectas). Estos familiares no tenían conocimiento del derecho que tenían de formar parte del proceso y del acceso a la justicia”, dijo.

Detalló que, tras los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a los cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo y la identificación plena de sus familiares, les fueron entregados los cuerpos pero la autoridad nunca les ofreció información u orientación sobre su derecho a ejercer acciones legales contra los servidores públicos que incurrieron en irregularidades por inhumación de los cuerpos sin protocolo que permitiera su identificación, y para exigir la reparación integral del daño, que incluye aplicar responsabilidades y sanciones administrativas y penales a todos los que participaron en la inhumación ilegal y omitieron apoyar a las familias para reclamar sus derechos.

“Lo único que se pretende es que se haga justicia, los familiares no quieren dinero, no quieren premios, no quieren dotaciones, lo que quieren es justicia y ese es un derecho esencial de las víctimas y eso es lo único que están reclamando”, recalcó.

Recordó que existen dos ex funcionarios bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pero existen otros implicados y las responsabilidades podrían alcanzar al mismo ex gobernador, Graco Ramírez, y el ex procurador Rodrigo Dorantes Salgado, así como a 42 ex servidores públicos más que –de acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- pudieran estar implicados.

De esta manera, Epigmenio Mentado Díaz, Liliana Domínguez Flores, Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas y Ángel Marco Reyes, familiares de las personas cuyos cuerpos fueron localizados en las fosas de Tetelcingo, exigieron a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y no persistir en la omisión.

Por su parte, Amalia Hernández Hernández nuevamente reiteró su exigencia al titular de la FGE, Uriel Carmona de Gándara, de la creación de una fiscalía especializada para dar seguimiento al asunto de las fosas y reiteró su desconfianza hacia los agentes del Ministerio Públicos a cargo de las investigaciones, porque no sólo han obstaculizado las indagatorias y el proceso penal, sino que han mostrado su conflicto de interés y falta de profesionalismo para representar a la víctimas.