Crisis en Poder Judicial afecta a plantilla laboral; hay presuntas represalias contra trabajadores, señala grupo disidente.

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se declararon “en pie de lucha por la defensa del estado de derecho”, reiteraron que desconocen a Carmen Cuevas López como magistrada presidenta y denunciaron que ella arremetió contra los trabajadores al aplicar una sería de “castigos” que van desde el cambio de adscripción a  zonas lejanas hasta el despido.

Los nueve magistrados que forman parte del grupo disidente fijaron una postura en grupo en torno a lo que ocurre en la operatividad de la administración de justicia y que afectó ya directamente a la base trabajadora, pero también confirmaron su desconocimiento a Cuevas López y llamaron al resto de sus homólogos a sumarse para impedir que se continúen las acciones ilegales de Cuevas López.

“No reconocemos a la Ciudadana María del Carmen Verónica Cuervas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyó.

“Insistiremos en que los demás Magistrados colaboren a fin de que el Tribunal cuente con Presidente o Presidenta; y cese la administración del erario público y los demás actos que al margen de la legalidad viene realizando la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose indebidamente como Magistrada y Presidenta de este Tribunal. 

“Entre todos los Magistrados y de cara a la sociedad, se abra un debate respetuoso y sincero, a fin de que se corrijan y terminen diez problemas fundamentales, cuya desatención ya resulta insostenible”, instó el grupo de magistrados disidentes.

En el documento dirigido a la opinión pública y firmado por los magistrados Juan Emilio Elizalde, Norberto Calderón Ocampo, Nadia Luz Lara Chávez, Bertha Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas Ángeles, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González y Rocío Bahena Ortiz, se reveló una serie de problemas que apuntalaron la crisis que vive el TSJ.

De acuerdo con los magistrados, son atribuibles a la gestión de Carmen Cuevas una serie de represalias emprendidas contra los trabajadores, que van desde la reducción del salario, el cambio abrupto del lugar del trabajo a sitios lejanos, el cobro por la capacitación que reciben del tribunal, la ausencia de nombramientos definitivos pese a la antigüedad y otras formas de castigo e intimidación ilegal hacia los trabajadores del Poder Judicial que, en caso extremos, han terminado con el despido.

También señalaron que desde la asunción de la magistrada presidenta, ésta permanente se niega a cubrir la pensión de los trabajadores, arriesgando su sobrevivencia y la de sus familias.

Además, recalcaron que existen “amenazas al personal obligándolos a incurrir en conductas ilegales, so pena del despido” y realizó “la designación directa de jueces y otros funcionarios, y amenaza con privarlos de sus derechos, a fin de que actúen sumisamente”.

A esto se suma el uso del erario judicial “para remodelar lujosamente oficinas y atender asuntos personales, cuando existen prioridades urgentes, como la creación de otros juzgados, debido a la enorme saturación de trabajo”.

Los magistrados coincidieron que existe una fuerte resistencia para lograr la modernización de la normatividad que rige al Poder Judicial, para terminar con las viejas y nefastas conductas de autoritarismo.