Y es que al mediodía de este lunes 21 de octubre de 2019, la juez de control de garantías, Teresa Soto Martínez, resolvió requerir información al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de dos empresas, implicadas en pagos irregulares emitidos por el Congreso del Estado y autorizados por la ex diputada, Beatriz Vicera Alatriste, actualmente bajo proceso.
En la audiencia especial, celebrada en la Sala 2 del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Atlacholoaya, la fiscal Anticorrupción Kenya Cortes Gómez solicitó la intervención de la autoridad judicial luego de que el SAT negó a la representación social, la información argumentando que se trata de datos de protección del “secreto fiscal”.
El artículo 62 del Código Fiscal de la Federación, “establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales”.
En su argumentación, Cortes Gómez dijo que las empresas A. C. Grupo Internacional S. A. de C. V. y Corporativo 2105 Internacional S. A. de C. V. se hallan relacionadas con la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción en contra de la exdiputada, Beatriz Visera, quien otorgó pagos diversos a las empresas cuya giro se desconoce.
A fin de esclarecer el hecho, Kenya Cortes solicitó a Teresa Soto su intervención para obtener información sobre la fecha en que ambas empresas se dieron de alta ante el SAT; qué personas físicas realizaron el trámite para darlas de alta; cuál es su domicilio fiscal y sí actualmente se encuentran funcionando además tener acceso a sus declaraciones fiscales, de los años 2017 y 2018.
Aunque la petición fue debatida por el abogado defensor de la exdiputada, Jesús García Aguilar, quien calificó de desleal a la Fiscal, porque según él la información que solicitó no tiene relación con el proceso en contra de su cliente, la juez Teresa Soto ordenó requerir la información al SAT porque se trata de conocer la verdad sobre el hecho por el que se formuló imputación en contra de Beatriz Alatriste.
En su resolución justificó que la información deriva en la formulación de imputación porque se mencionó el nombre de una persona: Edgar Omar Fernández.
Este individuo fue quien recibió los cheques a nombre de las empresas antes mencionadas.
Ante esta situación concedió un plazo de diez días para que el SAT haga llegar la información solicitada a la Fiscalía Anticorrupción.
Es muy probable que estas dos empresas sean del mismo grupo de personas morales que fueron previamente denunciadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por ser, aparentemente, “fantasmas”.
Son once empresas que tienen características comunes: no son de Morelos; facturaban dos veces al mes por cantidades menores a 500 mil pesos; sus facturas tenían numeración consecutiva y su concepto de compra siempre era el mismo.
La lista es la siguiente:
Comercializadora Ninfa SA de CV, registrada en Puebla, era proveedora de productos de Papelería y recibió durante el sexenio de Graco Ramírez un total de 28 millones de pesos en supuestos productos que no presentan el sello del almacén que corrobora su existencia.
Bonette Logística Comercial SA de CV; de la Ciudad de México, proveedora de cuadernillos y folletos a razón de un millón de pesos mensuales hasta completar 32 millones. Las facturas no rebasaban los 500 mil pesos para evadir el requisito de la licitación pública.
Distribuidora Comercial Andaya S. de R.L. de C.V., recibió 23 millones de pesos en las mismas condiciones que la anterior. Está registrada fiscalmente en la ciudad de México (cuando la Ley de Adquisiciones establece que se le dará prioridad a los proveedores locales), y vendía productos de papelería.
Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., también les vendía papelería pero no existe prueba de que los productos hayan sido recibidos en el almacén. Tiene su registro en la ciudad de México y obtuvo alrededor de 21 millones de pesos.
Serveis Akram S.A. de C.V. es uno de los casos más escandalosos, pues recibió 81 millones de pesos en facturas con numeración consecutiva, es decir, que el gobierno de Morelos era su único cliente, o que la empresa fue creada para disfrazar gastos. Es de la Ciudad de México.
Servicios en el Desarrollo Trimex S.C. es una empresa de Puebla que según sus facturas cobraba por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos”, un servicio muy difícil de comprobar por el que recibió nada menos que 30 millones de pesos.
Tevom Cómputo y Sistemas facturó durante los últimos dos años del sexenio pasado, alrededor de 31 millones de pesos bajo el concepto de “servicios de consultoría de negocios y administración corporativa”.
Grupo Policomercial de Prestegui S. de R.L. de C.V. es una empresa de la ciudad de México que también proveyó de papelería al gobierno de Morelos por un monto de 36 millones de pesos.
Operadora Comercial Mobosa S.A. de C.V. también les vendió papelería, pero estos en cambio facturaron alrededor de 77 millones de pesos en todo el sexenio, sin que pudieran demostrar dónde están los productos adquiridos.
S&S Servicios y Soporte Técnico S.C. cobró 26 millones de pesos por concepto de “servicios de asesoría en gestión de programas”; en tanto que Servicios y Diseños Empresariales Calificadas S.C. (del que ya hablamos en una columna anterior) cobró 26 millones por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos).
Veremos hasta dónde llegan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
HASTA MAÑANA.
