En los próximos días el gobierno del estado deberá elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, un organismo nuevo que en teoría deberá ocuparse de encontrar (vivas o muertas) a casi un millar de personas reportadas como desaparecidas en los últimos años. De entre los tres candidatos la jurista Alicia Vázquez Luna “se los lleva de calle” en preparación y experiencia. De no ser ella la elegida, se corre el riesgo de que esa institución pase a formar parte de la lista de “elefantes blancos” que sólo absorben el presupuesto sin tener una utilidad práctica.
A manera de antecedente, diremos que el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, abrogando la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de 2012.
Como consecuencia de lo anterior, en Morelos se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, con autonomía técnica y de gestión, e integrante del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El 17 de junio pasado se concretó la firma del decreto por el que se crea y regula dicha Comisión con lo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo asume la obligación que heredó en esta materia, pues aunque el 2 de septiembre de 2015 se publicó la Ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada de personas (a iniciativa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos) ésta nunca se aplicó.
“La administración de Cuauhtémoc Blanco asume con absoluto sentido de responsabilidad la obligación que heredó en esta materia. Nos comprometimos a crear la comisión local (…), hoy en día es una realidad”, dijo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, al encabezar la conferencia de prensa donde se dio a conocer el anuncio.
De acuerdo a la ley en referencia, la Comisión de Búsqueda se integra por un titular y por lo menos tres directores. También hay un Consejo Ciudadano que se integrará por cuatro consejeros familiares de las personas desaparecidas o no localizadas; tres consejeros ciudadanos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General (se procurará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense), y dos consejeros ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda de personas.
Como se podrá observar, la ley está diseñada para que la nueva institución realmente funcione y que la ciudadanía esté representada, sobre todo las víctimas. Sin embargo, una cosa es lo que dice la ley y otra lo que realmente se hace.
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el organismo creado para la reparación del daño a las víctimas de delitos, que durante un año mantuvo cobrando a cinco comisionados hasta que llegó la presidenta del DIF y dijo que ese organismo debía ser honorífico y que la única que debía cobrar era Nadxielli Carranco. Y se lo concedieron.
Sin embargo, el recurso que se supone es para la reparación del daño a todas las víctimas de un delito está fluyendo a cuentagotas, en tanto que el ente burocrático creado exprofeso se ha convertido en una carga para el estado.
Eso podría pasar también con la Comisión de Búsqueda de Personas si no se designa a la persona idónea.
Luego de un procedimiento de depuración quedaron tres personas como candidatas a encabezar el nuevo organismo que –como muchos otros- son autónomos pero dependen del Poder Ejecutivo para la operación de los recursos y del Poder Legislativo para la aprobación del presupuesto, o sea que de autónomo no tienen prácticamente nada.
Ellos son: Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vidal Medina.
Una vez que se cuenta con la información necesaria de cada uno de los aspirantes, a más tardar mañana 6 de septiembre, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda entregará la terna al jefe del Ejecutivo estatal, ya que será él quien elija al mejor candidato o candidata, y también tendrá la atribución de removerlo.
De Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez sólo se sabe que es agente del Ministerio Público Federal, es decir, trabaja para la Fiscalía General de la República (FGR) antes PGR.
Juan Manuel Vidal Medina es licenciado en Derecho por la Universidad Loyola y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Aztlán. Estudia dos doctorados actualmente. Toda su trayectoria profesional ha sido en la Fiscalía General del Estado, donde ha sido desde agente de la Policía, comandante del Centro de Operaciones Estratégicas hasta agente del Ministerio Público y últimamente coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Alicia Vázquez Luna es ampliamente conocida en Morelos. Trabajó muchos años en la Procuraduría de Justicia del Estado donde fue desde agente del Ministerio Público, directora de averiguaciones previas, de Control de Procesos y subprocuradora.
A la llegada de Graco Ramírez al gobierno de Morelos fue invitada a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que desempeñó hasta que el mandatario estatal quedó cautivado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra.
Fiel a su costumbre, Graco Ramírez utilizó la fama de Alicia Vázquez Luna para obtener votos (también había dicho en campaña que si ganaba la gubernatura la procuradora de justicia sería Adela Manzanarez), pero cuando ya no le servía políticamente la hizo a un lado.
Alicia se fue a trabajar al gobierno federal y actualmente se dedica a litigar. Tiene dos maestrías y va por el doctorado.
Quienes la conocen no dudan de que es la persona idónea para hacerse cargo de la nueva institución y dar respuesta a las decenas de madres que prácticamente andan “muertas en vida” al no saber el paradero de sus hijos o hijas.
HASTA EL LUNES.
