Durante décadas, la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos fue considerada lugar privilegiado para los consentidos de la institución federal. Su cercanía con el Distrito Federal donde se ubican las oficinas centrales, con el Puerto de Acapulco a unas horas para escaparse cualquier fin de semana, su clima, en fin, todo hacía que la plaza de Cuernavaca fuera asediada por los delegados de todo el país.
Con excepción de Jorge Trade Nieto, quien estuvo de delegado hace unos 30 años, los demás han sido fuereños que llegan por periodos cortos de tiempo y después son rotados a otras plazas. Muchos se quedaban durante la semana en algún departamento rentado y el viernes por la tarde se iban a pasar el fin de semana con sus familias en el Distrito Federal o algún estado circunvecino.
Esa circunstancia beneficiaba mucho a los subdelegados y agentes del Ministerio Público federal, quienes hacían realidad aquel dicho que habla de la ausencia del gato y la fiesta de los ratones. A la delegación de la PGR en Cuernavaca ya la conocían en el círculo de los litigantes como “El Salón México”, por aquello de “los bailes”. “Bailar” a alguien significa –en el argot policiaco- obtener dinero de un detenido a cambio de ayudarle a obtener su libertad, o simplemente no ponerlo a disposición.
En una ocasión, un agente del Ministerio Público y su auxiliar fueron a caer hasta la cárcel de Atlacomulco por no poner a disposición a un presunto vendedor de drogas. El hecho ocurrió en la subdelegación de Cuautla durante un fin de semana, cuando la Policía Municipal puso a disposición del MPF a un detenido y una buena cantidad de mariguana. A los deshonestos servidores públicos (un hombre y una mujer) se les hizo fácil dejar ir al detenido previo pago de una cantidad de dinero y quedarse con la droga.
No contaban con que la Policía Municipal había incluido esa detención en los partes informativos que proporcionaban a la prensa, de tal manera que, al llegar el titular de la delegación el lunes, se percató de que un periódico anunciaba la detención de un presunto narcomenudista, y el agente del MP que estuvo de guardia reportó “sin novedad”.
Ese caso, ocurrido en la década de los noventas, fue el único en el que hubo sanción para los responsables. Y no porque la corrupción se haya extinguido en la PGR-Morelos, sino porque los funcionarios han sido muy cuidadosos para “cuadrar” jurídicamente los “bailes”.
Un claro ejemplo de ello fue la detención de un sujeto que decía llamarse José Belem Mendoza, quien viajaba en un vehículo blindado con seis armas y en compañía de un hombre y una mujer, hechos ocurridos en mayo del 2003.
Aunque era evidente que se trataba de un narcotraficante acompañado de su amante y de su guarura, y que se daba el delito de acopio de armas, un astuto abogado y un diligente MPF armaron todo para que quedara asentado que cada uno de ellos traía dos armas, reduciéndose el delito a simple portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Cuentan que en esa ocasión el detenido vociferaba: “¿dónde chingados está Agustín Montiel, bien que va a cobrar su mensualidad pero cuando se necesita no aparece?”
El juez federal Rubén Paulo Ruiz Pérez se “sacó de la manga” una resolución en la que ordenaba el “arraigo” de los tres acusados en un motel, de donde los dos hombres y la dama escaparon en un taxi, ante la complacencia de los agentes de la extinta AFI.
Años después se sabría que el detenido no era José Belem Mendoza sino nada menos que José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, pero no por investigaciones de la Policía, sino porque fue detenido nuevamente en el 2004, ahora en Jalisco, y él mismo contó, con una sonrisa burlona, cómo evadió la acción de la justicia en Morelos con el apoyo de la PGR.
En el 2006, la Policía estatal puso a disposición de la PGR-Morelos a unos sinaloenses que viajaban a bordo de una camioneta de lujo y que fueron perseguidos hasta Ocotepec, donde abandonaron el vehículo con varias armas largas. Salieron libres al concluir el término constitucional, y la explicación que dio a la prensa la entonces delegada, María del Carmen Archundia Escutia, fue de risa: si bien es cierto que los sujetos fueron detenidos a 10 metros de una camioneta con armas, no se pudo acreditar que ellos estuvieran en posesión de las mismas.
-¿Y qué explicación le dieron los sujetos para justificar que, siendo de Sinaloa, anduvieran en Cuernavaca?- cuestionamos a la funcionaria.
-No se lo preguntamos. El derecho al libre tránsito es una garantía constitucional- respondió entre tartamudeos.
Con el paso del tiempo se sabría que los detenidos eran sicarios de Arturo Beltrán Leyva, y que la reacción de la delegada era por simple supervivencia. Las fechas coinciden con la llegada a Morelos del llamado “jefe de jefes”, allá por el 2006.
Guillermo Fernández Urbán, abogado y empresario que se jacta de haber aportado recursos para la campaña del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Marco Adame Castillo, recientemente narró lo siguiente:
“Estábamos en la casa de Tito Sagahón con Javier López Sánchez, quien coordinaba la campaña de Marco Adame. Yo ya había dado varias cantidades de dinero para la campaña, pero ese día Javier nos dijo que no, que ya no aportáramos más recursos, porque acababa de llegar “el ingeniero” y que él se encargaría de proporcionar todo lo que hiciera falta hasta finalizar la campaña”.
Su declaración la hizo hace algunos meses frente a este columnista y la persona que nos presentó, en el restaurante “Ex Hacienda de Cortés”.
Entre muchas otras propiedades, Arturo Beltrán Leyva adquirió dos departamentos (con prestanombres, obviamente) en las recién inauguradas Torres Alltitude, donde vivía como cualquier ciudadano.
A escasos 500 metros estaba el restaurante “Los Cedros”, propiedad de Genaro García Luna, quien ayer fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Ah, por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el actual delegado de la PGR?
HASTA MAÑANA.
