El dolor de un padre que perdió a su hija le llevó a ir más allá de su deseo de justicia. Utilizando su poder económico, sus relaciones con altas esferas del poder y su acceso a los medios de comunicación, y ante la falta de investigación de las instancias de procuración y administración de justicia, se erigió en vengador justiciero. Tomó y ejerció la justicia por mano propia, contando con la anuencia de las autoridades y procedió a “investigar” y a detener personas. Tales acciones implicaron tortura y la fabricación de “pruebas”. Todo con el apoyo de quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.
Recientemente fue publicado en internet un documento oficial que da cuenta de los privilegios y recursos que gozó Gallo para sus “investigaciones”. Fechada en Cuernavaca, Morelos, el 21 de jullio de 2000, está dirigida al entonces coordinador general de la Policía Judicial del Estado, Camerino Román Bustamante (QPD) y está firmada por el comandante Víctor Hugo Valdez Ortiz, en ese tiempo coordinador operativo de la Policía Judicial en Morelos.
“Al tener conocimiento de uno de los presuntos responsables copartícipe de los hechos se encontraba en la Ciudad de Perote Veracruz, se hizo del superior conocimiento al Sr. Procurador de Justicia del Estado de Morelos Lic. Rogelio Sánchez Gatica para que por su conducto solicitara el apoyo de transportación aérea de la Policía Federal Preventiva para trasladarlos a esa localidad. [sic]
“Se nos hizo del conocimiento que el funcionario de la P.F.P. Ing. Genaro García nos apoyaría con la Aeronave con matrícula PF-203 habiendo comisionado al Cmdte. RUBEN SILVA acompañado de cinco elementos de la P.F.P. para custodiarlo. [sic]
“A las 20:00 hrs. del mismo día 20 de los corrientes, arribamos a la Ciudad de Veracruz en donde se encontraba el Cmdante. Emilio Gómez Sánchez, Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz quien nos otorgó las facilidades y apoyo para trasladarnos a cumplir nuestra comisión a la Ciudad de Perote Veracruz, siendo auxiliando por dos Helicópteros y dieciséis vehículos”, dice el reporte de quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca.
Enseguida viene toda una descripción de las “indagatorias” que con recursos públicos llevó a cabo el señor Gallo, incluso con facultades de dar órdenes a comandantes y elementos tanto de la Policía Judicial Federal como de la entonces Policía Federal Preventiva.
Al final señala: “Al tener resultados negativos sobre la búsqueda y detención de Rolando Gómez Corona y Jesús Rojas Álvarez, de nueva cuenta nos trasladamos a la Ciudad de Jalapa Veracruz para abordar la Aeronave para el regreso a nuestro estado de Morelos, arribando al aeropuerto de Tetlama Municipio de Temixco Morelos a las 00:30 hrs…” (sic).
Como puede verse, todo se hizo de manera irregular, al capricho del señor Gallo y con la anuencia de García Luna. No existe ningún oficio de colaboración, ni tampoco orden de cateo o de práctica de diligencia ministerial alguna. De la misma manera, tampoco acuerdo entre procuradurías o instituciones policiacas. No obstante, se dispone de un avión, dos Helicópteros y dieciséis vehículos, además de personal, quienes participaron en un operativo de gran envergadura sin ningún resultado.
Disponer de los recursos públicos de esta manera tan dispendiosa habla del gran poder de Eduardo Gallo y Tello, y del gran tráfico de influencias, pasando por encima del marco normativo.
Se puede apreciar además de que la detenida Luz Edith Bouchez Ake, al acompañar el operativo, no contaba con la presencia de su defensor de oficio. Si bien se señala que se buscaba localizar y detener a Rolando Gómez Corona, también es cierto que no se llevaba, o se presentó en autos, la orden respectiva de presentación, o aprehensión ni mucho menos de cateo.
Tal nivel de influencia e impunidad tenía, que Eduardo Gallo no tuvo empacho en contarlo así en su libro “Historia de un secuestro y de una sociedad corrupta”, donde narra lo que ocurrió entre el 9 y el 18 de jullio de 2000, cuando su hija Paola fue secuestrada y asesinada.
“La detención de este sujeto [Antonio Barragán] se realizó con apoyo de la Policía Judicial de Baja California, en el poblado de San Quintín (a 200 kilómetros al sur de Ensenada), a partir de la información que habíamos logrado reunir en Morelos, en el sentido de que este tipo estaba trabajando de jornalero campesino en esa zona y que, junto con algunos familiares, se había visto involucrado en el homicidio del vigilante de un rancho en esa zona.
“Con la información anterior me trasladé a Mexicali, en compañía de un policía ministerial de Morelos, a quien por cierto le tengo no sólo confianza, sino de quien me considero amigo (el cual además me lo ha demostrado lealtad, honestidad, voluntad de trabajo, disciplina, capacidad, y de quien he aprendido bastante en materia de investigación criminal), para entrevistarme con el entonces procurador de Justicia de la entidad, quien nos recibió con amabilidad y voluntad de ayudarnos, y así fue como un par de horas después ya teníamos el nombre del lugar donde se había sido asesinado al vigilante: Rancho ‘El Pedregoso’ [sic].
“A pesar de lo avanzado de la noche, nos trasladamos a Ensenada para entrevistarnos por la mañana con la subprocuradora regional, quien nos proporcionó información que, una vez analizada en detalle, nos permitió confirmar que estábamos en la línea de investigación correcta [sic].
“Durante varios días, y con el apoyo de la Policía Ministerial de Baja California, nos dedicamos a la búsqueda de Antonio Barragán Carrasco, alias ‘Arturo Rivera Policarpo’ y ‘Herminio Olea Mena’ [sic].
“Una semana después supimos dónde vivía y pudimos realizar la aprehensión cuando el sujeto llegaba de trabajar. Yo estuve platicando cerca de 4 horas con su esposa, en la puerta de su casa, sin que ella sospechara. La conversación versó sobre los temas de los desgraciados ricos, de las chingaderas del gobierno que tenemos y como éste hambrea al pueblo. Evidentemente esta mujer había recibido adoctrinamiento.” [sic]
A todo lo anterior, agregaremos un dato: a principios del 2010 arribó al Penal de Atlalcholoaya una camioneta Suburban con otra más como escolta. En su interior venía un alto funcionario del gobierno de Morelos, acompañado del señor Eduardo Gallo. Sin bajarse del vehículo pidieron hablar con un directivo del sistema penitenciario. Y ahí soltaron la oferta: “necesitamos encontrar a un interno que le dé piso al secuestrador de Paola Gallo”.
El directivo se comprometió a buscar a alguien que quisiera “aventarse el tiro” pero nunca hubo una respuesta concreta, así que no se llevó a cabo el trato.
HASTA EL LUNES.
