También los extesoreros son requeridos para que cubran las sanciones aplicadas por el TJA, que deben cumplirse aunque ya no estén en el cargo.

Las autoridades hacendarias locales pueden promover embargos o inmovilización de cuentas bancarias.

La Secretaría de Hacienda de Morelos comenzó a requerir a los ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales para que paguen las multas que les fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por el incumplimiento de sentencias y que no pagaron durante su gestión.

El magistrado del TJA, Jorge Alberto Estrada Cuevas, señaló que la terminación de sus trienios, no significa que puedan eludir su responsabilidad legal de cubrir de su peculio las multas que alcanzaron hasta las 100 unidades de medida y actualización (equivalente a 8 mil 449 pesos), pero que, en la medida en que persistió el incumplimiento, se fueron acumulando no sólo en número, sino en la cantidad de expedientes, en que no se ejecutó la sentencia por parte de las autoridades municipales responsables.

“Todos aquellos servidores públicos de los ayuntamientos que terminaron su ejercicio, entregaron a los nuevos cabildos, pero se quedaron con el problema de las multas que el tribunal les impuso. ¿Qué significa esto? Significa que no se quedaron exentos de la sanción que les impuso el tribunal, porque la Secretaría de Hacienda les está requiriendo en sus domicilios particulares el pago de las multas y para eso está acudiendo a sus domicilios y está trabando embargos, sobre bienes de esos servidores públicos y, en algunos casos, la Secretaría de Hacienda tendría la posibilidad de inmovilizar algunas cuentas (bancarias) de estas personas”, explicó.

Señaló que prácticamente los 33 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales recibieron multas del TJA por incumplimiento de las sentencias, principalmente relacionadas con indemnizaciones a elementos de seguridad pública destituidos que no fueron pagadas.

“Este es un llamado, porque si se piensa que se puede burlar el cumplimiento de las sentencias, es no es cierto, el brazo de la justica los va a alcanzar donde se encuentren ellos”, advirtió.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa, el tribunal tiene la facultad de aplicar diversas medidas de apremio para hacer cumplir sus sentencias, que van desde la amonestación, multa o arresto por 36 horas, hasta la destitución e inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos.

Recordó que ex funcionarios de Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Cuernavaca, si bien obtuvieron amparos para evitar su destitución, quedó firme la inhabilitación decretada por el tribunal para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como sanción al desacato judicial.

En los casos de ex integrantes de los cabildos de Cuautla y Puente de Ixtla, quedó firmé su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año. El caso de Tlaquiltenango la sanción quedó firme para la ex síndica municipal y un funcionario del área de recursos humanos. En el caso de Cuernavaca, la inhabilitación quedó firme en el caso de una ex regidora, quien promovió de manera extemporánea la revisión de la negativa de amparo por parte de un juez federal.