La Comisión Estatal de Seguridad emitió el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento, luego de que hace ocho meses fue asesinado por una turba en el municipio de Tetela del Volcán un ciudadano colombiano que presuntamente extorsionaba a comerciantes de la zona.

Según el protocolo emitido por la CES, es necesario garantizar la paz y la seguridad mediante estrategias de operación y administración policial profesionalizada y homologada, que otorgue a las instituciones de seguridad pública los elementos necesarios para combatir el delito, mediante la prevención y el mejoramiento de los procedimientos de actuación.

Justificó que, ante diversos hechos ocurridos en el estado, “es importante contar con un instrumento jurídico que genere las condiciones esenciales de actuación policial para el desarrollo de su función y, de ser el caso, logre la disuasión de algún sector de la sociedad que pretenda realizar un linchamiento”.

Detalló que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta septiembre de 2018, cuando menos 25 personas fueron privadas de la vida y 40 más fueron víctimas de intento de linchamiento, logrando ser rescatadas con diferente grado de lesiones.

En esta estadística, destacó el linchamiento ocurrido en el municipio de Tetela del Volcán el pasado 31 de julio de 2018, donde una turba de pobladores asesinó a un ciudadano colombiano que presuntamente intentaba extorsionar a pobladores.

Casi tres meses después, en la colonia Antonio Barona  del municipio de Cuernavaca, vecinos del lugar detuvieron a tres presuntos extorsionadores, pero elementos de seguridad de la CES intervinieron de manera oportuna para rescatarlos y ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público.

“Los linchamientos implican la probable comisión de hechos que la Ley señala como delito, lo que si bien pudiera a priori evidenciar la percepción de una falta de impartición de justicia, la vulneración de los derechos de los acusados y el tejido social cada vez más decidido a tomar la justicia por propia mano debido al hartazgo por la inseguridad, la ingobernabilidad y errores que llegan a presentarse dentro de las corporaciones de Seguridad Pública.

“No menos cierto es que resulta necesario generar conciencia entre los ciudadanos y los elementos de Seguridad Pública de las graves consecuencias de este delito, ya que los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que no se respeta la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes o incluso causar la muerte de personas”, recalcó el nuevo protocolo.

El protocolo prevé, en caso de linchamiento, el establecimiento de tres anillos de seguridad. El primero, para realizar presencia disuasiva y persuasión verbal, y coordinación con autoridades locales; el segundo, integrado por elementos policiales dotados de equipos antimotines, quienes podrán hacer uso de la fuerza no letal en caso de que no existan las condiciones que permitan establecer el diálogo, la entrega voluntaria de los retenidos y restablecer el orden público; y, el tercero, conformado con un mayor número de elementos policiales, quienes  estarán preparados para su intervención cuando la capacidad de los elementos del segundo anillo de seguridad sea rebasada.

También el protocolo recalcó que el tercer anillo, solo en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integren el conflicto o ajenas a ellas, los elementos policiales estarán facultados para intervenir con equipos especializados y armas de fuego en los términos que establecen los protocolos respectivos y la Ley para regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En todos los casos, los policías deberán de contar con el equipo adecuado para atender este tipo de situación y mantener la cadena de comunicación con autoridades locales, la Fiscalía General del Estado y los servicios médicos de emergencia.

Según el protocolo, expedido por el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, la emisión de este instrumento también responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para prevenir y atender este tipo de casos.