La SCJN ya declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo del enervante, prevista en la Ley General de Salud

Ante la negativa de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), consumidores de mariguana recurrieron ya a la vía del amparo para obtener autorización para el consumo lúdico del enervante.

Ricardo Altamirano Sánchez, abogado y especialista en el tema, señaló que varios consumidores de marihuana optaron por solicitar la protección de la justicia federal en virtud de que desde el 25 de febrero es obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo de marihuana, prevista en la Ley General de Salud.

“El amparo ya está en proceso, ya entraron en los juzgados de distrito en materia administrativa y es ahí donde se está litigando. Ya la autoridad ha rendido sus informes en las demandas que ya han sido aceptadas y ya corren los tiempos del debido proceso”, explicó, y señaló que más de una veintena de demandas ya están en tránsito en los juzgados federales de Morelos, y conforme la Cofepris responda negativamente las solicitudes de los usuarios, el número se incrementará.

Señaló que los amparos deberán resolverse relativamente rápido, en virtud de la jurisprudencia obligatoria de la SCJN en el tema.

Entre los consumidores que recurren a la vía legal destacan estudiantes (todos mayores de edad), profesionistas y hasta personas enfermas o de la tercera edad.

El abogado consideró que el tema de la despenalización completa del consumo, producción, comercialización y distribución de la marihuana debe ser retomado y debatido en el ámbito federal, porque debe ser una parte importante de la estrategia de seguridad y pacificación del país.

Recordó que la senadora con licencia y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para la despenalización de la marihuana, que todavía está sin discutir, pero también la SCJN emplazó desde el mes de febrero al Poder Legislativo federal para que en un plazo de 90 días, declare inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que penalizan el consumo de cannabis.