Al omitir convocar a la integración e instalación del órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura, la magistrada presidenta del TSJ incurre en violación a la ley: Arenas Ángeles.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, no descartó promover una denuncia penal contra la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante la negativa de convocar a la integración e instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que desde abril de 2018 debió ser instaurada en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Consideró falso el argumento de Cuevas López de que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instalar la junta, porque la reforma constitucional en vigor desde hace casi un año estableció con claridad la extinción de la Comisión Transitoria –que actualmente integran Carmen Cuevas y los magistrados Rubén Jasso y Miguel Ángel Falcón-, y la creación del nuevo órgano colegiado

Recordó que desde el 28 de enero, los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gambo Olea y él, entregaron a la presidencia del TSJ un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ, y que no se haya instalado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en franca violación a la ley.

“Si leemos el artículo séptimo transitorio del decreto 2611, publicado el 4 de abril de 2018, expresamente dice que quedó derogada la Comisión de Transición y es una grave omisión (no instalar la junta), porque al final quienes están viendo la disciplina y la vigilancia hasta han hecho nombramientos y han sancionado”.

“Entonces, para nosotros, quienes suscribimos este documento y, al parecer, se empiezan a sumar nuevos magistrados, no compartimos la idea de que siga funcionando un órgano que ya no existe, en donde las funciones que están realizando ya no tienen ningún sustento legal ni constitucional”, afirmó.  

A pregunta expresa sobre si procedería alguna acción legal ante la negativa de instalar dicha la junta, señaló que existe la posibilidad de que alguna persona afectada por las decisiones de la Comisión de Transición pudiera denunciar la ilegalidad en la que opera este órgano.

“Somos peritos en derecho, protestamos la Constitución y ser omisos es sancionable. Estas conductas pueden ser sancionables por quienes son afectados o, incluso, el foro de abogados, algún litigante, una persona que ha sido afectada por esta comisión, puede denunciar”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un deslinde, porque si no, nos constituimos en autoridades omisas y, al mismo tiempo, podemos terminar como responsables solidariamente de una conducta que pudiera ser sancionada penalmente”.

Tampoco descartó la posibilidad de iniciar, como magistrado, una denuncia penal, por el funcionamiento ilegal de la cuestionada comisión.  

“Es una posición que tenemos que valorar. De todos modos, la conducta ya se dio, o sea, esa es una realidad y en cualquier momento tendríamos que valorar esta posibilidad para poner en conocimiento de la autoridad penal esta situación”, expresó.