El morelense Víctor Miranda Guerrero es uno de los reos que salvaron la vida gracias a la orden ejecutiva firmada hace unos días por el gobernador demócrata, Gavin Newson, que otorgó indultos a los 737 reos que habían sido condenados a muerte en California, EEUU.

Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, celebró la decisión de Newson, quien no sólo frenó las ejecuciones, sino que busca también conmutar las penas y abolir la pena capital en ese estado de la Unión Americana.

Expresó que ese logro es producto de una larga lucha de organizaciones de migrantes y de derechos humanos que han apelado al apoyo del Senado y gobernadores de Estados Unidos y hasta del Papa Francisco para frenar las ejecuciones de mexicanos, para que se revisen legalmente sus expedientes y, en caso de resultar responsables, se les conmute la pena.

“Esa fue una lucha de organizaciones, impulsada por la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos. Ahora se va a pelear que sean revisados sus casos”, dijo, y explicó que la mayor parte de los migrantes mexicanos que fueron sentenciados a muerte no contaron con una defensa legal adecuada ni tuvieron asistencia consular, porque las autoridades norteamericanas no notificaron a sus homólogas mexicanas sobre las detenciones.

Expresó su beneplácito por el apoyo que manifestó a la causa el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien dio ya la orden a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intervenga a favor de los mexicanos presos en el vecino país, para que sus casos sean revisados y, de ser declarados inocentes, recuperen su libertad o, en caso contrario, se les aplique una pena distinta a la pena capital.

Informó que también sostuvieron una reunión con los senadores integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores para que se sumen a la defensa de los connacionales.

Por lo pronto, Víctor Miranda Guerrero, originario de Cuernavaca, y quien insiste en su inocencia, fue declarado responsable del delito de homicidio de una mujer y condenado a muerte. Cuando fue detenido tenía 20 años, y ha pasado la mitad de su vida preso en la prisión estatal de San Quintín, en California.

Otros 43 mexicanos que estaban en la antesala de la muerte también salvaron la vida por la orden ejecutiva del gobernador demócrata. Entre ellos, destacan la jalisciense Dora Buenrostro y el tijuanense Carlos Avena Guillén, también recluido en San Quintín, y cuyo caso ha sido relevante en el ámbito internacional, ya que la Corte Internacional de Justicia, la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, ordenó en 2004 a Estados Unidos revisar su caso y el de 50 mexicanos más condenados a muerte.