Padres de las víctimas se quejan de dilación en el proceso judicial que se les sigue a seis de los siete presuntos homicidas.

Los padres de los cuatro adolescentes asesinados en noviembre de 2016 denunciaron dilación en el proceso judicial que se les sigue a seis de los siete presuntos homicidas, y acusaron a la jueza Patricia Aguirre Galván de favorecer a los imputados, al permitir la reiterada postergación de la audiencia intermedia.

Frente a la ofrenda a víctimas instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, los padres de Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco expresaron su rabia e impotencia por no obtener justicia y no poder ver sentenciados a los acusados del cruel crimen de los adolescentes de 15, 16 y 17 años.

El representante legal de los padres de la víctimas, Alberto Laguardia López, explicó que desde julio de 2017 se presentó la imputación contra los presuntos responsables y, de acuerdo con la ley, durante los 40 días posteriores el juez debió realizar a la audiencia intermedia, que consiste en presentar pruebas ante el juzgador para determinar cuáles son admisibles o no para presentarlas en la audiencia final de juicio oral.

Sin embargo, dijo, ya transcurrió año y medio y la jueza Patricia Aguirre Galván ha diferido en ocho ocasiones la audiencia intermedia, a petición de abogados de los presuntos asesinos.

“Es evidente ya hasta estos momentos todo el apapacho, por así llamarlo, que las autoridades, que la juez de control, Patricia Galván, que es la responsable de la causa penal, les ha dado y les ha demostrado a los defensores (de los presuntos homicidas), consintiéndoles todo tipo de pretextos para poder diferir la audiencia, resultando que ahora nos damos cuenta que todo ese tiempo que se ha prolongado ha sido para beneficiarlos, en razón de que en esta última fecha pretenden ahora exhibir y presentar pruebas, cuando se les ha pasado en exceso el tiempo que marca la ley”, acusó.

También solicitó una audiencia con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, para exponer las irregularidades en el caso e iniciar una queja contra la juez.

El 1 de noviembre de 2016, Alejandro, Alberto, Melesio y Francisco, estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, festejaban el cumpleaños de uno de ellos y acudieron a una fiesta de Día de Muertos en la comunidad de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, pero no regresaron a casa.

Sus cuerpos fueron localizados un día después en el paraje conocido como “El Caracol”, en el municipio de Yautepec. De acuerdo con la FGE, las víctimas habrían tenido una riña con sus verdugos.

Inicialmente fueron detenidos y acusados siete sujetos por el delito de homicidio, pero uno obtuvo un amparo para la reclasificación del delito y enfrentar en libertad su proceso penal, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.