Se mantienen en prisión preventiva por los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo 

Sala Superior del TEPJF mandata resolver si procede o no suspender el procedimiento.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pronunciarse respecto a si procede o no suspender el procedimiento de remoción, instaurado en contra de tres de cinco consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales SUP-JDC-236/2021, promovido por la consejera Isabel Guadarrama y los consejeros Alfredo Arias y José Enrique Pérez Rodríguez, por unanimidad el Pleno de la Sala Superior determinó revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, para removerlos de sus cargos por supuesto incumplimiento de sus funciones.

Al igual que la otrora consejera presidente del Impepac, Ana Isabel León Trueba, quien fue depuesta en noviembre del 2020 por el Consejo General del INE, la consejera y los dos consejeros fueron denunciados por el Partido Social Demócrata por presuntas irregularidades y negligencias en el ejercicio del cargo, al no observar los plazos y términos para resolver sobre modificaciones estatutarias y por no registrar en tiempo a los titulares de los órganos directivos del partido.   

El pasado 13 de enero, la Sala Superior ordenó dar entrada a la denuncia y la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE determinó continuar con la remoción iniciada, a pesar de estar en curso el proceso electoral ordinario para la renovación de ayuntamientos y el Congreso local.

Quienes resultan afectados impugnaron la determinación y solicitaron la suspensión del procedimiento de remoción por representar un riesgo para el desarrollo de los comicios, ya que de los siete integrantes del Consejo Estatal del Impepac, solo estaban en funciones cinco consejeros, tras la remoción de León Trueba y el fallecimiento de la consejera América Preciado Bahena, además de que el consejero Alfredo Javier Arias Casas dio positivo al covid-19 y representaba un riesgo para los consejeros que estuvieron en contacto con él y un obstáculo para la defensa efectiva de sus derechos.

En sesión remota, el Pleno de la Sala Superior decidió revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, porque carece de atribuciones para pronunciarse sobre la remoción y es el Consejo el Consejo General del INE quien, debido a la trascendencia del asunto y el impacto en la integración del organismo público local electoral de frente a los comicios que se llevan a cabo en la entidad, debe tomar la decisión.

En consecuencia, ordenó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la sesión próxima a que se notifique la sentencia, emita de manera fundada y motivada la determinación de suspender o no el procedimiento de remoción instaurado contra los consejeros demandantes.

Denuncian amenazas durante el conflicto por el control del gobierno local.

El Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos pidió a las autoridades estatales generar las órdenes de protección, para garantizar la seguridad y proteger la integridad física de las mujeres indígenas políticas que han sido amenazadas y violentadas durante el conflicto por el control del gobierno local, que mantiene enfrentada y dividida a la población de municipio de Hueyapan.

A través de un comunicado, el observatorio, integrado por 36 organizaciones civiles y activistas, expresó su preocupación por la violencia ejercida en contra de mujeres de Hueyapan y la vulnerabilidad en que se encuentran ante el conflicto, ya que han sido agredidas y amenazadas públicamente.

En este contexto, exigió protección a la integridad de las mujeres políticas de todos los municipios indígenas, en particular a aquellas que hoy se ven involucradas, criticadas y violentadas.

Visibilizó, particularmente, los casos de violencia política contra la activista y promotora cultural Delia Ramírez Castellanos y la concejal Lilia González Cortés,  ambas originarias del municipio de Hueyapan, así como de otras mujeres cercanas a ellas y de sus familias, que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Por ello, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y exigió a las autoridades estatales que emitan órdenes de protección para evitar que escale la violencia en su contra; que no cese la presencia de las autoridades responsables de la seguridad pública y de mediar en el conflicto; y que exista voluntad política para investigar los actos de violenciay los ataques y acabar con la impunidad en este caso.

La iniciativa legal amplió las facultades de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma legislativa que amplió las facultades de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT), tras resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en el sexenio pasado.

Por mayoría de votos, el Pleno del tribunal constitucional declaró parcialmente procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 24/2017, por la cual el organismo estatal demandó la invalidez del decreto 1804, que reformó diversas disposiciones del decreto 191 por el que se crea el organismo descentralizado denominado “Comisión Estatal de Reservas Territoriales”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 16 de marzo de 2017.

Dicha acción fue promovida por el ex ombudsman estatal Jorge Arturo Olivares Brito a petición de más de 20 organizaciones civiles, que expresaron su oposición a la reforma impulsada por ex mandatario estatal Graco Ramírez y aprobada por la anterior legislatura, para ampliar las facultades de la CERT y permitir al titular del Poder Ejecutivo donar, enajenar y disponer de las reservas territoriales del estado sin autorización del Congreso local.

El Pleno de la SCJN resolvió sobreseer la reforma impugnada respecto del artículo 2, fracciones IV,V,VI, VIII Y IX, así como validar el artículo 4, fracciones V, VI, VII, VIII Y IX.

De acuerdo con la sentencia, la CDHEM planteó la defensa a un medio ambiente sano y alegó que la reforma impugnada permitía al Poder Ejecutivo crear reservas territoriales, en detrimento de las áreas ecológicas y naturales protegidas, y generaría un crecimiento urbano indiscriminado.

El argumento fue declarado infundado, ya que partió de una interpretación aislada y dejó de observar que existe un marco estatal regulatorio de desarrollo urbano, que prevé normas para un crecimiento urbanístico ordenado y de protección a las zonas ecológicas.

Además, se destacó que la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Morelos adopta una serie de mecanismos para hacer compatible el crecimiento urbano con el cuidado del medio ambiente.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que para que un sindicato pueda emplazar a huelga, por lo menos dos terceras partes de los trabajadores deben manifestar su aprobación.

La Segunda Sala de la SCJN determinó que no se vulneran ni la Constitución ni los convenios internacionales, al exigir como requisito para emplazar a huelga que dos terceras partes de los trabajadores avalen la decisión.

Al resolver el amparo en revisión 549/2020, recalcó que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,  establece que los trabajadores que consideren vulnerados sus derechos de manera general y sistemática podrán acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que califique si se cumplen los requisitos para emplazar a huelga de manera legal.

Resaltó que es requisito ineludible de procedencia para emplazar a huelga que se demuestre que las dos terceras partes de los trabajadores solicitan la declaración de la huelga, sin que con ello se vulneren los derechos de sindicación, huelga y representación.

Subrayó que si el derecho de huelga es de los trabajadores, es necesario que en su mayoría se manifiesten en el sentido de estar de acuerdo en emplazar a la dependencia, lo cual en ningún modo se contrapone ni con la Constitución ni los convenios internacionales

El Congreso local aprobó los decretos, pero no etiquetó recursos para cumplir con el pago de las jubilaciones, es el argumento.

El Poder Judicial del Estado de Morelos acumuló ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de diez controversias constitucionales, para impugnar los decretos de jubilación de sus trabajadores.

En los recursos de control constitucional, el Poder Judicial alegó que el Congreso local aprobó los decretos pensionarios, pero no etiquetó una partida financiera para cumplir con el pago de las jubilaciones.

Hasta ahora han sido admitidas por el tribunal constitucional las controversias 144/2020, 168/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 5/2021, 6/2021, 10/2021, 11/2021, 23/2021 y 24/2021, en contra de las pensiones de trabajadores judiciales aprobadas por los diputados.

Durante la administración anterior, la otrora magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, emprendió una escalada de controversias constitucionales para presionar al Congreso para etiquetar recursos para las pensiones, lo que finalmente obligó a la SCJN emitir un acuerdo el 25 de febrero de 2019, para obligar a los tres Poderes del Estado de Morelos a realizar ajustes presupuestales para cumplir con 116 las sentencias y realizar el pago de pensiones a igual número de trabajadores.

Ahora, el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, sigue la misma estrategia jurídica que su antecesora y, de acuerdo con fuente judiciales, serán impugnados todos los decretos pensionarios, al menos que los diputados los aprueben con su respectiva partida financiera.

Cuestionan labor de titular de la JLCA, Pascual Archundia.

Abogados laboralistas se quejaron del desempeño de Pascual Archundia Becerril como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la inexperiencia de la recién nombrada titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca), Ivonne Nava Ide.

Representantes de diferentes despachos especializados en litigación laboral, que convergen en el denominado Movimiento de Despachos Unidos, señalaron que ambos tribunales laborales aún antes de la pandemia por covid-19 mostraban ineficiencia en el desahogo de los procedimientos y la emisión de laudos, pero con la contingencia sanitaria el rezago aumentó, ante la falta estrategias y modernización de las instituciones que imparten justicia laboral.

Los litigantes laboralistas expresaron su preocupación por la falta de interés de quienes dirigen los tribunales en la materia para sacar adelante los procesos en curso, ante la incertidumbre que prevalece frente al semáforo epidemiológico.  

“Esta pandemia ha evidenciado que en muchas ocasiones no se cuenta con el uso de tecnología necesaria, entonces ¿qué va a pasar si el día de mañana vuelven a cerrar? La sociedad, los patrones y los abogados ya estamos cansados”, dijo Gibrán Humberto Cisneros, presidente de la Asamblea de Abogados Laboralistas, quien informó que esta situación fue informada a la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, mediante la entrega de un documento, en el que los litigantes laborales también solicitaron una reunión con la funcionaria.

Otro punto ventilado y criticado por los abogados, fue la designación de Ivonne Nava Ide para estar al frente del Teca, porque consideraron que es inexperta y no cubre los requisitos legales para estar al frente de este tribunal ya que nunca ha ejercido ni la función pública ni ha litigado en materia burocrática laboral.

Por ello, pidieron a Rodríguez González una reunión para establecer una mesa de trabajo para dialogar y debatir sobre los retos que enfrenta la justicia laboral, que incluye abordar el tema de la titular del Teca y la posibilidad de que sea relevada, mediante la emisión de una convocatoria para designar a una nueva persona titular.

La solicitud fue realizada desde hace más un año por un grupo de magistrados del TSJ ante la opacidad en el manejo de los recursos por parte de la ex magistrada presidenta del Poder Judicial.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ignoró la petición realizada hace más un año por un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para fiscalizar los recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Morelos, ante la opacidad en el manejo de los recursos por parte de la ex magistrada presidente, Carmen Cuevas López.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Unión de Morelos, el 27 de enero de 2020, las magistradas y los magistrados Bertha Leticia Rendón Montealegre, Nadia Luz María Lara Sánchez, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Norberto Calderón Ocampo, Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Luis Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto y Rocío Bahena Ortiz (quien ya culminó su periodo) presentaron un oficio detallado a la ESAF.

En el documento, el grupo de juzgadores urgió la intervención del órgano fiscalizador, debido a que, desde el 2013, fecha en que se expidió la Ley que Regula el Fondo Auxiliar, no se aplicó ninguna auditoría.

Es decir, alertaron entonces los magistrados y las magistradas, que durante siete años el Fondo Auxiliar permaneció exento de revisiones de parte del órgano fiscalizador, y que durante la gestión de Cuevas López hubo completa opacidad en el manejo de los recursos.

Hace un año, el Fondo Auxiliar contaba con 87 millones 119 mil 199 pesos 70 centavos, de los cuales 83 millones 574 mil 246 pesos con 89 centavos eran recursos ajenos, y  tres millones 544 mil 952 pesos con 81 centavos eran recursos propios, generados por los  intereses de las inversiones de los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales judiciales (provenientes de recursos ajenos), multas, entre otros.

Para los magistrados y las magistradas, que formaban el bloque disidente, era necesario aplicar una auditoría al Fondo Auxiliar ante la negativa de Cuevas López de transparentar su manejo financiero.

Y es que nunca reportó con qué institución bancaria la Comisión Transitoria y luego la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituyeron al Consejo de la Judicatura) celebró contrato para el manejo de los recursos del Fondo Auxiliar y si dicha institución financiera era la que ofrecía mejores condiciones e intereses.

Tampoco se informó el monto exacto de los intereses generados y si la aplicación de estos recursos se hizo adecuadamente y conforme a lo dispone la ley que regula el fondo.

Derivado de lo anterior, hace trece meses solicitaron a la ESAF que aplicara una auditoría al fondo porque “consideramos de mayor gravedad, lo conducente al monto recaudado por intereses generados por las inversiones de los depósitos en dinero o valores” y “dicho fondo auxiliar no ha sido fiscalizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos” desde 2013.

Sin embargo, después de un año ninguno de las magistradas y los magistrados firmantes recibió respuesta de la ESAF.

De acuerdo con declaraciones recientes del actual magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, la ESAF iniciará una auditoría a partir de que se detectó un probable desvío de casi 85 millones de pesos del fondo, de los cuales 60 millones de pesos presuntamente habían sido usados para el pago de aguinaldos de 2019 de los trabajadores del Poder Judicial, pese a que era un rubro presupuestado.

Se busca acatar garantías de grupos vulnerables.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estará obligado a aplicar al menos cuatro acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, para garantizar que tengan acceso a las postulaciones en las diputaciones federales.

Al resolver el recurso SUP-RAP-47/2021 y sus acumulados, la Sala Superior del TEPJF determinó que para respetar y proteger el derecho de las personas que forman parte de alguna de las categorías como discapacidad, raza, color, idioma, identidad cultural, origen étnico; sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, identidad y expresión de género, el INE deberá cuatro formas para contabilizar las acciones afirmativas.

La sentencia derivó de la consulta que realizó el PAN al Consejo General del INE sobre cómo se haría la contabilización de dichas acciones ante el supuesto de que una persona o una fórmula esté en dos o varias condiciones, por ejemplo, si se es indígena y discapacitado a la vez.

La respuesta del INE fue que, para cumplir con las acciones afirmativas, las personas que se ubiquen en más de un grupo en situación de vulnerabilidad serán reconocidas en cada uno de ellos.  

Además, la exigencia de las medidas está planteada para la postulación de fórmulas, es decir, sólo si la fórmula completa se ubica en la categoría será contabilizada, lo mismo ocurrirá si ambas personas se ubican en dos o más categorías. Aunque cuando sólo una de las personas pertenezca a más categorías no será contabilizada para acreditar las cuotas. Ante esta repuesta, el PAN y Morena promovieron recursos de apelación en contra del acuerdo.

En su resolución, la Sala Superior estableció cuatro formas en las que deberán contabilizarse las acciones afirmativas: 1) Postulación por fórmula; 2) Concurrencia; 3) Fórmulas que no corresponden a las medidas afirmativas; 4) Paridad.

En el primer caso, las acciones afirmativas se deberán computar por fórmula y no por persona; en el segundo, los partidos y coaliciones podrán postular a personas que coincidan en más de una categoría, es decir, si se va a postular a una persona indígena con discapacidad, esta persona y el partido definirán si la fórmula se coloca para personas indígenas o con discapacidad; además de respetar el principio de paridad.

 En la tercera forma, cuando los partidos coloquen como titulares o suplentes de la fórmula a personas que formen parte de grupos en situación de exclusión, discriminación o subrrepresentación, no se contabilizará para acreditar medidas afirmativas. La cuarta forma es para que se cumpla con la paridad.

Está en vigor la Ley de asociaciones público-privadas para el Estado de Morelos y sus municipios.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas para del Estado de Morelos y sus Municipios, propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con el decreto publicado en el órgano oficial, la nueva legislación tiene como propósito establecer y regular los proyectos de inversión para la prestación de servicios en el estado y sus municipios como esquemas de asociación, para facilitar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura pública y la provisión de servicios públicos, en áreas en las que cuenta con mayor experiencia o disponibilidad de recursos.

También adecua el marco jurídico para posibilitar las asociaciones público-privadas en proyectos que permitan el desarrollo de corredores carreteros estatales, centrales de autobuses y transporte público, entre otros.

Los proyectos de asociación público privada regulados por en la ley, son definidos como aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado.

Se consideran también proyectos de asociación público privada los esquemas de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación tecnológica.

En este último caso, los entes optarán por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científico-tecnológicas públicas del estado de Morelos. A estos esquemas de asociación público privada se les aplicarán los principios que señala la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, relacionados con la investigación.

Sin embargo, en todos los casos queda prohibido que el ente o dependencias vinculadas a estos proyectos, contratar deuda con instituciones financieras públicas, así como instituciones financieras privadas para cumplir con las obligaciones destinadas a cubrir los pagos multianuales contenidos en los contratos de asociaciones público privadas y fideicomisos derivados de la nueva ley.

Con la vigencia de la legislación, el Poder Ejecutivo estatal tendrá un plazo de tres meses para elaborar el reglamento. En tanto, el Congreso local, dentro de los próximos 180 días, deberá realizar las reformas a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

La reforma contempla un servicio de defensoría pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, una renovación de la carrera judicial, el impulso a la paridad de género y la creación de tribunales de apelación.

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entró en vigor la reforma al Poder Judicial de la Federación,  la cual fue calificada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como la más trascendente desde hace más de dos décadas.

“Hoy aparece publicada en Diario Oficial de la Federación la #ReformaJudicial más trascendente desde 1994. Iniciamos una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación para servir de mejor manera al pueblo de México. Gracias de nuevo al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales”, dijo presidente de la SCJN.

La reforma contempla un servicio de defensoría pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, una renovación de la carrera judicial, el impulso a la paridad de género y la creación de tribunales de apelación.

También establece la atribución de “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados”.

Además, será obligatoria la aplicación de “la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción”.

El Poder Judicial también emplea sistema de citas para la presentación de demandas y el acceso a inmuebles y sedes judiciales.

Del octubre a la fecha, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó más de 300 audiencias vía remota en primera y segunda instancia en materia penal, con la finalidad de dar fluidez a la administración de justicia mediante el uso de herramientas digitales, en tanto las autoridades sanitarias determinan el cambio de color del semáforo epidemiológico y el retorno gradual a la “nueva normalidad”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en cuatro meses jueces y magistrados desahogaron 314 audiencias telemáticas en el sistema acusatorio adversarial, de las cuales 195 correspondieron a primera instancia y 119  a segunda instancia.

El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, explicó que con recursos propios del Poder Judicial se fortalecieron las actividades jurisdiccionales durante la pandemia del covid-19, lo cual permitió generar diversas herramientas electrónicas para beneficio de los justiciables.

Recalcó que el desarrollo de las audiencias remotas tiene sustento legal en los artículos 44, 47 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, que norman el uso de medios tecnológicos para desahogar en tiempo real diligencias judiciales.

Recordó que el TSJ también hace uso de otras herramientas electrónicas, como el sistema de citas para la presentación de demandas y EL acceso a inmuebles y sedes judiciales; el sistema electrónico de autoconsulta de expedientes; la práctica de notificaciones electrónicas en los procedimientos judiciales y administrativos que se desahogan en el Poder Judicial y la implementación de listas digitales con código de respuesta rápida en QR en sustitución de las listas físicas.

La empresa Dumago Systems deberá responder por los daños ocasionados al erario federal junto con cinco funcionarios.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción impuesta a la empresa Dumago Systems, por haber recibido indebidamente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) más de 33 millones de pesos, dentro de la trama de operaciones ilegales conocida como “Las Estafa Maestra”.

Por unanimidad, el Pleno del TFJA ratificó la sanción impuesta por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) a la empresa, que deberá responder de manera mancomunada y solidaria por los daños ocasionados al erario federal junto con cinco funcionarios.

Es decir, el consorcio Dumago Systems, que se dedicaba al comercio al por menor de computadoras y fue contratada para la distribución de despensas, deberá de resarcir el daño junto con Humberto René Islas Cortés y Enrique Prado Ordóñez, quienes en 2013 –cuando se desarrolló el entramado financiero- se desempeñaban como director de Recursos Materiales y ex director de Adquisiciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez; el ex apoderado legal Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y el ex director de Proyectos Especiales de la misma casa de estudios, Wistano Luis Orozco García.

En el proyecto de sentencia expuesto por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas se estableció que este caso está vinculado al esquema de operaciones irregularidades conocido como “La Estafa Maestra]”, donde la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, contrató servicios con universidades estatales, aprovechando que a las instituciones educativas  de nivel superior no se les aplicaban las reglas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, en este entramado financiero las universidades, para cumplir con las obligaciones pactadas, indebidamente subcontrataron a terceras empresas, quienes prestaban servicios peculiarmente de forma rápida, con fechas de entrega contradictorias, sin evidencia del cumplimiento de los servicios y que, una vez que se les pagaba, desparecían.

En la sentencia, se estableció que “la ASF consideró que la actora (Dumago Systems) también causó daño a la hacienda pública federal al haber figurado como la empresa que supuestamente proveyó los servicios pactados entre la Universidad del Estado de Morelos y la Sedesol, cuando en los hechos la demandante nunca demostró que hubiera proporcionado dichos servicios. En cambio, quedó acreditado que la universidad (UAEM) le pagó injustificadamente más de 33 millones de pesos por servicios irregulares”.

El concurso se desahogará en tres días.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) lanzó una licitación exprés para la contratación de quien se hará cargo de instalar y operar el Programa de Resultados Preliminares (PREP) en la víspera de los comicios.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicada la convocatoria de la licitación pública número IMPEPAC/LP/001/2021, para el diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación, documentación y operación del sistema de información para recibir los resultados preliminares de la elección de diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que tendrá verificativo el día 6 de junio de 2021.

De acuerdo con el documento, la licitación exprés se desahogará en tres días. El plazo máximo para adquirir las bases y participar en la junta de aclaraciones será el 17 de marzo. El día 18 de marzo se desahogará la primera y la segunda etapa del proceso de licitación, y el 19 de marzo, a las 18:00 horas, el Impepac dará a conocer el fallo.

Según estimaciones de las autoridades electorales, los comicios del próximo 6 de junio serán atípicos, ya que estarán en competencia 238 cargos en los ayuntamientos y se calcula que podrían participar en la contienda casi 12 mil aspirantes propietarios y suplentes independientes y 23 partidos políticos. Además, se disputarán 20 diputaciones con alrededor de 900 aspirantes.

La mayor parte de los comités son presididos por varones.

Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplir con la paridad en las presidencias de los comités municipales, ante un “trato diferenciado” a las mujeres.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales TEEM/JDC/68/2020-2, promovido por la ciudadana Áurea del Mar Bárcenas Toledo, quien reclamó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor la disparidad en la asignación de las dirigencias municipales, ya que la mayor parte de los comités son presididos por varones. Sin embargo, el órgano priista desestimó su queja.

La resolución fue recurrida ante el TEEM que, por unanimidad, determinó que “la comisión responsable no analizó el agravio principal de la actora, sobre la paridad en la designación de las presidencias de los comités municipales, vulnerando con ello el principio de exhaustividad.

“Este tribunal consideró fundado el agravio de la actora porque, de acuerdo con el mandato de paridad de género contemplado en la Constitución y la reciente reforma denominada ‘paridad en todo’, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar que las mujeres accedan a los cargos al interior de los partidos de manera igualitaria”.

El tribunal detalló que solo ocho de los 35 comités municipales del PRI en Morelos están dirigidos por mujeres, lo que refleja un “trato diferenciado”. En consecuencia, ordenó al CDE del PRI revocar las designaciones en las presidencias de los comités municipales y realizar los nombramientos de manera paritaria.

Juez de distrito otorga suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas.

Un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva a Jorge Alberto Estrada Cuevas para ser reinstalado como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y evitar que el Congreso designe a su sucesor.

De acuerdo con el juicio de amparo 1102/2020, promovido por Estrada Cuevas, el Juzgado Sexto de Distrito concedió la medida cautelar para efecto de que no se ejecute el acuerdo del Pleno del TJA PTJA/013/2020, emitido el 26 de noviembre de 2020, por el cual se realizó su separación del cargo y se dio su baja como integrante del tribunal por la terminación de su periodo.

En consecuencia, ordenó su reincorporación al cargo de magistrado y titular de la Tercera Sala del TJA, con efectos al 26 de noviembre pasado, que incluyó la reintegración de sus prestaciones y emolumentos correspondientes a los últimos tres meses.

Además, ordenó al Congreso local que, “sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido para la designación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar a la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al magistrado respectivo”.

La medida cautelar prevalecerá hasta el juez de distrito emita la sentencia respectiva sobre el juicio de amparo promovido por Estrada Cuevas, quien en su demanda de garantías  argumentó que fungió como magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora del TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

Aspira a una diputación local.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nadia Luz Lara Chávez solicitó licencia temporal a su cargo, para buscar ser candidata a una diputación local.

En sesión de Pleno del TSJ se atendió la solicitud de licencia temporal sin goce de sueldo de la magistrada, quien no estuvo presente en la sesión, debido a que se encuentra de luto por fallecimiento de su madre, el pasado martes.

Con fundamento en el artículo 29, fracciones XIV y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que faculta al Pleno del TSJ para conceder licencia al presidente, a los magistrados y a los funcionarios judiciales, así como determinar adscripciones, se dio cuenta de la solicitud de licencia de Lara Chávez, la cual fue aprobada por unanimidad por sus homólogos.

La magistrada Lara Chávez, quien fue presidente del TSJ y candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de Morelos (PVEM) en el proceso electoral de 2018 -en el que finalmente declinó en favor del otrora candidato a gobernador por el PRD, Rodrigo Gayosso- aspira a competir por un escaño en el Congreso de Morelos por el partido Fuerza por México.

Inicialmente la solicitud de licencia fue por 30 días, con la posibilidad de renovarla hasta completar 90 días, sin embargo, por conducto del magistrado, Jorge Gamboa Olea, la magistrada pidió modificar su escrito inicial para solicitar licencia sin goce de sueldo solo por un mes.

Ya transcurrieron dos meses desde que formuló la petición la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Después de dos meses, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia remitió a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos la solicitud de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que el 22 de diciembre formalizó la petición de suspender del cargo e investigar al juez de control Daniel Rodríguez Apac, quien enfrenta un proceso penal por homicidio culposo.

Fue hasta ayer que en sesión de Pleno del TSJ, el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz informó del escrito del 22 de diciembre de 2020 presentado por la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, para que “se dé intervención a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para que inicie la investigación sobre la conducta del juez de primera instancia, de control y juicio oral, licenciado Daniel Rodríguez Apac”, para que se acuerde lo conducente.

El magistrado presidente detalló a los miembros del Pleno que, por el momento, Rodríguez Apac dejó de ser juez de control  para ser cambiado de adscripción como juzgador del sistema tradicional civil, en virtud de que enfrenta varias recusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Por unanimidad, los integrantes del Pleno, aprobaron el acuerdo por el cual se remitió el escrito de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, para que analice el caso.

El magistrado Juan Emilio Elizalde exhortó a los integrantes de la Junta de Vigilancia a atender este tipo de asuntos con mayor prontitud

“Esperemos que no sobrevengan casos similares como en el que lamentablemente se ve inmiscuido un integrante de este tribunal. Obviamente (es necesario) tener un poquito de mejor capacidad de respuesta, para efecto de no tener que llegar a este punto de que de otras instancias nos están solicitando, porque creo yo que se debió atender con prontitud y con efectos que lastimen lo menos a la sociedad y a la institución”, exhortó.

También el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles solicitó que la Junta de Administración informe al Pleno sobre las acciones que realice en torno al tema.

El magistrado presidente Rubén Jasso Díaz recordó que el caso data desde hace tres años, pero se comprometió a informar oportunamente los que se resuelva sobre el caso.  

Carlos Iván Arenas advierte posible conflicto en la Barra de Abogados.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, lamentó las declaraciones de Miguel Ángel Rosete Flores, líder de una de las facciones de la Barra de Abogados, e insistió en que los nombramientos y periodos de los magistrados son totalmente legales.

Indicó que efectivamente los magistrados ya no fueron evaluados y ratificados por el Congreso, en virtud de que este proceso fue eliminado de la norma constitucional y se estableció un periodo único de 14 años, que fue validado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los actuales magistrados ya no fueron evaluados porque así lo dispone la Constitución desde el año 2017. Las aseveraciones del licenciado Miguel Ángel Rosete son contrarias a lo que establece el derecho vigente. Por lo tanto, lo podemos calificar como de un profundo desconocimiento de lo que marca la propia Constitución”, señaló.

Recalcó que no hay ninguna polémica y el asunto de los nombramientos y el periodo de los magistrados quedó totalmente resuelto por parte de la SCJN, pero “esta distorsión que él está dando no tiene ningún fundamento y ningún sustento, yo no sé quién le vendió la idea a él de dar una opinión contraria a lo que establece el texto de la Constitución, desconozco si tiene un interés político o de qué naturaleza sea su posicionamiento”.

Incluso, el magistrado, quien también pertenece a la Barra de Abogados, señaló que Rosete Flores tendrá que aclarar si su postura fue a título personal o como representante de la Barra, porque hay inconformidad entre los barristas por sus declaraciones.

“Yo me comuniqué con varios integrantes, porque yo formo parte de la Barra de Abogados, y no consultó a la Barra de Abogados, tengo entendido y lo tengo expreso en un whastapp, donde se reunieron los ex presidentes de la Barra de Abogados y le piden que se disculpe públicamente Miguel Ángel Rosete porque no tiene ningún sustento legal lo que hizo”, explicó.

Indicó que será el litigante quien tenga que hacer aclaraciones y enfrentar las consecuencias, en virtud de que podría generarse en la organización barrista un conflicto, del cual, dijo, se mantendrá al margen.

Fue ilegal su reubicación en cárceles distritales de Cuautla y Jojutla, establece.

Un juez de control determinó que fue ilegal la reubicación de un grupo de internas del penal femenil de Atlacholoaya a las  cárceles distritales de Cuautla y Jojutla.

En audiencia de ratificación de traslado involuntario, el juez escuchó a las partes y concluyó que no fueron sólidos los argumentos de la Coordinación de Reinserción Social para justificar el traslado involuntario de 77 mujeres privadas de su libertad, el pasado fin de semana.

De acuerdo con la autoridad penitenciaria, la reubicación temporal del grupo de mujeres a las cárceles distritales fue para terminar con los trabajos de remodelación en algunas áreas del penal de Atlacholoaya y evitar un riesgo sanitario.

Sin embargo, el juez de control determinó que no quedó debidamente demostrado el riesgo para justificar el traslado involuntario, puesto que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los supuestos de excepción a los traslados.

En consecuencia, el juez fijó un plazo de tres días para el retorno de 67 mujeres al penal femenil. Solo diez de las 77 internas, manifestaron su conformidad con la reubicación y quedaron excluidas del fallo judicial.

Un hombre murió baleado previo a la incursión violenta de pobladores en el palacio municipal.

La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre, lo que presuntamente habría sido la causa por la que un supuesto grupo de pobladores del municipio de Huitzilac incendió las instalaciones de la presidencia municipal y causo daño a un vehículo oficial.

A través de un comunicado, la institución informó que la madrugada de este martes se reportó un vehículo baleado sobre la carretera federal Cuernavaca-México, a la altura del poblado de Fierro del Toro, pero sin nadie al interior.

Tras el incidente, un grupo supuesto pobladores llegó a la presidencia municipal, lanzó piedras y roció con gasolina la fachada, para después prenderle fuego. También vandalizó y quemó un vehículo oficial del DIF.

Alrededor de las 8:00 horas, hubo una llamada de auxilio médico en un domicilio del poblado de Tres Marías, donde un hombre, identificado como Javier “N”, de 51 años, perdió la vida como consecuencia de una herida por arma de fuego.

La fiscalía indicó que se estableció colaboración con autoridades de la Ciudad de México, para esclarecer los hechos, ya que no existe certeza sobre si el deceso del hombre se debió a un enfrentamiento entre criminales o con fuerzas del orden, como trascendió en una primera versión.

“Las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos, establecieron la coordinación institucional con el Batallón de la Guardia Nacional destacamentado en el Poblado de San Miguel, perteneciente a la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

 “Adicionalmente, se realizará la coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para establecer si se trató de algún enfrentamiento entre fuerzas del orden con algún grupo delictivo o bien se trató de agresiones entre grupos antagónicos y será en las próximas horas cuando concluyan las periciales, iniciándose al momento la carpeta de investigación correspondiente”, indicó.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de presuntos criminales viajaba en un auto sobre la carretera federal Cuernavaca-México y, al toparse con un convoy de la Guardia Nacional, habría ocurrido un enfrentamiento. Presuntamente, este hecho motivó el ataque a las instalaciones de la alcaldía de Huitzilac.

Hay 52 detenidos.

Un juez de control concedió la ampliación del plazo para el cierre de investigación del caso de 52 personas, que fueron aprehendidas tras realizar una violenta manifestación a las afueras de Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) para exigir la liberación de un grupo de los llamados “tomacasetas”.

De acuerdo con información oficial, el Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión solicitó más tiempo para concluir con la investigación complementaria, en virtud de que todavía falta extraer la información de 21 equipos celulares que fueron asegurados a los imputados durante su detención el pasado mes de octubre.

El juez de control otorgó a la fiscalía dos meses más para el cierre de investigación, dentro de la causa penal JC/1216/2020 que se sigue en contra de 54 personas, que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por el presunto delito de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que, de forma extraordinaria y por el número de imputados, esta diligencia se desahogó en el Salón de Plenos del TSJ, con las medidas de seguridad e higiene necesarias para salvaguardar la salud de todos los intervinientes en la audiencia.

La noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de personas se manifestó afuera de las instalaciones de la UECS, bloqueó el acceso al inmueble y a la autopista Cuernavaca-México, agredió a policías y dañó varias patrullas de la policía estatal, para exigir la liberación de las 78 personas detenidas la tarde del 20 de octubre, que mantenían tomada la caseta de peaje de Alpuyeca, exigían dinero a los automovilistas y tenían secuestrados a tres choferes y varios autobuses de transporte de pasajeros.

Eréndira Jaime Jiménez toma el lugar que deja Katia Vargas Robles, separada de su cargo hace unos días.

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos designó a una nueva juez, en sustitución de Katia Vargas Robles, quien fue separada del cargo luego de ser descubierta paseando en un destino de playa en horario laboral.

De manera temporal e interina le fue tomada la protesta a Eréndira Jaime Jiménez como juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), quien de inmediato inició sus funciones.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Rubén Jasso Díaz, reconoció la carrera judicial y trayectoria de la nueva juez, a quien exhortó a ejercer su labor jurisdiccional con total probidad, honorabilidad y apego a la legalidad.

Derivado de que el TSJ reactivó sus actividades administrativas y en juzgados solo con el 30 por ciento de su personal de manera presencial, y el 70 por ciento restante en la modalidad home office (en sus domicilios), la Junta de Administración implementó, a través de la Visitaduría, un monitoreo de las actividades de los funcionarios y empleados, con la finalidad de verificar que realicen sus funciones conforme a su horario laboral.

 Los movimientos continuarán: CES

El 30 por ciento del personal labora en modalidad presencial.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina mantiene bajo observación a funcionarios y empleados judiciales, para constatar que  cumplan con sus jornadas laborales en la modalidad de  “home office” o presencial.

Luego de que una juez menor civil y mercantil del Primer Distrito Judicial, que debía estar en funciones, fue sorprendida vacacionando en un destino de playa, señaló que corrieron falsos rumores de que presuntamente otros miembros del personal judicial se habrían ausentado de sus laborales, “pero afortunadamente con algunos tenemos la posibilidad de llamarles al momento y comparecen para demostrar lo que están diciendo (sobre abandono laboral)”.

Indicó que la juez presentó su renuncia al cargo y la Junta de Administración dio por cerrado el caso, pero a través de la Visitaduría se implementaron acciones para constatar que todos los funcionarios judiciales y trabajadores cumplan con su horario laboral, ya sea en home office (en sus domicilios) o en las oficinas administrativas y juzgados.

“Estamos al pendiente de esta situación, incluso nuestra Visitaduría acude a los lugares para saber quién está en juzgado, quién está en casa trabajando”, dijo al señalar que se ha corroborado que todo el personal realiza sus labores desde los lugares asignados y el asunto de la ahora ex juez es el único caso.

El pasado 15 de febrero, al cambiar el color del semáforo epidemiológico de rojo naranja, el TSJ reactivó actividades con el 30 por ciento de su personal en modalidad presencial y el 70 por ciento con labores desde sus domicilios, como lo marcan los protocolos sanitarios.

Nuevo intento del Poder Judicial para reclamar legalmente el 4.7% del presupuesto estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su autonomía financiera e impugnar el presupuesto que le fue asignado por el Congreso local para el ejercicio 2021. 

Esta vez el recurso de control constitucional 15/2021 fue promovido conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ostenta la representación del Poder Judicial estatal, y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien en ocasiones anteriores intentó por su cuenta impugnar el presupuesto asignado.  

De acuerdo con la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos 2021, al Poder Judicial le fue asignado un monto de 549 millones 34 mil pesos (equivalente al 2 por ciento del presupuesto estatal), de los cuales 449 millones 34 mil pesos fueron etiquetados la operatividad del TSJ; 75 millones para pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos que enfrenta este tribunal y 25 millones de pesos para el TUJA.

Sin embargo, ambos tribunales reclamaron ante la SCJN que el presupuesto asignado no solo fue insuficiente, sino que no corresponde al del 4.7% del presupuesto programable estatal, cuyo porcentaje fue establecido en la Constitución local al otorgar autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos.

El nuevo recurso fue promovido luego de que, el pasado 26 de noviembre de 2020, la SCJN invalidó el Presupuesto de Egreso del Estado de Morelos 2020 y, en consecuencia, sobreseyó la controversia constitucional 42/202 interpuesta por el Poder Judicial para reclamar la modificación a su proyecto de presupuesto y la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable.

La fiscalía necesita diez meses para realizar exámenes al 40 por ciento de los agentes que requieren el trámite, pero el plazo del gobierno federal vence a finales de marzo.

En los próximos diez meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo aplicará el examen de control de confianza al 40 por ciento de los mil 358 policías municipales que todavía carecen del Certificado Único Policial (CUP). En tanto, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aún no tiene respuesta del gobierno federal sobre la petición de prórroga, ya que el plazo para que los elementos obtengan su certificación, como requisito obligatorio de permanencia, vence el 31 de marzo próximo.

La FGE informó que el personal del C-3, área responsable de la aplicación de los exámenes de control y confianza, convocó y sostuvo una reunión con los representantes de los ayuntamientos para programar la aplicación de las pruebas durante el periodo marzo-diciembre, en virtud de que los municipios no habían solicitado las evaluaciones para sus elementos.

De acuerdo con la fiscalía, durante los próximos diez meses aplicará mil 149 exámenes de control y confianza que se cubrirán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de los cuales 584 serán aplicados a elementos en activo de los distintos municipios, 408 a oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad y 157 a custodios del sistema estatal penitenciario.

Recordó que el Artículo 40 inciso XV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los elementos policiales deberán someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.

Según las estadísticas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de los dos mil 238 policías municipales, mil 358 no cuentan con CUP, lo que significa que el 60.7% de los elementos estarían en riesgo de ser dados de baja.

Esto significa que, si la FGE en el 2021 solo aplicará  exámenes de control de confianza (requisito indispensable para obtener el CUP) a 548 elementos municipales (40%), quedarían sin evaluación 810 elementos (60%).

Pero la presión hacia los ayuntamientos y los elementos municipales no certificados aumenta, debido a que, a poco más de un mes de que fenezca el plazo para que los policías cuenten con su CUP, el gobierno federal no responde a la petición de prórroga de la CES.

De acuerdo con la normativa en materia de seguridad pública, al 31 de marzo todos los elementos de seguridad en el estado deberán de contar con la certificación, de lo contrario, procedería la baja.

El organismo promueve ante la SCJN nueva acción de inconstitucionalidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad para impugnar el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad, aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con los estrados electrónicos, recientemente el organismo local promovió la acción de inconstitucionalidad 32/2021, para impugnar el decreto 1106, por el que el Poder Legislativo se autorizó al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, la contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública a cargo del Estado.

También impugnó la contratación de instrumentos derivados y garantías de pago oportuno asociados al financiamiento y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden a la entidad, a través del fondo general de participaciones, para que sea la fuente de pago de dichas operaciones.

La acción de inconstitucionalidad aún está en espera de que se acuerde su admisión o no por parte de la SCJN. Cabe destacar que la promoción del recurso de control constitucional se da en medio de las diferencias y confrontaciones entre el titular del organismo, Raúl Hernández Cruz, y el Poder Ejecutivo estatal.

En el mes de diciembre, el Congreso aprobó la iniciativa presentada por el gobernador para el refinanciamiento de hasta seis mil 592 millones de pesos, y la afectación a un porcentaje del Fondo General de Participaciones, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su edición número 5899.

Deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación: CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades del sector salud y penitenciarias, a garantizar la vacunación contra el covid-19 a los adultos mayores que actualmente se encuentra recluidos en los centros de reinserción social bajo proceso o cumpliendo sentencias.

El organismo nacional estimó que en los penales federales y estatales se encuentra privadas de su libertad poco más de seis mil personas mayores de 60 años, que tienen derecho a la aplicación de biológico y deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. 

“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad, conforme a los principios de dignidad, trato humano e igualdad; en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, recalcó. 

 Indicó que, derivado de visitas realizadas por el organismo a diversos centros penitenciarios, ha constatado que, en algunos de ellos, las personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la política nacional de vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a la aplicación.  

“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea; lo que coloca a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad (quienes además pueden pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria) en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”, dijo.

Recordó que en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19”, emitido en junio de 2020, la CNDH enfatizó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos, de forma gradual y progresiva, insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y de higiene personal, así como visibilizar en las partidas presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para covid-19, estudios clínicos y/o vacunas (cuando estuvieran disponibles) destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad.  

Agregó que la comisión dará seguimiento al tema, con el fin de verificar que los adultos mayores privados de su libertad en los centros penitenciarios tengan acceso a la vacunación.

Morelos se encontraba en semáforo rojo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que separó del cargo a una juez que se fue de vacaciones, a pesar de que el estado de Morelos se encontraba en semáforo rojo y ella debía estar en funciones.

A través de un breve comunicado y sin dar detalles del caso, el TSJ dio a conocer la medida disciplinaria aplicada a la funcionaria judicial, y afirmó que no permitirá que “este tipo de acciones incidan en detrimento del esfuerzo que a diario realizamos los poco más de mil 500 empleados para continuar consolidando a la justicia como una actividad esencial en tiempos de pandemia”.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, la juez primero menor civil y mercantil de la Primera Demarcación (Cuernavaca), Katia Vargas Robles, fue separada del cargo, debido a que por una “denuncia anónima” la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina fue enterada de que la funcionaria judicial se encontraba fuera de Morelos, vacacionando en un destino de playa, e inició una investigación.  

En su comunicado, el TSJ informó que, “la semana pasada -mientras el estado de Morelos permanecía en color rojo en el semáforo de riesgo sanitario- corroboró que en días y horas laborables un juez se encontraba en un destino turístico, incumpliendo con su responsabilidad profesional y compromiso ético a favor de los justiciables, por lo que de inmediato se separó del cargo que ostentaba”.

Recalcó que “desde el inicio de la pandemia, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos elaboró el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, mismo que fue aprobado por la autoridades del sector salud en la entidad, donde se establecieron las medidas a seguir para garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional, ya sea laborando presencialmente en los juzgados a través de guardias o desde sus hogares, sin dejar de proteger en todo momento la salud de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos”.

Hacen llamado a litigantes y usuarios a cumplir las medidas de sanidad para prevenir contagios de covid-19.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca) regresará este lunes a laborar. Sin embargo, lanzó un llamado a los litigantes y usuarios a cumplir con las medidas de sanidad para prevenir contagios de covid-19.

A través de una circular, el tribunal informó que, ante el cambio de color de rojo a naranja del semáforo epidemiológico, se reactivarán las labores pero bajo medidas de seguridad sanitaria.

Estableció que también se reanudarán los plazos y términos procesales e insistió que la apertura de actividades debe hacerse cumpliendo con el protocolo previamente establecido para prevenir contagios de covid-19.  

“Con el fin de salvaguardar la salud de las personas, el funcionamiento del tribunal se regirá conforme a lo establecido en el ‘Protocolo para la reanudación de actividades del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos’.

“En las instalaciones se adoptarán las medidas sanitarias para espacios para espacios públicos determinados por las autoridades de salud respectivas entre las que las que destacan: uso obligatorio de cubrebocas; lavado de manos frecuente y uso de gel desinfectante al ingreso; guardar la distancia de 1.5 metros entre personas; no saludar de beso y mano; hacer uso de la etiqueta respiratoria (sic); toma de temperatura, la cual no debe ser mayor a 37.5”, dice la circular.

Agregó que, para el caso de atención de convenios dentro y fuera de juicio, ratificación de renuncias y consulta de expedientes, las citas deberán ser solicitadas por medio del correo electrónico.  

También este lunes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reanudará actividades jurisdiccionales, con solo el treinta por ciento del personal.

Pleno legitima al órgano designado por el Congreso local en mayo del 2018.

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos declaró subsistente Consejo Municipal de Xoxocotla, designado por el Congreso local en mayo del 2018.

El tribunal local emitió una nueva resolución, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dentro del juicio ciudadano SCM/JDC/1064/2019, promovido por Juan Carlos Rojas Mata, quien alegó que en enero y marzo de 2019 se revocó el mandato de quienes actualmente forman el consejo municipal y eligió a nuevos integrantes.

Por tratarse de un conflicto intracomunitario, el TEEM recalcó que la sentencia se emitió bajo una perspectiva intercultural, con base en criterios adoptados en las sentencias y jurisprudencias del TEPJF, que establecen que las juzgadoras y los juzgadores deben, bajo los principios de igualdad y no discriminación, reconocer la personalidad jurídica individual y colectiva de las personas indígenas que inicien acciones jurídicas en demanda de sus derechos,  reconociendo en el más amplio sentido su cultura y su sistema normativo interno.

Estableció que, con base en las documentales aportadas en el juicio, no se acreditó que se hayan convocado las asambleas del 18 enero y 1 de marzo, ambas de 2019, ni el número de asistentes y votantes para la revocación del mandato y sustitución de los actuales integrantes del Consejo Municipal.

“En consecuencia, este tribunal electoral concluye que, derivado del análisis de la asamblea general de fechas 18 enero y 1 de marzo, ambas de 2019, no genera certeza de que los hechos consignados en las mismas sucedieron en los términos expuestos por el ciudadano Juan Carlos Rojas Mata en su escrito inicial de demanda, toda vez que en principio de cuenta no se convocó a dichas asambleas conforme al sistema de organización del municipio de Xoxocotla”, estableció la sentencia.

En consecuencia, el Pleno del TEEM determinó la nulidad de las asambleas generales de 18 enero y 1 marzo de 2019 y declaró subsistente el Consejo Indígena designado por Congreso de Morelos, conforme al decreto 2850 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5601 del 23 mayo 2018, y presidido por Leonel Zeferino Díaz. También ordenó la difusión de la sentencia en el municipio a través de perifoneo.  

TEPJF ordena al Impepac garantizar cumplimiento de la disposición.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizar los ajustes necesarios para que la mitad de los consejos distritales y municipales sean presididos por mujeres.

Al resolver el juicio electoral SCM-JRC-3/2021, promovido por el partido Movimiento Ciudadano contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) -que estimó que no hay obligación de cumplir con la paridad horizontal en ciertos cargos, que  las designaciones estaban justificadas en evaluaciones y habían sido elegidas más mujeres que hombres como integrantes de los consejos- la Sala Regional recalcó que la paridad de género está consagrada en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que obliga a las autoridades a que la paridad sea real.

Al revocar la sentencia del tribunal local, estableció que “no bastaba que de manera general fueran designadas más mujeres que hombres, sino que se debieron de realizar los ajustes necesarios para que la mitad de los consejos electorales fueran presididos por mujeres”.

Por ello, ordenó revocar parcialmente el acuerdo Impepac 279 de 2020, para que el organismo electoral  realice los ajustes necesarios a fin de que las presidencias de los consejos se integren de manera paritaria,

Esto es, que por lo menos seis consejos distritales y 18 consejos municipales sean presididos por mujeres, realizando la mínima intervención en los cargos ya designados.

El Congreso no podrá ponerla a concurso conforme a convocatoria emitida.

El Congreso del Estado no podrá designar una de las dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) conforme a la reciente convocatoria lanzada, ya que está en litigio ante la justicia federal.  

De acuerdo con la demanda de amparo 1102/2020, radicada en el Juzgado Sexto de Distrito, el ex magistrado del TJA Jorge Alberto Estrada Cuevas impugnó el acuerdo de Pleno del tribunal administrativo emitido el 26 de noviembre del 2020, que determinó su cese y baja como magistrado adscrito a la Tercera Sala, luego de que un tribunal colegiado -conforme a la sentencia del Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el periodo único de 14 años- revocó el amparo concedido inicialmente para su permanencia en el cargo por 20 años.

En su demanda de garantías, argumentó que fue magistrado suplente hasta que, de acuerdo con el decreto 1447 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  el 14 de diciembre de 2011, fue designado magistrado propietario del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que Carlos Iván Arenas Ángeles presentó su licencia definitiva como magistrado propietario del TCA, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Alegó que, conforme a las reformas a diversos artículos de la Constitución local y, particularmente al artículo 109 Bis, se estableció que los magistrados integrantes del ahora TJA durarían en su cargo 14 años, contados a partir de su protesta constitucional.

Por lo tanto, refirió el quejoso, al haber rendido protesta como magistrado propietario el 14 de enero de 2011, su periodo constitucional de 14 años en el cargo concluye de manera definitiva hasta el 14 de diciembre de 2025.

El Juez Sexto de Distrito concedió la suspensión provisional para que no surtiera efecto el cese de funciones, solo si el acto no había sido consumado. En virtud de que el acuerdo de Pleno impugnado fue emitido el 26 de noviembre y la suspensión fue concedida hasta diciembre, la medida cautelar no tiene aplicación.

Sin embargo, el juez de distrito también concedió la suspensión temporal para que el Congreso no designe magistrado o magistrada, únicamente por lo que toca a la vacante de la Tercera Sala del TJA.

“En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: No se ejecuten o materialicen los efectos del acuerdo plenario número ********* de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en contra del quejoso, ************, en relación con las funciones que desempeña como Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y aspectos inherentes al cargo, y sin suspender el procedimiento que derive de la convocatoria que, en su caso, se haya expedido, para la designación de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sustitución del quejoso, se abstenga de determinar la persona que deba ocupar dicho cargo, es decir, prescinda de designar al Magistrado respectivo. Todo lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en este incidente.

“En la inteligencia de que la presente medida suspensional no surtirá efectos si los actos reclamados ya fueron ejecutados, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios”, estableció el acuerdo del juez de distrito.

Debido a la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, fue diferida la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, pero prevalece la medida cautelar provisional.

El fiscal del estado pide “paciencia” en el caso Samir Flores para esclarecerlo.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, afirmó que no impugnará la suspensión definitiva concedida por un juez de distrito al diputado, Marco Zapotitla, y esperará a que el caso sea resuelto por la justicia federal y el Congreso local. En cuanto al caso Samir, pidió paciencia para dar resultados sólidos.  

En conferencia de prensa virtual, sostuvo que el caso Zapotitla no está en manos de la fiscalía sino de la justicia federal, que concedió una suspensión al legislador para efecto de que el Congreso no emita sentencia sobre la solicitud de desafuero, que fue presentada para que el diputado pueda ser imputado ante un juez por el presunto delito de violación.

Recalcó que, por el momento, “no está ya el proceso en manos de la fiscalía, nosotros tenemos que ser respetuoso de las instituciones y de los procesos”, y agregó que “la fiscalía no ha impugnado la suspensión, consideramos que es un derecho constitucional que tiene el diputado, y la ruta jurídica es que nosotros tenemos que esperar la sentencia de ese amparo, y entonces ya es responsabilidad de la legislatura decidir sobre el desafuero”.

Por otro lado, a unos días de cumplirse dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, activista y opositor al proyecto de la termoélectrica en Huexca, el fiscal reiteró que existen avances en el caso, pero todavía hay que esperar para dar los resultados en torno al esclarecimiento del crimen y la detención de los responsables.

“Entendemos que hay una gran presión social pero tenemos nosotros que respetar el debido proceso y no vamos a caer en la tentación de, por dar resultados en el ámbito mediático o  de lo político, hacer las cosas con poca solidez.

“Tenemos un avance muy sustancial, y lo he dicho en múltiples ocasiones, tendremos que esperar para no generar un resultado que eventualmente no tenga la solidez de sostener una sentencia”, dijo al recalcar que, en su momento, los homicidas de Samir serán presentados ante la justicia.

Llamó a la sociedad a tener paciencia para dar resultados en este caso y dijo estar consciente de que hay una gran presión, incluso a nivel internacional, pero “tenemos que ser fríos, ecuánimes, pacientes y presentar un trabajo sólido en su momento”.

Quedó subsanada omisión por parte del Congreso local.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, quedó subsanado el error del Congreso local en la expedición de la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En edición extraordinaria, la tarde de ayer quedó publicada en el órgano oficial de difusión del gobierno de Morelos la convocatoria, con lo cual cobró vigencia y comenzó a correr el plazo de siete días hábiles para que los aspirantes a una de las magistraturas presenten su solicitud de registro junto con la documentación oficial y certificada requerida.

A pesar de la exigencia de diversas organizaciones de abogados de posponer o cancelar dicha convocatoria, el Congreso del Estado mantuvo su interés por hacer las designaciones antes de que concluya la LIV Legislatura, a la que solo le restan siete meses.

De acuerdo con la convocatoria, “el registro iniciará el día de la publicación de convocatoria, en un horario de 09:00 horas a las 14:00 horas, en días hábiles y concluirá hasta las 14:00 horas del séptimo día hábil contado a partir del primer día de publicación”.

Las solicitudes de registro y la documentación requerida, serán recibidas en la oficina que ocupa la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, ubicada en calle Cerrada del Parque número 101 esquina con calle Guillermo Gándara, Colonia Amatitlán de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.

La disposición es en respuesta a reclamos de juristas

El órgano rechaza agravios expuestos por inconformes

El edil de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, es acusado de la falta por la síndico municipal 

Pleno confirma legalidad de candidaturas comunes

El IMIPE recibió en 2020 más de 400 denuncias ciudadanas por incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de sujetos obligados.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibió en el 2020 más de 400 denuncias ciudadanas por incumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

De acuerdo con un informe del instituto, el año pasado recibió un total de 410 denuncias en contra diversos sujetos obligados, de las cuales 335 fueron admitidas, 72 fueron desestimadas y en tres más los ciudadanos fueron prevenidos para la ampliación y precisión  de los motivos de las denuncias.  

El Coordinador de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del IMIPE, Ulises Patricio Abarca, detalló que la no admisión de las 72 denuncias se debió a que, después de una verificación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información requerida sí estaba publicada y, quizá por alguna falla técnica, el denunciante no pudo visualizarla en el momento de la búsqueda.

“Recibimos las denuncias y revisamos cada una de ellas, consultamos la Plataforma y verificamos que la información que nos señalan efectivamente no se encuentre, con este análisis es que se determina la admisión o no admisión de la denuncia”, dijo.

Explicó que los sujetos obligados con más denuncias fueron los ayuntamientos, con un total de 208; seguidos por los organismos autónomos con 55 denuncias; el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo Descentralizado tienen 29 denuncias cada uno.

Las causas por las que se interpusieron la denuncias durante el año 2020, se derivaron de la solicitud de información relacionada principalmente con el manejo de los recursos públicos, nóminas o sueldos, procesos de licitación y proyectos de adjudicación directa.

El 31 de marzo, plazo para que entreguen su Certificado Único Policial (CUP); los elementos que incumplan el requisito serán dados de baja de las corporaciones.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, advirtió a los ayuntamientos que se agota el plazo fijado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para que todos los policías municipales obtengan el Certificado Único Policial (CUP). En caso de no cumplir con la certificación, los elementos serán dados de baja de las corporaciones.

Explicó que hace unos meses solicitó al SESNSP una prórroga de dos años para que los ayuntamientos pudieran cumplir con la certificación de sus elementos, pero fue denegada y, hace poco, cuando Morelos retornó a semáforo rojo por el alto riesgo de contagio de covid-19, solicitó nuevamente la moratoria, sin tener repuesta hasta el momento.

“La alerta está. Hemos tenido reuniones con los presidentes municipales y se les ha dicho que el plazo para obtener el Certificado Único Policial es el 31 de marzo de este año. Ya falta poco tiempo y, según nos dijeron en el secretariado ejecutivo, va influir en los recursos que les asigne la Federación a los municipios.

“Yo lo voy a lamentar porque, aunado que algunos como Yautepec que se les está retirando el Fortaseg este año, pues van a tener limitaciones económicas y eso va a dificultar otra vez el ingreso a la academia (de aspirantes a policías)”, dijo.

Indicó que algunos municipios trabajan a marchas forzadas para la certificación de sus policías, pero también han enfrentado dificultades con el C-3, dependiente de la Fiscalía General del Estado y responsable de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, ya que el centro abre y cierra continuamente.

Insistió que el SESNSP fue informado de la situación que prevalece y que Morelos se mantiene en semáforo rojo, pero la CES está en espera de respuesta y “yo espero que sí nos las den, porque serían muchos los policías los que se tendría que ir”, por no contar con el CUP.  

El Certificado Único Policial (CUP) es el documento que acredita que los policías y oficiales de custodia del sistema penitenciario son aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

El CUP es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los artículos 41, fracción V, 85, fracción II y 88, inciso B, fracción II, que prevé que, para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, los aspirantes e integrantes deberán obtener y mantener actualizado su certificado.

Para obtener el CUP, los policías deben aprobar la evaluación de control de confianza; la evaluación de competencias básicas o profesionales; la evaluación del desempeño o del desempeño académico; y formación inicial o equivalente.

Uno de los policías municipales implicados en la desaparición de un empresario gasero y su ayudante fue detenido e imputado por un juez de control, por el presunto delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado estaría por ejecutar otras órdenes de aprehensión contra otros elementos involucrados.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva al policía municipal de Yautepec, identificado con las siglas J.F.S.R, por su probable responsabilidad en la desaparición del empresario Román Martínez García y su ayudante, Luis Salgado Ogazón, ocurrida la tarde del pasado 16 de enero.

El juez también notificó a las partes sobre la celebración de la audiencia de vinculación a proceso el próximo viernes 29 de enero a las 9:00 horas.

Hasta el momento ha trascendido que la FGE estaría por ejecutar por lo menos cinco órdenes de aprehensión más, en contra de igual número de policías municipales presuntamente implicados en la desaparición.

De acuerdo con la familia y amigos de las víctimas, la tarde del sábado 16 de enero, Román Martínez y su ayudante viajan en una camioneta, cuando en la colonia Tabachines habrían sido interceptados por una patrulla del Mando Coordinado y detenidos por elementos de la corporación adscritos al municipio de Yautepec.

Desde entonces se desconoce su paradero y los familiares de las víctimas han realizado varios actos de protesta para presionar a las autoridades para detener al total de elementos policíacos implicados, así como para la búsqueda y localización del empresario y su ayudante.

Ofrecen líneas de denuncia y plataforma digital para iniciar querellas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electoral de la Fiscalía General del estado (FGE) llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier presunta conducta ilícita a través de las líneas de denuncia y de la plataforma digital de la fiscalía.

La fiscal especializada Belem Mejía Godínez destacó  que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se impondrá una sanción de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión por delitos penales cometidos  por cualquier persona, por acciones como votar sin cumplir requisitos de ley, votar más de una vez en la misma elección, obstaculizar o interferir el desarrollo de las votaciones, escrutinio y cómputo; introducir o sustraer boletas electorales, introducir boletas falsas, obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o sentido del voto.

También está penado recoger una o más credenciales para votar, retener durante la jornada electoral una o más credenciales, solicitar votos a cambio de dinero o mediante violencia o amenaza, presionar a cualquier persona para asistir a eventos proselitistas o votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido o coalición.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acción con apariencia de delito a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, acudir ante el Agente del Ministerio Público o iniciar denuncia en línea a través de la plataforma de la Fiscalía General del Estado https://fiscaliamorelos.gob.mx/denuncia/.

Recordó que, de acuerdo a los ordenamientos legales, el Instituto Nacional Electoral estableció para el estado de Morelos el proceso de precampañas iniciado el 23 de diciembre del año 2020 y que concluirá el próximo 31 de enero del presente año, lo que representa 40 días de labores.

Las intercampañas sumarán 62 días considerados del 1 de febrero al 3 de abril. Las campañas durarán 60 días comprendidos del 4 de abril al 2 de junio, para dar paso al periodo de reflexión (veda electoral) que abarcará del 3 al 5 de junio y finalmente la jornada electoral a realizarse el 6 de junio de este 2021.

Resaltó que, de las entidades federativas, las Fiscalías del Estado de Morelos y de Tamaulipas cumplieron con los reglamentos y marcos legales establecidos por la Junta General Ejecutiva del INE, para ser consideradas dentro del modelo de distribución de tiempos oficiales para el pautado y difusión de campañas, tomando en consideración al resto de las autoridades electorales en las entidades federativas.

Uno de los policías municipales implicados en la desaparición de un empresario gasero y su ayudante fue detenido e imputado por un juez de control, por el presunto delito de desaparición forzada de personas; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaría por ejecutar otras órdenes de aprehensión contra otros elementos involucrados.

Al concluir la audiencia de formulación de imputación, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva al policía municipal de Yautepec identificado con las siglas J.F.S.R., por su probable responsabilidad en la desaparición del empresario Román Martínez García y su ayudante, Luis Fernando Ogazón Ariza, ocurrida la tarde del pasado 16 de enero.

El juez también notificó a las partes sobre la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, el próximo viernes 29 de enero a las 09:00 horas.

Hasta el momento ha trascendido que la FGE estaría por ejecutar por lo menos cinco órdenes de aprehensión más, en contra de igual número de policías municipales presuntamente implicados en la desaparición.

De acuerdo con la familia y amigos de las víctimas, la tarde del sábado 16 de enero, Román Martínez y su ayudante viajaban en una camioneta cuando en la colonia Tabachines habrían sido interceptados por una patrulla del Mando Coordinado y detenidos por elementos de la corporación adscritos al municipio de Yautepec.

Desde entonces se desconoce su paradero y los familiares de las víctimas han realizado varios actos de protesta, para presionar a las autoridades para detener al total de elementos policiacos implicados, así como para la búsqueda y localización del empresario y su ayudante.

Se espera que al inicio del siguiente periodo de sesiones en el Congreso se resuelva sobre la procedencia o no del desafuero del diputado.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó otorgar las medidas cautelares solicitadas por el diputado Marco Zapotitla Becerro y ordenó remitir su caso a la Mesa Directiva del Congreso de Morelos.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Regional consideró correcta la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) dentro del expediente TEEM/JDC/51/2020-2, promovido por el legislador, quien alegó ser víctimas de violencia política de género por las expresiones en su emitidas por un grupo de ocho diputadas durante la sesión del pasado 7 de noviembre.  

Lo anterior, porque no era posible conocer los hechos controvertidos a través de un medio de defensa en materia electoral, ya que la expresión de las ideas de las diputadas locales en el contexto parlamentario forma parte de su actuación dentro del órgano legislativo, lo cual atañe exclusivamente al Poder Legislativo.

Sin embargo, ordenó modificar la sentencia del TEEM únicamente para efecto de que el expediente sea remitido a la Mesa Directiva del Congreso, cuya instancia es competente para conocer de los reclamos de Zapotitla Becerro.  

Pese a que el diputado insistió en su petición de medidas cautelares bajo el supuesto de que le ha sido impedido el ejercicio del cargo, la Sala Regional consideró improcedente la solicitud, ya que en este caso no se está en presencia de actos que impliquen una afectación a la vida, integridad o libertad del legislador.

El diputado alegó también que ocurren actos diversos que eventualmente podrían privarlo del cargo y llamar a su suplente para relevarlo, sin embargo, la resolución previó que, sobre hechos posteriores, está a salvo el derecho del actor para presentar en un futuro nuevas demandas.

En el mes de septiembre, Carlos Andrés Montes Tello, Fiscal Regional Metropolitano de la FGE, a través del oficio FGE/FRM/1815/2020, presentó la solicitud de declaración de procedencia o formación de causa en contra Marco Zapotitla Becerro, en virtud de la integración de la carpeta de investigación en la cual es acusado como presunto responsable del delito de violación en agravio de una mujer.

El 7 de noviembre de 2020, durante el desarrollo de la Sesión Plenario del Congreso del Estado de Morelos, un grupo de diputadas, desde la tribuna parlamentaria, realizó manifestaciones contra su homólogo porque supuestamente cometió un delito sexual, lo obligaron a abandonar el recinto y le advirtieron que no le permitirían la entrada a ninguna sesión de trabajo.

Posteriormente, por edictos, Marco Zopotitla fue emplazado por el Congreso para apersonarse al procedimiento iniciado en su contra, y se espera que al inicio del siguiente periodo de sesiones se resuelva sobre la procedencia o no del desafuero.

En el presupuesto estatal se previó una partida de ocho millones de pesos para ejercerse a lo largo del ejercicio fiscal 2021 en el rubro.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) emitió nuevos lineamientos para que los deudos de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber puedan cobrar sus apoyos, ya que su entrega fue cancelada luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto 2020 del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con la CES, al quedar sin vigencia el Presupuesto de Egresos 2020, que contemplaba una partida de ocho millones de pesos para fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en cumplimiento de su deber, el comité encargado de operar y administrar los recursos, suspendió la entrega de los apoyos, al estar imposibilitado presupuestal y legalmente para continuar con su otorgamiento, ya que en el presupuesto 2019 (que prevaleció por resolución del SCJN en los últimos 34 días del año anterior) no fue previsto este rubro.

Pero en el nuevo paquete económico aprobado por el Congreso, se previó nuevamente la partida de ocho millones de pesos para ejercerse a lo largo del ejercicio fiscal 2021 y, en consecuencia, la CES tuvo que emitir nuevos lineamientos, vigentes a partir de este 21 de enero.

Por cada elemento policial caído se asignará la cantidad de 300 mil pesos, que serán entregados o repartidos al o a los dependientes económicos, del elemento policial fallecido únicamente –recalca el documento- en cumplimiento de su deber durante su horario de servicio.

La ayuda será entregada a los dependientes económicos de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.

El pasado mes de septiembre, el Congreso del Estado reformó y adicionó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al año fiscal 2020, para crear el fondo de ayuda a los familiares de los policías fallecidos, pues a pesar de que los elementos cuenta con seguro de vida, el proceso del cobro de la póliza ante las compañías de seguros suele durar meses y hasta años.

De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de los 19 elementos caídos en el 2019, al mes de septiembre de 2020, únicamente se había logrado concretar el pago del seguro de vida de un elemento.

Los ayuntamientos, las dependencias estatales y la Fiscalía General del Estado son los sujetos con el mayor número de peticiones.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibió en el 2020 casi 11 mil solicitudes de información dirigidas a los 181 sujetos obligados incorporados en la ley estatal de transparencia, siendo los ayuntamientos, las dependencias estatales y la Fiscalía General del Estado los sujetos con el mayor número de peticiones.

La comisionada presidenta del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, detalló que durante el 2020 se recibieron 10 mil 903 solicitudes de información, de las cuales el 28% se realizaron a los ayuntamientos y el 24% a dependencias del Poder Ejecutivo, que en suman representaron el 52% del total de las solicitudes.

Detalló que las instituciones del Poder Ejecutivo descentralizado recibieron el 14% de las solicitudes de información, y los organismos autónomos el 15%, mientras que los sujetos obligados menos concurridos por los solicitantes fueron los organismos municipales descentralizados, como son los sistemas de agua potable con un 6%; el Poder Legislativo con un 5%; el Poder Judicial con 4%; y en un mínimo porcentaje a los sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos.

Resaltó que otros de los sujetos obligados con un número considerable de solicitudes de información fueron la Fiscalía General del Estado con 537 solicitudes; el SAPAC con 520; y el ayuntamiento de Cuernavaca con 494.

Los rubros más preguntados fueron las nóminas, viáticos, gastos, sueldos, salarios, u horarios, así como los presupuestos destinados a la seguridad pública.

Salas y Pleno pueden operar únicamente con 16 magistrados, plantean.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que las salas y el Pleno pueden operar únicamente con 16 magistrados, ante la pretensión del Congreso de lanzar la convocatoria para la designación de cuatro nuevos juzgadores de segunda instancia, sin que existan condiciones financieras.  

Tras las declaraciones de la diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) Ariadna Barrera Vázquez sobre la posibilidad de que en febrero el Congreso lance la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados, opinó que los diputados primero deberían consultar al Poder Judicial sobre las condiciones en que opera, si es necesaria o no la designación inmediata, y analizar si existe disponibilidad presupuestal adicional para cubrir los emolumentos de los juzgadores.

Desde su punto de vista, no es necesario y mucho menos urgente que el Congreso nombre a magistrados para cubrir las cuatro vacantes que dejaron Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ilegal la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años. Además, está pendiente que el tribunal constitucional resuelva sobre la ratificación de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

“En primer lugar, la Constitución del estado no exige un número determinado de magistrados que deberán integrar al pleno del TSJ y, en segundo lugar, el Poder Judicial no ha recibido el presupuesto que le corresponde de acuerdo a como lo establece la Constitución, lo que ha traído como consecuencia de que hoy no se cuente con los recursos económicos suficientes para operar con diecinueve magistrados.

“Incluso el Tribunal Superior de Justicia bien podría trabajar con tres salas en lugar de cuatro en el primer circuito y, los magistrados que integran hoy la sala auxiliar pueden ser ubicados en los espacios que dejaron los magistrados salientes.

“De ahí que solo se requeriría un magistrado o de una magistrada más, y no de cuatro como se pretende por el Poder Legislativo”, explicó.

Insistió en que las condiciones económicas y financieras del estado no justifican hoy un Pleno integrado por diecinueve magistrados y recalcó que el TSJ podría operar muy bien únicamente con 16 magistrados, incluido el magistrado presidente.

Actualmente, de las 19 magistraturas que integran las salas y el Pleno TSJ, únicamente están en funciones 14, cuatro están vacantes y una más está en litigio.

Emite FGE nuevo acuerdo para modificar la denominación de su corporación de investigación criminal y regular su funcionamiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un nuevo acuerdo para modificar la denominación de su corporación de investigación criminal y regular su funcionamiento, con el propósito de mejorar su operatividad.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el acuerdo 14/2020, expedido por el titular de la fiscalía estatal, Uriel Carmona Gándara, por el que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la FGE y otros instrumentos reglamentarios, para establecer y regular a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que sustituye a la Coordinación de la Policía de Investigación Criminal (PIC).

De acuerdo con el documento, era necesario realizar algunos cambios a la regulación interna del organismo constitucional autónomo, con el ánimo de mejorar el marco normativo que rige a las unidades administrativas que lo integran y, con ello, dar cumplimiento con mayor efectividad a su función constitucional, e

“En ese orden, en principio, el presente Acuerdo reforma al Reglamento de la Ley Orgánica con el objeto de mejorar el marco regulatorio que rige a la actual Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, incluso alterando su denominación para ser Agencia de Investigación Criminal, a fin de que esta Unidad Administrativa realice la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las acciones para combatir tácticamente la incidencia delictiva a través de productos de inteligencia, como resultado de la operatividad policial diaria.

“Así la Agencia de Investigación Criminal surge como respuesta a los nuevos retos que demanda nuestro Estado en materia de seguridad y procuración de justicia a la problemática de delincuencia actual, que hace necesaria la consolidación de los procesos de investigación de manera coordinada”, estableció.

Conforme al acuerdo, la Agencia de Investigación Criminal tendrá como objeto la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de acciones, así como de la recolección, análisis, correlación y diseminación de información, a fin de combatir táctica y estratégicamente al delito.

“Es un nuevo modelo de organización, orientado a evitar la dispersión de información, generar estrategias de inteligencia contra el delito y reforzar la conectividad, la integración, la identidad y la comunicación de las áreas que la conforman, quienes bajo la estrecha interacción y una visión común optimizarán recursos, se potenciarán los esfuerzos y se consolidarán como parte neural y brazo auxiliar del Ministerio Público”, recalcó.

El elemento identitario ya es utilizado por el partido Movimiento Alternativa Social.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al partido “Más Más Apoyo Social” abstenerse de utilizar gráfica y auditivamente el “MÁS” de su denominación para evitar confusión del electorado, en virtud de que este elemento también es utilizado en su denominación por el partido Movimiento Alternativa Social.

Al dictar sentencia en el juicio SCM-JRC-23/2020, el Pleno modificó parcialmente la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y estimó correcta la conclusión del tribunal local respecto a la similitud entre los elementos identitarios de Movimiento Alternativa Social y Más Más Apoyo Social, la cual es tan evidente que podría confundir al electorado por contener el fonema “MÁS” en ambos casos.
Concluyó que no basta con que sus plataformas políticas, ideologías y dirigencias sean completamente distintas, porque la legislación vigente apunta el deber de que la denominación, el emblema y los colores que utilicen los partidos políticos sean distintos, para que las personas votantes tengan elementos suficientes para distinguir entre las distintas opciones políticas al momento de votar, evitando posibles confusiones que minen la calidad democrática del sistema electoral.

Consideró  acertada la determinación del tribunal local, al señalar que Alternativa Social contaba con un mejor derecho que la parte actora respecto del uso de sus elementos identitarios, ya que desde el 21 de enero de 2019 manifestó su intención de constituirse como partido político, incluyó los elementos que conforman su identidad como partido político, entre otros, su denominación y emblema que debieron gozar de la protección jurídica necesaria para su uso, por lo que la denominación y el emblema establecidos en los estatutos de “Más, Más Apoyo Social” no debieron ser autorizados al contener el fonema “MÁS” que es parte del emblema de Alternativa Social y de su identidad.

En consecuencia, el Pleno modificó parcialmente la resolución y ordenó a la parte actora abstenerse de utilizar, gráfica y auditivamente, en todo acto público, medio de difusión, elemento propagandístico y, en general, en cualquier forma de promoción, publicidad y documentación -excepto cuando legalmente deba utilizar su nombre-, el elemento “MÁS” de su denominación.

Por otra parte, el Pleno de la Sala Regional modificó la resolución del Impepac referente a la procedencia de registro de los integrantes de los órganos directivos del instituto político local “Más Más Apoyo Social”.

Por unanimidad, modificó el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), mediante el cual se resolvió la procedencia de registro de las personas integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido político local "Más Más Apoyo Social”.

Al resolver el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-237/2020,  determinó fundados los agravios expuestos por la parte actora, en cuanto a la interpretación que el instituto local efectuó de los estatutos de ese partido respecto de la continuidad en el cargo de las personas integrantes de su Comité Ejecutivo Estatal, ya que, si bien el instituto otorgó el registro a “Más Más Apoyo Social” como partido político local, el desahogo de las  observaciones sobre sus estatutos quedó pendiente, sin que hasta el  momento esa autoridad electoral haya declarado su constitucionalidad y legalidad.

Advirtió que las personas que fueron electas como comisionadas en la asamblea estatal constitutiva perderían su calidad de representantes del partido político local hasta el momento en que fueran aprobados los estatutos y se realizara su declaración constitucional y legal por parte del Consejo Estatal del Impepac.

La representación legal del partido recurre al TEPJF para refutar la sentencia emitida por el TEEM en diciembre pasado.

El partido de reciente creación Más Apoyo Social impugnó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), que ordenó cambiar el nombre al instituto político, debido a su similitud con el Movimiento Alternativa Social (MAS).

La representación legal del partido inconforme promovió el juicio de revisión constitucional SCM-JRC/23/2020 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para refutar la sentencia emitida por el tribunal local el pasado mes diciembre.

El TEEM falló a favor del partido Movimiento Alternativa Social, que impugnó el acuerdo por el que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) concedió el registro al partido Más Más Apoyo Social.

El tribunal local estableció que los elementos determinantes lo constituye el acrónimo “MAS” utilizados en ambos emblemas, aunado a las similitudes visuales, gráficas y fonéticas que provocarían un alto grado de confusión en la ciudadanía en general y en el electorado.

Inconforme, los representantes de Más Más Apoyo Social recurrieron a la Sala Regional en busca de revertir la sentencia, que también ordenó modificar los documentos internos del partido en lo relativo a su denominación.

Entró en vigor la Ley para la Prevención y Control del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado de Morelos.

Los ministros avalan que incurrió en faltas graves en el desempeño del cargo de presidenta del Impepac.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la remoción de Ana Isabel León Trueba como consejera presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-10330/2020, promovido por la ex consejera, por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Superior ratificó la resolución del 18 de noviembre de 2020 del Consejo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó la remoción, por considerar que León Trueba incurrió en faltas graves en el desempeño del cargo.

En sesión virtual, el Pleno consideró acreditada la negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones, por haber dejado transcurrir más de 13 meses sin desahogar un expediente de investigación que incluía al entonces presidente municipal de Cuernavaca, y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

 Lo anterior, luego de que el 30 de agosto de 2016 el Consejo Estatal del Impeapac inició una investigación derivada de notas periodísticas sobre el tema.

 El 7 de diciembre del mismo año, el secretario ejecutivo informó a la consejera presidenta del instituto la conclusión de la investigación, pero fue hasta el 8 de marzo de 2018 cuando Trueba León sometió a consideración de las consejeras y los consejeros del Impepac el resultado de la investigación, dando origen al inicio de un procedimiento sancionador en esa misma fecha en contra de Cuauhtémoc Blanco y otras personas.

 El 6 de abril de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos  (TEEM) determinó dejar sin efectos el inicio del procedimiento sancionador y, ante la dilación injustificada de iniciar el procedimiento respectivo, dio vista al INE para efecto de determinar si se actualizaba una causa de remoción del cargo, derivado de la notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar las y los consejeros electorales.

 Al analizar el caso, la Sala Superior confirmó la resolución del Consejo General del INE al considerar que fue apegada a derecho.

Sólo en los casos de que no obtuvieran el RFC de sus asociaciones civiles.

Por unanimidad, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los acuerdos emitidos por dos consejos municipales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que negaron a varias personas el reconocimiento como aspirantes a candidatos independientes a una diputación y a las presidencias municipales de Cuautla y Cuernavaca.

Al resolver los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-257/2020, SCM-JDC-258/2020 y SCM-JDC-268/2020, el Pleno determinó fundados los agravios presentados por los inconformes, y determinó que fue acreditado que el Consejo Estatal tuvo conocimiento de que en el marco de la emergencia sanitaria actual, diversas personas interesadas en registrar una candidatura independiente tuvieron dificultad para obtener una cita ante el SAT, a fin de tramitar el Registro Federal de Contribuyente (RFC) de sus asociaciones civiles, lo cual es un requisito indispensable para la obtención de la calidad de aspirante.

Señaló que, siendo este requisito indispensable para permitir a la autoridad administrativa dar orden y transparencia al manejo y fiscalización del financiamiento que eventualmente utilizarían si logran su registro como aspirantes, procedía revocar los acuerdos controvertidos, ordenó a las autoridades responsables recibir la documentación faltante, revisarla y pronunciarse al respecto en una nueva resolución.

Además, la Sala Regional consideró que para reponer debidamente el derecho de los actores a ser votados como candidatos independientes, es necesario que cuenten con la totalidad del plazo establecido para la obtención de apoyo ciudadano, siempre y cuando los consejos municipales correspondientes estimen que los documentos aportados cumplen con los requisitos necesarios.

Modifican acuerdo por el que el INE emitió los lineamientos en torno a la reelección por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para el proceso electoral federal 2020-2021.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó el acuerdo INE/CG635/2020 del 7 de diciembre, por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos en torno a la reelección de diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para el proceso electoral federal 2020-2021. 

En sesión vía remota, la Sala Superior modificó la fecha para que las y los legisladores presenten el aviso de intención para reelegirse, planteado inicialmente para ayer miércoles 23 de diciembre, y que ahora será el primer día hábil de 2021.

Esto, dada la premura para emitir el aviso y no restringir o limitar el ejercicio de su derecho para optar por la elección consecutiva, al obligarlos a presentar el aviso con muy poco tiempo de anticipación a la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación. 

La Sala Superior también dejó sin efectos lo contenido en el artículo 4, párrafo cuarto, incisos a), segundo y tercer párrafo, b) y c), segundo párrafo que refería que en la carta de intención las y los legisladores debían presentar una relación de los módulos de atención ciudadana u otras oficinas de gestión con que cuenten, con domicilios, teléfonos, cuentas de correo electrónico, así como los servicios que en las mismas proporcionan de manera permanente. 

La disposición permitía al INE solicitar al grupo parlamentario copia de la normatividad sobre cómo se hacen las asignaciones y las subvenciones, así como la relación de asignaciones realizadas a las y los legisladores.

Podía solicitar al órgano competente del Congreso de la Unión la relación de módulos y oficinas de gestión, así como, en su caso, los recursos y subvenciones asignados para su operación, con el fin de tener un medio de verificación y cotejo de la información desde la manifestación de intención; incluso el módulo u oficina de gestión podía ser clausurado o suspendido. 

Al respecto, la Sala Superior consideró que ello interfería directamente con el funcionamiento de la Cámara de Diputados, a la cual le asiste la facultad soberana de regular los actos concernientes a su organización interna y actuación de sus integrantes, y que el Consejo General excedió su facultad reglamentaria, con una medida intrusiva que no encuentra fundamento ni razonabilidad.