El fiscal estatal es imputado por falta de exámenes de control de confianza al momento de su designación, lo que él niega; SEIDO-FGR solicita su desafuero.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, aseguró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (SEIDO-FGR) invadió competencia al solicitar su desafuero al Congreso de la Unión, ya que las acusaciones basadas en “denuncias anónimas” le imputan no tener los exámenes de control de confianza al momento de su designación.

Tras confirmar que fue notificado sobre la solicitud de declaratoria de procedencia presentada el 15 de diciembre por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la  SEIDO ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, señaló que el hecho y el presunto delito de ejercicio indebido que se le imputa, no tiene nada que ver con delincuencia organizada ni con el ámbito de investigación de la subprocuraduría.

“He recibido la notificación oficial por parte de la Cámara de Diputados federal sobre el procedimiento iniciado en mi contra, mismo que se deriva por la supuesta falta de mis exámenes de control de confianza, y con ello, presuntamente se estaría realizando un ejercicio indebido de la función pública.

“Quiero dejar muy en claro que cuento con el examen de control de confianza, mismo que presenté y aprobé en cumplimiento al artículo 40, fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando que de la puntual interpretación de dicha norma jurídica, de ninguna manera se infiere que debí realizar la evaluación antes de mi designación sino con posterioridad a esta, tal cual sucede con mis pares de las demás entidades federativas.

“Al momento de haber sido designado como Fiscal General del Estado, en el mismo mes de febrero del año 2018, inicié la programación de mis evaluaciones ante la Dirección de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde al cumplir con los procedimientos respectivos, presenté y aprobé satisfactoriamente los exámenes, de lo cual fui notificado por la propia Fiscalía General de la República”, explicó.

Consideró como inusitado que fuese la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO la instancia solicitó su desafuero, ya que las evaluaciones de control y confianza no son tema de su jurisdicción.

“Queda de manifiesto que el señalamiento por la supuesta falta de exámenes no es de competencia de la SEIDO, justamente porque no tiene que ver con delincuencia organizada ni mucho menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas.

“Al pretender impulsar un desafuero desde el Congreso de la Unión, se estaría buscando sustituir la competencia del Congreso local, implicando con ello un atentado a la soberanía de ese poder en el Estado de Morelos.

“Lo infundado de las acusaciones quedará en el análisis de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, sin perder de vista que lo que está en juego es la institución del Ministerio Público del Estado de Morelos, evitando que se atente contra su autonomía constitucional en desprecio del Estado de Derecho que enarbola el Pacto Federal, que permite la gobernabilidad en los estados y el país”, afirmó.

No descartó que la solicitud de desafuero tenga un origen político, sin embargo, insistió que el asunto lo atenderá por la vía jurídica, ya que el desahogo de la solicitud de procedencia será largo y complejo.

Agregó que la petición presentada por la SEIDO ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, está basada, en su mayoría, en denuncias anónimas realizadas por correo electrónico.

Uriel Carmona, quien lleva tres años en el cargo, consideró que en su momento los legisladores federales analizarán el caso e insistió en que cumple con todos los requisitos para estar al frente la fiscalía estatal, por lo que confió que cumplirá con el periodo de nueve años para el que fue designado.