Deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación: CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades del sector salud y penitenciarias, a garantizar la vacunación contra el covid-19 a los adultos mayores que actualmente se encuentra recluidos en los centros de reinserción social bajo proceso o cumpliendo sentencias.

El organismo nacional estimó que en los penales federales y estatales se encuentra privadas de su libertad poco más de seis mil personas mayores de 60 años, que tienen derecho a la aplicación de biológico y deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. 

“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad, conforme a los principios de dignidad, trato humano e igualdad; en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, recalcó. 

 Indicó que, derivado de visitas realizadas por el organismo a diversos centros penitenciarios, ha constatado que, en algunos de ellos, las personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la política nacional de vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a la aplicación.  

“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea; lo que coloca a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad (quienes además pueden pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria) en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”, dijo.

Recordó que en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19”, emitido en junio de 2020, la CNDH enfatizó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos, de forma gradual y progresiva, insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y de higiene personal, así como visibilizar en las partidas presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para covid-19, estudios clínicos y/o vacunas (cuando estuvieran disponibles) destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad.  

Agregó que la comisión dará seguimiento al tema, con el fin de verificar que los adultos mayores privados de su libertad en los centros penitenciarios tengan acceso a la vacunación.