El Congreso emitió un decreto especial para asegurarle una jubilación, beneficio del que el resto de magistrados no goza

Magistrados del Poder Judicial expresaron su inconformidad con el trato desigual y político del Congreso del Estado, luego de la aprobación de un decreto especial  para la jubilación, con todas las prerrogativas, del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Orlando  Aguilar Lozano.

Varios magistrados consultados, quienes pidieron por el momento la reserva de su nombre, recodaron que es la segunda ocasión que, por motivos políticos e intereses personales, el Poder Legislativo emite un “decreto especial” para jubilar a magistrados y “liberar” espacios para hacer nuevas designaciones.

La primera vez fue en 2008, cuando el Congreso aprobó sendos decretos para conceder la pensión vitalicia por “retiro voluntario” a cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por  encima de la reforma constitucional que eliminó la jubilación de magistrados y lo sustituyó por un haber de retiro.

Una década después, el Congreso vuelve a repetir la fórmula con la aprobación de un decreto con dedicatoria especial para el magistrado Orlando Aguilar Lozano, a quien el Poder Legislador no pudo deponer por la vía jurídica y optó por ceder privilegios, por encima del resto de los magistrados aún en funciones.

En dos ocasiones, el Congreso de Morelos intentó, sin éxito, relevar de su cargo al magistrado del TJA Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.

Recientemente  Aguilar Lozano obtuvo una segunda suspensión de un juez de distrito, ante otro intento del Congreso de designar en su lugar a un  nuevo magistrado. En sus argumentos jurídicos, aseguró que con las reformas realizadas el año pasado por el Congreso de Morelos su situación jurídica cambió en su favor, al incrementarse de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso de la magistratura, lo que significaba que tendría que dejar el cargo hasta octubre de 2019, y dejó abierta la posibilidad de retirarse si el Congreso le ofrecía una jubilación con todas las prerrogativas de magistrado.

Los magistrados consultados señalaron que esperarán la publicación del decreto especial de Aguilar Lozano, para analizar el documento y entonces considerar la posibilidad de fijar un postura, ya que a simple vista hay un trato inequitativo y los juzgadores en activo, por lo menos los que fueron designados previo a la reforma constitucional de 2008, podrían reclamar una jubilación vitalicia y rechazar el haber de retiro estipulado en la ley.

Sólo diputados y alcaldes que busquen reelegirse están exentos de esta disposición, ratifica el tribunal.

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó que, con excepción de los diputados y alcaldes que pretendan la reelección, los servidores públicos deben separarse del cargo 90 días antes del día de la elección, sin importar si la licencia es temporal o definitiva.

En el recurso de apelación promovido por el Partido Encuentro Social (PES), el instituto político pidió la inaplicación del último párrafo del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establece que “los integrantes del Ayuntamiento deberán solicitar licencia definitiva para separarse del cargo en caso de contender a un cargo de elección popular”, cuya norma afectaría a Cuauhtémoc Blanco Bravo, virtual candidato a la gubernatura por la alianza PES-Morena y quien se niega a separarse en definitiva del cargo y ceder el escaño a su suplente, Juan  Manuel Hernández Limonchi, ante los antagonismos políticos al interior del Ayuntamiento.

Al resolver el recurso TEEM/RAP/41/2018-3, calificó el agravio como inoperante  porque no hay todavía un acto de aplicación y afectación a alguno de los aspirantes a unos de los cargos de elección popular.

En el proyecto aprobado por unanimidad por el Pleno, el TEE recalcó en que los supuestos normativos analizados por el tribunal local relacionados con la separación de los servidores públicos en funciones con 90 días a la jornada electoral, sólo regula supuestos y consecuencias surgidas con posterioridad a la iniciación de su vigencia; es decir, establece el marco normativo aplicable para que los ciudadanos que eventualmente reúnan las condiciones y los requisitos constitucionales siendo la separación del cargo.

Recalcó que en asuntos resueltos en distintos medios de impugnación, el órgano jurisdiccional, con base en el artículo 60 de la Constitución local y de los lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidatura comunes y candidatos en materia de reelección para el proceso electoral, subrayó que, para aspirar al cargo de gobernador, los servidores públicos deberán separarse del cargo 90 días antes del día de la elección, sin que la norma constitucional especifique si a través de una licencia temporal o definitiva.

Y por cuanto a la separación definitiva del cargo para que los alcaldes puedan participar por otro cargo en la contienda electoral, según la Ley Orgánica Municipal, el TEE insistió en que no puede pronunciarse sobre la validez o no de la normativa hasta que haya un acto de aplicación.

Simultáneamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, en juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Cuauhtémoc Blanco, que el TEE, en un plazo de tres días, a partir de la notificación, se pronuncie sobre el caso particular en el que el exfutbolista pide que se aclare si debe o no separarse del cargo temporal o definitivamente.

“Con el propósito de que se atiendan de manera adecuada los planteamientos del actor, la ponencia propone escindir el escrito de demanda en la parte que se controvierte la respuesta otorgada en el escrito por el IMPEPAC en lo tocante a la solicitud de licencia y reencauzarla al Tribunal Estatal Electoral para que en plazo de tres días dicte la resolución respectiva”, dice el resolutivo.

Avance en la administración de justicia debe ir de la mano de la profesionalización de los cuerpos policiacos, señala el especialista en derecho penal.

El especialista en derecho penal Cipriano Sotelo Salgado consideró adecuada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló las inspecciones a vehículos y sin orden judicial.

Explicó que la nueva forma de visualizar el derecho constitucional y procesal implica para los órganos de justicia interpretar las normas no sólo con base en los tratados internacionales, sino los principios de proporcionalidad y pro persona.

Señaló que la SCJN ponderó que si bien puede haber violación al derecho a la privacidad y no ser molestado de una persona, el derecho colectivo a la seguridad pública tiene una mayor jerarquía y relevancia.

En este sentido, recalcó que la resolución a simple vista parece criticable, pero de fondo implica “un avance para la administración de justicia” que debe ir al parejo de la profesionalización de los cuerpos policiacos para velar por el respeto de los derechos humanos y actuar cuando haya elementos fundados de un acto delictivo o fuera de la ley.

Dijo que el criterio del máximo tribunal del país no significa que los policías pueden actuar caprichosamente y abusar de su autoridad; por el contrario, recalcó que cuando hay elementos subjetivos, tangibles o flagrancia de la comisión de un delito, es cuando pueden intervenir sin necesidad de una orden judicial, como lo establece el Código Nacional de Procedimiento Penales.

Sotelo Salgado, académico y doctor en Ciencias Políticas, insistió en la propuesta de profesionalización de las corporaciones policiacas que ha impulsado hace casi un lustro, porque solamente con agentes pensantes, con nivel mínimo de licenciatura, preparados no sólo física sino académicamente y bien pagados, puede recuperarse la confianza ciudadana y tener agentes que actúen con base en la legalidad y el respeto de los derechos humanos.

Las autoridades estatales confirmaron que mantendrán la vigilancia en la zona.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaron un operativo preventivo dentro y fuera del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), ante mensajes encontrados en el interior del plantel sobre un supuesto atentado para este martes 13.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias informaron que agentes de la Policía Morelos y de la Policía de Investigación Criminal, con apoyo de perros entrenados para la detección de armas y enervantes, inspeccionaron áreas comunes, aulas y puntos específicos del plantel y sus inmediaciones.

Durante el operativo preventivo no se localizó ningún objeto peligroso para los estudiantes y académicos, ni tampoco en días anteriores los elementos de seguridad interna del plantel detectaron algo inusual o que alertara de algún riesgo.

Eduardo Santamaría Chávez, director de la Policía de Investigación Criminal en la región surponiente, confirmó que el despliegue policiaco forma parte de las investigaciones relacionadas con mensajes anónimos que fueron encontrados dentro del Tecnológico, a principios de marzo, en los que se anunciaba un supuesto atentado.

Las autoridades estatales confirmaron que mantendrán la vigilancia en la zona para inhibir cualquier conducta delictiva y detectar cualquier riesgo.

Entró en vigor reforma al Código Familiar del estado.

Los menores de edad ya no podrán ser testigos en los testamentos, al entrar en vigor la reforma al Código Familiar para el Estado de Morelos.

Hasta hace uno días, la norma imposibilitaba a los menores de 16 años para ser testigos testamentarios, pero aun así permitía que adolescentes de 16 y 17 años fueran partícipes del acto protocolario.

Sin embargo, el legislador estableció que –de acuerdo con el propio Código Familiar– la minoría de edad comprende desde el nacimiento hasta que la persona cumple 18 años; por lo tanto, las personas que no tienen esa edad carecen de capacidad natural y legal para firmar documentos.

“Asimismo, se establece que los menores de 18 años no pueden ser testigos en los testamentos, pues, señala el legislador en la parte conducente del documento, que en términos del artículo 4 del Código Familiar para el Estado de Morelos, la minoría de edad comprende desde el nacimiento hasta que la persona cumpla dieciocho años de edad.

“Por su parte, el artículo 6 de ese Código, establece la incapacidad natural y legal, destacando que los menores de edad tienen incapacidad natural y legal, por lo tanto, no podrían firmar un documento al no tener la idoneidad requerida, es decir capacidad legal”, se estipuló en el decreto de reforma.

Por tal razón fue reformada la Fracción III del artículo 642 del Código Familiar para el Estado de Morelos, con el fin de establecer que no pueden ser testigos en un testamento los menores de 18 años.

Confirmó que se registrará como candidata a la gubernatura por el Partido Verde.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nadia Luz Lara Chávez confirmó que sí se registrará como candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y confió en que el Congreso aprobará su separación temporal del cargo, para que pueda ejercer su derecho constitucional a votar y ser votada.

Luego de que la tarde del 9 de marzo, el Pleno del TSJ rechazó concederle la licencia temporal para separarse de la magistratura, en una votación sui géneris en la que predominó la abstención de la mayoría sus homólogos, Lara Chávez reiteró que la negativa  no sólo fue absurda, sino ilegal y violatoria de sus garantías constitucionales.

Hasta el mediodía de ayer, la magistrada informó que no había sido notificada del acuerdo del Pleno  sobre el rechazo a su solicitud, para iniciar de inmediato las acciones legales con el fin de defender sus derechos político-electorales.

Sin embargo, está en espera de que este martes el Congreso local atienda la solicitud que paralelamente presentó ante el legislativo para dejar temporalmente la magistratura.

“Mañana (hoy, martes) estaremos viendo la decisión del Congreso del estado, que es otra situación aparte, y dependiendo de eso estaremos haciendo nuestro registro en la noche”, subrayó y recalcó que la normatividad electoral establece que tiene que separarse del cargo 90 días antes del día de la elección (1 de julio), lo que significa que todavía tiene hasta el 31 de marzo para cumplir con el requisito; por lo tanto, no hay impedimento para concretar su registro ante el órgano electoral administrativo.

Confió en que el Congreso aprobará su separación temporal del cargo y resaltó que, en la hipótesis de un escenario negativo, existen las vías legales para defender sus derechos constitucionales a votar y ser votada.

“Es un derecho de una ciudadana; por lo tanto, yo estando en el pleno goce de mis derechos ciudadanos y políticos, habría una violación de esos derechos y derivado de ello podría yo ejercer alguna acción legal. Yo dudo que el Congreso del estado negara un derecho para un efecto electoral”, explicó.

La Secretaría de Hacienda anuncia también estímulos para transportistas  

Cuernavaca, Morelos.- La Secretaría de Hacienda estatal anunció que otorgará beneficios fiscales a particulares en materia de derechos de control vehicular con la única condición que emplaquen en Morelos.

Según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con la medida que otorga beneficios económicos para los contribuyentes se busca aminorar la carga que causan las contribuciones relativas al control vehicular, así como facilitar y fomentar la regularización fiscal de los contribuyentes que presentan un rezago en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de la materia y actualización del padrón vehicular del estado.  

El acuerdo consiste en condonar el 100% de los derechos causados por los servicios de baja de registro en el padrón vehicular estatal de servicio particular, de baja del Registro Público Estatal de Transporte, así como de baja del registro en padrones vehiculares de otras entidades federativas, cuando esta contribución se pague conjuntamente con los derechos relativos al registro en el padrón vehicular estatal, con expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación, engomado y holograma, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

En el documento, la Secretaría de Hacienda estatal puntualizó que “al haberse otorgado un beneficio fiscal a los propietarios de vehículos automotores de servicio particular, en tratándose de derechos causados por el servicio de baja de registro en el padrón correspondiente, se estima oportuno y necesario conceder un beneficio similar a los propietarios de vehículos destinados al servicio público de transporte, respecto de la baja del Registro Público Estatal de Transporte, cuyos titulares resintieron de igual manera los efectos del referido sismo acontecido el 19 de septiembre del año 2017”.

Los propietarios de vehículos destinados al servicio público que deseen realizar la baja del Registro Público Estatal de Transporte deberán acudir a las oficinas que ocupa la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado, ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 

El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos (CECC) fue transformado en órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobierno

Cuernavaca, Morelos.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos (CECC) fue transformado en órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobierno, con la finalidad de agilizar los procesos administrativos en la valoración y calificación de los elementos de los cuerpos de seguridad y custodia estatales.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto expedido por el Poder Ejecutivo por el que se reconoce y regula al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos como órgano desconcentrado de la Administración Pública Estatal.

De acuerdo con la justificación del decreto, el 4 de febrero de 2015 se publicó el Reglamento Específico de Funciones de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y, en su momento, quedó sin efecto la normatividad que reguló a los órganos y atribuciones en materia de evaluación y exámenes de control de confianza, por lo que era necesario emitir un nuevo marco normativo.

“En tal virtud, mediante el presente Decreto se reconoce que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, como órgano desconcentrado de la Administración Pública Estatal dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, es quien ejecutará las facultades específicas, en materia de aplicación de las evaluaciones y exámenes de control de confianza previstas en la fracción XXI, del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con el objetivo primordial de atender de manera eficiente y rápida las necesidades de los rubros antes referidos; estableciéndose la estructura, las atribuciones y las funciones de forma general y específicas inherentes a dicho órgano desconcentrado”, se estableció en el documento en vigor desde 8 de marzo.

La nueva normativa  no prevé dentro de su estructura a un Comité Técnico y “al respecto, es importante citar algunas consideraciones de la naturaleza del órgano, siendo transcendental señalar que la desconcentración administrativa surge como un medio para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etcétera”.

Dentro de un término de 90 días hábiles, contados a partir de la publicación del decreto, deberá de expedirse el Reglamento Interno del CECC, y previa autorización de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, deberá realizarse los trámites correspondientes para la identificación y asignación de plazas ante la diversa Secretaría de Administración, así como para la expedición de los nombramientos respectivos por parte de la autoridad competente.

Después de casi tres años, se firmó el convenio que favorece a más de mil trabajadores sindicalizados y de base.

El sindicato se desistió de los juicios laborales iniciados contra la institución desde el 2016.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial acordaron un incremento salarial del 10% al personal de base y firmaron el convenio de condiciones generales de trabajo correspondiente al 2018.
A través de un comunicado, el TSJ informó que acordó con el sindicato el pago retroactivo al mes de enero del incremento del 10% al sueldo mensual, el cual beneficiará a más de mil trabajadores sindicalizados y de base.

La parte patronal condicionó la firma del convenio y el aumento salarial al desistimiento, por parte del comité directivo sindical y de los agremiados, de los juicios colectivos que presentaron contra la institución, correspondientes a los años 2016 y 2017.

En enero de 2016 el sindicato promovió alrededor de mil 200 demandas laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y, posteriormente, realizó varias protestas, lo cual mantuvo tensa la relación entre las partes.

Después de casi tres años sin aumento salarial, finalmente los trabajadores tendrán mejora a sus ingresos.

Serán procesadas y comparadas con bases de datos nacionales.

Cuernavaca, Morelos.- La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó casi 50 muestras de sangre a familiares de personas desaparecidas, las cuales serán procesadas y comparadas con las bases de datos tanto de la institución como de otras dependencias, como parte de los esfuerzos para encontrar a sus seres queridos.

La dependencia informó que el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se reunió con integrantes de la Caravana de Búsqueda de Vida en Morelos, con la finalidad de proporcionarles apoyo para localizar a sus familiares.

La FGE mostró a los miembros de la caravana el archivo de identificación humana que tiene la institución y se realizó la toma de 43 muestras biológicas a las personas que así lo pidieron.

La institución también se comprometió a la integración de los expedientes con los respectivos perfiles genéticos que permitirán la identificación plena de personas.

El proceso de toma de muestras fue observado por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que paralelamente da seguimiento a los casos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde se descubrió que en 2014 fueron inhumados –de manera irregular– cientos de cuerpos, pues no contaban con carpetas de investigación ni perfil genético y literalmente fueron hacinados.

Según el propio fiscal estatal, tentativamente, a mediados de marzo se tiene previsto iniciar con la inhumación de 353 cadáveres que permanecen almacenados en los servicios forenses de las fiscalías regionales. La intención es que este procedimiento se lleve apegado a los protocolos para evitar nuevos errores y violaciones de los derechos humanos, así como identificar el mayor número cuerpos y entregarlos a sus familiares que los buscan.

Los buscan en bases de datos nacionales.

Cuernavaca, Morelos.- Morelos es la cuarta entidad donde la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la División Científica de la Policía Federal y la fiscalía local, toma muestras de sangre a familiares de desaparecidos, con el fin de obtener material genético que permita contrastar la información con bases de datos de diversas instituciones y poder localizarlos.

Al iniciar la “Semana Estatal de Toma de Muestras para Identificación”, Miguel Ángel Manjarrez, director general de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la PGR, señaló que existe coordinación interinstitucional para ayudar a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

Detalló que conjuntamente con la División Policía Científica de la Policía Federal, se ha realizado la toma correspondiente en los estados de Michoacán, Nayarit y Guerrero, en donde se han logrado obtener casi mil muestras (84, 500 y 324, respectivamente) a familiares de personas desaparecidas.

El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara reiteró la disposición y sensibilidad de la institución para apoyar y dar certeza a personas que sufren la ausencia de un familiar.

“Nuestra responsabilidad es desarrollar un trabajo eficiente, coordinado y con un compromiso social, al atender cada uno de los casos de personas no localizadas, pues hablamos de seres humanos y una afectación moral a sus familiares; no podemos ser omisos en nuestra responsabilidad”, puntualizó.

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de marzo continuará la toma de muestras en las instalaciones del centro de salud ubicado en la colonia Tlaltenango del municipio de Cuernavaca.

Este proceso se realiza en víspera de la inhumación de 353 cuerpos de personas no identificadas, ya que permanecen almacenadas en áreas forenses de las fiscalías regionales.

César García Bravo fue retirado como abogado del exrector de la UAEM: Fragoso Velázquez.

Cuernavaca, Morelos.- Debido a una recusación presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la mañana de este martes fue suspendida la audiencia intermedia del juicio penal instaurado contra el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el presunto delito de peculado.

La representación de la Fiscalía Anticorrupción presentó una recusación contra la jueza a cargo del caso, Nancy Aguilar, con el argumento de que existe un conflicto de intereses, ya que la impartidora de justicia sostiene una relación laboral y amistosa con uno de los abogados defensores del ex rector, César García Bravo, porque ambos imparten clases en una universidad privada.

Por tal razón, la audiencia permanecerá suspendida hasta que una sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva si es procedente o no la recusación y, en su caso, si la causa penal contra ex jefe universitario debe ser conocida por otro juzgador, si es que se comprobara que existe el conflicto de interés aludido por la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado Christian Fragoso Velázquez, otro de los defensores de Vera Jiménez, aclaró que García Bravo fue revocado como defensor del ex rector y lamentó la estrategia dilatoria de la fiscalía que dirige Juan Salazar Núñez, pues consideró que lo único que se pretende es continuar con la persecución política contra su representado, quien también es aspirante a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza (Panal).

“Consideramos, objetivamente, que no existiría ningún impedimento para poder continuar con la audiencia, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción una vez más alarga el procedimiento como ustedes bien lo advierten, en atención que no existe conflicto de interés y, sobre todo, que el día de hoy que comparecimos, no existe tal impedimento toda vez que el anterior defensor fue revocado”, explicó.

Además del proceso penal por presunto peculado, Vera Jiménez y su esposa enfrentan una segunda causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los casos también se litigan ante la justicia federal, donde el académico ha interpuesto sendos juicios de amparo contra cualquier orden de detención o aprehensión y ha impugnado las resoluciones judiciales locales.  

El sindicato consiguió el reconocimiento de algunas prestaciones.

El Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) finalmente firmó con la parte patronal el convenio de las condiciones general de trabajo, cuyo logro principal fue el reconocimiento de diversas prestaciones, que anteriormente se pagaban de manera extralegal y eventual.

Al llegar a acuerdos, se desvaneció la posibilidad de un estallamiento de huelga, el cual había sido prorrogado en tres ocasiones ante la disposición de ambas partes para dialogar y negociar

Con la firma de las condiciones, el TJA reconoció la legalidad de la constitución del sindicato y reconoció a los trabajadores diversas prestaciones, que originalmente eran otorgadas de manera extralegal y la parte patronal podía o no pagarlas, bajo el pretexto de la falta de presupuesto.

También el sindicato logró establecer un bono de fin de año para los trabajadores sindicalizados y el bono profesional, que durante las negociaciones se pretendió que el beneficio fuera para todos sus agremiados, sólo procederá en casos muy específicos, a discrecionalidad del Pleno del TJA y en función de la suficiencia presupuestal.

Asimismo, las partes acordaron que será el próximo año cuando se realice la negociación de aumento salarial.

Abogados denuncian que en la institución prevalecen actos de corrupción de servidores públicos.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos pidió al nuevo fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, realizar una “limpia” en la institución y echar a los servidores públicos que incurren en malas prácticas y obstaculizan la justicia.

Luego de la reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), abogados barristas expusieron que en la institución prevalecen malas prácticas alentadas por servidores públicos sin ética, que buscan beneficios personales y a quienes no les importa quebrantar la ley.

El presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete, señaló que “queremos que hoy la fiscalía tenga esa cara de sensibilidad, de puertas abiertas, de una institución que imparta procuración de justicia, pero le exigimos también una limpia”.

Al respecto, Rosete dijo: “Urge una limpia, urge que despida y corra al personal que no ha dado respuesta, que no ha dado el resultado que necesitan los morelenses, eficaz y eficiente. Creo que es importante escuchar el clamor de la Barra de Abogados; sabemos que tiene la buena intención y la buena fe, pero necesitamos acciones concretas y que genere una limpia que dé confianza a la sociedad”.

Explicó que entre las malas prácticas o actos de corrupción más comunes dentro de la institución son el cobro de dádivas para la realización de trámites e integración de carpetas de investigación, el condicionamiento para obtener la libertad, el rezago intencional de los expedientes e indagatorias y la colusión de fiscales o funcionarios con algunos abogados que se convierten en “socios” para asuntos desde el interior de la fiscalía.

Miguel Ángel Rosete recalcó que es necesario que el fiscal tome medidas tangibles para que la sociedad recupere la confianza y se incentive la denuncia del delito.

Manifestó que en la Visitaduría de la FGE existe una lista de quejas contra servidores públicos que deben revisarse y resolverse conforme a derecho para sancionar y cesar a los malos funcionarios.

En este sentido, refirió que “la Barra de Abogados se compromete a documentarle algunos actos, algunas quejas, para que, principalmente, el fiscal no tenga nada más la queja verbal sino tenga el soporte para iniciar los procedimientos correspondientes”.

Uriel Carmona Gándara confirmó la próxima inhumación de 353 cadáveres de personas no identificadas.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, afirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) puede sumarse, sin necesidad de aportar recursos económicos, a la observación del proceso de inhumación de 353 cadáveres de personas no identificadas, y garantizó que se cumplirá con todos los protocolos jurídicos y científicos.

Expresó que tentativamente el 15 de marzo podría arrancar la inhumación paulatina de los cuerpos que aún permanecen almacenados en los servicios médicos forenses de las tres fiscalías regionales, porque hay avances en la toma de muestras biológicas e integración de los dictámenes para elaborar los perfiles genéticos y cumplir con los protocolos, en espera de que en el futuro puedan ser identificados.

Ante el temor de algunos activistas en materia de derechos humanos  de que la FGE no cumpla con los protocolos de inhumación, como ocurrió en los casos de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla, Carmona Gándara garantizó que cada cuerpo contará con expediente y su respectivo perfil genético; en caso contrario, la inhumación no se hará hasta que se cumplan los requerimientos de ley.

También aseguró que la institución cuenta con la capacitad para llevar a cabo este complicado proceso. “Lo que pasa es que es un proceso técnico, cada dictamen toma su tiempo, es paulatino; cada dictamen lleva su proceso, los resultados no son inmediatos, pero estamos avanzando”, aseguró.

Manifestó que en este proceso de inhumación de cuerpos participarán organizaciones de víctimas y derechos humanos, incluso abrió la puerta a la UAEM para que se incorpore como institución observadora, porque será la FGE la que asuma todo el costo del proceso.

“Sí tenemos participación de los colectivos, tenemos organizaciones gubernamentales participando en este proceso al interior de la fiscalía, viendo carpeta por carpeta, dictamen por dictamen… Por supuesto que es así.

“Tengo entendido que la Universidad no va a participar en ese proceso por un tema financiero, pero no hace falta, la ley a quien nos obliga es la fiscalía y lo estamos haciendo bien”, dijo a pregunta expresa respecto al reciente comunicado de la UAEM en el que explicó que no podría participar por falta de recursos económicos.

Más tarde, la FGE informó que a partir de hoy, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), se realizará la “Semana Estatal de Toma de Muestras para Identificación” a fin de contar con los perfiles genéticos de personas que tengan familiares desaparecidos.

En las instalaciones de la fiscalía recibirán a todas las personas que están en busca de algún familiar, donde se llenará el formato correspondiente para contar con el registro, y los días 8, 9 y 11 de marzo, en el Centro de Salud de Tlaltenango, cerca de la FGE, se tomarán las muestras biológicas que permitirán hacer el cruce con los perfiles genéticos de cuerpos no identificados, recabados en una base de datos.

“Es importante señalar que la toma de muestras es totalmente gratuita para todas aquellas personas que acudan a realizar este proceso, que permitirá tener la certeza de contar con los elementos científicos para la identificación oportuna, al tiempo de tener las bases de datos correspondientes para generar un procedimiento confiable”, informó la fiscalía.

La justicia federal concedió suspensión a consejeros de la judicatura.

Los aún consejeros de la Judicatura Guillermina Jiménez Serafín y Abraham Romo Pérez afirmaron que la comisión temporal de magistrados designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para asumir las funciones del extinto Consejo de la Judicatura, no podrá tomar decisiones sobre el nombramiento de jueces ni asuntos que quedaron en tránsito, como quejas administrativas y recursos de recusación, en tanto prevalezca suspensión que les concedió la justicia federal.

“Al tener nosotros, como consejeros, la suspensión por parte de la justicia federal, no es únicamente para seguir gozando de nuestros emolumentos, sino precisamente, para no ser removidos del cargo con todo y las consecuencias que ello implica, es decir, nuestras funciones.

“En lo personal, sigo trabajando mis expedientes de responsabilidad administrativa, pero a mí tampoco se me ha llamado por parte de la comisión para ser parte de la toma de decisiones y creo que desde ahí posiblemente cabría una violación no sólo a la suspensión, sino a la propia Ley de Amparo”, dijo el todavía consejero representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura Abraham Romo Pérez.

Advirtió que si bien la reforma que extinguió el Consejo de la Judicatura previó la creación de una comisión transitoria de magistrados en tanto se instaura un nuevo órgano de administración, la negativa de analizar los efectos jurídicos de la suspensión federal por parte la presidenta magistrada del TJS, Carmen Cuevas López, implica que hay una duplicidad de funciones.

“Se están duplicando las funciones por no haber analizado a detalle los efectos, la suspensión que como consejeros de la Judicatura nos concedieron los juzgados de distrito, y por falta de reconocimiento de la propia presidenta de no querer que nosotros seamos partícipes de esa comisión”, expresó Romo Pérez, al tiempo de señalar que, desde meses atrás, Cuevas López no sólo impulsó la extinción del Consejo de la Judicatura, sino que los relegó en la toma de decisiones y les cerró el acceso a la información, al grado de que no existe aprobación del ejercicio presupuestal desde 2017 por parte del otrora Consejo.

En torno a temas delicados que quedaron en tránsito, la consejera Guillermina Jiménez Serafín consideró que el seguimiento de la convocatoria para la designación de jueces (que quedó paralizada debido a las reformas a la estructura y operación del Poder Judicial) debe realizarse con mucho cuidado para no poner el riesgo el proceso, y porque se quedó en una etapa donde existe una recusación en contra del magistrado, Rubén Jasso (otrora representante de los magistrados en el Consejo de la Judicatura y ahora miembro de la comisión transitoria) y la cual no se ha resuelto.

Dicha recusación fue presentada en diciembre de 2017 por el abogado y aspirante a ocupar una de 13 plazas de jueces mixtos de primera instancia y menores del Tribunal Superior de Justicia Jorge Luis López Flores, quien acusó a Rubén Jasso Díaz de intervenir en el proceso selección y tener un evidente conflicto de intereses porque Eder Díaz Martínez –uno de los candidatos a juez– es su concuño y presuntamente se le pretende favorecer por encima de las capacidades del resto de los concursantes.

“En determinado momento este recurso tiene que ser resulto, pero nosotros, que conocemos de la primera y segunda etapa, tendríamos que tener intervención para efecto de que se haga valer todos y cada uno de los argumentos que el ahí doliente hizo valer en contra del magistrado.

“Quedaron muchos asuntos pendientes y si bien se pretende, con la nueva comisión transitoria, asumir las funciones del Consejo de la Judicatura, no hay disposición que determine cuáles van a ser las funciones y facultades de esta comisión”, alertó Jiménez Serafín.

Ambos insistieron en  que tienen que ser llamados por la comisión transitoria para la toma de decisiones; de lo contrario, serán los jueces federales quienes tendrán que sopesar si hay o no una violación a la suspensión que les fue concedida.

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa obtuvo de un juez de distrito la suspensión definitiva para mantenerse en el cargo

Cuernavaca, Morelos.- El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Orlando Aguilar Lozano obtuvo de un juez de distrito la suspensión definitiva para mantenerse en el cargo e impedir que el Congreso local designe en su lugar a un nuevo magistrado.

El Juez Segundo de Distrito, Carlos Anuar Jaimes Torres, resolvió mantener la medida cautelar hasta la resolución de juicio de amparo 2019/2018, promovido por Aguilar Lozano, contra la convocatoria y el proceso iniciado por el Poder Legislativo para nombrar un nuevo magistrado propietario para la Segunda Sala del TJA.

La suspensión definitiva permitirá a los legisladores desahogar las etapas del proceso de selección, pero les impide nombrar y tomar protesta al elegido, hasta en tanto no se agote el juicio de amparo.

Salvo que surja un nuevo hecho que amerite la revocación, la medida protectora prevalecerá por varios meses y posiblemente hasta octubre de 2019, cuando el magistrado Aguilar Lozano cumpla los 70 años, edad prevista en la última reforma legislativa para el retiro forzoso de los magistrados.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso de Morelos intenta, sin éxito, relevar al magistrado Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.

En septiembre de 2017, la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo pero Aguilar Lozano no sólo se  mantuvo en el cargo sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

Según Lozano Aguilar, con las reformas realizadas el año pasado por el Congreso de Morelos su situación jurídica cambió en su favor, al incrementarse de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso de la magistratura.

Justifica la instauración de la comisión que sustituye al Consejo del Judicatura.

A través de un comunicado, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Miguel Ángel Falcón Vega afirmó que era necesario instaurar una comisión transitoria que asumiera las funciones del extinto Consejo de la Judicatura para evitar la paralización de asuntos como el pago de nómina. Sin embargo, prevalece el hermetismo sobre las posturas disidentes que acusan las intenciones de convalidar la reforma que afectó la estructura y la operatividad del Poder Judicial.

De acuerdo con Falcón Vega –quien forma parte de la comisión que fue instaurada el 26 de febrero–, mientras concluye el proceso legislativo de la contrarreforma recientemente aprobada por el Congreso local, en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se estableció un artículo transitorio para establecer que operará temporalmente una comisión en tanto se crea el órgano sustituto del Consejo de la Judicatura.

“Este órgano es el que hará la función que tenía el anterior Consejo de la Judicatura (…) y precisamente el tribunal, los órganos administrativos, los órganos financieros, los que son el pago de nómina, el pago a trabajadores, y todo lo que implica la vida financiera, material, humana de tribunal, depende de ello y esto no puede detenerse.

“Y en este lapso de tiempo, en este trámite del procedimiento constitucional de reforma, se necesita un órgano transitorio que hiciera este trabajo y es precisamente el que vamos a realizar”, dijo.

Abiertamente apoyó las modificaciones a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, sobre todo a lo que atañe al TSJ, por considerar que fortalece la autonomía e independencia del Poder Judicial.

“Me parece que esa fue la misión que tuvo el legislador y el constituyente del estado de Morelos, al advertir que era necesario este órgano de administración, de vigilancia y disciplina para fortalecer la autonomía de la nuestra institución.

“Me parece que el Poder Judicial ha gozado de esta, tenemos que trabajar más,  pero es me parece que un paso muy importante para  mantener y seguir fortaleciendo la autonomía del Poder Judicial“, señaló.

Sin embrago, no hay postura de la representación del Poder Judicial respecto a las acusaciones de un grupo de magistrados disidentes y de los que, por una suspensión provisional concedida por jueces de distrito, siguen en funciones como consejeros de la Judicatura.

Los inconformes han acusado a la titular del TSJ, Carmen Cuevas López,  de mentir y ejercer un doble discurso, ya que fue ella quien impulsó la reforma que extinguió la Judicatura.

Abraham Romo asegura que la presidenta del TSJ ha validado la reforma constitucional que dice combatir.

Abraham Romo Pérez, quien legalmente aún es representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, acusó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, de mentir y ejercer un doble discurso, pues no solo fue promotora de la reforma que afectó la estructura y operatividad del Poder Judicial, sino que se ha dedicado a validarla, aun cuando públicamente asegura estar inconforme.

Dijo que una prueba de ello es la instauración de la comisión de magistrados que asumirá las funciones del Consejo de la Judicatura, sin miramientos ni análisis jurídico sobre los alcances de la suspensión provisional que le concedió un juez de distrito, para efecto de que él permanezca como consejero de la Judicatura, con todas las funciones, facultades y prerrogativas económicas propias del cargo hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Explicó que, paradójicamente, la medida cautelar que lo protege no fue combatida por el Congreso del estado como ente reformador y parte demandada, sino por la propia representante del Poder Judicial, Verónica Cuevas, quien promovió una queja argumentando que el Consejo de la Judicatura no existe, que atenta contra el artículo quinto de la reforma en cuestión y que no  deben pagársele emolumentos.

Romo Pérez sostuvo que los hechos evidencian que Cuevas López miente respecto de la defensa de la existencia de la Judicatura, porque lo que busca es el control administrativo y financiero del Poder Judicial, en vísperas de la elección de la presidencia del TSJ, en la que ella pretende reelegirse.

Indicó que la creación la comisión de magistrados es otra prueba de que Verónica Cuevas pretende generar las condiciones para que, en caso de que se interponga una controversia constitucional, sobrevenga el sobreseimiento porque los actos han sido ejecutados.

Señaló que la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Guillermina Jiménez Serafín, también goza de una suspensión provisional federal para continuar con el cargo, con la reserva de que sus emolumentos fueron limitados al 30%.

Enfatizó que en ambos casos, tanto Cuevas López como el Pleno del TSJ podrían estar en la hipótesis de violación a la suspensión, máxime si se les excluye de la toma de decisiones que les competen porque jurídicamente todavía están en funciones como consejeros.

También aseguró que hay una violación a los criterios establecidos por la SCJN en la resolución de dos controversias constitucionales, en las que se validó la designación de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, se determinó que no podrán ser removidos de su encargo, salvo en las excepciones prevista en la ley,  y que ejercerán sus funciones con autonomía e independencia.

Lo anterior, afirmó, podría a la postre traer consecuencias jurídicas tanto para los legisladores como para los miembros del Poder Judicial, pues a sabiendas de lo resuelto por el máximo tribunal del país, han actuado con conocimiento de causa y dolo.

El magistrado Iván Arenas Ángeles dice que nombrar la comisión que sustituye al consejo de la judicatura hace difícil una contrarreforma.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) nombró la comisión de magistrados que asumirá temporalmente las funciones del extinto Consejo de la Judicatura; sin embargo, el magistrado Caros Iván Arenas Ángeles señaló que este acto no sólo consiente las reformas que modificaron la estructura del Poder Judicial, sino que pone en riesgo su autonomía y el éxito de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La tarde del lunes se realizó una sesión de Pleno en la que, por mayoría de 13 votos, designaron a Carmen Cuevas como titular del TSJ y, paradójicamente, a los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz (quienes en agosto de 2013 protagonizaron una trifulca en plena sesión) como integrantes de esta comisión, en cumplimiento del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que –entre otras cosas– extinguió el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, Arenas Ángeles recordó que la presidenta del TSJ no dio continuidad a la última sesión de Pleno, que fue suspendida y en la que se debatió la posible promoción de una controversia constitucional para combatir la reforma, y procedió a realizar una nueva sesión en la cual no todos los magistrados fueron convocados para asistir en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Señaló que él fue emplazado sólo telefónicamente, cuya hipótesis no está prevista en la ley; a pesar de que en el Pleno hubo quien sugirió subsanar la deficiencia y notificarle debidamente la convocatoria a la sesión, Cuevas López no lo razonó relevante.

Consideró que la designación de la comisión es prácticamente una aceptación de las reformas que extinguieron el Consejo de la Judicatura. Ante ello se disminuye la posibilidad de revertir dichas modificaciones constitucionales, poniendo en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial.

Por ello, no descartó la posibilidad de impugnar la sesión y la designación de la comisión a través de un juicio de amparo.

La FCAP exige que se deslinden responsabilidades antes del inicio de las campañas políticas.

Cuernavaca, Morelos.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) exigió al gobierno federal que, antes del arranque de la fase de campañas electorales, deslinde responsabilidades a quienes permitieron la irregular construcción y la operación del Paso Exprés en Cuernavaca.

El presidente de la FCAP, Alejandro Smith Vázquez, consideró reprochable que a poco más de siete meses de la tragedia del socavón, que cobró la vida de dos hombres, tanto el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), mantengan congelados los procesos administrativos y penales contra los servidores y exservidores públicos que fueron omisos y negligentes antes, durante y después de la ejecución del proyecto carretero, que demostró tener fallas técnicas que causaron diversos daños e infortunadamente cobró vidas.

“Es totalmente reclamable a la autoridad investigadora, que debe rendir ya los informes y determinaciones y, en su caso, las sanciones que deben de aplicarse a quienes incumplieron o quienes tengan alguna responsabilidad.

“El congelamiento del asunto no da confianza a la sociedad civil de que se está buscando verdaderamente a los responsables, quienes quiera que sean”, señaló Smith Vázquez.

Recordó que fue la sociedad civil la que denunció e impulsó la realización de una investigación responsable del tema, y “hoy la autoridad tiene la oportunidad de demostrar que no está encubriendo a nadie, y que hoy las autoridades deben de dar resultados antes del proceso electoral, pues sería un excelente mensaje de que no hay impunidad”.

Incluso, este martes, organizaciones sociales y ambientalistas presentarán en la sede del Colegio de Arquitectos de Cuernavaca el informe del Colectivo por el Rescate del Paso Exprés sobre los resultados de la tercera sesión de la mesa técnica, que se realizó con representantes de la SCT, del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Pese a diversas denuncias y protestas de ciudadanos respecto a las irregularidades y fallas técnicas en la construcción del Paso Exprés (antes libramiento Cuernavaca), fue hasta que el 13 de julio de 2017 (día en el que el socavón se abrió en el kilómetro 93 y literalmente se tragó un vehículo con dos hombres que perdieron la vida) cuando los gobiernos federal y estatal actuaron.

Días antes de dicha tragedia, la Barra de Abogados del Estado de Morelos promovió una queja ante el órgano interno de la SCT en la que denunciaba las irregularidades en la construcción y operación del Paso Exprés, pero hasta ahora el procedimiento administrativo iniciado se mantiene congelado y sin que se deslinden responsabilidades.

Tras la tragedia, que obligó a la remoción del otrora delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, y puso en la mira a esa dependencia, las autoridades federales iniciaron procedimientos penales y administrativos paralelos, hasta ahora inconclusos.

Cuernavaca, Morelos.- En menos de 15 días, la Secretaría de Salud emitió un nuevo acuerdo por el que crea y regula la Comisión Permanente de Enfermería del Estado de Morelos, luego de observaciones realizadas por las propias enfermeras.

El pasado 12 de febrero, dicha dependencia emitió un primer acuerdo para crear la mencionada comisión, cuya misión será la de impulsar y analizar acciones y actividades orientadas a fortalecer y contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de atención a la salud, el desarrollo y la superación del personal de enfermería en la entidad.

Sin embargo, a petición de las enfermeras de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), la Secretaría de Salud estatal abrogó el primer acuerdo y emitió uno nuevo para adecuar la integración de la comisión para precisar que la participación de este organismo, el Hospital del Niño Morelense, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos será específicamente por conducto del área de enfermería.

Además, en este nuevo acuerdo se adicionó la intervención de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el fin de permitir una mayor diversidad de aportaciones en la toma de decisiones y en la generación de políticas públicas que fortalezcan la materia de la enfermería.

No obstante, se eliminó la integración de esa comisión a la Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas en Salud y a la Dirección General de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo estatal.

La protección es competente para conocer las faltas a la disciplina castrense, siempre y cuando no esté implicado un civil como víctima o sujeto activo, o haya violaciones a las garantías fundamentales, resuelve

Cuernavaca, Morelos.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fuero militar es competente para conocer las faltas a la disciplina castrense, siempre y cuando no esté implicado un civil como víctima o sujeto activo, o violaciones a las garantías fundamentales.

Al resolver el amparo en revisión 605/2014, el Tribunal Pleno de la SCJN determinó, por mayoría de siete votos, que cuando en actos del servicio un militar comete delitos que atentan de manera directa contra la disciplina castrense, el caso lo debe conocer un juez militar y no uno civil, siempre y cuando en los hechos no esté involucrado un civil, ya sea como sujeto activo o víctima, ni se trate de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la resolución,  se estimó necesario extender el criterio adoptado en septiembre de 2012 sobre la competencia de los jueces militares, a fin de recoger los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la materia, en el que destaca que para la actualización del fuero militar no basta que el imputado sea un militar en activo y que no esté involucrado un civil, sino que es necesario que el delito se cometa en actos del servicio y guarde una estricta conexión con la disciplina castrense, como bien jurídico tutelado.

Por lo tanto, revocó el amparo concedido al comandante de una Base de Operaciones que, teniendo como función específica el combate al narcotráfico, lo fomentó, y en tales circunstancias la competencia no es de un juez civil (como inicialmente un juzgado de distrito había considerado), sino que corresponde a un juez militar conocer de la causa, en la que se le atribuyeron al justiciable los delitos contra la salud agravado y traición a las fuerzas armadas.

El inicio de la huelga ya se postergó en dos ocasiones

Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) espera esta semana lograr un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del TJA, para firmar el convenio de condiciones generales de trabajo y evitar la huelga.

El magistrado presidente de este tribunal, Jorge Estrada Cuevas, explicó que se logró un tercer aplazamiento de la huelga, con el fin de continuar con las negociaciones y tratar de que el convenio laboral sea acorde a las posibilidades financieras del TJA.

“Hemos estado en pláticas conciliatorias, ya teníamos estas pláticas desde el año pasado, y estamos llegando prácticamente a los puntos finales, en donde tenemos que tomar la decisión que corresponda sobre si firmamos o no el contrato colectivo de trabajo.

“Yo creo que vamos por la ruta correcta y creo que muy pronto vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes”, dijo.

Entre las peticiones de la dirigencia sindical destaca el otorgar como mínimo un aumento salarial anual conforme al porcentaje autorizado por la Comisión Nacional de Salario Mínimos, el reconocimiento de varias prestaciones como bonos de despensa y los bonos de profesionalización, que permitan al personal capacitarse y continuar con su preparación académica para ofrecer un mejor servicio a los justiciables.

El Pleno del TJA deberá sesionar esta semana para votar si se autoriza o no el convenio en los términos en que han coincidido los representantes del sindicato y la parte patronal, de lo cual dependerá si se desvanece la posibilidad del estallamiento de huelga.

Investigará y perseguirá los ilícitos en esta materia, haya o no elecciones.

Cuernavaca, Morelos.- La Fiscalía General del Estado creó, de manera permanente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de investigar y perseguir los ilícitos en esta materia, independientemente de que sea o no época de comicios.

En calidad de órgano constitucional autónomo, el nuevo fiscal estatal derogó el acuerdo emitido por su antecesor el pasado 25 de enero, y emitió uno nuevo para crear la Fiscalía Especializada, cuyo titular tendrá la misma jerarquía que el fiscal regional metropolitano y, contará, además de los requisitos legales, con por lo menos siete años de experiencia profesional comprobable e ininterrumpida en materia electoral.

El funcionario consideró que la nueva fiscalía debe funcionar de manera permanente, en virtud de que, aun sin ser época electoral, se cometen delitos de esta naturaleza.

“Así, con la expedición del presente acuerdo, se dispone de la existencia de la referida Fiscalía Especializada que justamente atienda el tema electoral y que lo haga de manera permanente, dado que la realización de los delitos con esta materia no son de la exclusiva configuración que abarca los procesos electorales, sino que en cualquier momento podrían presentarse”, estipuló en el acuerdo publicado este viernes en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Por ejemplo, se detalló, pueden perpetrarse conductas como la retención sin causa y justificación de las credenciales de elector; la suspensión o condicionamiento de programas sociales con fines políticos; además de la venta, modificación o alteración de documentos electorales.  

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contará con unidades regionales especializadas de investigación y estará apoyada por la Policía de Investigación Criminal, Servicios Periciales y agencias del Ministerio Público.  

La institución se compromete a avanzar en los casos.

Familiares de víctimas y el nuevo fiscal estatal sostuvieron un primer encuentro en el que se expuso el poco avance en la resolución de sus casos. Ante ello, nuevamente, la autoridad les prometió revisar las carpetas de investigación.

Una vez más, familiares y organizaciones como la Asociación de Víctimas del Estado de Morelos tuvieron que empezar con el proceso de acercamiento con el nuevo fiscal y repetir -en lista- los obstáculos que enfrentan permanentemente -con o sin cambio de funcionarios- en la fiscalía estatal en la búsqueda y localización de personas desparecidas, identificación y entrega de cuerpos, y la lenta o irregular integración y judicialización de las capetas de investigación.

Con la llegada del recién designado fiscal, que sustituyó a Javier Pérez Durón, los familiares de víctimas pidieron continuidad a sus casos, así como esfuerzos extraordinarios para la identificación de los cuerpos almacenados en el Servicio Médico Forense para saber si alguno es de sus seres queridos desaparecidos, y acelerar la integración de las carpetas de investigación para esclarecer los crímenes.

En respuesta, el nuevo fiscal se comprometió a avanzar en los casos. Para ello se realizarán mesas de trabajo mensuales a fin de revisar y analizar las carpetas de investigación, y tomar acciones precisas para atender cada una de ellas de manera individualizada.

También se reunió con integrantes de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado Delgado”, con quienes se comprometió a revisar las carpetas de investigación iniciadas en la región oriente contra miembros del grupo conocido como “Los Marcelinos”, al que se vinculó con el homicidio del joven activista Gustavo Salgado, ocurrido a inicios de febrero de 2015.

La magistrada presidenta del TSJ defiende la existencia del Consejo de la Judicatura.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, sostuvo su intención de promover una controversia constitucional, al no haber reculado el Congreso local en la reciente contrarreforma sobre la extinción del Consejo de la Judicatura.

Expresó que existe disposición de mantener el diálogo con los legisladores (quienes proponen establecer mesas de trabajo para debatir temas de la administración de justicia), pero consideró que, sin el consenso del Poder Judicial, los diputados finalmente decidieron aprobar una reforma y contrarreforma cuyo ciclo legislativo sigue su curso.

Por el momento, descartó que haya un segunda contrarreforma que recule en temas como la extinción del Consejo de la Judicatura, pero “estamos no tanto como resignados, porque si tenemos conceptos de invalidez, nos vamos a la controversia constitucional y haremos los mecanismos legales que creamos son convenientes para poder tener una mejor reforma”.

Cuevas López afirmó que, aun si conocer los términos precisos en los que quedará la reestructura del Poder Judicial, “aquí lo único rescatable es que va a haber una verdadera autonomía al Poder Judicial. porque no va a haber la intromisión de ningún representante ni del Ejecutivo ni del Legislativo; creo que esa es la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Más allá de quien estaba o no estaba como representante, creo que lo que se logra es que el Poder Judicial tenga una autonomía”.

El Consejo de la Judicatura desparece y se crea una comisión integrada por tres magistrados, además de que desaparecen las representaciones del Congreso y del gobierno de Morelos. Un argumento para defender la existencia del Consejo es que a nivel nacional se han fortalecido estos órganos administrativos e, incluso, en la iniciativa enviada a por la Presidencia de la República al Senado se propuso apuntalarlos.

 Los empleados exigieron una explicación sobre el destino y el motivo de la retención de los recursos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó con la entrega de apoyos a trabajadores damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, ante la denuncia pública sobre la presunta retención de los donativos que fueron aportados por funcionarios judiciales y tribunales de dos estados.

Luego de que un grupo de trabajadores damnificados exigió una explicación sobre el destino y el motivo de la retención de los recursos donados para ayudarlos en la emergencia, la magistrada presidenta del TSJ Carmen Cuevas López ordenó la entrega inmediata de los apoyos económicos.

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, ayer, en sus centros de trabajo en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla, les dieron la orden literal de abandonar sus funciones para presentarse a recibir sus cheques, después de cinco meses de ocurrido el sismo de 7.1 grados con epicentro en el municipio de Axochiapan, Morelos, y que causó fuertes daños en diversas zonas de la entidad.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del TSJ, explicó que fue posible la entrega hasta ahora debido a que la recaudación de los donativos culminó en diciembre y en enero se establecieron las reglas para la distribución de la ayuda económica, con el objetivo de que los recursos fueran distribuidos proporcionalmente entre trabajadores damnificados, con base en las afectaciones provocadas por el sismo a sus viviendas.

“Establecimos un mecanismo a través del cual se iba a entregar la ayuda, porque quisimos que fuera proporcional. Es decir, en cuanto fuera el daño ocasionado por el temblor. Insisto: una fractura o una fisura no va a tener la misma ayuda, porque no es lo mismo reparar una barda fracturada a nada más una fisura en la pura mezcla”, dijo.

Becerra Arroyo sostuvo que para evitar irregularidades o engaños era necesario establecer reglas para la distribución de los donativos aportados por los poderes judiciales de San Luis Potosí y Jalisco, así como por algunos jueces, secretarios de acuerdos y magistrados del TSJ, que sumaron alrededor de 315 mil pesos.

“Para no prestarnos a fraudes o engaños, como los trabajadores solicitaron (el apoyo) así, de manera sencilla, no nos agregaron ningún dictamen de protección civil ni fotografías, y fuimos armando expedientes en cada caso, y fue la institución quien buscó a los trabajadores para que completaran esa documentación y, una vez que la tuvimos durante enero y lo que va de febrero, fue cuando establecimos los parámetros según los daños y ya hoy (ayer) se empezaron a entregar los apoyos”, expuso.

Rechazó que hubiese retención o retraso en la entrega de los donativos, porque en diciembre, de manera voluntaria, algunos funcionarios y empleados judiciales aportaron parte de su aguinaldo para ayudar a los compañeros damnificados, y era necesario sistematizar la entrega.

Detalló que 58 trabajadores fueron enlistados como damnificados por el sismo y quienes sufrieron afectaciones fuertes en su patrimonio recibirán un apoyo de hasta 10 mil pesos para realizar reparaciones.

Sancionará Propaem contaminación del arroyo.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) investigará y sancionará a los responsables de la contaminación del arroyo que atraviesa el parque Chapultepec, declarado área natural protegida.

A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) informó que en la reunión interinstitucional que fue realizada el pasado 9 de febrero, como parte del seguimiento de la queja 010/2018-2, iniciada en enero pasado, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) dio a conocer que todo indica que la contaminación del caudal provino de una descarga de aguas residuales de la plaza comercial Forum, la cual tiene una coloración azul y fue igual a la que tiñó las aguas del parque Chapultepec.

El organismo paramunicipal también informó a la CDHEM que durante las inspecciones para descubrir el origen de la contaminación, detectó que tres de las descargas domiciliarias conectadas a los colectores que se encuentran en el citado parque no cuentan con autorización de las autoridades municipales, y dos de ellas tienen fisuras en sus fosas sépticas.

Durante la reunión, en la que también participaron representantes de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), se tomaron cuatro acuerdos.

El principal es que la Propaem realizará las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de la contaminación por descargas en el área natural protegida del Parque Estatal Barranca Chapultepec.

Además, el SAPAC clausurará las descargas domiciliarias detectadas que no cuentan con el permiso correspondiente. Mientras tanto, la Ceagua reparará las fisuras detectadas en la bóveda que atraviesa la avenida Atlacomulco.

Por su parte, la SDS –con apoyo del SAPAC– recubrirá las fisuras detectadas en las paredes de la trotapista del parque.

El organismo defensor de los derechos humanos recalcó que el cumplimiento de los acuerdos  será  evaluado  en una reunión interinstitucional, convocada para el próximo 9 de marzo, y los avances serán socializados en tiempo y forma.

En torno a este asunto, cabe recordar que el pasado 16 de enero, una denuncia ciudadana que circuló a través de las redes sociales alertó del cambio de coloración de caudal y fue hasta entonces que intervinieron las autoridades para investigar el origen de la contaminación.

Fueron aportados por funcionarios y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país.

Empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exigieron esclarecer el destino de los donativos que fueron aportados por altos funcionarios judiciales y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país para apoyar a los trabajadores que resultaron damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Un grupo de trabajadores del TSJ –quienes pidieron reservar su identidad ante posibles sanciones o la pérdida de su empleo por hacer pública la denuncia– detalló que para ayudar en la emergencia, secretarios de acuerdos, jueces y magistrados del TSJ y de dos tribunales de otros estados aportaron donativos económicos, los cuales serían distribuidos equitativamente entre los empleados judiciales que resultaron damnificados.

Para ello, la presidencia del TSJ ordenó un censo con el fin de cuantificar el número de empleados que sufrieron afectaciones a su patrimonio por el movimiento telúrico, que provocó daños en la mayor parte del territorio morelense.

Sin embargo, a cinco meses de la tragedia, los damnificados se quejaron, pues no sólo no llegó la ayuda emergente que pretendieron ofrecer los magistrados, jueces y secretarios de acuerdos, sino que hasta ahora ni los beneficiarios han recibido el apoyo económico ni se sabe el destino de los donativos.

“En octubre pasado, la presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas López, solicitó un censo para distribuir entre los trabajadores dichos recursos. Pero pareciera que la actividad legislativa en el estado la ha distraído de un tema prioritario y humanitario como lo es la ayuda a los damnificados.

“Se tiene un estimado de que la cantidad recaudada supera el medio millón de pesos, mismos que han estado retenidos por más de cinco meses, cuando muchos de los trabajadores lo necesitan con urgencia”, dijo una de las personas que resultó damnificada.

Por tal razón, exigieron a Cuevas López una explicación del destino de los recursos recaudados y por qué permanecen retenidos aún, cinco meses después del sismo, pese a que la emergencia prevalece y los trabajadores afectados todavía enfrentan dificultades.

Sustituye a Antonio Mendoza Chávez, quien estuvo apenas diez meses en el cargo.

Cuernavaca, Morelos.- Este lunes, Adonaí Carreón Estrada tomó protesta como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos, en sustitución de Antonio Mendoza Chávez, quien estuvo apenas diez meses en el cargo.

La dependencia federal dio a conocer que realizó cambios en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Morelos y Quintana Roo.

En el caso de Morelos, fue designado Carreón Estrada, quien hasta hace unos días era titular de la delegación de la PGR en el estado de Chihuahua.

Adonaí Estrada es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa; maestro en Derecho Civil por la Universidad del Golfo de California, de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur; cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio Adversarial y un doctorado en Derechos Humanos y Justicia Penal, ambos grados por parte del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac).

Además de agente del Ministerio Público del fuero común y federal, fue secretario de Seguridad Pública y luego procurador de Baja California Sur durante la administración del otrora gobernador panista Marcos Covarrubias. Posteriormente se incorporó como coordinador regional de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Horas antes de que se oficializara la designación del nuevo delegado de la PGR en Morelos, un exagente policiaco y un elemento activo de la procuraduría federal fueron atacados a balazos por varios individuos cuando viajaban a bordo de una camioneta Suburban, sobre la calle Reforma de la colonia Lomas de Cuernavaca. El primero de ellos perdió la vida, mientras que el agente activo resultó ileso.

Paralizó mediante un amparo el proceso para elegir a su sustituto

Cuernavaca, Morelos.- Un juez de distrito paralizó la designación de un nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), tras conceder la suspensión provisional al magistrado de la Segunda Sala Orlando Aguilar Lozano, a quien el Congreso pretende relevar del cargo.

La semana pasada comenzó la pasarela de aspirantes a la magistratura ante los diputados integrantes de la Junta Política y Gobierno del Congreso de Morelos, luego de que el pasado mes de diciembre los diputados lanzaron la convocatoria para elegir al magistrado del TJA relevaría a Aguilar Lozano.

De acuerdo con el juicio de amparo 219/2018, promovido por el titular de la Segunda Sala del TJA, el Juzgado Segundo de Distrito le concedió la suspensión provisional para evitar que el Congreso concluya el proceso de designación y toma de protesta del nuevo magistrado.

“La suspensión se concede únicamente respecto a la etapa conclusiva relativa al procedimiento de selección para ocupar el cargo de magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esto es, para paralizar la emisión del (sic) declaratoria o nombramiento correspondiente de magistrados y, por ende, la expedición del nombramiento, pues no existe aún derecho afectado, sino expectativa de derecho a la designación correspondiente y, en esa tesitura, no podrán causar daños y perjuicios de difícil reparación a dichos terceros (los aspirantes)”,  dice la resolución del juez federal Carlos Anuar Jaimes Torres.

Esto significa que el proceso de selección podrá continuar, pero por el momento no se podrán concretar la designación y tomar protesta. En los próximos días, el juez federal deberá determinar si concede la suspensión definitiva.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso de Morelos intenta, sin éxito, relevar al magistrado, Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.

La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo pero Aguilar Lozano no sólo se  mantuvo en el cargo sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo y emitió una nueva convocatoria.

El magistrado de la Segunda Sala alega a su favor que, con la reciente reforma constitucional que extendió a 20 años el periodo de todos los magistrados del Poder Judicial local y elevó de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso, debe permanecer como magistrado hasta el 29 de octubre de 2019, cuando cumple la edad límite.

La presidenta del órgano denunció la violación de preceptos constitucionales con la reforma constitucional aprobada en enero pasado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional promovida por la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, contra la reforma legal aprobada el 19 de enero que extinguía a este órgano especializado.

Aun cuando hace cuatro días el Congreso de Morelos reculó en la intención de extinguir el TUJA, la titular del este tribunal ya había iniciado el proceso de impugnación ante el máximo tribunal del país para evitar lo que juristas y organizaciones civiles llamaron un “grave error técnico” que ponía en riesgo, no sólo la justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley, sino violaba preceptos constitucionales como el interés superior de los niños y adolescentes y el debido proceso.

De acuerdo con los estrados electrónicos, la presidencia del SCNJ dio trámite a la controversia constitucional 51/2018 y la turnó a un ministro instructor, para que se pronuncie sobre la admisión o no del medio de control constitucional y, en su caso, la implementación de medidas cautelares.

La controversia constitucional fue promovida por el TUJA por dos razones fundamentales: la primera, porque la reforma que pretendía la extinción del tribunal fue completamente unilateral al no haber sido consultada ni con los integrantes del órgano de justicia, ni con especialistas; y, la segunda, porque atentaba contra la Constitución federal y tratados internacionales que velan por una justicia especializada y protectora de los derechos humanos de los menores en conflicto con la ley.

Sala Regional revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sí tiene facultades para iniciar de oficio Procesos Ordinarios Sancionadores (POS) y revocó la multa impuesta al Partido Humanista.

Al resolver el juicio electoral 2/2018, promovido por el Impepac, y el juicio de revisión constitucional 5/2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF declaró fundados los agravios expuestos por los quejosos contra la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en el recurso apelación TEEM/RAP/79/2017-3.

En dicho recurso, el Partido Humanista (PH) se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta al partido por el Impepac, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En lo referente a la inconformidad del Impepac, la Sala Regional consideró que el órgano administrativo sí tiene la facultad para iniciar de oficio dichos procedimientos sancionadores, porque el instituto tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la norma electoral.

“Se estima fundado los agravios del Impepac, ello, en razón de que en términos de la normativa constitucional y legal, es un organismo público electoral que, entre otras atribuciones, cuenta con las de ser autoridad en la materia, contribuir al desarrollo de la vida democrática y consolidar el régimen de partidos políticos, situación que implica un deber de vigilancia respecto del cumplimiento de las normas que tutelan los principios del derechos lectoral.

“Así entonces, se estima que la facultad de iniciar un procedimiento administrativo sobre irregularidades o faltas, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia. En ese sentido, se considera que el Impepac al iniciar de oficio un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una falta, no sólo está ejerciendo en sus facultades, sino que además está obligado a realizar tal actividad como órgano administrativo garante de vigilar el apego a los principios rectores de la materia electoral”, se estimó en la resolución federal y ordenó dejar sin efecto la restricción impuesta por el TEE.

En cuanto al reclamo del Partido Humanista, la Sala Regional determinó revocar la resolución respecto de la recalificación de grave a mediana, de la sanción impuesta por el Impepac por la afiliación de una persona, sin que ésta lo haya consentido.

Para el TEPJF, el TEE no valoró la voluntad del instituto político para esclarecer y corregir la afiliación no autorizada, y la comprobación de que no hubo lucro o beneficio. Por lo tanto, el TEE deberá emitir una nueva resolución respecto a la individualización de la sanción, tomando en cuenta los argumentos expuestos por el instituto político.

Cuernavaca, Morelos.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) impugnó la restricción que fue impuesta por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS).

El órgano electoral administrativo promovió el juicio electoral SCM-JE-2/2018 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para inconformarse con la resolución del TEE, en el recurso de apelación TEEM/RAP/79/2017-3, con respecto a la facultad del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de iniciar de oficio los procedimientos ordinarios sancionadores.

En el recurso de apelación, el Partido Humanista se quejó de la multa que le fue impuesta por el Impepac por afiliar como militante a una persona sin su consentimiento. El TEE recalificó la falta de grave a mediana y redujo la sanción económica impuesta por el Impepac al partido, mediante el desahogo de un POS.

Adicionalmente, en su resolución, el TEE pidió al Consejo Estatal Electoral del Impepac “respetar las pretensiones de los ciudadanos y a no iniciar de oficio los POS cuando la legislación vigente aplicable no lo contempla”. 

En respuesta a esta restricción, la representación del órgano administrativo electoral recurrió la resolución ante el TEPJF.

Piden saber si habrá de publicarse o se derogará o abrogará.

Cuernavaca, Morelos.- Un grupo de magistrados y consejeros de la Judicatura llamó al Congreso del estado a definir si habrá promulgación de la reforma constitucional que modifica la estructura y la operatividad del Poder Judicial, o si optará por una abrogación o derogación.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles expresó que la reforma permanece en el limbo, tras haber sido emitida la declaratoria constitucional por el Poder Legislativo, pero congelada para su promulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Explicó que la inconformidad de un grupo de magistrados y consejeros con la reforma legislativa tiene sustento en la discusión que existe en el Senado de la República respecto de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal, que propone no sólo mantener sino fortalecer los Consejos de la Judicatura y ampliar su integración.

Arenas Ángeles dijo que en el ámbito local, el Congreso decidió extinguir el Consejo de la Judicatura para sustituirlo por órganos administrativos, mientras que en el ámbito federal se planteó la modificación al artículo 116, fracción III, para fortificar a los consejos estatales y establecer que su integración será desde cinco hasta siete miembros.

Detalló que, en contraste con lo que hizo el Congreso de Morelos, la iniciativa de reforma en debate en el Senado surgió del análisis y consenso previo entre especialistas, académicos, organizaciones civiles y representantes de los tres Poderes del Estado, en el marco de los foros denominados “Diálogos por la Justicia Cotidiana”.

Por lo tanto, los diputados morelenses no sólo legislaron de manera inadecuada la restructuración del Poder Judicial estatal, sino que ignoraron y pasaron por encima de todo un proceso de debate y consenso realizado en el ámbito federal.

Lamentó que haya silencio en torno a la reforma constitucional local y se mantenga incierta su promulgación, luego de las inconformidades manifestadas por un grupo de magistrados y consejeros y la titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes, por la extinción de este órgano para convertirse en sólo una sala del Tribunal Superior de Justicia, la desaparición del Consejo de la Judicatura, entre otros temas.

Afirmó que la propuesta impulsada por este grupo es que el Congreso del estado opte por la derogación o abrogación de la reforma constitucional para que el debate regrese al Congreso y se recule o, en su caso, de inmediato se promulgue para que puedan presentarse los juicios de amparo y las controversias constitucionales con el fin de impugnar dicha reforma ante la justicia federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en el colectivo “Diálogos y Libre Reflexión”.

Cuernavaca, Morelos.- El colectivo de organizaciones civiles “Diálogos y Libre Reflexión” pedirá a los próximos candidatos de todos los partidos políticos que, como mínimo, se comprometan a reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato y que firmen su compromiso, con la advertencia de que el incumplimiento ameritará el reclamo de la sociedad.

Más de 140 organizaciones y ciudadanos se constituyeron en este colectivo con el propósito de generar un debate plural en torno al desarrollo del proceso electoral y los proyectos de los próximos candidatos, así como generar propuestas ciudadanas que incidan en las políticas públicas.

El médico y vocero de “Diálogos y Libre Reflexión”, Álvaro Vázquez Morales, señaló que por encima de las diferencias ideológicas o políticas, quienes se sumaron a este colectivo coincidieron en que era necesario generar una agenda que ayude a generar propuestas que incidan y ayuden a resolver los grandes problemas que enfrenta la sociedad morelense.

“Si logramos definir eso, tal vez estemos en posibilidades y así lo haremos después de la veda (electoral), convocar a los candidatos, escucharlos y que nos escuchen. Y yendo más allá, a que se comprometan, y se comprometan a través –quizá– de alguna figura jurídica”, detalló.

Explicó que existe expectación no sólo por conocer los proyectos de los aspirantes a un cargo de representación popular, sino por saber cómo, cada uno de ellos, enfrentará y resolverá los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, desigualdad, corrupción, violación constante de la ley y muchos otros pendientes en la agenda ciudadana.

Por ello, dijo, las organizaciones integrantes del colectivo se reunirán cada ocho días para debatir y definir una agenda común, que luego será planteada a los candidatos. Sin embargo, adelantó que hay una propuesta que ha sido apoyada por todas las agrupaciones y que está debidamente apuntalada: pedir a los aspirantes que se comprometan a reincorporar a la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana la figura de revocación de mandato.

“¿Qué es lo que queremos pedir inicialmente? Que se comprometan a la revocación de mandato… No puede seguir ningún gobernante gobernando sin ese compromiso; no pueden nada más decirlo en campaña para entusiasmar el voto y luego olvidarlo”, subrayó.

Las organizaciones, que coincidieron en que la revocación de mandato debe revivir como figura de participación ciudadana, señalaron que sólo así los representantes populares cumplirán con lo que prometen en las contiendas y, en caso contrario, existirá un mecanismo de sanción que la sociedad podrá usar para combatir la irresponsabilidad, la ilegalidad y la impunidad.

La afectada promovió una denuncia ante la FGE.

Cuernavaca, Morelos.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FCAP) llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar la violencia política ejercida en contra de la síndica municipal de Cuernavaca, Denisse Arizmendi, y demostrar que no habrá impunidad.

El presidente de la FCAP, Alejandro Smith Vázquez, indicó que los ataques sufridos –la semana pasada– por la funcionaria municipal (a quien en mantas se le acusó de salir con un hombre casado) no sólo invaden su esfera privada, sino que atentan contra su dignidad y sus derechos humanos.

Reprobó que, en vísperas del inicio de las campañas electorales, se dé este tipo de ataques “que pueden ser calificados de misóginos, de retrógradas, y que de una u otra manera no sólo lesionan los derechos de la síndica, sino los derechos de todas las mujeres”.

Smith Vázquez lamentó que haya personas que se atreven a ejercer la violencia política, sobre todo cuando “las cuestiones personales no debieron inmiscuirse en cuestiones políticas. Esto es un acto vil, un acto infame, pero además es un acto que lesiona y vulnera la participación de las mujeres en la política, que de por sí es escasa, y que la sociedad ha luchado para que haya mayor participación”.

Luego de que la afectada promovió una denuncia ante la FGE y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Alejandro Smith consideró que la autoridad está obligada a investigar y llevar a la justicia a quienes perpetraron “tan vil agresión”, para no dar lugar a la impunidad ni a la repetición de acto.

“Es una gran oportunidad para la autoridad para demostrar su capacidad, su imparcialidad y capacidad de servicio a la sociedad. Hay que revisar, como sociedad civil, que el no avance de estos casos, la no manifestación ante situaciones graves en donde la autoridad es la primera que debe resolver, pues también es un signo de alerta y un hecho que debe ser analizado por la sociedad a la hora de tomar decisiones”, sostuvo.

Gustavo García Aragón consideró necesario que haya una definición inmediata sobre la reforma constitucional.

Cuernavaca, Morelos.- El Frente Social Morelense “Rodolfo García Aragón” consideró necesario que haya una definición inmediata sobre la reforma constitucional que modifica la estructura y la operatividad del Poder Judicial, es decir, la promulga o veta el Poder Ejecutivo.

El abogado y presidente de la asociación civil, Gustavo García Aragón, lamentó el impacto de la reforma, especialmente en el sistema de justicia para adolescentes, con la desaparición del tribunal especializado y creación de una sala dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Además –señaló– existe incertidumbre sobre qué va a pasar con los procedimientos y los casos en curso en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), ante el titubeo sobre la promulgación o no de la reforma constitucional.

García Aragón consideró que hay dos escenarios que pueden dar certeza al asunto y terminar con cualquier especulación. El primero es que se publique la reforma para que comiencen a correr los plazos para las impugnaciones, ante la inconformidad manifestada por algunos magistrados y jueces respecto de las modificaciones. El segundo consiste en que el Poder Ejecutivo ejerza sus derechos al veto y que el debate regrese al Congreso.

“El Poder Ejecutivo puede revocarla, vetarla, sin mayor problema; pero ya se tiene que pronunciar, no puede estar ahí siempre”, dijo el abogado, quien insistió en que no puede haber incertidumbre, sobre todo en el sistema de justicia especializado en adolescentes, donde hay expectación sobre en qué términos desaparece el TUJA y funcionará la nueva sala.

La magistrada presidenta Carmen Cuevas afirma que hay buena disposición de ambas partes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial buscarán zanjar el conflicto que arrastran desde hace dos años, al iniciar las primeras pláticas para negociar aumento salarial y la revisión del convenio de las condiciones generales de trabajo correspondientes al año 2018.

La titular del TSJ, Carmen Cuevas López, afirmó que hay disposición –tanto de la parte patronal como la representación sindical– para lograr acuerdos que permitan concretar una mejora en las remuneraciones de trabajadores con base en la disposición presupuestal de la institución.

Indicó que durante las primeras pláticas se planteó la posibilidad de zanjar diferencias y dar por concluido el litigio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), que fue iniciado por el sindicato hace más de un año, ante la imposibilidad del TSJ de atender sus demandas.

Cuevas López consideró que pese a las limitantes financieras del TSJ (debido a que la institución por cuarto año consecutivo no recibió incremento presupuestal), hay posibilidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia sindical para acordar un aumento salarial para este año y compensar los incrementos que los trabajadores no recibieron en 2016 y 2017.

“Me parece que parte de las pláticas que tenemos en este momento son con la finalidad de que tratemos de salvaguardar todos esos problemas que habíamos tenido y ver cuál es la mejor solución. Una de las pláticas que tenemos es que si llegamos a un acuerdo con el aumento salarial, busquemos la mejor forma de que solucionemos los conflictos anteriores”, dijo.

Carmen Cuevas agregó que hay buena disposición de la dirigencia sindical y de los delegados para llegar a un convenio favorable con base en los escenarios presupuestales de la institución.

El conflicto con el sindicato surgió debido a que el TSJ, como parte patronal, propuso eliminar varias cláusulas del convenio laboral de 2016 por “obsoletas y excesivas”, como la obligación de otorgar bonos por días de la madre y del niño a los trabajadores.

En enero de 2016, el sindicato promovió alrededor de mil 200 demandas laborales ante el TECA y posteriormente realizó varias protestas, lo cual mantuvo tensa la relación entre las partes.

El presidente del TJA explica que las sanciones por desacato se aplicarán sobre los individuos que hoy encabezan ayuntamientos o integran los cabildos; señala que no tienen forma de eludir la ley o heredar responsabilidades a sus sucesores

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Jorge Alberto Estrada Cuevas advirtió a los presidentes municipales y a sus cabildos que no hay forma de burlar las sentencias de este tribunal y que las sanciones por desacato los perseguirán aún cuando hayan dejado el cargo.

Afirmó que todos los escenarios jurídicos acorralan a los servidores públicos que piensan que su salvación es dilatar y heredar los conflictos a las siguientes administraciones, pero la contumacia y el aplazamiento puede llevarlos, incluso, a enfrentar cargos penales.

De acuerdo con los artículos 11 y 91 de la nueva Ley de Justicia Administrativa, promulgada en junio de 2017, el Pleno y a los magistrados del TJA tienen facultades para decretar la destitución e inhabilitación hasta por seis años de los servidores públicos, cuando estos reiterada e injustificadamente se nieguen a cumplir las sentencias del TJA.

Luego de que el TJA ordenó el cese e inhabilitación de ediles y funcionarios de Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango, estos muncipios promovieron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)para impugnar la legalidad de ambos artículos, por considerar que la norma es excesiva e invasiva, al permitir la destitución de funcionarios electos mediante el voto ciudadano, ya que su remoción es potestad exclusiva del Congreso local.

Estrada Cuevas explicó que los ayuntamientos  pueden recurrir a la controversia constitucional como medio de defensa para prorrogar el cumplimiento de una la sentencia y heredarlo a la siguiente administración, como sus antecesores lo hicieron con ellos.

Sin embargo, señaló, “el problema aquí es que la sentencia los va a perseguir donde anden, no importa que lo hayan pasado a la siguiente administración, la sentencia los va a perseguir. ¿Por qué? Porque es la destitución y la inhabilitación, y probablemente ya no estén en el cargo de presidentes municipales, pero van a estar inhabilitados y van a estar en el sistema como servidores públicos inhabilitados. De momento van a resolver el problema pero  en lo futuro no.

Recalcó que, si por alguna razón la SCJN se pronunciara por la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 91, entonces el escenario sería más complicado para los ediles y sus cabildos, porque la ejecución de las sentencias sería por la vía del juicio de amparo.

“Entonces es otro el trámite, porque no solamente los va a perseguir para después de que se vayan como presidentes municipales sino que los van a poner a disposición de un juez federal por los delitos que hayan cometido por el incumplimiento, ya no de la sentencia de nosotros, sino de la sentencia del amparo. Entonces, de todos modos, para el futuro, estos servidores públicos que están pensando que con esto van a burlar el cumplimiento de la sentencia, no lo van a lograr, porque la sentencia los va a perseguir hasta después de sus cargos”.

Recalcó que la Ley de Justicia Administrativa ofrece muchas oportunidades para que los servidores públicos cumplan con las resoluciones de este tribunal, porque prevé una serie de medidas de apremio que permiten dar cumplimiento gradual o, en su caso, justifiquen la imposibilidad.

“Si está justificado no lo podemos destituir, porque está justificado el incumplimiento, pero si no hay justificación tenemos que hacerlo, porque la sentencia no es cualquier cosa, en la sentencia se juega todo un sistema democrático”, subrayó.

Aprobó Sala Superior del TEPJF jurisprudencia

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó los criterios que deberán ser considerados determinantes para declarar la nulidad de una elección, ante el rebase de los topes de campaña.

Al resolver por mayoría de votos la contradicción de los criterios jurídicos sustentados por la Sala Regional Xalapa y la Sala Regional de la Ciudad de México, la Sala Superior aprobó la jurisprudencia con el rubro “Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña. Elementos para su configuración”.

La contradicción surgió a partir de diferencias en la interpretación de la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña prevista en el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, cuyo precepto señala que una elección podrá ser anulada cuando se tenga acreditado un rebase de tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, y que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”.

La Sala Regional Xalapa sostenía que esta irregularidad resultaba determinante para el resultado electoral en todos los casos en los que la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección fuera menor al cinco por ciento y, por ende, cuando la diferencia de la votación fuera igual o mayor al cinco por ciento entre el primer y segundo lugar, el rebase de tope de gastos de campaña no podrá ser considerado determinante.

En contraste, la Sala Regional Ciudad de México sostenía que, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección fuese menor al cinco por ciento de los votos, habrá presunción de determinancia prevista en él, sin que esto implique que el requisito se tenga acreditado automáticamente.

Además de que la determinancia pudiera actualizarse, incluso, cuando la diferencia sea igual o mayor al cinco por ciento y que, en este caso, correspondería a quien sustente la nulidad de la elección por rebase del tope de gastos de campaña acreditar que este fue determinante para el resultado de la elección.  

La contradicción de los criterios sustentados por ambas salas radicó en cómo es interpretada la presunción de la determinancia, es decir, qué elemento es necesario para acreditar la causal de nulidad de elecciones por rebase de tope de gastos de campaña en cinco por ciento.

Al resolver el expediente SUP-CDC-2/2017, el Pleno de la Sala Superior sostuvo que, para que se actualice la causal de nulidad prevista en el artículo 41, bases V y VI, inciso a) de la Constitución,  deberán cumplirse con los siguientes elementos: 1) determinación de la autoridad administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en el porcentaje mencionado anteriormente y que ésta haya quedado firme; 2) quien sostenga la nulidad de la elección por esta irregularidad tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante, y 3) la carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar.

Por lo tanto, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior establecieron que, cuando la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar sea menor al 5%, la consecuencia será presumir que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección, sin que ello signifique, de manera automática, la declaratoria de nulidad.

El Pleno destacó que el principio de determinancia tiene como propósito principal proteger la voluntad popular y evitar que una irregularidad menor conlleve a una consecuencia tan grave como la nulidad de la elección.

En su resolución, el Pleno de la Sala Superior reiteró que el fin constitucional, al que corresponde el criterio aprobado, es proteger esta voluntad popular y resguardar los valores democráticos, por lo que la posibilidad de anular una elección debe ejercerse con la mayor prudencia y únicamente ante violaciones graves, dolosas y determinantes, y que sean acreditadas objetiva y materialmente.

La PGR imparte pláticas en escuelas para invitar a menores de edad a cuidar sus datos personales, no exponer sus equipos a un hackeo, y hacer uso responsable de las redes cibernéticas.

La delegación en Morelos de la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a los estudiantes tomar precauciones para evitar ser víctimas de delitos cibernéticos y así no poner en riesgo su seguridad y las de sus familias.

A través de conferencias en planteles educativos privados y públicos, personal de la dependencia federal instó a los alumnos a cuidar sus datos personales y no exponer sus equipos a un hackeo, de lo contrario, un descuido puede ser aprovechado por los criminales cibernéticos.  

De acuerdo con la PGR, las pláticas con los estudiantes buscan prevenir delitos, disminuir la incidencia y concientizar a la población juvenil de que "los delincuentes cibernéticos se pasean por el mundo virtual, incurriendo en ilícitos como piratería informática o hackeo, es decir, el llamado sabotaje informático que consiste en ingresar de manera forzada a un sistema de cómputo o a una red".

También se recalcó a los estudiantes que deben mantenerse atentos, sobre todo cuanto alguien desconocido quiera sorprenderlos invitándolos a iniciar una amistad a través de las redes sociales. 

De suceder esto, recomendó la PGR, deben rechazar la invitación, reportar de inmediato a la persona que los está contactando y establecer un estrecho vínculo con sus padres para que tengan conocimiento.

Otras recomendaciones son que se aseguren de terminar la sesión si están en un internet público y no subir fotografías de momentos familiares o con los amigos, ya que de esta forma se encontrarán vulnerables a los delincuentes que se mueven por la red. Se invitó a los estudiantes a hacer uso responsable de las redes cibernéticas.

La delegación de la PGR continuará con estas actividades en los planteles educativos de todos los niveles en el estado, ya que forman parte de los Acuerdos por la Seguridad, Legalidad y Justicia, signados tanto a nivel nacional como estatal.

Son capacitados abogados litigantes, secretarios de acuerdos, fiscales, jueces cívicos y personal de los ayuntamientos.

El magistrado y director de la Escuela Judicial, Miguel Ángel Falcón Vega, consideró relevante que desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se promueva la capacitación sobre justicia penal, con el fin de que los procedimientos y resoluciones se realicen apegados a derecho.

Explicó que la revocación o la impugnación son medios legales contemplados en la ley y tratados internacionales, con el objetivo de que las partes promuevan en los tribunales de alzada la revisión de las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia,  para determinar si su decisión fue legal y apegada a derecho.

“En caso de que la resolución no estuviera apegada a derecho, nosotros como tribunal de segunda instancia tenemos jurisdicción para modificar o reconocer la sentencia de origen”, explicó.
Indicó que estos son algunos de los temas que se tratan en las sesiones de continuidad del Diplomado Procesal Penal Acusatorio, en el que son capacitados abogados litigantes, secretarios de acuerdos, fiscales, jueces cívicos y personal de los ayuntamientos.

El magistrado informó que durante el diplomado se tocarán tópicos como problemas de competencia, de impedimentos o la excusa, entre otros, y es importante que las partes involucradas en los procesos judiciales los conozcan para dar un mejor servicio a los justiciables. 

Fija Imipe horario de atención para ciudadanos que consultan el estado de solicitudes de información.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) informó que en casi dos años se ha presentado media centena de denuncias ciudadanas contra sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones de transparencia.

En sesión de Pleno, la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia detalló que a partir del establecimiento de la figura de Denuncia Ciudadana, desde la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2016 a la fecha, se han recibido 50 denuncias por parte de los ciudadanos que han observado irregularidades en la publicación de contenidos por parte de los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El coordinador de evaluación, Rubén Moreno, precisó que del total de las denuncias, ocho fueron presentadas en lo que va de 2018, y agregó que a todas se les ha dado el trámite correspondiente y 11 han sido resueltas.

Los comisionados integrantes del Pleno del Imipe, Dora Ivonne Rosales Sotelo, Mireya Artega Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, coincidieron en que, si bien la verificación diagnóstica realizada el año pasado a los sujetos obligados no estaba vinculada a sanciones, los ciudadanos pueden ejercer este derecho de recurrir a la denuncia ciudadana y establecieron que, de ahora en adelante, dentro de los asuntos jurídicos se tomarán cuenta las denuncias ciudadanas para dar seguimiento puntual a las mismas.

También el Pleno del Imipe determinó fijar como horario de atención por parte de las ponencias que integran la Dirección Jurídica del instituto, de 08:30 a las 12:00 horas de lunes a viernes, con el fin de dar una mejor atención a los ciudadanos que piden apoyo para verificar la situación que guardan los expedientes de sus solicitudes de información o recursos.

Sirve para hacer solicitudes de información pública.

Por mantenimiento será suspendido por varios días el sistema electrónico para realizar y revisar el estatus de las solicitudes de información a los sujetos, que incluye dependencias de los tres Poderes del estado y partidos políticos.

A través de un comunicado, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) anticipó a los usuarios del Sistema Infomex-Morelos que el servicio permanecerá interrumpido a partir de las 18:30 horas del próximo viernes 9 de febrero y hasta las 08:30 horas del lunes 12, “debido a tareas de mantenimiento en la infraestructura de suministro energético del centro de datos de la empresa” a cargo.

Por tal razón, llamó a los ciudadanos a tomar sus previsiones respecto a la tramitación de nuevas solicitudes o seguimiento de las que estén en curso.

“En espera de no afectar a los usuarios, el IMIPE recomienda revisar el estatus de sus solicitudes los días anteriores, así como realizar las mismas antes de las 18:30 horas del próximo viernes. Asimismo, el IMIPE informa que los términos jurídicos no se verán afectados”, precisó.

En caso de dudas u orientación, el Imipe pidió a los usuarios acudir a su nueva sede, ubicada en la calle Altamirano, número 4, de la colonia Acapantzingo, en el municipio de Cuernavaca, o llamar al teléfono 362 25 30, Ext. 100, o al celular (777) 111 0847.

El presidente de la Barra de Abogados plantea que el tema lo resuelva la SCJN, o que se discutan en una mesa de trabajo abierta los alcances de la reforma constitucional.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos pidió prudencia a los magistrados enfrentados por la reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, y planteó dos alternativas: que el tema lo dirima la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o que se abra una mesa de diálogo, pero condicionada a la participación de la sociedad civil organizada, para analizar jurídicamente qué es o no viable de la polémica reforma.

Miguel Ángel Rosete Flores, dirigente de los barristas, lamentó que la reforma -cuya declaratoria fue emitida por el Congreso el 24 de enero, y aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo- haya generado encono entre los magistrados, y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se encuentre fragmentado.

Explicó que la Barra de Abogados realiza un estudio técnico de la reforma que modifica la estructura y operatividad del Poder Judicial, para tener elementos de debate y fijar una postura clara respecto a lo que es rescatable y viable, y lo que es erróneo e, incluso, violatorio de preceptos constitucionales.

Consideró que en este momento hay dos vías para dirimir la polémica que se ha generado por la reforma que desaparece al Consejo de la Judicatura para crear un nuevo órgano de administración, prevé la creación de dos nuevas magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, reduce a sólo una sala al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y lo anexa a la estructura del Tribunal Superior de Justicia, entre otros puntos.

El primer escenario, dijo, es que de inmediato se promulgue la reforma y que el Poder Judicial promueva la controversia constitucional, para que la SCJN debata y resuelva de fondo el asunto.

El segundo escenario es que sea abra una mesa de diálogo y debate con los integrantes de los tres Poderes del estado, pero abierta a la participación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas jurídicos, porque lo que se tiene que discutir no sólo son los cambios en el funcionamiento y la estructura, sino el impacto que tendrá en las finanzas públicas la centralización de decisiones y la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, el cual ha sido criticado por la sociedad por su opacidad.

Pidió prudencia a los magistrados para que las divergencias no impacten la administración de la justicia e insistió en que la Barra de Abogados concluirá en breve el análisis de la reforma para fijar una postura seria y objetiva, además de debatir el tema con responsabilidad y argumentos sólidos.

Actualmente son 400 quienes figuran en esa nómina, 89 de los cuales se incorporaron el mes pasado.

Cuernavaca, Morelos.- El director general de Administración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Octavio Rosales Gutiérrez, afirmó que en dos años la nómina de trabajadores jubilados se duplicó y esto obligó a la aplicación de medidas de austeridad, para reunir los fondos para cumplir con el pago de pensiones.

Precisó en enero fueron incorporados 89 trabajadores a la nómina de jubilados, luego de que el Congreso aprobó sus respectivos decretos de retiro en el último trimestre de 2017, sin embargo, que en los últimos dos años los decretos de jubilación se duplicaron.

Señaló que debido a que el presupuesto del TSJ es el mismo desde hace cinco años, la magistrada presidenta Carmen Verónica Cuevas determinó reducir gastos y emprender gestiones de estrategia previstas en la Ley de Coordinación Fiscal para generar ahorros adicionales.
“El año pasado la presidenta determinó fusionar juzgados que no tenían demanda de atención a los usuarios y generaban gasto al tribunal. Otra estrategia fue ‘timbrar’ la nómina de los trabajadores, lo que permite que a través de los impuestos que regresan al ejecutivo, se obtenga una ampliación presupuestal adicional como parte de la acción federal participable a las entidades”, explicó.

Informó que aún están pendientes incorporar los decretos de jubilación de los ex magistrados Ricardo Rosas Pérez y Virginia Popoca (que se encuentran aún en litigio), pero la nómina de jubilados tiene a 400 trabajadores inscritos, los cuales tienen derecho a recibir una pensión de pago de acuerdo al último salario percibido y el porcentaje que concedió el Congreso a cada uno por los años trabajados, su aguinaldo, prima vacacional, seguro social y demás prestaciones contenidas en los decretos.

El TSJ no es una instancia especializada en derechos humanos y garantías procesales de menores en conflicto con la ley: Mario Álvarez Ledesma.

El director general del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal  (Indepac), Mario Álvarez Ledesma, calificó como “un precedente gravísimo” la desaparición del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y su reducción a una sala dependiente del Tribunal Superior de Justicia, porque violenta el principio de progresividad y el interés superior de los niños y adolescentes.

Lamentó que Morelos destaque como entidad donde “se legisla con los pies, y el ejemplo en materia de derechos para adolescentes es la desaparición del TUJA porque, y no es una ocurrencia mía, hay razones técnicas”.

El especialista en derecho penal explicó que la reforma constitucional federal, que dispuso crear la justicia para adolescentes, fue especialmente enfática en formar expertos para atender casos de menores en conflicto con la ley, y la creación de tribunales unitarios que no dependieran de ninguna otra institución y que fueran dirigidos por una persona especializada en la materia, para salvaguardar los derechos humanos y procesales de este sector de la población.

Dijo que Morelos sentó precedentes destacados en el país en justicia para adolescentes, al ser la primera entidad en crear un tribunal unitario especializado, con autonomía y capacidad de gestión, y respetuoso de los derechos humanos de los infantes y adolescentes.

Álvarez Ledesma, quien se desempeñó como director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República de diciembre de 2000 a julio de 2003, señaló que la creación del TUJA “fue un avance en materia de derechos humanos, y fue un avance en algo que se llama también, técnicamente, principio de progresividad, que es un principio que las Naciones Unidas generaron en los años 80’s, y que México adoptó en la reforma penal de 2011”.

Explicó que la progresividad implica la creación de instancias para la protección especializada y máxima de los derechos humanos y “aquí en Morelos se les ocurre desparecer el TUJA y pasarlo como una sala más del TSJ.

“Eso aparentemente desde el punto de vista administrativo suena muy bonito, pero es violatorio del artículo 18 Constitución General  de la República, es violatorio del artículo 1 párrafo tercero”.

Insistió en que la extinción del TUJA es “un error técnico” que terminará dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque es inconcebible que la justicia para adolescentes sea administrada e impartida desde el TSJ, que no es una instancia especializada en derechos humanos y garantías procesales de menores en conflicto con la ley.

“La idea de tener un tribunal unitario para adolescentes es que la atención a los niños y adolescentes fuera creada sólo por especialistas, sin políticas generales que son las que tienen los tribunales superiores de justicia.

“Entonces -advirtió- este tribunal (extinto de adolescentes) se va a ver sujeto a los condicionamientos jurídicos, económicos y políticos que guíen al Tribunal Superior de Justicia en materia civil, penal y mercantil, pero eso es otra cosa, y eso significa que el problema técnico será que los menores van a tener probablemente una atención de menor calidad y van a estar sujetos a políticas y administración judicial que no son las adecuadas”.  

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