La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se sumó a las voces de rechazo al proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado en comisiones y en discusión en el Senado de la República.

A través de un comunicado, el organismo fustigó los criterios que favorecen una aplicación discrecional y arbitraria, y que permiten la actuación de las fuerzas armadas de manera autónoma y no necesariamente bajo la subordinación o en coordinación con las fuerzas civiles.

Al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CDHEM hizo un llamado para que el Estado Mexicano, atendiendo a sus obligaciones constitucionales, compromisos internacionales y convenciones relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, al tiempo de que se genere un espacio para el diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México, bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

“Para la CDHM resulta preocupante que la atención a los derechos básicos se sujeten a ordenamientos jurídicos con menor relevancia que nuestra carta magna, además se debe reflexionar por cuanto a que la salvaguarda de estos derechos, esté sujeta a protocolos por definir y se desatiendan los ya existentes en México, además de los convenios y tratados internacionales en la materia”.

“En este tenor, el Congreso de la Unión representa la máxima tribuna en donde los intereses de las y los mexicanos deben ser representados, por tanto deben ser escuchados y considerados los planteamientos y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, academia y los organismos públicos de derechos humanos en México, a fin de ser una legislación garantista de los derechos humanos”, recalcó.

Coincidió con los posicionamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han manifestado su preocupación respecto de la Ley de Seguridad Interior, que no representa una solución ideal de fondo a las cuestiones de inseguridad y violencia en el país.

Por lo tanto, sostuvo, este organismo defensor de los derechos humanos expresa su postura de encontrar una respuesta satisfactoria al problema de violencia mediante un debate nacional, que tenga como finalidad la seguridad de las personas en un marco garantista de derechos humanos.