Fueron aportados por funcionarios y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país.

Empleados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exigieron esclarecer el destino de los donativos que fueron aportados por altos funcionarios judiciales y personal de al menos dos tribunales de otras entidades del país para apoyar a los trabajadores que resultaron damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Un grupo de trabajadores del TSJ –quienes pidieron reservar su identidad ante posibles sanciones o la pérdida de su empleo por hacer pública la denuncia– detalló que para ayudar en la emergencia, secretarios de acuerdos, jueces y magistrados del TSJ y de dos tribunales de otros estados aportaron donativos económicos, los cuales serían distribuidos equitativamente entre los empleados judiciales que resultaron damnificados.

Para ello, la presidencia del TSJ ordenó un censo con el fin de cuantificar el número de empleados que sufrieron afectaciones a su patrimonio por el movimiento telúrico, que provocó daños en la mayor parte del territorio morelense.

Sin embargo, a cinco meses de la tragedia, los damnificados se quejaron, pues no sólo no llegó la ayuda emergente que pretendieron ofrecer los magistrados, jueces y secretarios de acuerdos, sino que hasta ahora ni los beneficiarios han recibido el apoyo económico ni se sabe el destino de los donativos.

“En octubre pasado, la presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas López, solicitó un censo para distribuir entre los trabajadores dichos recursos. Pero pareciera que la actividad legislativa en el estado la ha distraído de un tema prioritario y humanitario como lo es la ayuda a los damnificados.

“Se tiene un estimado de que la cantidad recaudada supera el medio millón de pesos, mismos que han estado retenidos por más de cinco meses, cuando muchos de los trabajadores lo necesitan con urgencia”, dijo una de las personas que resultó damnificada.

Por tal razón, exigieron a Cuevas López una explicación del destino de los recursos recaudados y por qué permanecen retenidos aún, cinco meses después del sismo, pese a que la emergencia prevalece y los trabajadores afectados todavía enfrentan dificultades.