La FCAP exige que se deslinden responsabilidades antes del inicio de las campañas políticas.

Cuernavaca, Morelos.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) exigió al gobierno federal que, antes del arranque de la fase de campañas electorales, deslinde responsabilidades a quienes permitieron la irregular construcción y la operación del Paso Exprés en Cuernavaca.

El presidente de la FCAP, Alejandro Smith Vázquez, consideró reprochable que a poco más de siete meses de la tragedia del socavón, que cobró la vida de dos hombres, tanto el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), mantengan congelados los procesos administrativos y penales contra los servidores y exservidores públicos que fueron omisos y negligentes antes, durante y después de la ejecución del proyecto carretero, que demostró tener fallas técnicas que causaron diversos daños e infortunadamente cobró vidas.

“Es totalmente reclamable a la autoridad investigadora, que debe rendir ya los informes y determinaciones y, en su caso, las sanciones que deben de aplicarse a quienes incumplieron o quienes tengan alguna responsabilidad.

“El congelamiento del asunto no da confianza a la sociedad civil de que se está buscando verdaderamente a los responsables, quienes quiera que sean”, señaló Smith Vázquez.

Recordó que fue la sociedad civil la que denunció e impulsó la realización de una investigación responsable del tema, y “hoy la autoridad tiene la oportunidad de demostrar que no está encubriendo a nadie, y que hoy las autoridades deben de dar resultados antes del proceso electoral, pues sería un excelente mensaje de que no hay impunidad”.

Incluso, este martes, organizaciones sociales y ambientalistas presentarán en la sede del Colegio de Arquitectos de Cuernavaca el informe del Colectivo por el Rescate del Paso Exprés sobre los resultados de la tercera sesión de la mesa técnica, que se realizó con representantes de la SCT, del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Pese a diversas denuncias y protestas de ciudadanos respecto a las irregularidades y fallas técnicas en la construcción del Paso Exprés (antes libramiento Cuernavaca), fue hasta que el 13 de julio de 2017 (día en el que el socavón se abrió en el kilómetro 93 y literalmente se tragó un vehículo con dos hombres que perdieron la vida) cuando los gobiernos federal y estatal actuaron.

Días antes de dicha tragedia, la Barra de Abogados del Estado de Morelos promovió una queja ante el órgano interno de la SCT en la que denunciaba las irregularidades en la construcción y operación del Paso Exprés, pero hasta ahora el procedimiento administrativo iniciado se mantiene congelado y sin que se deslinden responsabilidades.

Tras la tragedia, que obligó a la remoción del otrora delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, y puso en la mira a esa dependencia, las autoridades federales iniciaron procedimientos penales y administrativos paralelos, hasta ahora inconclusos.