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El Congreso emitió un decreto especial para asegurarle una jubilación, beneficio del que el resto de magistrados no goza
Magistrados del Poder Judicial expresaron su inconformidad con el trato desigual y político del Congreso del Estado, luego de la aprobación de un decreto especial para la jubilación, con todas las prerrogativas, del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Orlando Aguilar Lozano.
Varios magistrados consultados, quienes pidieron por el momento la reserva de su nombre, recodaron que es la segunda ocasión que, por motivos políticos e intereses personales, el Poder Legislativo emite un “decreto especial” para jubilar a magistrados y “liberar” espacios para hacer nuevas designaciones.
La primera vez fue en 2008, cuando el Congreso aprobó sendos decretos para conceder la pensión vitalicia por “retiro voluntario” a cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por encima de la reforma constitucional que eliminó la jubilación de magistrados y lo sustituyó por un haber de retiro.
Una década después, el Congreso vuelve a repetir la fórmula con la aprobación de un decreto con dedicatoria especial para el magistrado Orlando Aguilar Lozano, a quien el Poder Legislador no pudo deponer por la vía jurídica y optó por ceder privilegios, por encima del resto de los magistrados aún en funciones.
En dos ocasiones, el Congreso de Morelos intentó, sin éxito, relevar de su cargo al magistrado del TJA Orlando Aguilar Lozano, quien en 2012 fue ratificado para continuar en el cargo por ocho años más.
La primera vez fue en agosto de 2015, cuando la anterior legislatura designó magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que Aguilar Lozano obtuvo una suspensión de un juez federal.
Recientemente Aguilar Lozano obtuvo una segunda suspensión de un juez de distrito, ante otro intento del Congreso de designar en su lugar a un nuevo magistrado. En sus argumentos jurídicos, aseguró que con las reformas realizadas el año pasado por el Congreso de Morelos su situación jurídica cambió en su favor, al incrementarse de 65 a 70 años la edad para el retiro forzoso de la magistratura, lo que significaba que tendría que dejar el cargo hasta octubre de 2019, y dejó abierta la posibilidad de retirarse si el Congreso le ofrecía una jubilación con todas las prerrogativas de magistrado.
Los magistrados consultados señalaron que esperarán la publicación del decreto especial de Aguilar Lozano, para analizar el documento y entonces considerar la posibilidad de fijar un postura, ya que a simple vista hay un trato inequitativo y los juzgadores en activo, por lo menos los que fueron designados previo a la reforma constitucional de 2008, podrían reclamar una jubilación vitalicia y rechazar el haber de retiro estipulado en la ley.
