El comandante de la Policía de Cuautla denunció que por órdenes superiores lo querían obligar a cambiar la versión de los hechos.

Mientras elementos de la policía de Cuautla denunciaron que por supuestas órdenes de altos mandos fueron liberados unos presuntos secuestradores, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) confirmó que Asuntos Internos inició una investigación en contra de los agentes, porque uno de los presuntos plagiarios denunció ser víctima de robo y allanamiento.

Este caso causó polémica tanto en redes sociales como en medios de comunicación, luego de que las versiones encontradas en las que se denunció  que se da protección a presuntos delincuentes desde las altas esferas de la CES y un supuesto caso de abuso policial.

De acuerdo con la denuncia del director de la Policía de Cuautla, Isaac Nieto Pliego, el mediodía del sábado realizaron un operativo en las inmediaciones del recinto ferial por detonaciones de arma de fuego y porque una persona dijo haber escapado de sus secuestradores y que en una casa  había por lo menos otra persona privada de su libertad.

Al llegar al domicilio, la Policía ingresó y localizó a una persona secuestrada originaria del Estado de México, a una mujer que presuntamente lo vigilaba y un hombre en posesión de un rifle  AK-47, comunmente llamado “cuerno de chivo”, y un auto con armas dentro.

Los agentes habrían recibido amenazas de los presuntos plagiarios, porque supuestamente tenían un trato con el encargado de inteligencia de la CES, Raúl Gómez Cruz, conocido como “El Piloto”, y luego arribó otro jefe policíaco que les advirtió a los policías que tenían que cambiar la versión de los hechos.

 “Y llegó el comandante regional Landa, y nos empieza a decir que no, que las cosas no iban a ser así, que teníamos que cambiar las versiones, que teníamos un problema porque aquí, en el lugar que teníamos implementado un operativo de seguridad para que no se contaminara la escena, llegó el teniente Ravelo con el dueño de la casa, retiró a mis elementos”, narró Nieto Pliego en su denuncia ante medios de comunicación la noche del sábado.

Y es que, después del operativo,  los policías que participaron fueron concentrados en la sede local de la Policía, donde presuntamente se les advirtió que cambiaran su versión de los hechos o enfrentarían cargos como responsables de diversos delitos y abuso policíaco. Las personas que habían sido señaladas como responsables del delito de secuestro fueron dejadas en libertad bajo circunstancias no claras.

Este domingo, a través de un comunicado la CES informó que el caso es investigado tanto por autoridades federales como estatales para deslindar responsabilidades y aseguró que unos de los detenidos como presuntos plagiarios, presentó, en calidad de víctima, una denuncia contra los policías que participaron en el operativo.

“Asimismo, se comunica que una de las víctimas, a quien el director municipal califica de secuestrador ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por allanamiento y robo, esta comisión coadyuvará con la autoridad ministerial en las investigaciones para llegar a las últimas consecuencias y fincar responsabilidades a quien así lo amerite; no se omite manifestar que se han recibido denuncias ciudadanas vía el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5); en donde se están analizando si corresponden a los mismos hechos, por lo que no se descarta se presenten más denuncias ante la Fiscalía Estatal”, afirmó la CES en respuesta a la polémica y sin dar más detalles.

Ambos impugnaron en 2011 el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales.

Decomisan objetos prohibidos en el interior del centro penitenciario de Atlacholoaya.

Mientras la Comisión Estatal de Seguridad (CES) presumió el operativo de revisión en el interior del penal de Atlacholoaya, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) visibilizó las fallas en los filtros de ingresos del centro penitenciario.

A través de un comunicado, la CES dio a conocer que la noche del 4 de enero y la madrugada del 5, personal de custodia realizó revisiones en los dormitorios y  las áreas comunes de las distintas zonas, como son las de sentenciados, procesados y máxima seguridad, donde se localizaron objetos prohibidos que fueron decomisados.

El resultado del operativo fue el aseguramiento de 11 equipos de telefonía celular, siete puntas hechizas, un cuchillo, una cuerda y una cadena metálica, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado, Jorge Israel Ponce de León -responsable del sistema  penitenciario estatal- estableció que en “la coordinación a su cargo se está trabajando para garantizar la estabilidad en el sistema penitenciario en la entidad, instrumentando acciones que permitan evitar conflictos y atacar de manera efectiva y oportuna cualquier indicio que pueda generar desestabilidad”.

Lo anterior, luego del cruento motín y enfrentamientos protagonizados por internos del penal varonil de Atlacholoaya, los que dejaron saldo de 9 muertos y 14 lesionados en los meses de octubre y noviembre de 2019.

En contraparte la CDHEM, si bien reconoció las acciones implementadas para decomisar objetos que pongan en peligro la integridad las personas privadas de la libertad, lamentó que existan fallas en las áreas de revisión e ingreso al centro penitenciario, por donde entran gran parte los objetos restringidos.

“Dado lo reciente de esta acción y otra similar en días pasados, muestra con preocupación que los filtros en el ingreso al Cereso tienen fallas. Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades responsables para reducir al máximo, el acceso de todo aquel objeto que ponga en riesgo la seguridad en los centros penitenciarios, toda vez que la presencia constante de esos objetos, no obstante los operativos, denota falta de control y posibles hechos de corrupción que hacen nugatorios los fines del sistema de reinserción social en el Estado”, recalcó el organismo.

El TSJ argumenta que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Un grupo de jueces y secretarios de acuerdos denunciaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no les pagó el aguinaldo completo, con el argumento de que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Los afectados pidieron el anonimato por el temor a represalias por parte de la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, quien rechazó dar una solución al problema y condicionó el pago a que el Congreso sesione y resuelva el tema del presupuesto para este año.

De acuerdo con los juzgadores, no hay precedente en el Poder Judicial de adeudos en el pago del aguinaldo.  

“Este hecho jamás había ocurrido en el Poder Judicial y el argumento es que el presupuesto del 2019 se agotó y que pagarán con el presupuesto del 2020”, señalaron.

Explicaron que la administración del TSJ les insistió en que, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el aguinaldo se les pagaría en dos partes, una en diciembre y otra en enero, pero esta normatividad no les es aplicable a estos funcionarios judiciales.

Instaron a la magistrada presidenta a cubrir la prestación a la brevedad posible, ya que, en teoría, el pago debía estar contemplado en el presupuesto de 2019 y no estar sujeto al presupuesto del siguiente año.

El juzgado tercero de distrito consideró ilegal la integración del órgano de control del Poder Judicial morelense y ordena reponer el proceso

El caso está relacionado con el desechamiento en el Legislativo de la solicitud de juicio político contra la magistrada.

La institución realiza cambios en su estructura; el fiscal general tendrá mayores atribuciones en operación del Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó cambios a su estructura, con el propósito de crear la Unidad de Identificación Humana, operar el Registro Nacional de Detenciones, instituir nuevas áreas y otorgar a los titulares de las fiscalías regionales y especializadas la facultad de seleccionar a su personal.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, a partir de este 1 de enero entró en vigor el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos”.

La reestructura previó la creación de la Unidad de Identificación Humana, que estará adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, y cuyo objetivo primordial será asegurar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos en aquellos casos que se desconozca la identidad de los cadáveres, de acuerdo con lo establecido por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, permitirá a la FGE contar con las herramientas tecnológicas diseñadas para la identificación humana y destino final de los cadáveres, ya que las nuevas directrices legales obligan a emplear sistemas tecnológicos para contar con un banco de datos a nivel nacional, que concentre datos de todos los estados y alimente otras bases de datos con información forense relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas.

Otro cambio relevante fue que la Dirección de Plataforma México ya no estará cargo de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, sino al mando directo del fiscal general, y dota a esta dirección de las atribuciones para dar cumplimiento al Registro Nacional de Detenciones y su sistema de consulta, ajustándose a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, que ordena a las entidades federativas tomar las previsiones para el eficaz funcionamiento, operación y conservación del registro.

A la Tesorería de la Fiscalía General se le concedió el rango jerárquico de una Dirección General; la Dirección de Adquisiciones adscrita la Coordinación General de Administración obtuvo el rango y la nueva denominación de Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio; y dentro de la Coordinación General de Administración se creó la Dirección General de Obra Pública, que será la unidad administrativa encargada de detectar y cubrir las necesidades en materia de obra de la Fiscalía.

Dentro de la Coordinación General Jurídica fueron creadas tres direcciones generales: la Dirección General de Litigio y Constitucionalidad, que tendrá a su cargo la atención y despacho de los diversos asuntos jurisdiccionales en los que intervenga la fiscalía general, las fiscalías regionales y especializadas; la Dirección General de Normativa y Consultoría, responsable de la revisión de los proyectos de convenios y contratos que elaboren o se pretendan celebrar por las unidades administrativas de la FGE; y la Dirección General de Asuntos Laborales y Administrativos, que tendrá a su cargo la atención de los juicios que se originen con motivo de la terminación de la prestación de los servicios entre la FGE y su personal.

Además, se prevé que dependa directamente de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Acreditación y Defensa Patrimonial (que tendrá a su cargo con la participación de la también creada Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Coordinación General de Administración), la recuperación de los bienes propiedad de la Fiscalía General, los trámites ante las aseguradoras, los trámites de extinción de dominio y demás autoridades competentes relacionadas.

De igual manera, dependerá de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Derechos Humanos, la cual dará seguimiento a los asuntos en la materia. Paralelamente, se crea la Dirección General de Concursos, Licitaciones y Contratos, para ejercer el control de las contrataciones que en materia de adquisiciones y obra se requieran, previa validación de los requisitos técnicos que realicen las Direcciones Generales de Adquisiciones y Patrimonio, y de Obra.

Otro cambio relevante fue que el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, quien tiene la atribución de nombrar, adscribir y remover libremente al personal de la institución, otorgó facultades a las personas titulares de las coordinaciones generales, de las fiscalías especializadas y regionales, para nombrar directamente a los responsables de sus unidades administrativas, así como al personal operativo y técnico que sea necesario para el desempeño de sus funciones.

Lo anterior solo están condicionado a que el personal apruebe la evaluación de control de confianza y que cuente con el perfil y habilidades para el desempeño de sus funciones, aunque “sin perjuicio de que, en todo momento, de ser el caso, el Fiscal General podrá ejercer esa facultad originaria que le corresponde”.

El TUJA reclama que se aprobó una jubilación pero no se le asignó presupuesto.

Reforma a legislación penal local fue invalidada por la SCJN por invadir competencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer los procesos iniciados en Morelos por desaparición forzada de personas bajo la reforma a la legislación penal local, que fue invalidada por el tribunal constitucional por invadir competencias.

Al notificarse y publicarse el engrose de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 105/2017 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los procesos penales que se hayan iniciado desde la vigencia de la norma y hasta su invalidez, deberán ser repuestos atendiendo la legislación federal en la materia.

Y es que el pasado 14 de octubre, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de varios artículos reformados y adicionados por la LIII Legislatura en julio de 2017 al Código Penal del Estado de Morelos, para tipificar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas.

Pero el tribunal constitucional declaró la invalidez de los artículos 272, Fracción XV, 272 Bis, 272Tter, 272 Quáter, 272 Quintus, y 297, fracción XIII, así como la la invalidez por extensión de los artículos 272, párrafo último en su porción normativa “XV”, y 297, penúltimo párrafo en su porción normativa “XII”, todos del Código penal para el estado de Morelos.

Lo anterior, por considerar que el legislador morelense excedió su competencia e invadió la esfera de las atribuciones del Congreso de la Unión, que posee la facultad exclusiva de normar todo lo relativo a los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la sentencia, publicada hace unos días en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el efecto de la declaratoria de invalidez tiene efectos retroactivos, lo que significa que los procesos penales que se hayan iniciado con las normas invalidadas se encuentran viciados de origen y, por lo tanto, deberán reponerse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,  Desaparición Cometida por Particulares o la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lo anterior, sin que se violente el principio non bis in ídem, es decir, que un sujeto no sea sancionado dos veces por el mismo hecho.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral determinan que es ilegal el acuerdo del PRI nacional de retirar los derechos como militante y la presidencia del PRI Morelos al exdiputado, y ordenan restituir sus derechos como militante de manera definitiva

El Congreso del estado entregará la “Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón” en las categorías estatal, nacional y continental.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor el decreto que instaura oficialmente la “Presea Generalísimo José María Morelos y Pavón”, con la cual el Congreso local pretende reconocer a las personas que a nivel estatal, nacional y continental destacaron por su labor a favor de las personas más vulnerables.

Las y los candidatos a obtener la distinción deberán ser morelenses, mexicanos o de algún país de América Latina “que se haya destacado en la lucha contra los regímenes tiránicos o en la moderación, a través de políticas públicas, de la opulencia y la indigencia”.

El reconocimiento consistirá en la entrega de una medalla de plata pura 0.925, con 35 gramos de peso, en relieve con una imagen del busto del Generalísimo José María Morelos y Pavón, y se entregará en tres categorías: Mérito Estatal, Mérito Nacional y Mérito Latinoamericano.

La entrega del premio en cada una de las categorías, se llevará a cabo en una Sesión Solemne del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el segundo martes del mes de diciembre de cada año, en el marco del aniversario luctuoso del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, con la presencia de los titulares de los tres Poderes del estado, los Presidentes Municipales, los galardonados, así como de los titulares de los órganos constitucionales y órganos autónomos del estado de Morelos.  

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

La Suprema Corte emite jurisprudencia que obliga a alcaldías y a organismos locales a afiliar a sus trabajadores al IMSS o al ISSSTE.

Resolución del TEE permite al exdiputado local conservar su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

El fallo también fue impugnado por Josué Cirino Valdés Huezo, líder estatal del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Josué Cirino Valdés Huezo impugnaron el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que permite provisionalmente que Alberto Martínez González conserve su militancia y la dirigencia estatal del tricolor.

Israel Chaparro Medina, encargado de despacho de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del CEN del PRI, y Valdés Huezo –quien había sido designado por  la dirigencia nacional de ese partido como líder estatal-  promovieron el juicio electoral SCM-JE-98/2019 y el juicio para la protección de los derechos político electorales SCM-JDC-1239/2019 ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ambos recursos, los actores recurrieron el acuerdo emitido por la magistrada titular de la Ponencia Tres del TEEM, Ixel Mendoza Aragón, en el juicio TEEM/JDC/119/2019-3, que decretó la suspensión de la medida cautelar impuesta a Alberto Martínez González como militante del Partido Revolucionario Institucional, derivado de un procedimiento sancionador iniciado en su contra.

De acuerdo con Alberto Martínez, la medida cautelar no solo le permite mantener la militancia partidista -que le habría sido privada tras ser acusado como presunto autor intelectual de la agresión física y verbal que sufrió Valdés Huezo por parte de un grupo de personas que ingresaron a la sede del PRI en Morelos el pasado 2 de diciembre- sino eventualmente mantenerse como presidente estatal del partido.

Ambos recursos fueron turnado al magistrado electoral José Luis Ceballos Daza, quien será responsable de elaborar el proyecto de resolución.

No reportó los documentos del personal que trabajó en Morelos bajo el esquema de outsorcing.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el dictamen y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que multó a Movimiento Ciudadano por irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2018 en Morelos.

Al resolver el recurso de apelación SCM-RAP-40/2019, el Pleno determinó que, contrario a lo afirmado por el partido actor, de la interpretación de la Constitución, Ley de Partidos y Reglamento de Fiscalización del INE, se extrae que sí estaba obligado a contar con la documentación comprobatoria de los pagos, retenciones y enteros de contribuciones, así como cuotas de seguridad social del personal dedicado a las actividades ordinarias permanentes que fue contratado bajo el régimen de subcontratación laboral u outsourcing.

Se señaló también que el Consejo General del INE sí tomó en cuenta la documentación que presentó, pero consideró que la misma no era suficiente para solventar la observación, ya que el haber solicitado la documentación a las empresas subcontratadas y no haber recibido respuesta, no lo liberaba de la obligación de contar con dichos comprobantes.
Respecto al agravio de que la multa impuesta es excesiva, la Sala Regional concluyó que sí se valoraron las circunstancias específicas de la comisión de la conducta, con el objeto de lograr que la sanción guardara una adecuada proporción con la conducta que se castiga y la capacidad económica que tiene el sujeto infractor para hacerle frente.

En consecuencia, la Sala Regional confirmó el dictamen y la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la malicia efectiva o real malicia, tratándose de libertad de expresión, requiere no sólo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya divulgado a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar a la víctima.

La Primera Sala, al emitir la tesis jurisprudencial 80/2019 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, definió que la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe "información falsa" o que haya sido producida con "real malicia”, con la única intención de dañar.

Con base a la resolución de cinco amparos presentados por empresas dedicadas a la información, así como por algunos comunicadores, la Primera Sala estableció que para actualizar la “malicia efectiva”, no es suficiente que la información difundida resulte falsa o inexacta, pues se tendría que sancionar a informadores que son diligentes o prestos en sus investigaciones por el simple hecho de no probar en forma fehaciente todos y cada uno de los datos que emiten.

Ello vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, provocando el ocultamiento de datos, en lugar de difundirlos, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales.

Por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación relativa, sino que se requiere acreditar que el emisor tenía conocimiento de que la información era inexacta –o al menos dudaba de su veracidad– y demostró una total despreocupación por verificarla.

La magistrada presidenta del tribunal de justicia para adolescentes cumple el periodo de antigüedad que marca la ley.

Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

El detenido fue identificado como Juan Manuel Peña Barrios, presunto lugarteniente del grupo delictivo "Los Mayas".

Piden a la población hacer uso responsable de los números de emergencia.

La directora del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5), Shalom Yesabet Prince Jiménez, llamó a la población a no utilizar los números de emergencia para realizar bromas, ante la movilización de recursos que implica y la posibilidad de que no se atienda a tiempo una verdadera urgencia.

Explicó que el 80% de las llamadas al 911 son bromas, lo que significa que ocho de cada diez llamadas resultaron ser falsas y, por lo tanto, implicó la distracción de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Estatal de Seguridad, a la que está adscrita el C-5, casi el 40% de las llamadas las realizaron adultos, la mayoría hombres, y el 60% fueron menores de edad, “y nos damos cuenta por el tipo de voz de las personas y por las risas”.

Señaló que la autoridad, aun cuando existen dudas sobre las llamadas de emergencia, tiene la obligación de verificar si la contingencia está o no sucediendo.

Expresó que comúnmente reportan detonaciones de armas de fuego, gente tirada en vía pública, personas lesionadas o violencia intrafamiliar.  

Agregó que desde septiembre, la CES emprendió una campaña de concientización en las escuelas de educación básica, con el fin de que docentes y alumnos comprendan la gravedad de realizar este tipo de bromas.

“Estamos trabajando en una campaña de concientización, iniciando primero en escuelas, con adolescentes y niños, para precisamente hacerles ver la problemática que es recibir ocho de cada diez llamadas de broma, y concientizarlos también sobre el correcto uso del número de emergencia, porque desafortunadamente al llamar al 911 se desesperan por la cantidad de preguntas que se les hacen.

“Es un protocolo a nivel nacional y todo esa información nos sirve para precisamente canalizar a las corporaciones que correspondan”, explicó.

Así lo determina la SCJN al resolver un recurso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que rescindir una relación laboral de 20 años de antigüedad debe ser por causas graves y justificadas.

Al resolver una contradicción de tesis, la Segunda Sala de la SCJN estableció que en la terminación de la relación laboral de trabajadores con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar en el aviso correspondiente la causa grave que la motiva y que hace imposible la continuación de la relación de trabajo.

Recalcó que el aviso de recisión no sólo debe contener la fecha y causa que la motivan, sino que debe exponer las razones por las que considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo, a fin de que el trabajador tenga conocimiento de ellas y pueda preparar su defensa, no sólo respecto de la existencia de la causa, sino de esas consideraciones que la califican como particularmente grave.

Estimó que si en el aviso de rescisión se hacen constar las causas de la misma, eso será suficiente para que el afectado prepare su defensa de forma adecuada.

En consecuencias, la Segunda Sala resolvió que en el caso de los trabajadores con más de 20 años de antigüedad, el aviso de rescisión debe contener la mención de su causa o causas jurídicas, hechos o conductas que actualizan precisamente los supuestos legales de que se trate y la fecha en que se cometieron, las razones por las que se considera que la falta es particularmente grave o que hace imposible su continuación en el trabajo, así como la fecha a partir de la cual tendrá efectos la rescisión, pues de otra forma no cumpliría con su propósito.

El ex vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, fue designado visitador por la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Tras aceptar las renuncias de los titulares de las seis Visitadurías Generales y reconocer su desempeño dentro del organismo nacional, Piedra Ibarra nombró a Martínez Cruz como director general de la Primera Visitaduría de la CNDH.

También entraron en funciones Carlos Fazio, como director general de la Segunda Visitaduría, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; Hilda Téllez Lino, en la dirección general de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría; Joaquín Aguilar Méndez, quien actualmente se desempeña como visitador adjunto, como director general de la Cuarta Visitaduría;  Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente encargada de la oficina regional en Oaxaca, como directora general de la Quinta Visitaduría; y Edgard Sánchez Ramírez, como director general de la Sexta Visitaduría.

Todos ellos, precisó la CNDH, en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

“Con la idea de fortalecer la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y avanzar en su tarea de poner al centro de interés a las víctimas, desde el inicio de su gestión, la Presidenta de esta Comisión, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, ha sostenido reuniones con organizaciones y colectivos de diverso signo y comprobado activismo pro-derechos humanos; pero sobre todo con víctimas, con el objetivo de escuchar sus demandas y peticiones para a partir de ellas ir conformando su equipo de trabajo….”

La magistrada Ana Virinia Pérez denuncia que desde hace años cancelaron el presupuesto del tribunal.

La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, lamentó que el proyecto de presupuesto del 2020 no contemple un incremento para este tribunal, en el que se han aplicado medidas de austeridad que comienzan a hacer mella en su operatividad.

Explicó que el TUJA solicitó un presupuesto de 45 millones, pero la propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso fue de 23 millones de pesos, lo que significa que por cuarto año consecutivo el tribunal no tendría incremento.

Señaló que la situación financiera es crítica y, en caso de no recibir un aumento presupuestal para el próximo año, deberá tomar nuevas medidas que implicarían prescindir de varias áreas especializadas, sobre todo en un momento en que se hace un esfuerzo por prevenir y atender las criminalidad juvenil.

“En este momento, por ejemplo, estamos cerrando el juzgado de ejecución por falta de presupuesto, la juez también se jubiló, y el presupuesto que tenemos no nos permite abrir nuevamente esa plaza.

“Este es un ejemplo de que, en lugar de ir creciendo, el tribunal de alguna manera va cerrando las áreas especializadas que ya teníamos, y a mí me parece que debemos de impulsar más el tema porque, como ustedes saben, la delincuencia juvenil cada día crece.  Vemos cada vez a jóvenes más pequeños involucrados en delincuencia y delincuencia organizada, y me parece que es un tema al que se le debe dar importancia”, recalcó.

Instó a los diputados a reconsiderar la propuesta de presupuesto para el TUJA y concederle un aumento suficiente para evitar que la austeridad impacte negativamente el órgano especializado en justicia para adolescentes.

Ejecutivo y Congreso del estado deben explicar cambios al Presupuesto 2019 con mayoría calificada de 13 votos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo de siete diputadas inconformes con la reciente modificación realizada por el Congreso al presupuesto estatal de egresos 2019, con la finalidad de cumplir urgentemente con un bloque de sentencias emitidas por el tribunal constitucional, relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Poder Judicial.

Si bien la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 135/2019, rechazó conceder la suspensión solicitada por las  diputadas Tania Valentina Rodríguez, Keila Figueroa Evaristo, Blanca Nieves Sánchez Arano, Naida Díaz Roca, Maricela Jiménez Armendáriz, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Erika García Zaragoza.

“Por su parte, en relación con el incidente de suspensión solicitado por las promoventes, no ha lugar a proveer de conformidad, dado que dicha medida cautelar, por regla general, no se prevé para este medio de control constitucional y, en el caso, no se actualiza ningún supuesto de excepción a tal regla de acuerdo a los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, estableció el acuerdo emitido por el ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En consecuencia, fueron emplazados como demandados los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, en calidad de autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.

La polémica planteada en la acción de inconstitucionalidad por el grupo de diputadas denominado “G7”, es que la modificación presupuestal fue aprobada sólo con 13 de 20 votos y que no se cumplió el supuesto de la mayoría calificada que establece la Constitución.

Para las diputadas disidentes, quienes votaron en contra los cambios al presupuesto, se requerían 14.  Por lo pronto, al admitir el recurso, la SCJN requirió a las autoridades señaladas como responsables para rendir sus informes.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos celebra las tres décadas de su creación.

La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones constantes a los derechos fundamentales de la personas, afirmó la Comisión Independiente de Derechos Humanos, al conmemorar el 30 aniversario de su fundación y 31 años de la desaparición del luchador social, José Ramón García Gómez.

“Justo el tema de la desaparición forzada en nuestro país ha sido uno de los puntos principales para la creación de este organismo de derechos humanos. Seguimos apuntando en este tema de justicia y la presentación de los desaparecidos con vida.  En este caminar hemos también tomado el tema de las defensoras de los derechos humanos y nos parece fundamental, porque justo a partir del reclamo de justicia es que se han ido constituyendo muchas mujeres en activistas, en luchadoras por los derechos y por recuperar a sus hijas y sus hijos y por reclamar justicia”, afirmó Juliana García Quintanilla, coordinadora de la comisión independiente, quien ha sido impulsora de la tipificación del delito de feminicidio y de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

A pregunta expresa de si hay cambios en materia de derechos humanos tras tres décadas de lucha social, señaló que hay mayor participación ciudadana y una evolución legislativa importante, pero lamentablemente “lo que sigue deficiente son las malas administraciones públicas sin importar partidos, no hay cambios en la administración de justicia, vemos lamentablemente un retroceso, y un incremento de la violencia.

“Eso nos parece grave y vamos a seguir insistiendo, nos vamos a mantener en la exigencia de justicia”, afirmó. 

También destacó que en los últimos años se incrementó la violencia no sólo contra las mujeres sino contra las y los defensores de los derechos humanos, quienes son reprimidos, hostigados, amenazados, desaparecidos y hasta privados de la vida. 

Durante la conmemoración de los 30 años de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, activistas y sindicalistas impartieron diversas conferencias y cerraron el día con una actividad musical en el zócalo de Cuernavaca.  

A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

El gobierno federal asignará presupuesto para implementar la reforma laboral.

El estado de Morelos estará entre las primeras entidades en implementar la reforma laboral, que básicamente consistirá en la extinción de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González gestionó presupuesto federal para las entidades que serán las primeras en la implementación de dicha reforma y estos recursos adicionales serán un aliciente para el tribunal local, que ya trabaja en el proyecto que se pidió a los estados para la transición de la justicia laboral a los tribunales de justicia locales.

 “Una noticia que tuvimos la semana pasada, una reunión con el ministro que está  encargado de la reforma laboral, en el sentido de que nosotros vamos a ser de los diez estados de la República que iniciamos la reforma laboral, que tenemos que tenerla establecida para octubre de 2020.

“Hay recursos federales que se van a establecer para cada estado y este fin de año, aunque salimos de vacaciones hacia los justiciables, pero nosotros internamente tenemos que hacer este programa de cómo se va ir gestionando para que ya nosotros arranquemos en octubre con la reforma laboral”, dijo.

Indicó que todavía no se sabe la cantidad de recursos que se entregará a cada estado, pero pese al recorte presupuestal se recibirán recursos ex profeso para aterrizar la reforma.

Existen condiciones para tránsito seguro de viajeros, asegura el comisionado estatal.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que es seguro viajar por las autopistas y carreteras que atraviesan la entidad, pese al secuestro del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) perpetrado en la autopista La Pera-Cuautla.

Reconoció que conoció las inquietudes de personas que desean viajar al estado sobre si es seguro utilizar las carreteras que atraviesan Morelos y conectan con otras entidades, luego de que a nivel nacional e internacional se supo del plagio del también ex titular del Consejo de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa y catedrática universitaria, María Elena Ávila Guerrero, ocurrido el pasado 13 de noviembre.

“El único caso es el del rector y su esposa, no tenemos más información, de hecho a mí  me han estado hablando de que sí es seguro viajar a Morelos y pues yo les digo que sí, que fue un caso que pasó”, afirmó.

Consideró que el secuestro de Vera Jiménez y su cónyuge, perpetrado en la autopista La Pera Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán, es el único del que se tiene registro y consideró que es difícil que este tipo delitos ocurran en una vía de comunicación como ésta.

Afirmó que la CES tiene estrecha colaboración con la Policía Federal, cuya corporación a pesar de no tener suficientes unidades sí vigila y patrulla las carretera lo suficiente para la prevención del delito.

El TEPJF ratificó la penalidad impuesta a los dos partidos políticos por irregularidades en sus informes de gastos del año pasado

El comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz, augura que Morelos cerrará el año con más de mil asesinatos, que –en su mayoría- son producto de rivalidades entre grupos delictivos, afirma.

El comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, vaticinó que Morelos cerrará el 2019 con más de mil “ejecutados”, cuya cifra significa que este año será el más violento para la entidad.

De acuerdo con estadísticas actualizadas al 20 de noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró en Morelos 976 homicidios, de los cuales 760 (78%) fueron clasificados como homicidios dolosos y 216 (22%) como homicidios culposos.

Según las estimaciones del responsable estatal de seguridad, este año culminará al menos con un millar de asesinatos o “ejecuciones” que, insistió, la mayor parte son producto de rivalidades entre grupos delictivos o “daño colateral”.

“En homicidios dolosos definitivamente si sobrepasamos el año pasado, estamos llegando casi a los mil ejecutados, pero en todos los demás (delitos) si han estado a la baja. Para mí, lo más importante es que dentro esto el daño colateral no ha habido gran daño (sic). Sí han sido afectadas algunas personas con estas ejecuciones, porque aquí no hay enfrentamientos, aquí son ejecuciones planeadas, están cazando a alguien, lo localizan y llegan y lo ejecutan y se van”, dijo.

Con excepción de los homicidios dolosos, consideró que con respecto a años anteriores el resto de los delitos se redujeron.

Las estadísticas del SESNSP indican que el 2018 se registraron mil homicidios, de los cuales 693 fueron clasificados como homicidios dolosos y 307 homicidios culposos. En comparativa, hasta el 20 de noviembre pasado –fecha de la última actualización de datos- Morelos ya había rebasado en un 8.8 por ciento la cifra de homicidios dolosos documentados en el 2018, lo que implica que -a 19 días de que culmine el 2019- se cumplirá el vaticinio de la CES.

La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

La presidenta del TSJ impugnó la ratificación de su homóloga.

Un grupo de magistrados solicitó a su homóloga y presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convocar a sesión de Pleno Extraordinario, para la incorporación oficial de Guillermina Jiménez Serafín al órgano colegiado y a la nómina.

Por medio de un oficio dirigido a la representante del Poder Judicial y firmado por los diez magistrados que conforman el bloque disidente, incluida Jiménez Serafín, fue promovida la petición para que, después del convivio navideño, a las 21:00 horas del 14 de diciembre –último día laborable en el TSJ- los magistrados sesionen de manera exprés con un único punto en la orden del día.

Es decir, “que se ordene a quien corresponda, realice todos los trámites conducentes para que la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín sea dada de alta en la nómina a efecto de que le sean cubiertos todos su emolumentos a los que tiene derecho como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las prestaciones correspondientes. Además, de todas las prerrogativas inherentes al cargo”, fue la petición concreta del bloque disidente para la realización extraordinaria de Pleno.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta tiene la obligación constitucional de atender de inmediato el asunto de la magistrada Jiménez Serafín, quien fue ratificada el pasado 4 de diciembre por el Pleno del Congreso local.

Lamentó que Cuevas López, sin consultar a los magistrados, de manera unilateral haya tomado la decisión de impugnar la ratificación de su homóloga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estas decisiones son ilegítimas porque no cuentan con el respaldo y el aval de quienes integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia”, dijo, y recordó que en múltiples ocasiones Carmen Cuevas ha rechazado las peticiones del bloque disidente para sesionar en Pleno, pero si mantiene su postura podría incurrir en responsabilidad por no cumplir con sus funciones y atribuciones.  

La Comisión de Derechos Humanos realiza un seguimiento de los homicidios dolosos ocurridos en 2019.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) expresó lo que dijo es su preocupación por el nivel de violencia e inseguridad que atraviesa la entidad, que se refleja en el número de homicidios dolosos y que en los últimos días cobró la vida de otro jefe policíaco.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el organismo realiza un seguimiento a los homicidios dolosos ocurridos a lo largo de 2019  y que al final del año se hará un balance y un comparativo con respecto a estadísticas anteriores.

“Nosotros estamos documentando todos los homicidios dolosos, es una investigación general para que al cierre de esta año, con el alarmante conteo, poder dar cuenta, señalar y dejar en evidencia una situación que ha propiciado estos homicidios, feminicidios y también de otra naturaleza, que no podemos seguir permitiendo que se normalice”, dijo.

Señaló que la CHDEM está preocupada por la inseguridad que hay en Morelos, pero sostuvo que la responsabilidad de la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

También lamentó las fallas en el sistema de justicia, que han permitido que haya impunidad en este tipo de delitos de alto impacto.

“Hay un sistema de justicia que no ha sido el deseable, que es ineficaz, este sistema de justicia no nada más tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con la investigación e identificación de los responsables de la comisión de delitos, y que esta se integre de manera profesional de parte de la fiscalía del estado para que se lleve a los responsables ante un juez y se imponga una sanción”, sostuvo, al lamentar que Morelos, de acuerdo con la organización civil Impunidad Cero, ocupe el primer lugar a nivel nacional de impunidad en homicidios dolosos.

ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la CDHEM entregó el Premio Estatal de Derechos Humanos a Galia Shanntall Tonella Navarro, por su labor en defensa de las mujeres privadas de su libertad en Morelos y el apoyo a mujeres que han cumplido con sus condenas.

En el auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se entregaron reconocimientos a Antonio Sorela Castillo, Arely Rocío Lagunas López, Ana María Oliveros Gómez, Denisse Hernández Martínez, Juan Carlos Casillas Batalla y Marlen Barrera Gama, quienes también fueron postulados al premio.

A invitación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, José Martínez Cruz, vocero e integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), se incorporará al organismo nacional.

Con el respaldo de sus compañeros con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, Martínez Cruz anunció que deja la vocería de la organización independiente para acompañar a la nueva ombudsman, quien es hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien ha denunciado, además del caso de su hijo, decenas de desapariciones forzadas.

Al incorporarse como funcionario de la CNDH, anunció que dejará la vocería de la CIDHM, con lo cual la organización tendrá una reestructuración.

“He recibido la invitación de la compañera Rosario Piedra Ibarra y he aceptado formar parte de su equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguro estoy que ello implica un compromiso de continuar realizando las actividades que a lo largo de mi vida consciente he llevado a cabo en donde quiera que me encuentre.

“Considero importante que se lleve a cabo una serie de medidas para transformar la CNDH para que sirva realmente y a fondo como una instancia de defensa de los derechos humanos, con la participación directa de víctimas y activistas defensoras de derechos humanos, para que esté en el centro de su atención las personas que han vivido en carne propia y han demostrado actuar de manera consecuente en la lucha por lograr que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos”, señaló y agradeció el respaldo de todos las y los compañeros de lucha durante más de tres décadas.

Por lo pronto, agregó, hay una oportunidad para concretar múltiples iniciativas y propuestas de  sociedad civil, así como atender las constantes violaciones a los derechos humanos, ante la emergencia que presentan los casos de personas desaparecidas, mujeres víctimas de feminicidio, miles de víctimas de la violencia e inseguridad, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, e impunidad generalizada.

No obstante, continuará colaborando con la comisión independiente alternadamente con sus funciones dentro de la CNDH.

No había amenazas; se compromete fiscal a esclarecer el caso.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que son dos las principales líneas de investigación las que se siguen para esclarecer el homicidio del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez  López, asesinado la noche del 5 de diciembre.

La principal hipótesis es que el asesinato pudo ser perpetrado por miembros de la delincuencia organizada para evitar que la víctima ejerciera el cargo. La segunda, una posible venganza, luego de que durante su trayectoria como policía realizó varias detenciones. La fiscalía no descartó otras líneas de investigación paralelas vinculadas a las funciones policíacas de Juárez López, pese a que la familia declaró que aparentemente no había una amenaza previa ni tenía conflicto con alguien en particular.

Carmona Gándara lamentó el crimen contra el jefe policíaco, quien, aun cuando portaba su arma de cargo, no tuvo oportunidad de defenderse, al ser atacado por la espalda.

“Lo que tenemos como avance es que sabemos que lo emboscaron, lo atacaron por la espalda con disparos  de arma de fuego, sabemos que se utilizó una sola arma, se utilizó una pistola calibre 9 milímetros, pero también tenemos indicios muy claros que lo pudieron haber emboscado tres personas.

“Estamos corroborando la existencia de una llamada anónima, un reporte del C-5 de  de una persona que alertó al C-5 de la presencia de sujetos ajenos a la unidad Teopanzolco momentos antes de que se cometiera el homicidio”, dijo Uriel Carmona y sostuvo que se revisarán las imágenes captadas en las cámaras de video vigilancia del C-5 para ubicar a él o los presuntos responsables.

Afirmó que hay un trabajo coordinado con instancias de diferentes niveles de gobierno y llamó a edil capitalino, Antonio Villalobos, a  coadyuvar como autoridad para esclarecer el homicidio del encargado de la seguridad pública municipal.

“Estamos haciendo un llamado al presidente municipal para que nos permita tener acceso a la información que  ellos pudieran tener y que nos es importante para esclarecer este hecho”, resaltó.

Agregó que este caso es una prioridad para la fiscalía y se comprometió a dar resultados en la investigación para la detención de quienes perpetraron el homicidio. 

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Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Bando de Policía y Buen del Gobierno de Xoxocotla, que el 1 de enero próximo cumplirá un año de su fundación.

El nuevo instrumento jurídico está conformado por 14 capítulos que regulan las disposiciones generales, del territorio municipal, de la población, el gobierno, su administración y de las autoridades auxiliares municipales, de la planeación y desarrollo urbano, de las obras y de los servicios, del equilibrio ecológico y de las actividades comerciales, de la protección civil, de la asistencia social, de la educación, de la justicia municipal, del orden, la seguridad pública, así como de los actos y recursos administrativos.

Además, prevé las infracciones y sanciones al Bando de Policía y Buen Gobierno que van desde la simple amonestación, una multa hasta por 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado o suspensión de permiso, licencia o concesión, hasta la clausura, la retención de mercancías, instrumentos u objetos materia de la infracción, la demolición de construcciones, arresto hasta por 36 horas y trabajo a favor de la comunidad

Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del nuevo bando, el municipio indígena deber expedir los reglamentos a que aluden sus disposiciones y demás ordenamientos que resulten necesarios para su debida aplicación y observancia.

Cabe destacar que anteriormente, el Consejo Municipal operaba provisionalmente con el Bando de Policía y Buen Gobierno del Puente de Ixtla, ayuntamiento del que se escindió la comunidad indígena de Xoxocotla para constituirse en municipio.

Dice que fue ilegal aprobar con 13 diputados el nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto por el cual un grupo de diputados designó “magistrada numeraria” a Guillermina Jiménez Serafín sin reunir la mayoría calificada.

Pasaron a penas 24 horas, cuando la representante del Poder Judicial acudió al tribunal constitucional para demandar “la invalidez la invalidez del Decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el día de hoy 04 de diciembre de 2019, por el que se designa a GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicando por vez primera en perjuicio del Poder actor, la inconstitucional adición del cuarto párrafo del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2019”, que estableció que 13 votos, y no 14, son “mayoría calificada”.

De acuerdo con Cuevas López, la designación “se aprobó violándose el procedimiento legislativo, al dársele el tratamiento de asunto de urgente y obvia resolución por el voto de solo 13 de los 20 diputados presentes, es decir, sin alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”.

En la controversia constitucional 354/2019, ingresada el 5 de diciembre la magistrada presidente  insistió que la designación de Jiménez Serafín tiene  “vicios legislativos” que deberían ser objeto de invalidez.

La controversia fue turnada al ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá determinar sobre la admisión o no de la demanda. 

Cabe destacar que la ratificación por ocho años más de Jiménez Serafín, quien había solicitado licencia a la magistratura para ser representante del Poder Ejecutivo ante ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue en cumplimiento de un juicio de amparo ganado por la juzgadora, luego de que le fue negado por el Congreso su designación por un segundo periodo.

Además, su reincorporación al TSJ inclinó la balanza numérica a favor del bando de magistrados disidentes, que ahora cuenta con 10 miembros, contra nueve del grupo de Cuevas López.  

El organismo defensor de derechos humanos también tiene nuevo logotipo 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos estrenó nueva sede e imagen, a cinco meses de la gestión de ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz.

Llaman a evitar intereses particulares en torno a dicha instancia.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) hizo un llamado a respetar la ley y evitar que dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) se construyan “intereses de camarillas”. 

Sin pronunciarse sobre la legalidad o no del nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaria Ejecutiva del SEA -lo cual generó discordia entre los miembros del sistema- lamentó que los ciudadanos hayan sido relegados en un tema tan importante y que las decisiones se concentren solo en un grupo de personas, “incluso nos referimos a las elecciones que hacen los poderes públicos sin consulta a la sociedad civil, sin convocatoria y sin evaluaciones probadamente imparciales”.

A través de una misiva a la opinión pública, firmada por el presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, lamentó que los procesos de elección de servidores públicos se convierta “en un acaparamiento faccioso del poder público, sin que se pueda garantizar que su ejercicio sea para el bien de toda la ciudadanía, lo cual ha provocado que existan poderes conformados más por intereses particulares que por un interés común para beneficio de la sociedad”.

Ante la crisis prolongada del SEA, que se encuentra prácticamente paralizado desde el 2016, hizo un llamado para que se actúe y tomen decisiones con base en la ley, inclusivas y sin crear intereses personales y grupales.

“Hacemos un llamado a quienes hoy se ostentan como representantes del Sistema Anticorrupción en Morelos, al Pleno del Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado, y a todas las instituciones públicas que tienen injerencia en el Sistema Estatal Anticorrupción a que se apeguen a los principios ético democráticos que son opuestos a la discrecionalidad y a evitar que la designación de los cargos públicos sea hecha a espaldas del Pueblo Morelense. 

“Es de observarse que los tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 Apartado B fracción VII, obligan al poder público en México a generar convocatorias abiertas a todo ciudadano, evaluaciones en condiciones de igualdad, para garantizar que en todo momento se va a gestionar realmente la justicia, la paz social, el desarrollo, y no solamente los intereses de camarillas. Ya basta de que nuestras leyes sean letra muerta para los ambiciosos que buscan como acomodarse a esa legislación a fin de sacar provecho particular, en todos los cargos y poderes”, concluyó.

Cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Einar Contreras Macbeath, y varios funcionarios más quedaron  vinculados a proceso, luego de sendas resoluciones de la Sala del Circuito Único en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

En el primer caso, la fiscalía informó que la sala revocó la resolución de un juez de control (que decretó la no vinculación) y consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal al ex secretario de despacho durante la gestión del ex gobernador, Graco Ramírez Abreu; a Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Sustentable; y Sergio “N” y José “N”, ex subsecretarios de la Secretaría de Obras Públicas estatal. 

Los cuatro ex funcionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en la que el gobierno del estado invirtió una cantidad millonaria sin que la obra fuese concluida.

De acuerdo con la fiscalía, por la planta valorizadora de residuos, ubicada en la comunidad de “El Zarco” del municipio de Yautepec, el gobierno estatal pagó a una empresa constructora 13 millones 800 mil pesos, pero a pesar de que se pagó el total del costo, la obra quedó trunca al 40 por ciento de su construcción y así fue recibida por los ex funcionarios estatales acusados. 

Por ello, el ex secretario y el ex subsecretario de Desarrollo Sustentable, así como dos ex subsecretarios de Obras Públicas, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018. La resolución puede ser impugnada ante la justicia federal. 

En un segundo caso,  la sala confirmó el auto de vinculación a proceso de Medina Izquierdo y Contreras Macbeath, así como de Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable; Lucero “N”, ex directora de Obras Públicas y Marco “N” ex supervisor de obra.

Este caso está relacionado con la causa penal JC/330/2019, sobre la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, pero tampoco fue concluida.

La defensa de las víctimas pone en duda la imparcialidad de la juez a cargo del caso.

A petición de las víctimas, fue suspendida la audiencia de formulación de imputación que tenía como propósito presentar la acusación contra el juez Daniel Adán Rodríguez Apac, por el presunto homicidio culposo de un trabajador del IMSS.

Emilio Márquez, abogado de la esposa de Pedro Portilla Herrera, quien viajaba en su motocicleta y presuntamente fue arrollado por el juez sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017, insistió en que la juez de control, Nancy Aguilar Tovar, no debía conocer el caso por existir elementos que ponían en duda su imparcialidad, al pertenecer a la misma asociación a la que pertenece el juzgador acusado.

Aun cuando la juez explicó que una sala del Tribunal Superior de Justicia resolvió en recurso de queja que ella debía conocer el asunto y que no había una suspensión de un juez federal que impidiera el desahogo de la audiencia, el litigante reiteró su rechazo a la juez Aguilar Tovar.

Al hacer uso de la palabra, el juez imputado pidió que procediera la realización de la audiencia y que él enfrentaba el proceso penal no como servidor público sino como cualquier ciudadano que tiene derechos y obligaciones legales.

Tras escuchar a las partes, la juez afirmó que, si bien pertenece a la misma asociación que el acusado, no existe ningún lazó de amistad ni de convivencia, salvo en el ámbito estrictamente profesional, y el trato que tiene con su homólogo es únicamente dentro del recinto judicial.

Defendió su investidura y sostuvo que no hay ningún elemento objetivo para poner en duda su imparcialidad, y recalcó que sus determinaciones son tomadas de manera autónoma e independiente, sin aceptar de ninguna intervención o presión externa.

A petición de la representación legal de las víctimas, la juez decretó la suspensión de la audiencia para que sea la justicia federal, a través del juicio de amparo promovido por la parte ofendida, quien resuelva si ella debe o no conocer el caso.

“Yo lo que busco es que se cambie de juez, la jueza comenta ciertas cosas y no coinciden lo que hizo la anterior vez, en cuento a los comentarios y las cosas, pero si hay una amistad ahí (entre ambos juzgadores) y ella lo dijo la vez pasada que tuvimos audiencia”, dijo Maykeler Viazcan López, esposa de la víctima, y sostuvo que su petición es que se designe a un juzgador que no sea allegado al imputado.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado del imputado, señaló que la postura del juez acusado es que se proceda conforme derecho y que todos los implicados reciban justicia conforme a la ley, pero desafortunadamente es incongruente la actuación de la parte ofendida, porque primero solicitó la judicialización de la carpeta de investigación y ahora promueve un amparo para evitar que arranque el proceso penal.

“Hoy es el momento que no entendemos si quieren que se judicialice, si quieren que se dilate la audiencia, o desconocemos qué es lo que esté prevaleciendo en el pensamiento de la contraparte. No queremos pensar que sea la ignorancia del derecho lo que prevalezca. Queremos que haya una sensibilidad porque a final de cuentas es un delito culposo y (el juez imputado) debe ser tratado como cualquier otro ciudadano, no por el hecho de tener un cargo público tiene que ser revictimizado el imputado, no por el hecho de ser un servidor público debe ser tratado con otra justicia, debe ser tratado como cualquier ciudadano que comparece ante la justicia”, expresó.

Detalló que la empresa aseguradora ofreció a la esposa de la víctima una indemnización justa, conforme lo establece a la ley, para llegar a una conciliación y evitar un juicio, sin embargo, ella exige una cantidad superior a los cuatro millones de pesos, lo cual está muy por encima de las cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que establece la ley en estos casos.

“Estamos apegados a derecho y estamos compareciendo de manera responsable al llamado de un juez y en lo sucesivo nos vamos a juicio, y todavía falta que un juez, que un tribunal de juicio oral, determine su culpabilidad o no, y como consecuencia de la culpabilidad determine la reparación del daño”, dijo e insistió que se buscó la vía de una conciliación como solución alterna, pero si esto no ocurre el juez hará frente al juicio como cualquier ciudadano que también exige justicia.

Resoluciones de jueces tienen efectividad del 95 por ciento, dice la institución.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad y acusó que los ataques contra el órgano judicial son políticos y basados en datos falsos, al tiempo que defendió la labor de los juzgadores, al considerar que sus resoluciones tuvieron una efectividad del 95%.

A través de un comunicado, el TSJ rechazó las versiones de  funcionarios estatales y federales sobre que jueces del TSJ dejan en libertad a imputados por delitos de alto impacto y sostuvo que esos señalamientos “tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural”.

Detalló que en el 2019 consignaron a 137 personas por este tipo de delitos (homicidio, violación y secuestro), de las cuales solo 16 obtuvieron su libertad y representa el 11.68% de las consignaciones; y de las 121 personas que fueron sometidas a proceso penal, el 88.32% quedó sujeto a la medida prisión preventiva hasta la terminación del proceso judicial.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales”, estableció el documento. 
Señaló que el trabajo de los juzgadores del sistema penal está bajo el escrutinio de la autoridad federal, que calificó con 95 por ciento la efectividad de las sentencias.
“Por ello, el Poder Judicial exhorta respetuosamente para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, velemos por la defensa de nuestra carta magna, el respeto por nuestras leyes y hagamos conciencia de la importancia de la unidad institucional en favor de los justiciables, evitando hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”, recalcó en su comunicado. 

En 2018 los jueces sólo emitieron cuatro sentencias por homicidio doloso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

Denuncian retraso en pago de pensiones en el TSJ a pesar de disponibilidad de recursos transferidos por el Poder Ejecutivo.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción califica como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) calificó como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y exhortó al Comité de Participación Ciudadana presidido por Roberto Coranguez Esquivel, a coadyuvar a la construcción del sistema anticorrupción y actuar con apego a la ley.

A través de una misiva fijaron su postura la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez; el secretario de la Contraloría, César Santana Nava; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y América Jiménez Molina, contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

En el documento público establecieron que el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que es facultad del Comité Coordinador elegir, previa integración de una terna, al secretario Ejecutivo del SEA, y que desde el 31 de octubre realiza reuniones de trabajo en las que, entre otras cosas, revisa que los tres aspirantes cumplan con el perfil y los requisitos legales para ocupar el cargo.

Incluso, destacaron que esta dinámica fue consensuada y aceptada por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, que también forma parte del Comité Coordinador.

Rechazaron la designación González Chávez como “secretario Técnico interino” por considerarlo ilegal, sin embargo, hicieron hincapié en que decidieron hacer caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, quien hace días salió en defensa del nombramiento interino realizado con solo con aval de tres de los cinco integrantes del órgano ciudadano.  

“Por todo lo anterior, se reitera que la instituciones representadas por los signantes, han aportado su trabajo, recursos humanos y materiales para poder dar forma y diseño organizacional a la Secretará Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y así seguirá siendo, tomando en consideración la naturaleza, fines, atribuciones y requisitos que la ley fija para todos; haciendo caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, para no desgastar la imagen de un sistema en construcción.

“Se exhorta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a coadyuvar con los trabajos de formación del sistema y su organismo operador que nos corresponden, conforme a las funciones, atribuciones, responsabilidades, obligaciones y límites que la ley nos marca”, establecieron como postura conjunta siete de los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Desde el 2016, el SEA enfrenta una serie de vaivenes jurídicos y político que frenaron su arranque y operación. Desde la integración del Comité de Participación Ciudadano -cuyos primeros integrantes fueron relevados sin ni siquiera haber iniciado formalmente funciones- hasta la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, que enfrentó fuertes cuestionamientos por haber sido colaborador del ex gobernador Graco Ramírez.

La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.

Se publicó el decreto que creó el Consejo para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en el estado de Morelos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto que creó el Consejo para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Morelos, como un órgano colegiado interinstitucional provisional.

En cumplimiento a la reforma laboral federal, vigente desde mayo pasado, se instauró el organismo local, con el propósito de establecer las políticas y la coordinación estatal necesarias para implementar la reforma local en materia de justicia laboral, en los términos del decreto por el cual fueron reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El Consejo estará integrado por la persona  titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, quien lo presidirá, y como vocales, un representante de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura; un representante de la Secretaría de Administración y un representante de la Secretaría de Hacienda.

Además, un representante del Poder Judicial estatal y otro del Congreso local se integrarán al consejo en calidad de invitados permanentes. Con el objeto de emitir opinión relacionada con el ámbito de su competencia, se podrá invitar a las sesiones, con voz pero sin voto, al representante de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal.

En los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, el Consejo podrá también invitar a participar en las sesiones, para efectos consultivos, con voz pero sin voto, a expertos o académicos nacionales o internacionales, instancias gubernamentales y demás personas físicas o morales que se estime conveniente para aportar sus conocimientos, opiniones o experiencias.

Una vez vigente el decreto de creación del Consejo, la titular de la Secretaría Desarrollo Económico y del Trabajo deberá convocar a su instalación dentro de un término no mayor a 30 días hábiles.

Tribunal no halló elementos para acusarlo; disparo accidental fue en medio de un acto en defensa propia, resuelven

Buscan echar abajo la reforma que limita el periodo de los magistrados.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inconforme con la resolución que desechó la controversia constitucional que recientemente promovió en un intento por impugnar el decreto legislativo que redujo de 20 a 14 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

A principios de noviembre, el ministro instructor Luis María Aguilar Morales determinó que el TJA no tenía legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, no está en la lista de los organismos a los que el Constituyente Permanente otorgó legitimación para promover controversias constitucionales. 

En consecuencia, desechó la controversia constitucional y recordó que la resolución fue fundamentada en los fallos de los recursos de reclamación 23/2016-CA, 52/2016-CA y 53/2018-CA, que confirmaron los autos de desechamiento de las demandas anteriores promovidas por el TJA.

Sin embargo, el tribunal local intentará nuevamente que la controversia sea admitida e insistirá en que sí tiene atribuciones para promover el recurso, sobre todo en un tema que afecta la periodicidad de los miembros del órgano jurisdiccional.

El custodio involucrado fue vinculado a proceso.

Un juez de control vinculó a proceso a un custodio por el presunto delito de evasión de reo, tras la fuga del hospital César García Arias, quien cumplía una sentencia de 15 años por robo de vehículo. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que presentó ante el juez diversas indicios que señalan al custodio, identificado como Martín “N”, como probable responsable del ilícito. 

La fiscalía detalló que presentó  las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la Clínica 1 del IMSS la madrugada del 26 de noviembre, en las que se observó que el interno no estaba asegurado con esposas o algún otro mecanismo de seguridad; que llevaba puesta una camisola con un logotipo en su parte posterior con la leyenda “custodio”, y que también llevaba unos tenis.

También se apreció que el custodio no dio aviso inmediato a sus superiores y se limitó a buscar a César García por cinco minutos únicamente en el piso 10 del nosocomio, donde se encontraba hospitalizado y bajo vigilancia desde el pasado 8 de noviembre para ser atendido por un absceso cutáneo.

Ante los indicios, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso y otorgó tres meses de plazo para la investigación complementaria, relacionada con causa penal JC/1545/2019.

El custodio fue suspendido de sus funciones a solicitud de la fiscalía anticorrupción y como medidas cautelares se ordenó al imputado acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares y no salir del país.

Abogados apoyan a Alejandro González, mientras que ONG cuestiona su llegada.

El nombramiento como secretario técnico interino de Alejandro González Chávez sigue causando mella y división en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pues mientras el Consejo Estatal de Abogados se pronunció en su apoyo, miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA y la organización Morelos Rinde Cuentas insistieron en la ilegalidad de la designación. 

El tema volvió a generar debate, luego de que este miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el documento por el cual el pasado 19 de noviembre González Chávez fue designado secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del SEA, pero horas después se emitió una nota aclaratoria en el órgano oficial de difusión que dejaba sin efectos la publicación, con la explicación de que no cumplió con los requisitos previstos en el reglamento de dicho periódico. 

Esto causó reacciones sobre la legalidad y vigencia del nombramiento. El director General del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, salió en apoyo de González Chávez para aclarar que su nombramiento  como secretario técnico provisional es legal y está vigente desde el pasado 19 de noviembre, pese a la nota aclaratoria y el desacuerdo de dos de los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC-SEA)

Lamentó la parálisis del SEA y del comité ciudadano, porque “hasta el día de hoy no ha funcionado como tal, por la sencilla razón de que hay pugnas entre ellos, no se ponen de acuerdo para (la) designación, y bueno, en función a esa publicación y a esa designación, este consejo determina apoyar la designación del licenciado” González Chávez y ojalá los integrantes del CPC “entren en prudencia” (sic) y realicen pronto el nombramiento definitivo. 

Invitó a dirimir por la vía del diálogo y la conciliación las diferencias entre los miembros del comité ciudadano, para evitar que la disputa llegue a los tribunales y el SEA siga entrampado. 

Afirmó que Alejandro González Chávez tiene también el perfil y el prestigio para desempeñar el cargo ya que, ejemplificó, fue director de la Facultad de Contaduría, y presidente de Abogados Fiscalistas, y se desempeña como catedrático universitario. 

En contraste, la organización civil Morelos Rinde Cuentas mantiene su postura crítica por considerar que la designación no cumplió con los procedimientos legales ni se realizó de manera transparente. 

Incluso, cuestionó la publicación del nombramiento en el Periódico Oficial y la rectificación que se realizó posteriormente. “Por la mañana el periódico oficial de Morelos publica un acuerdo del Comité de Participación Ciudadana designando un Secretario Técnico Interino (violatorio de la ley). Por la noche el mismo periódico la echa para atrás ¿A quién se le aplicará la Ley de Responsabilidades?”, expresó la organización a través de su cuenta oficial de tuiter. 

Damiana Herrera Mota, integrantes del CPC-SEA, y quien se opuso a la designación de González Chávez, explicó que el nombramiento se realizó de manera ilegal y detalló el porqué.

Afirmó que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución, según el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, de autorizar una terna de aspirantes a ocupar la secretaría técnica, para ser sometida ante el Comité Coordinador del SEA. 

Dicho comité está integrado por las personas titulares de la Entidad Superior de Auditaría y Fiscalización, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el representante de las contralorías municipales (en este caso del municipio de Cuernavaca, por tener el mayor número de habitantes) y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. 

Expresó que la terna fue autorizada de manera irregular por tres de los cinco integrantes del CPC y aún está en revisión por el Comité Coordinador; además de que la ley no prevé la figura de un Secretario Técnico Interino y mucho menos la facultad del CPC para designarle.

La Secretaría de Movilidad y Transporte es la que determina si la unidad con permisos provisionales puede circular, señala el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

El magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Guillermo Arroyo Cruz, afirmó que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) es quien tiene la facultad para determinar qué unidades del transporte público con permisos provisionales pueden circular, y recalcó que el órgano jurisdiccional únicamente resolverá sobre la legalidad o no del acto de autoridad reclamado, dentro del juicio promovido por un grupo de concesionarios. 

Luego de que hace unos días un grupo de transportistas protestó contra la suspensión concedida por el TJA a otro grupo de concesionarios que demanda la regularización de sus unidades, confirmó que su sala otorgó la medida cautelar a poco menos de 200 personas para efecto de que “las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, mientras se resuelve de fondo el juicio administrativo. 

“En esa demanda la prevenimos porque no reunía ciertos requisitos, una vez subsanada la prevención fue admitida, pero de 200 personas aproximadamente que participaron en la demanda, solamente le concedimos la suspensión a poco menos de la mitad, porque solo ellos reunieron las requisitos para ello. 

“Una vez que el resto de transportistas reunió los requisitos, también concedimos la suspensión a otra parte proporcional; así que entonces, el tema es un asunto de legalidad, el tema de si deben o no deben circular es un tema que tiene que resolver Movilidad y Transporte, no nosotros”. 

Explicó que la suspensión a los quejosos fue otorgada bajo la apariencia del buen derecho, pues las personas que se acreditaron como transportistas alegaron que sus unidades circulan desde hace varios años, que hicieron una petición de regularización y presentaron los recibos de pago expedidas por las autoridades estatales. 

Subrayó que, con base a las pruebas y documentales que las partes aporten a la demanda es que podrá resolver sobre la legalidad o no de los actos reclamados.

Un reo que estaba hospitalizado en la Clínica 1 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró fugarse, luego de que el custodio a cargo lo dejó solo para ir por una bebida.

La fuga se sumó a la serie de incidentes que durante las últimas semanas acaparó la atención mediática y causó fuertes críticas al sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con la información parcial proporcionada por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el reo -identificado como César Augusto García Arias, de 40 años de edad- se encontraba hospitalizado en el área de traumatología desde el 8 de noviembre.

Aparentemente, según la versión oficial, alrededor de las 4:30 de la mañana el custodio que lo vigilaba fue por un refresco y el interno, quien cumplía una sentencia de 15 años por robo de vehículo, aprovechó la ausencia para evadirse.

Al percatarse de la fuga, el custodio dio la alerta y se activó un operativo de localización y búsqueda.

Aproximadamente a las 9:00 horas, un hombre que fue confundido con el reo, fue bajado de una ruta 7 y detenido por los policías en el paradero de El Vergel, pero después fue dejado en libertad al corroborarse el error.

Por lo pronto, el custodio que estaba a cargo de la vigilancia del reo fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la investigación de los hechos y el deslinde de posibles responsabilidades

La CES mantuvo su llamado a la ciudadanía para que colabore con la ubicación y recaptura de César Augusto García Arias,  con su denuncia anónima a través de los números de emergencia 089 y 911.

El pasado 29 y 30 de octubre, y el 21 de noviembre, se registraron un amotinamiento y fuertes riñas entre internos del penal de Atlacholoaya, que dejaron un saldo de nueve muertos y 14 lesionados.

Los afectados podrán solicitar la devolución de su dinero.

La Secretaría de Hacienda canceló más de 700 pólizas de pago de permisos provisionales de circulación para taxis y rutas, que indebidamente fueron expedidas en la administración estatal anterior.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo expedido por el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que dejó sin efectos 701 recibos de pago de permisos provisionales para circular sin placas y engomado para el servicio público, que fueron ilegalmente expedidos a personas a quienes se les prometió la entrega de títulos de concesión.

En el mes de septiembre, la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda requirió a la Secretaría de Movilidad y Transporte información sobre la expedición de dichos permisos y, derivado de la información recabada, concluyó que los “beneficiarios” pagaron y obtuvieron los permisos provisionales de circulación sin tramitar ninguna solicitud para obtener el documento.

También se comprobó que la mayor parte de las personas físicas, “a cuyos nombres salieron las referidas pólizas y recibos de pago, no son titulares de concesiones para la prestación del servicio público de transporte, requisito sine qua non, para la emisión del permiso para circular sin placas y engomado de marras”.

Al no existir las solicitudes para la expedición de los permisos y por tratarse de personas que no son concesionarios del servicio público de pasajeros, la Secretaría de Hacienda determinó que esos pagos fueron indebidos y legalmente la Secretaría de Movilidad y Transporte no expidió ningún permiso provisional de circulación.

“En abundamiento de lo anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte, no ha expedido ningún permiso para circular sin placas y engomado para el servicio público, por lo que no se ha constituido derecho alguno a favor de los titulares de los recibos de pago antes referidos, entendidos estos como la constancia de la actividad pasiva y carente de voluntad por parte de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, que no constituye un título de concesión del servicio público de transporte, como tampoco puede considerarse como prueba fehaciente para acreditar el carácter de concesionario, porque sólo justifica su contenido, esto es, el propio pago ante la autoridad recaudadora de cierta cantidad y concepto”, recalcó.

En consecuencia, la autoridad hacendaria  anunció la cancelación de los recibos y la devolución de las cantidades pagadas.

“Con el objeto de evitar por un lado trámites irregulares en materia de control vehicular del servicio público de transporte ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como generar la recaudación indebida por parte de la Secretaría de Hacienda, al no existir la prestación de servicio que la justifique y dotar de certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes que a partir del pago de las pólizas, antes enunciadas realizaron erogaciones por el concepto ya mencionado, se estima necesario dejar sin efectos los recibos de pago enunciados en el presente acuerdo.

“Sin embargo, a efecto de no vulnerar los derechos de los contribuyentes que realizaron las contribuciones materia del presente acuerdo, se dejan a salvo sus derechos para el efecto de solicitar la devolución del pago de lo indebido ante la autoridad fiscal correspondiente”.

Para dar cumplimiento al acuerdo, se ordenó a las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte adoptar en todas sus delegaciones las medidas de inspección, vigilancia y escrutinio necesarias para cancelar o suspender los trámites tendientes a la expedición de los permisos provisionales para circular sin placas y engomado, para la prestación del servicio público de transporte relacionadas con los recibos de pago cancelados.

El Pleno del TEEM considera improcedente el recurso iniciado por Keila Figueroa Evaristo, quien se inconformó por su expulsión del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) desechó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por la diputada Keila Figueroa Evaristo, quien reclamó su expulsión del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por unanimidad, el Pleno del TEEM consideró improcedente el acto reclamado por la diputada integrante de la LIV Legislatura por tratarse de un asunto exclusivo del derecho parlamentario, en donde el tribunal no tiene jurisdicción porque no hay vulneración ni incide en el derecho a ser votado.

Concluyó que la expulsión del grupo parlamentario, el retiro de comisiones y, como consecuencia la disminución de sus ingresos económicos, forman parte de actos políticos y administrativos internos de la actual legislatura.

Por lo anterior, desechó el juicio promovido por la diputada, quien puede recurrir la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El pasado24 de octubre, el grupo parlamentario morenista oficializó la expulsión Keila Figueroa por considerar que “puso en riesgo a los integrantes de la LIV Legislatura” y  “ha violado sistemáticamente los acuerdos de la mayoría de los integrantes de su bancada”, además de “actuar en contra del proyecto de nación del partido que representa”.

Se le acusó también de que “ha llevado a cabo una serie de acciones y posiciones en contra de los intereses del Grupo Parlamentario de MORENA, por tanto, la diputada no puede ni debe pertenecer más a la bancada del partido, ya que tal y como mencionamos en párrafos anteriores la Diputada en comento ha actuado a favor de los intereses e ideales de un grupo denominado Frente Progresista de Mujeres”, integrado por diputadas que se declararon como oposición política.

El saldo preliminar de la jornada violenta se completó con dos reos más lesionados y dos custodios heridos.

Un interno fallecido, dos más lesionados y dos custodios heridos fue el saldo preliminar de un amotinamiento registrado en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.

Alrededor de las 12:00 horas del domingo, personal de seguridad del centro de internamiento solicitó auxilio a las fuerzas federales y estatales para controlar a un grupo de internos que pretendió tomar el control de las instalaciones. 

De inmediato se montó un operativo en las inmediaciones del Ceferepsi e ingresaron elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional en apoyo de los custodios, quienes habrían sido confrontados por los internos.

Al lugar arribaron también ambulancias, tras confirmarse que había por lo menos cuatro personas lesionadas y un deceso. Pasadas las 15:00, se informó que la autoridad retomó el control del Ceferepsi, que ha albergado a personajes como el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por narcotráfico; Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sinaloa, Guillermo Padrés; y otro ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, extraditado desde Panamá en enero de 2018 y acusado de presunta corrupción. 

Extraoficialmente trascendió que los custodios heridos con armas punzocortantes se encontraban graves. De los internos no hubo reporte oficial de su estado de salud. 

En el reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ceferepsi número 16 fue de los cinco centros federales mejor evaluados, con una calificación de 8.05 puntos. 

Sin embargo, el organismo nacional detectó que en16 de 17 establecimientos federales existía insuficiencia de personal, deficiencias en servicios de salud y de medicamentos, y en 13 se detectó deficiente atención a personas mayores, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y falta de programas de prevención de adicciones. 

En mayo pasado, custodios del centro federal ubicado en la zona oriente de Morelos realizaron una protesta en exigencia de mejores condiciones laborales y reforzamiento de las medidas de seguridad.

Durante este mes, también ocurrieron dos riñas y un amotinamiento en el penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, que tuvo un saldo total de nueve internos muertos y 14 heridos.

Hoy se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) expresó su preocupación por las fallas en la “cadena de justicia” y la falta de voluntad institucional para avanzar en las medidas preventivas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Al conmemorarse hoy el Día internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, la organización lamentó los escasos resultados en la implementación de las medidas ordenadas al gobierno de Morelos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en agosto de 2015. 

La organización independiente, impulsora de la AVG, expresó su preocupación por la falta de voluntad política y de acciones concretas de las autoridades locales ante los altos índices de feminicidios, que evidencian la vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Subrayó su consternación por las fallas y la falta de compromiso de las instituciones que conforman la cadena de justicia con la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

“Nos preocupa la nula rendición de cuentas de las instituciones de la cadena de justicia por la deficiente integración de las investigaciones o resoluciones judiciales sobre casos de violencia y feminicidio. 

“Llamamos la atención sobre el hecho de que el Sistema de la Alerta de Violencia de Género, estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como medida de prevención y protección, no se ha cumplido en la práctica.

“Insistimos en que el feminicidio se sigue cometiendo en el Estado y se mantiene en los niveles más altos. Aun cuando se incrementó la penalidad a 40 años mínimo, si no se investiga como feminicidio, tampoco se aplica a quienes lo cometen, por eso hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos”, sostuvo.

Insistió en que, para revertir las deficiencias en la cadena de justicia,  debe tipificarse como delito la violencia institucional y sancionarse a los funcionarios, jueces y magistrados que no aplicaron las leyes nacionales y las establecidas en el marco internacional a favor de los derechos de las mujeres, así como abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron u obstruyeron la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia.

Pidió armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, acorde con el artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas contra ellas.

De igual forma, exigió que la Fiscalía General del Estado implemente adecuadamente los protocolos de investigación sobre feminicidio al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

El municipio promovió una controversia constitucional; pretende recuperar un millón de pesos.

El municipio de Tlaltizapán promovió una controversia constitucional para reclamar la retención de participaciones y aportaciones federales, porque esa medida ha ocasionado un fuerte perjuicio económico a la comuna.

De acuerdo con la controversia 335/2109, el ayuntamiento alegó que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos le retuvo indebidamente recursos equivalentes a la cantidad de un millón 77 mil 125 pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal del ejercicio fiscal 2019.

Indicó que estos recursos forman parte de las aportaciones y participaciones federales que correspondían al municipio, sin embargo, al ser retenidos provocaron un impacto económico a la administración municipal.

Además, recalcó el ayuntamiento,  la retención contraviene lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y, “por consecuencia, se constituye en una flagrante violación al orden constitucional prevaleciente en nuestro estado, con un claro perjuicio en contra del municipio actor”.

El enfrentamiento de ayer en el penal de Atlacholoaya dejó dos reclusos muertos y diez heridos.

Buscan que la iniciativa sea acogida por el Congreso de la Unión.

Los imputados pertenecían a una banda relacionada con al menos ocho plagios cometidos en circunstancias similares.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) comenzó con el nuevo  Diagnóstico Local de Supervisión Penitenciaria, que consistirá en verificar las condiciones físicas en que se encuentran los cinco reclusorios estatales, incluido el centro de internamiento para menores, y la aplicación de las estrategias de reinserción social. 

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el personal del organismo aplicará una encuesta a por lo menos el diez por ciento de la población penitenciaria, con la finalidad de evaluar si las y los internos tienen acceso a servicios de salud, a programas educativos, de atención especializada en el caso de personas de la tercera edad o con discapacidad, actividades recreativas o deportivas. 

Además, de supervisar que las instalaciones cuenten con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como las autoridades y el personal de custodia respeten los derechos humanos y apliquen debidamente las políticas de reinserción social. 

A tres semanas de los hechos violentos por el  amotinamiento de los reos dentro penal de Atlacholoaya, que dejó un saldo de siete muertos, señaló que es importante que se cumpla con la ley y las condiciones necesarias para la reinserción de las personas, de los contrario “de nada sirve, o de muy poco sirve, que una persona que recibe como sanción una pena privativa de la libertad  y que en su estancia en reclusión no se logren los objetivos de una pena”.

Indicó que la supervisión comenzó en el penal de Atlacholoaya y continuará en los próximos días en el resto de cárceles distritales y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), con el objetivo de presentar los resultados de esta nueva supervisión en enero de 2020. 

Recordó que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que Morelos empeoró su evaluación, al pasar de 7.2 en 2018 a 6.5 en 2019.

Felipe Sedano Reynoso alcanza el beneficio al cien por ciento de su último salario como funcionario de primer nivel.

El ex director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Felipe Sedano Reynoso, obtuvo su jubilación al cien por ciento de su último salario como funcionario de primer nivel. 

Después de una larga batalla legal y en cumplimiento de un amparo otorgado por el Juzgado Séptimo de Distrito, el Congreso local emitió un nuevo decreto por el cual se aprobó su solicitud de jubilación y se emitió el decreto pensionario. 

El ex director del IEBEM, de acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, recibirá una pensión de 68 mil 696 pesos, ya que comprobó haber trabajado más de 30 años al servicio del estado, como lo establece la Ley del Servicio Civil de la entidad. 

Aun cuando el Poder Ejecutivo realizó al menos tres observaciones al decreto pensionatorio, el Congreso señaló que al ex funcionario no le aplicaba esa disposición –en vigor desde enero de 2013- que fijó un tope a las “pensiones doradas” que recibían altos funcionarios del gobierno estatal y estableció que no podrían ser superiores a los 600 salarios mínimos generales vigentes. 

En este caso, según el legislador, dicha disposición no era aplicable ya la terminación del cargo de director del IEBEM -que ocupó durante tres años- fue el 31 de octubre de 2012, al concluir el sexenio del gobernador panista, Marco Adame Castillo. Además, dicha pensión será retroactiva. 

“La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, y será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado”, se estableció en el decreto

De acuerdo con una declaración pública realizada a principios de octubre por el actual secretario de la Contraloría del gobierno de Morelos, César Santana Nava, Sedano Reynoso aparece en la lista de ex funcionario inhabilitados por supuestas irregularidades durante su gestión al frente del IEBEM.

Declararse culpables reduce significativamente su pena.

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, afirmó que varios responsables de privar de la vida a mujeres han preferido acogerse al beneficio legal del procedimiento penal abreviado. 

Señaló que, pese a que el procedimiento implica un beneficio legal para quienes aceptan los hechos y delitos imputados, la condena promedio para los feminicidas confesos que optan por una sentencia menor prevista en el Código Penal (de 40 a 70 años) es en promedio de un cuarto de siglo. 

“Al momento de tomar un procedimiento abreviado, pues aceptan la responsabilidad legal de lo que han hecho y se obtiene una sentencia, que no es una sentencia baja, es de 26 años y seis meses lo que se les puede imponer, y finalmente una reparación del daño con la que tienen que cumplir”, explicó. 

No precisó el número de feminicidas que han elegido el juicio abreviado, pero recalcó que la ley establece que, quienes se acojan a este beneficio, podrán recibir hasta un tercio de la pena mínima en caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos.  

Insistió en que varios feminicidas se han amparado en este beneficio, “lo que es un reflejo de que las investigaciones están sólidas, porque en el momento en que ellos atienden a un procedimiento abreviado es porque saben que no tienen salida para una sentencia absolutoria”.

Son originarios del Estado de México   

La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión confirmó que son tres las personas detenidas como presuntas responsables del plagio del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa María Elena Guerrero Ávila.

A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

El 80 por ciento de los internos del Cereso de Atlacholoaya son integrantes de la organización delictiva “Los Rojos”, asegura el comisionado estatal de seguridad.

Exhorta al gobierno federal a destinar fondos para construir un nuevo centro penitenciario en el oriente del estado.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, exhortó al gobierno federal a considerar dentro del presupuesto de egresos 2020 una partida para financiar la construcción de un penal de máxima seguridad en el oriente del estado, para recluir a miembros de grupos criminales como “Los Rojos” que, actualmente son la mayor parte de la población penitenciaria.

Luego de ser informado que su comparecencia ante el Congreso fue pospuesta, el funcionario se retiró de la sede del Poder Legislativo no sin antes conceder una entrevista a los medios de comunicación.

Señaló que no supo el motivo de la suspensión de la comparecencia que estaba programada para las 9:00 y únicamente se le informó que se posponía hasta nuevo aviso.

En su agenda, el titular de la CES pensaba abordar con los legisladores de la Comisión de Seguridad y Justicia los temas del presupuesto 2020, explicar los hechos violentos ocurridos el 29 y 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya y la situación de la seguridad en la entidad.

El comisionado destacó la presencia del subsecretario Israel Ponce de León Bórquez para que explicará directamente a los diputados el tema del penal, pues “solo se escuchó la parte interna y no se le ha escuchado él, por eso lo traje también.

“Yo estoy consciente de que a veces cuando uno aprieta, pues le empiezan a levantar rumores o falsedades, porque tener el control de un penal no es fácil, sobre todo por lo que ingresa al penal”, explicó.

Sostuvo que posiblemente algunas de las quejas de los familiares de los internos pueden ser justificadas, pero también hay circunstancias en que las medidas de seguridad y protocolos exigen su cabal cumplimiento, porque también son las visitas quienes introducen droga y objetos prohibidos al penal.

Respecto a la situación actual del penal, descartó una huelga de hambre  -como la anunciada por familiares de internos- y afirmó que ya fueron reparados los daños a las instalaciones provocados durante el amotinamiento y enfrentamientos entre grupos de reos rivales hace 15 días.

Ortiz Guarneros pugnó porque el conflicto reciente en el penal de Atlacholoaya sea argumento para considerar de inmediato la construcción de un centro de reinserción social de máxima seguridad, tomando en cuenta que la mayor parte de los 3,400 internos actuales pertenece al cártel “Los Rojos”, una organización delictiva que se caracterizó por su violencia.

“Efectivamente, un 80 por ciento de los internos son ‘rojos’, pero no hay donde más meterlos, esa es otra de las propuestas que traigo, de crear el penal de alta seguridad, porque ya se adquirió en el 2013 -durante la administración graquista- un terreno de 52.3 hectáreas (en el municipio de Yecapixtla) y está el proyecto (ejecutivo para la construcción) pero se requieren dos mil 500 millones de pesos”, dijo, al señalar que, en caso de aprobarse los recursos para el próximo 2020, en tres años estaría listo el nuevo centro penitenciario de alta seguridad.

“Yo tengo la obligación de elevar mis propuestas, viendo la situación de que tenemos dos penales con 25, 28 años de antigüedad, que son insuficientes, que no tienen condiciones de seguridad para delincuentes de grupos o un cártel como Los Rojos, que han demostrado que son violentos, se requiere tener un penal de máxima seguridad.

“El predio es del estado, el estado hizo un proyecto y ahora (hay que) darle curso, elevarlo otra vez porque quedó en el olvido, lo estamos reviviendo y esperamos que con esto que está pasando la Federación voltee a vernos y se autoricen los recursos para hacerlo”, concluyó.

Son los periodos en que suele registrarse mayor violencia contra las mujeres: García Betanzos.

La fiscal especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio, Fabiola García Betanzos, señaló que junio y julio suelen ser los meses en los que se registra mayor violencia contra las mujeres y en los que la temperatura suele ser uno de los factores que provocan este aumento. 

Adelantó que está por lanzarse la convocatoria para seleccionar a quienes integrarán la Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalía especializada, lo que permitirá estudiar y observar metodológicamente la violencia contra la mujer con base en las estadísticas y los casos que investiga la fiscalía.

Precisó que de enero a la fecha la fiscalía registró 28 feminicidios  y 56 muertes violentas de mujeres, pero hasta concluir el 2019 estará en condiciones de concretar un análisis comparativo que permita con claridad establecer si se mantuvo la estadística, si los casos disminuyeron o aumentaron. 

 “La comparativa la vamos a hacer al cierre de año, eso es algo que debemos de hacer. Obviamente los meses más violentos siempre serán junio y julio, esto es por una situación criminológica, implica obviamente, ustedes no lo van a creer, pero uno de los factores es el clima, que en determinado momento puede influir como otros factores. El feminicidio es multifactorial y entonces debemos de atender esa situación. 

“Hoy tenemos esta incidencia delictiva, pero al cierre del año podremos hacer un balance de si está en aumento o no”, indicó.

Explicó que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar también suelen tener un repunte en ambos meses, y estos indicadores deben ser susceptible de estudio, no nada más por parte de los abogados, sino también de los sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, “y ese es uno de los objetivos de integrar un equipo multidisciplinario para la Unidad de Análisis y Contexto, para que nos den estas causas, que nos digan cómo lo vamos a atacar y cuál es el mapa criminológico”.

Lo interpuso el expresidente del organismo, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Por orden de un tribunal colegiado, el Juzgado Tercero de Distrito admitió el juicio de amparo promovido por el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, contra la designación de su sucesor, Israel Hernández Cruz.

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito decretó fundado el recurso de queja 214/2019, promovido por el ex ombudsman contra el auto de desechamiento de su demanda de amparo emitido en 24 de junio pasado, el juzgado federal admitió el expediente 883/2019, pero negó el otorgamiento de la suspensión provisional, por tratarse de un acto consumado.

En el mes de marzo, el Congreso lanzó la convocatoria para designar o, en su caso, ratificar al titular del organismo estatal. Al proceso se inscribieron 22 aspirantes, incluido Olivares Brito, quien aspiraba refrendar su nombramiento.

Fue Israel Hernández Cruz, ex funcionario de la administración graquista y quien entonces se desempeñaba como titular de la Notaría 13 de Cuernavaca, quien resultó designado ombudsman con el voto de 17 de los 20 legisladores locales.

Su nombramiento generó polémica entre los propios aspirantes y organizaciones de abogados, y el ex titular de la CDHEM decidió impugnar por la vía del amparo la decisión del Congreso.

Inicialmente, el juzgado federal desechó su demanda, pero un tribunal colegiado ordenó su admisión.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero de Distrito emplazó al Congreso local a rendir los respectivos informes sobre el proceso legislativo para la designación. “Por otra parte, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Apercibidas de que, de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, estableció el acuerdo de admisión.

Los afectados exigen el pago completo de su pensión, pues sólo reciben una parte, y con rezago.

María Ramos Galván tiene 92 años, es viuda del ex combatiente zapatista Manuel Gómez Martínez y es una mujer que a su edad literalmente la Revolución no le hizo justicia.

Vive sola en la colonia Gabriel Tepepa, en el municipio de Cuautla, vende dulces en la calle y es una vecina quien está al pendiente de ella. A pesar de que anualmente en el presupuesto estatal se etiqueta una partida de 550 mil pesos para 10 viudas y un ex combatiente revolucionario, tres de los cuales murieron este año, ella sólo recibe 800 pesos mensuales que, pese a ser una cantidad ínfima, no siempre le son depositados puntualmente.

El abogado de María y otras viudas zapatistas, Pedro Martínez Bello, acusó que no sólo hay una irregularidad en el pago de la pensión que reciben sino que alguien, que no es de los beneficiarios, se queda con parte de esa partida presupuestal, ya que actualmente el gobierno de Morelos sólo les deposita 800 pesos al mes, cuando la cantidad que deberían recibir es de cuatro mil 375.

“El gobierno del estado contesta nuestra solicitud dando cuenta con un presupuesto de 525 mil pesos anual(es) para la pensión de dichas viudas, por lo cual a cada viuda le corresponderían la cantidad de cuatro mil 375 pesos mensuales y no de 800 pesos como actualmente les están depositando, es decir, alguien en el gobierno del estado se está robando el dinero que les corresponde a las viudas zapatistas”, dijo el abogado, a unos días de conmemorarse el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y de ser el 2019 el Año de Emiliano Zapata.

El padrón actual de beneficiarios es de nueve viudas y un ex combatiente de entre 85 y 95 años de edad, quienes necesitan comprar medicamentos y atender sus necesidades como adultos mayores.

Recordó que el Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911, en su artículo 8 estableció las indemnizaciones a las viudas y huérfanos, y lamentó que los recursos no lleguen a los beneficiarios de manera correcta y completa

En rueda de prensa, el historiador y bisnieto de Emiliano Zapata, Edgar Castro Zapata -quien heredó de su abuelo Mateo Zapata la responsabilidad de cuidar a las viudas de los revolucionarios que formaron parte del Ejercito Libertador del Sur- junto con el litigante, exigió a las autoridades depurar el padrón de beneficiarios, pagar los gastos de marcha tras el fallecimiento de varias de ellos y actualizar las pensiones conforme al presupuesto etiquetado.

Gestiona CES traslado de reos peligrosos a penales federales.

Mientras que el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, dio su espaldarazo a Israel Ponce de León Bórquez para que se mantenga al frente del sistema penitenciario estatal, paralelamente la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) realizan sus indagatorias sobre los actos de violencia ocurridos en el penal de Atlacholoaya. Además, se gestiona la reubicación de un grupo significativo de reos.

Pese a que tres funcionarios fueron cesados tras el motín y los enfrentamientos entre grupos de internos rivales que culminaron con un saldo de siete muertos, Ortiz Guarneros defendió al responsable de las cárceles en la entidad, por considerar que hace bien su trabajo y que logró mantener la certificación estadounidense del penal, que a la vez permite a Morelos a acceder a recursos y capacitación de la Iniciativa Mérida.

A pregunta expresa sobre el tema, señaló que Ponce de León Bórquez “va a permanecer en el cargo, lo hemos estado capacitando. Miren, el penal, sobre todo el de Atlacholoaya, tiene una certificación por parte de Estados Unidos que él ha sido capaz de mantenerla y eso nos ha permitido que Iniciativa Mérida nos siga invitando  a cursos que no tiene costo para el estado.

“Esto qué significa, que él está haciendo un buen trabajo de mantener la certificación. Él no estaba cuando pasó todo esto, pero estuvo al pendiente y ya analizando la situación vimos que es conveniente que él siga”, afirmó.

Ortiz Guarneros señaló que se logró trasladar a un grupo pequeño de internos “conflictivos” a penales federales, pero planteó al gobierno federal la necesidad de reubicar en cárceles de máxima seguridad a por lo menos 200 reos más, que actualmente están en el penal de Atlacholoaya pero que enfrentan procesos o sentencia por delitos federales.

Indicó que esto ayudaría disminuir la sobrepoblación penitenciaria,  que es del 27 por ciento, y evitar el hacinamiento. “La forma de vivir hacinados, 12, 15, en un solo dormitorio son condiciones que nosotros no deberíamos de permitir, (y) que se permiten porque no tenemos otra, más mientras no nos autoricen los traslados a otros penales”.

Precisó que los 28 internos trasladados el lunes a penales federales pertenecían al grupo identificado como “Los Chilango” que “cobraban piso” a los internos. Además, insistió que la CES mantiene el control de las cárceles estatales y no los internos, “esa palabra de autogobierno no la acepto, porque nosotros tenemos el control”, aseguró.  

Fiscalía anticorrupción rechaza llegar a un acuerdo con Denya Flores Rendón, quien busca la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local y ex candidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, un juez de control negó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pretendía obtener la imputada por el presunto delito de fraude procesal.

A través de su abogado, la ex funcionaria propuso reparar el daño con el pago de 48 mil pesos diferido a varios meses, cuando hasta el momento ha cobrado 293 mil 592 pesos.

La propuesta fue rechazada tanto por el agente del Ministerio Público adscrito a la FECC, como por la asesora del Congreso de Morelos.

“Ante los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a que la reparación del daño que planteaba la defensa no cubría ni en un 15 por ciento lo que hasta el momento Denya “N” ha recibido con su pensión obtenida de manera ilegal, el juez determinó que debe continuar el proceso en contra de la imputada”, recalcó la FECC y sostuvo que la imputada pretendía obtener un beneficio legal, pero en ningún momento su defensa indicó la posibilidad de que la imputada renunciara a la pensión por la que recibe 17 mil 270 pesos mensuales.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.

La Corte determina que esas medidas no violan el principio de igualdad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las legislaciones burocráticas que prevén una diferencia en los años de servicio que se le exige a una mujer y a un hombre para obtener su jubilación no violan el principio de igualdad.

Tras su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, se implantó como obligatoria la tesis jurisprudencial expedida por la Segunda Sala de la SCJN, quien resolvió la contradicción de tesis en la que se analizaron los criterios diversos aplicados por tribunales colegiado de Morelos, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.

En el caso del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, algunos tribunales colegiados habían fijado como tesis que el artículo 16 de la Ley de prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, así como el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado,  daban un trato diferenciado entre mujeres y varones en los años requeridos para obtener la jubilación y fijar su monto, lo cual violaba los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género.

Estos criterios adoptados por los tribunales colegiados en Morelos, obligaron al Congreso local anular y emitir decenas de nuevos decretos de pensión en favor de burócratas varones que reclamaron tener el mismo derecho las mujeres.

Sin embargo, la SCJN fijó un nuevo precedente en la materia, al determinar que estas diferencias no violentan el derecho a la igualdad. Es decir, no existe discriminación ni desigualdad en el hecho de que -por ejemplo- el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 18 años de servicio con una pensión al 50%, mientras los hombres a partir de los 20 años con un monto equivalente; o un tope máximo de 28 años de servicio con una pensión al 100% para las mujeres, mientras que los hombres deben cumplir 30 años de servicio.  

La tesis expedida por la Segunda Sala y de aplicación obligatoria a partir de este 11 de noviembre recalcó que esta diferencia en las leyes burocráticas está plenamente justificada, pues “resulta acorde con las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación, así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales.

 “Además, el hecho de que los roles sociales entre mujeres y hombres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, no es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida”. 

“Consecuentemente -fijó la Segunda Sala- esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y hombres –en favor de las primeras– no viola el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos.

“Asimismo, las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora”.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad, luego de protagonizar un motín y varios enfrentamientos entre grupos antagónicos dentro del penal de Atlacholoaya que pusieron en jaque al sistema penitenciario estatal.

A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que en medio de un operativo coordinado con las fuerzas federales, el grupo de 28 presos que habían sido trasladado provisionalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec fue reubicado en diversos penales federales de máxima seguridad en otras entidades.

“Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, fueron llevados a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde permanecieron algunos días en tanto se concretaron los procesos jurídicos para su cambio a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

 “De esta manera, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron las medidas de seguridad y custodiaron el vehículo en el que fueron trasladadas las persona privadas de su libertad, respetando en todo momento sus derechos humanos”, reafirmó el comunicado.

El traslado se realizó la mañana de este lunes y fuentes no oficiales señalaron que la mayor parte de este grupo lo formaban internos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era liderado en Morelos por Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”, quien fue brutalmente asesinado el pasado 30 de octubre durante el motín y el enfrentamiento entre los bandos que se disputaron el control de penal de Atlacholoaya, el cual quedó dominado por reos asociado al grupo criminal de “Los Rojos”.

Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

El Sistema de Administración Tributaria pretende cobrar una multa impuesta por la SCJN.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) busca al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, para hacer efectiva la multa ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La multa impuesta al representante del Poder Legislativo derivó del incumplimiento de una información requerida por el Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 121/2018, que promovió el Ayuntamiento de Cuernavaca para impugnar un decreto de jubilación autorizado por el Congreso a favor de un trabajador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 

Derivado de ello, la SCJN impuso una multa al diputado -cuya cantidad no fue especificada- pero no ha sido cobrada por el SAT debido a que Sotelo Martínez ha sido ilocalizable para la institución. 

La autoridad tributaria informó a la Corte que, a través de su delegación en Morelos, realizó las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa pero sin éxito todavía.

“Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y anexos suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, mediante el cual informa sobre las acciones tendentes al cobro de la multa impuesta a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva en Morelos, mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019, refiriendo que dicho contribuyente no ha sido localizado, sin embargo manifiesta que continuará realizando las gestiones pertinentes a fin de realizar el cobro de la multa de referencia. 

“Atento a lo anterior, requiérasele al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, a través del Servicio de Administración Tributaria para que una vez ejecutada la multa en comento, lo informe a este Alto Tribunal y exhiba las constancias que lo acrediten”, se estableció en el acuerdo exhibido la semana pasada en los estrados por la SCJN.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que de enero a septiembre de este año, se registran casi tres mil feminicidios y homicidios de mujeres en México

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal general de cada estado está facultado para solicitar la intervención de comunicaciones en el caso de delitos locales,

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 77/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demandar la invalidez del artículo 54, fracción VIII, de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de ese estado el 20 de agosto de 2018,  el Tribunal Pleno, invalidó la disposición que facultaba a la Fiscalía Especializada de esa entidad para solicitar a los jueces federales la autorización para intervenir comunicaciones.

La SCJN estableció que, conforme al artículo 16 constitucional, a nivel estatal quien se encuentra facultado para solicitar la intervención de las comunicaciones privadas es el titular del Ministerio Público, es decir, el Fiscal General del Estado.

Por lo tanto, el artículo impugnado era inconstitucional ya que facultaba a una autoridad distinta a hacer esa solicitud y reiteró que son los fiscales de los estados quienes tienen esa atribución.

Mediante el recurso, el Tribunal de Justicia Administrativa pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local, que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años autorizado por la anterior legislatura.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, resolvió que el TJA no tiene legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, “el Constituyente Permanente sólo consideró incluir como sujetos legitimados para promover una controversia constitucional a los órganos constitucionales autónomos federales, esto es, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el organismo garante que establece el artículo 6 constitucional, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Además, argumentó, existen precedentes de la Primera Sala y Segunda Sala de la SCJN que resolvieron los recursos de reclamación 23/2016-CA , 52/2016-CA y 53/2018-CA , y confirmaron los autos de desechamiento de las demandas de las controversias constitucionales 34/2016, 110/2018 y 105/2018, promovidas anteriormente por el presidente del TJA.

Recordó que el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió con antelación la controversia constitucional 306/2019, en el cual se impugnó la misma norma que el tribunal administrativo.

Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

Fue aprobada sin quórum por un grupo de magistrados.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, convocó a sesión de Pleno para este miércolespara ratificar el acuerdo de redistritación judicial, pero no se contempla abordar el tema de la sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en la que se invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Hasta el momento, la presidencia del TSJ no ha fijado una postura sobre la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en favor de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, quien impugnó la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo. 

De acuerdo con la sentencia, la designación fue ilegal porque no solo no hubo quórum para sesionar, sino que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, que exige que los integrantes de la junta sean nombrados por el Pleno del Tribunal, en cual se integra por el presidente del TSJ y la totalidad de los magistrados que integran sala. 

La presidencia del TSJ no informó si la sentencia se acatará o si la impugnará, sin embargo, ayer emplazó a sesión de pleno ordinaria y extraordinaria para tratar asuntos distintos, entre ellos, la aprobación del acta de la otra cuestionada sesión de Pleno del 6 de septiembre, en la cual estuvieron ausentes nueve magistrados y tampoco se habría cumplido con el quórum. 

Y es que en esa sesión, los magistrados identificados con el grupo de Cuevas López aprobaron la desaparición de los distritos judiciales en materia penal y sustituirlos por las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, así como la creación del Juzgado Único en Materia de Oralidad Mercantil.

La presidencia del TSJ convocó a sesión de Pleno para este miércoles 6 para ratificar el acuerdo de redistritación judicial.

La SCJN negó cualquier prórroga para cumplir la entrega de recursos destinados al pago de jubilaciones del TSJ; los diputados se enfrentan a sufrir hasta la destitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que es improrrogable el plazo fijado para cumplir con las sentencias del alto tribunal vinculadas con el pago de pensiones a trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Pese a que el gobierno del estado y el Congreso solicitaron un plazo adicional para poder cumplir con el pago del último de los 11 bloques de sentencias enlistadas en el acuerdo emitido el 25 de febrero pasado por el Pleno, la SCJN sostuvo que ambos tuvieron “un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente en tiempo y debida forma a la obligación impuesta por este Alto Tribunal”.

Por lo tanto, “los plazos para autorizar el presupuesto previsto en el Acuerdo Plenario respectivo fueron improrrogables y el cumplimiento de las sentencias de las controversias constitucionales que integran el presente bloque constituye un mandato constitucional”. 

En el acuerdo publicado en estrados, afirmó que aun cuando que el Poder Judicial de Morelos realice los pagos de pensiones a los trabajadores en retiro, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que se estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos decidiera la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de trabajadores afectando el presupuesto del Poder Judicial local, al ordenar que la pensión debía cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgarle los recursos necesarios para satisfacer la obligación en cuestión. 

Incluso, dio un plazo de tres días al Congreso, el cual se vencerá en las próximas horas, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir, “el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (destitución)”, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, el Congreso estatal está obligado a etiquetar los recursos que sean necesarios para cumplir con el pago de todas las sentencias, para que el TSJ pague a los trabajadores en retiro, además de que en el presupuesto de 2020 deberá etiquetar una partida para el pago de pensiones.

La FGE investiga los hechos ocurridos la mañana del 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya.

La Fiscalía General del Estado entregó los cuerpos de los reos fallecidos la semana pasada, durante el motín ocurrido en el penal de Atlacholoaya. 

Mediante un comunicado, la institución informó que los familiares de los internos asesinados cumplieron con todos los trámites y requisitos legales para hacer la reclamación de los cuerpos, que este fin de semana fueron entregados a sus familias. 

Los cuerpos de los internos identificados como Néstor “N”, José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N” y Raymundo Isidro “N”,  -este último ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de la entidad- habían permanecido en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicó la necropsia de ley y se corroboró que su causa de muerte fue por ataque con armas punzocortantes. 

La fiscalía mantiene abierta una investigación por el homicidio de un reo durante una riña registrada la mañana del 30 de octubre, y otra más por el asesinato de seis reos durante el amotinamiento y el posterior enfrentamiento entre grupos rivales en el interior del centro penitenciario.

Alrededor de una centena de trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya (denominado oficialmente Centro de Reinserción Social “Morelos”) realizaron un paro de labores en demanda de aumento salarial y condiciones de seguridad para desempeñar sus labores, porque -aseguraron- hay un grupo de reos de mantiene el control del penal. 

Señalaron que después del amotinamiento y el enfrentamiento entre grupos antagónicos al interior del penal que dejó un saldo de siete muertos, ni la Guardia Nacional ni la Policía Federal y estatal han logrado ingresar, salvo los custodios.

A las afueras del centro penitenciario, los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de garantías de seguridad para laborar y esperaron por varias horas a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas o algun funcionario de alto nivel asumiera oficialmente el compromiso de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.  

“Hay riesgos de que nos tomen también como rehenes, ya que hay ciertas riñas que todavía no han parado, que todavía continúan, entonces nosotros no tenemos todavía una garantía de seguridad”, dijo un trabajador, al recordar que la semana pasada los propios custodios fueron tomados como rehenes. 

Afirmaron que las circunstancias en las cuales laboran los custodios son de incertidumbre, ya que de los 60 que hay por turno, sólo 40 están dentro del penal y el resto realiza traslados o se encuentra en el área perimetral.

También pidieron la salida de Jorge Israel Ponce de León Borquez, coordinador del Sistema Penitenciario, a quien señalaron como uno de los responsables de las vejaciones contra los internos y que fue una de las razones que provocaron los amotinamientos y enfrentamientos de la semana pasada.

Los trabajadores decidieron no ingresar a su área de labores, pero sí checaron su entrada, y esperan una respuesta oficial sobre sus dos principales demandas. Por lo pronto, señalaron, el fin de semana hubo una tregua para que pudiera desarrollarse la visita familiar, pero la situación sigue igual.

Anuncian adquisición de sistema de videovigilancia para tres centros penitenciarios.

Un juez federal anuló la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, porque  no hubo quórum para concretar los nombramientos de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Al resolver el juicio de amparo 851/2019 promovido por la magistrada Bertha Rendón Montealegre, el Juez Segundo de Distrito concedió la protección de la justicia federal y ordenó dejar  insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el 3 de junio de 2019, “únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido que deberá no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

De acuerdo con la resolución, el juzgador federal advirtió que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, vulneró en perjuicio de la quejosa, el contenido del artículo 16 Constitucional.

Lo anterior, porque “si bien se estableció que los magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

Un grupo de nueve magistrados disidentes no sólo desconoció la designación de ambos miembros de la Junta de Administración sino que cada uno de ellos promovió un juicio de amparo, con el fin de que la justicia federal determinara sobre la ilegalidad o no de la designación.

Conforme a los magistrados inconformes, la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no fue legal por tres razones esenciales.

La primera por que no se cumplió con el quórum de dos terceras partes de los integrantes del Pleno para llevar a cabo la designación. La segunda, porque Alejandro Becerra Arroyo no estaba en funciones de juez y se desempeñaba como coordinador de asesores y representante legal del Poder Judicial.

Y, la tercera, porque por lo menos una juez, Mireya Díaz Cerón, expresó su deseo de ser considerada en la terna para ser representante de los juzgadores ante la junta y su petición fue ignorada, por lo cual promovió un amparo y se le concedió la suspensión.

Esta resolución, que puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, subió de nuevo la tensión en el interior del TSJ, cuya institución se encuentra dividida.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional para impugnar el decreto expedido por el Congreso, que  revocó la ampliación del periodo de los magistrados que realizó la anterior legislatura.

Manuel García Quintanar, actual magistrado presidente del TJA, promovió la controversia 326/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, por su conexidad con la acción de inconstitucionalidad  20/2017 y la controversia constitucional 306/2019 iniciada por el Tribunal Superior de Justicia, fue remitida al ministro ponente Luis María Aguilar Morales, para que determine sobre la admisión o no del recursos de control constitucional.

En la controversia, el TJA reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5743, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo Parlamentario indebidamente remitido como Decreto por el Poder Legislativo para su publicación, por el que se deja sin efectos el Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018}2, por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017.

La legislatura anterior realizó reformas legales para, por única ocasión, aumentar de 14 años (periodo máximo para ejercer la magistratura) a 20, de los actuales los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La reforma beneficiaba inmediatamente a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, quien concluía el pasado 4 de julio el periodo original de designación de 14 años, seguida por los magistrados del TSJ Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón Vega, así como los magistrados del TJA Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes concluirían su periodos en mayo de 2020.

En la controversia constitucional 306/2019, el TSJ consiguió la suspensión de la SCJN contra la aplicación y los efectos del decreto que revocó la ampliación del periodo de los magistrados. Ahora el TJA espera que la Corte admita su recurso de control constitucional

 Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, al debatir el proyecto de resolución de acción de inconstitucionalidad 20/2017, el Pleno de la SCJN planteó declarar la invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación del proceso de evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia.

Debido a observaciones al proyecto del ministro Aguilar Morales, el asunto se retiró de la lista y está pendientes de resolución, en virtud de que se acumuló la controversia del TSJ.

Fueron 28 los reos trasladados a cárceles distritales.

Por tercer día consecutivo continuó la tensión en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, luego de que los internos retuvieron a custodios para frustrar el cateo que realizarían fuerzas federales para el decomiso de armas, al tiempo que el personal penitenciario realizó un paro para exigir mejoras laborales y la destitución de sus jefes.

La mañana de este jueves, elementos de la Policía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional estaban listo para ingresar al penal para realizar un cateo en dormitorios, talleres y áreas comunes para decomisar toda clase de objetos prohibidos, incluyendo armas de cualquier tipo y teléfonos celulares.

Ante el inminente ingreso de la fuerza pública, un grupo de internos tomó como rehén a un grupo de entre 30 y 40 custodios, y amenazó con hacerles daño si se ejecutaba el cateo.

Simultáneamente, personal administrativo y de custodia del penal realizó un paro laboral y no llevó a cabo el rutinario cambio de turno.

De acuerdo con los custodios, los rehenes fueron liberados a través del diálogo entre autoridades e internos, pero eso no tranquilizó a los trabajadores que -dijeron- por un magro sueldo arriesgan su vida.

Los trabajadores de los turnos entrante y saliente demandaron la remoción de Israel Ponce de León Borquez, coordinador General del Sistema Penitenciario Estatal; de Alejandro Cornejo Ramos, director de Reinserción Social; Miriam Mireles Toledo, directora General de Centros Penitenciarios y del director de Operatividad Penitenciaria, Raúl Colín Martínez.

Esta consigna fue compartida con grupos de internos que se quejan de presuntos maltratos y supuestas violaciones de derechos humanos por parte de los jefes penitenciarios.

Los custodios también demandaron a la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de los penales estatales, mejoras laborales como la dotación de uniformes, aumento salarial, prestaciones como pago bono de riesgo y seguro de vida, así como la reubicación a otros penales de los reos conflictivos.

Particularmente, el personal de custodia expresó su preocupación porque recibieron la instrucción de señalar a los reos que participaron en los hechos violentos, pero la orden fue rechazada porque pone en riesgo su vida.

“No podíamos entrar porque querían que señaláramos a cada interno, este fue, este fue, a eso nos negamos, a trabajar no. Y no es por miedo ni por temor ni nada, a nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Entonces lo único que queremos es si la petición es que se lleven a los conflictivos y a los mandos que están mal”, señaló un custodio.

El personal de los turnos entrante y saliente se mantuvieron en paro, mientras que en completo hermetismo las autoridades dialogaban con todas las partes para intentar estabilizar el funcionamiento del Cereso.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM), José Israel Hernández Cruz, acudió de nuevo a las instalaciones del penal y, sin dar mayor detalle, confirmó que sí fue abortado el cateo que realizarían las fuerzas federales.

*La directora de Centros Penitenciarios, el director de Reinserción Social y el director operativo del Cereso*

En un comunicado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que se tomó la decisión de separar del cargo a funcionarios del sistema penitenciario estatal, "con el objetivo de realizar con transparencia la investigación sobre los acontecimientos que en las últimas horas se presentaron al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos".

La CES dio a conocer que fueron separados del cargo la directora general de Centros Penitenciarios, el director general de Reinserción Social y el director general operativo del Cereso Morelos.

De igual modo, reiteró que el compromiso del gobierno estatal "es actuar en estricta transparencia y legalidad, como será la investigación para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido al interior del centro penitenciario".

Solicitan la intervención de Memoria Histórica y Cultural de México.

La familia del General Emiliano Zapata pidió la intervención de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para rescatar y preservar el acta de defunción de “El Caudillo del Sur”, la cual -según el Ayuntamiento de Cuautla- ya fue localizada.

Edgar Castro Zapata, bisnieto del líder revolucionario y representante de la Fundación Zapata, consideró que es momento de que intervenga la presidencia de la república para evitar que los documentos y objetos relacionados con el líder revolucionario terminen en manos de coleccionista y que funcionarios dispongan discrecionalmente del patrimonio histórico de los morelenses y los mexicanos.

“Hago un llamado a la doctora Beatriz Gutiérez Müller para que por medio de la coordinación de Memoria Histórica de México, tome cartas en el asunto sobre esta pérdida o extravío del acta de defunción del General Emiliano Zapata, que creo que en este marco de conmemoración (del Año de Emiliano Zapata Salazar) el documento en sí es valioso para los morelenses y los mexicanos, pero también queremos la pronta intervención de Presidencia para autentificar ese documento que, según las autoridades municipales, comentan que ya lo tienen en resguardo en Cuautla.

“En este contexto es prioritario solicitar al INAH y la coordinación de Memoria Histórica un inventario de los objetos del General Zapata que están en el estado de Morelos para el reguardo y preservación de documentos y objetos que pertenecieron a mi bisabuelo”, recalcó.

El abogado de Castro Zapata, Pedro Martínez Bello, dijo que la familia de “El Caudillo del Sur” no está de acuerdo en que el Ayuntamiento de Cuautla haya anunciado que los objetos históricos bajo su reguardo serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues por competencia legal y técnica le corresponde al INAH su custodia y preservación.

Además, dijo, por medio de las fiscalías estatal y federal se exigirá que el libro del registro civil y el acta de defunción del General Zapata sean sometidos a pruebas de autenticidad para despejar cualquier sospecha de que el documento que prometió exhibir el Ayuntamiento de Cuautla no sea un facsímil.

“Atinadamente la familia Castro Zapata me pide que le solicitemos a las fiscalías que le exija al Ayuntamiento de Cuautla para verificar la autenticidad del documento, es decir, este documento tiene que ser autenticado por un perito en materia de grafoscopía con apoyo del INAH”, señaló.

Recientemente, el bisnieto de Zapata denunció ante las fiscalías federal y estatal que el libro de registro civil que contenía el acta de defunción del General y otros combatientes revolucionarios se encontraba desparecido tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El documentos estaba bajo el reguardo y exhibición del ayuntamiento de Cuautla, pero tras el sismo se “extravió”; sin embargo, al promoverse las denuncias el documento apareció y presuntamente se encontraba en cajas almacenadas. Hasta el momento, dicho documento no ha sido exhibido públicamente ni autenticado.

Entre los fallecidos está el otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Lo que según la versión oficial comenzó la mañana del martes como una aparente riña por unos zapatos, culminó con una segunda jornada violenta dentro del Centro de Reinserción Social “Morelos” (en Atlacoloaya) con un saldo de seis muertos y dos heridos. Entre quienes fallecieron figura el otrora capo de la zona oriente, Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”.

Desde las 8:00 horas de este miércoles, por videos y audios difundidos por los propios internos, trascendió, primero el amotinamiento de reos y el sometimiento de un grupo de custodios y, luego, el enfrentamiento entre bandos antagónicos que se diputaban el control de la cárcel.

La Comisión Estatal de Seguridad, responsable del sistema penitenciario, mantuvo total hermetismo de los hechos.

Pasadas las 9:00 horas se ordenó el desalojo de los trabajadores del juzgado especializado en justicia penal tradicional y, más tarde, de toda la Ciudad Judicial, ubicada a un costado del penal.

También comenzó el arribo de refuerzos de la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, así como de ambulancias. Hasta la primera pluma de ingreso del penal llegaron familiares de reos para reclamar información sobre qué sucedía, ya que por redes sociales comenzaron a circular fotografías de los primeros reos asesinados (uno de ellos decapitado, según la imagen difundida supuestamente desde los teléfonos de los reclusos) durante la reyerta.

Uno de los internos asesinados era el capo conocido como “El Ray”, otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de Morelos, quien sobrevivió y escapó al  atentado perpetrado por sus rivales el pasado 13 de abril en el restaurante “Los Estanques” del municipio de Cuautla -que culminó con la masacre de seis personas, tres de ellos niños- pero que casi un mes después fue capturado en el estado de Puebla y trasladado al penal de Atlacholoya para ser procesado por varios delitos.

Trascendió que en el enfrentamiento participaron reos vinculados a los grupos antagónicos del CJNG y Los Rojos, así como otros grupos criminales identificados como Los Colombianos y Los Chilangos.

La tensión a las afueras del centro penitenciario creció cuando familiares de reos intentaron inspeccionar una ambulancia, en la que presuntamente se trasladaban heridos y cuerpos sin vida, pues hasta ese momento no había información oficial ni nombres de los caídos.

Los familiares cerraron el paso a la unidad e intentaron abrirla, hasta que un grupo de elementos antimotines rodeó el vehículo y repelió a los inconformes para que la ambulancia avanzara. Posteriormente y para contener la protesta de las familias, se instaló un módulo de atención afuera del penal.

Hasta el Cereso llegó también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), quien no pudo ingresar al penal de manera inmediata.

Tras seis horas de nerviosismo  y hermetismo oficial, integrantes del gabinete de seguridad ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que la autoridad retomó el control del centro penitenciario y confirmó la muerte de seis personas, entre ellos “El Ray”.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que la autoridad retomó el control de todas las áreas del penal alrededor de las 12:11 de la tarde.

Reconoció que el motín y el enfrentamiento fueron protagonizados por grupos rivales, pero rechazó que la autoridad penitenciaria haya sido rebasada. “En ninguna de las dos acciones, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy, se perdió el control del centro penitenciario.

“Los elementos custodios que fueron retenidos fue momentáneamente y activándose los protocolos correspondientes se liberaron de forma prácticamente inmediata y nunca corrieron peligro sus vidas”.

Confirmó que dos internos resultaron heridos, mientras que seis más fueron privados de la vida. Las víctimas mortales fueron identificadas únicamente como José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Néstor “N” y Raymundo Isidro “N “, este último ex líder del CJNG.

Indicó que la Fiscalía General de Estado (FGE) investigará los hechos y determinará quiénes son los responsables del homicidio de seis internos, que preliminarmente se dijo que fueron asesinados con armas punzocortantes.

Descartó que hayan ocurrido detonaciones con armas de fuego dentro del penal y sostuvo que se hará una investigación paralela para determinar si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad que haya propiciado los hechos violentos de ayer y del martes, cuando en la primera reyerta falleció un reo y otros dos resultaron heridos.

Confirmó que la ausencia de Jorge Israel Ponce de León, porque se encuentra en un curso internacional de seguridad penitenciaria, y que como encargada de despacho se encuentra  Miriam Mireles Toledo, directora general de Centro Penitenciarios.

Agregó que también habrá una investigación sobre el ingreso al penal de teléfonos celulares que permiten a los internos mantener interacción con el exterior, así como se explorará la posibilidad de una reubicación de reos clasificados como peligrosos en penales federales.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, detalló que la institución comenzó con las primeras indagatorias al interior del Cereso para determinar quiénes fueron los responsables de los homicidios aparentemente perpetrados con armas punzoconrtantes, no obstante, rechazó por el momento confirmar que uno de los internos fue decapitado, como se mostró en fotografías difundidas por internos.

“Las personas fallecidas tienen el carácter de víctimas y por lo tanto debemos de respetar sus derechos y los derechos de las víctimas indirectas que son los familiares. Lo único que le puedo decir preliminarmente se me reporta que los fallecimientos se dieron por heridas producidas por armas cortocontundentes y punzocortantes. En el tema de la persona que aparece decapita no lo puedo confirmar hasta que tengamos el reporte de la necropsia”, dijo.

El presunto robo de unos zapatos desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya.

El presunto robo de unos zapatos en un dormitorio desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya que concluyó con el saldo de un interno muerto y dos heridos.

De acuerdo a la versión oficial, cerca de las 11:30 de la mañana, en el dormitorio cuatro del Centro de Reinserción Social “Morelos”, comenzó una discusión entre internos, que poco a poco escaló hasta una reyerta colectiva en la que habrían participado cerca de 40 reclusos.

La bronca tardó en ser apaciguada por las autoridades penitenciarias que, cuando comenzó a trascender el hecho, mantuvieron total hermetismo y hasta aseguraron que mantenían el control total del centro, descartando las versiones de un presunto motín.

El helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad realizó sobrevuelos en la zona y al penal arribaron varias patrullas y camiones con más de media centenar de policías estatales y elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

También llegaron unos cuantos familiares de internos, preocupados ante las primeras versiones de un presunto amotinamiento y el ingreso de ambulancias y una unidad del Servicio Médico Forense.

Alrededor de las 16:00, la CES emitió un comunicado para informar de manera oficial que alrededor de las 11:46 hora este martes ocurrió una riña en el dormitorio cuatro, la cual fue controlada de inmediato por los custodios.

Pero más tarde, a las 13:37, los internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro para enfrentar con arma blanca a otro grupo internos, a quien reclamaron el supuesto robo de unos zapatos.

El saldo oficial fue de un interno fallecido –que presuntamente murió cuando era internado en el  hospital José G. Parres de Cuernavaca con una herida de arma blanca- mientras que otro permaneció hospitalizado por lesiones en la pierna y tórax. Un tercer interno herido fue trasladado al Hospital Comunitario de Temixco, donde fue atendido por lesiones superficiales en la cabeza y una mano.

La autoridad insistió en que en todo momento se mantuvo el control y gobernabilidad del penal y que se aplicaron los protocolos de seguridad.

La tarde de este martes se confirmó que se registró una riña colectiva al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en Atlacholoaya; un interno falleció.

Hasta el momento, se reportaron tres heridos de gravedad que fueron trasladados al hospital general de Cuernavaca "Dr. José G. Parres".

Posteriormente, autoridades estatales confirmaron que un hombre de 37 años de edad, que presentaba heridas por arma blanca, al arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales.

Aparentemente, la riña comenzó por una discusión en el dormitorio cuatro entre un grupo de internos, lo que desencadenó la reyerta.

Al penal ingresó al menos media centena de elementos de la policía estatal y Guardia Nacional, cuatro ambulancias y una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).

Un juzgado federal concedió una suspensión provisional al catedrático universitario Aldo “N”, quien fue acusado de acoso sexual y discriminación por algunas estudiantes del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi).

Tras difundirse la denuncia pública por redes sociales, el catedrático recurrió al juicio de amparo para evitar cualquier “orden de aprehensión, presentación, comparecencia o detención” por parte de la Fiscalía General del Estado.

El Juez Cuarto de Distrito, donde fue radicado el expediente 1461/2019, concedió la suspensión provisional, fijó una garantía económica de cinco mil pesos y agendó para el 31 de octubre la audiencia incidental.

Daniela Olivares Valderrama, ex alumna de la maestría en Psicología de la UAEM, y Erika Barrios, alumna del doctorado en Psicología, con sendos videos difundidos por Facebook la semana pasada, decidieron recurrir como última opción a la denuncia pública porque aparentemente el catedrático goza de protección porque no son las únicas que han sido víctimas, sino que hay otras personas afectadas, pero no se han tomado medidas contra el profesor.

Ante la viralización de la denuncia, la UAEM instruyó a su Unidad de Atención de Víctimas de Violencia a acudir a la Facultad de Psicología para recibir las denuncias que pudiesen existir contra el catedrático señalado u otros docentes.   

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no hay ninguna denuncia iniciada por estos casos denunciados en redes sociales.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exige a autoridades acciones efectivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad.

Con una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno acciones efectivas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad.

En las escalinatas de la Plaza Armas de Cuernavaca, los miembros de la organización no gubernamental montaron una ofrenda con flores de cempasúchil, cruces color rosa y pliegos de papel extendidos con los nombre y edades de niñas y mujeres a las que les fue arrebatada la vida violentamente y que, en muchos de estos casos, permanecen sin justicia.

¡Alerta de violencia de género efectiva ya! Fue otra de las exigencias de quienes forman esta comisión, que desde hace 19 años ha documentado y contabilizado más de mil feminicidios e impulsó la declaratoria de alerta, decretada por la Secretaria de Gobernación en ocho municipios morelenses en agosto de 2015.

José Martínez Cruz, vocero de la comisión, lamentó que los casos de feminicidio sigan en aumento y, sobre todo, el grado de violencia extrema con la que se perpetra el crimen.

Un ejemplo de ello fue la muerte de una joven cuyo cuerpo semicalcinado fue localizado este domingo en la zona residencial de Rancho Cortés, al norte de Cuernavaca.

Afirmó que esta ofrenda tuvo como propósito recordar a todas las víctimas de feminicidio y exigir justicia para ellas, pues es justamente la impunidad un factor fundamental para que las mujeres sigan siendo violentadas y privadas del derecho fundamental a la vida.

La SCJN analiza si las entidades federativas y los municipios tienen competencia para sancionar administrativamente a los establecimientos que incitan o permiten la trata de personas y/o el sexoservicio obligado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si las entidades federativas y los municipios tienen competencia para sancionar administrativamente a los establecimientos que incitan o permiten la trata de personas, el sexoservicio obligado y que menores o discapacitados consuman sustancias nocivas.

La discusión derivó del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo federal para demandar la invalidez del artículo 59, puntos 6.1.02.002.01.00 y 6.1.02.002.06.00 de la Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal de 2019, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 29 de marzo, que estableció sanciones administrativas a quienes  inciten u obliguen a ejercer el sexoservicio o trata de personas en lugares públicos o privados, así como inducir u obligar a niños o incapaces a ejercer el sexoservicio, el consumo de tabaco, alcohol o sustancias que alteren la conciencia.

El proyecto presentado al Pleno de la SCJN por el ministro Fernando Franco González, en ausencia de la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, planteó invalidar las disposiciones municipales impugnadas, por considerar que la legislación y la sanción penal del delito de trata de personas están reservadas exclusivamente para el Congreso de la Unión y la autoridad investigadora y jurisdiccional del ámbito federal.

Sin embargo, el propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, y otros ministros como Javier Laynez Potisek, difirieron del proyecto de resolución por considerar que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, establece la tipificación y sanción penal del delito de trata, además de que la SCJN estableció claramente que la legislación del ámbito penal del delito de trata compete únicamente al ámbito federal.

Pero, aclararon, no existe disposición constitucional ni legislativa que impida que los estados y municipios puedan aplicar sanciones administrativas por violaciones a los bandos de Policía y Buen Gobierno a quienes inciten o permitan la trata de personas.

Incluso, el magistrado presidente advirtió que declarar la invalidez de la norma impugnada implicaría que los estados y municipios no podrían sancionar administrativamente a los establecimientos que permitan la comisión de este tipo de delito y se condicionaría su actuación a un “reglamento federal” para poder imponer, por ejemplo, clausuras.

Recalcó que declarar la invalidez generaría un caos normativo y social a los municipios, por lo que insistió en su disenso en el proyecto de resolución propuesto.

Ante las observaciones y desacuerdos, el ministro Franco González decidió retirar el proyecto para que la ministra ponente tome en cuenta los puntos de vista planteados durante la sesión de Pleno.

Es necesario no sólo reclutar mayor número de policías, sino mantener a la vanguardia la infraestructura tecnológica.

El comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, llamó al Congreso a ser sensible con la necesidad de mayor presupuesto para el área de seguridad, ya que es necesario no sólo reclutar mayor número de policías sino de mantener a la vanguardia la infraestructura tecnológica.

Insistió en que la CES requiere un presupuesto superior a los dos mil millones de pesos para invertir en tecnología y cámaras de videovigilancia, como herramienta fundamental para la prevención del delito, ante el número restringido de elementos policíacos para patrullar las calles.

“Yo ya pedía al señor gobernador, y el señor gobernador es el que se encarga, a través del secretario de Hacienda, de enviar al Congreso la solicitud de recursos y la distribución de recursos la hace el Congreso.

“Yo espero que tomen en cuenta que es necesario transitar de un C-5 disminuido a aumentarlo en cámaras y en infraestructura tecnológica de primera generación, que nos permita trabajar mejor y más eficientes en lo que vamos graduando más policías.

Reconoció que actualmente “la producción de policías es mínima” y por ello es fundamental contar con tecnología actualizada, así como reparar y adquirir nuevas las cámaras de videovigilancia.

Precisó que en diciembre se graduarán 120 nuevos policías, pero lo ideal es reclutar 500 elementos cada año para relevar a los que son dados de baja por diversas razones.