Fiscalía anticorrupción rechaza llegar a un acuerdo con Denya Flores Rendón, quien busca la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local y ex candidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, un juez de control negó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pretendía obtener la imputada por el presunto delito de fraude procesal.

A través de su abogado, la ex funcionaria propuso reparar el daño con el pago de 48 mil pesos diferido a varios meses, cuando hasta el momento ha cobrado 293 mil 592 pesos.

La propuesta fue rechazada tanto por el agente del Ministerio Público adscrito a la FECC, como por la asesora del Congreso de Morelos.

“Ante los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a que la reparación del daño que planteaba la defensa no cubría ni en un 15 por ciento lo que hasta el momento Denya “N” ha recibido con su pensión obtenida de manera ilegal, el juez determinó que debe continuar el proceso en contra de la imputada”, recalcó la FECC y sostuvo que la imputada pretendía obtener un beneficio legal, pero en ningún momento su defensa indicó la posibilidad de que la imputada renunciara a la pensión por la que recibe 17 mil 270 pesos mensuales.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.