La institución realiza cambios en su estructura; el fiscal general tendrá mayores atribuciones en operación del Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó cambios a su estructura, con el propósito de crear la Unidad de Identificación Humana, operar el Registro Nacional de Detenciones, instituir nuevas áreas y otorgar a los titulares de las fiscalías regionales y especializadas la facultad de seleccionar a su personal.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, a partir de este 1 de enero entró en vigor el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos”.

La reestructura previó la creación de la Unidad de Identificación Humana, que estará adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, y cuyo objetivo primordial será asegurar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos en aquellos casos que se desconozca la identidad de los cadáveres, de acuerdo con lo establecido por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, permitirá a la FGE contar con las herramientas tecnológicas diseñadas para la identificación humana y destino final de los cadáveres, ya que las nuevas directrices legales obligan a emplear sistemas tecnológicos para contar con un banco de datos a nivel nacional, que concentre datos de todos los estados y alimente otras bases de datos con información forense relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas.

Otro cambio relevante fue que la Dirección de Plataforma México ya no estará cargo de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal, sino al mando directo del fiscal general, y dota a esta dirección de las atribuciones para dar cumplimiento al Registro Nacional de Detenciones y su sistema de consulta, ajustándose a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, que ordena a las entidades federativas tomar las previsiones para el eficaz funcionamiento, operación y conservación del registro.

A la Tesorería de la Fiscalía General se le concedió el rango jerárquico de una Dirección General; la Dirección de Adquisiciones adscrita la Coordinación General de Administración obtuvo el rango y la nueva denominación de Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio; y dentro de la Coordinación General de Administración se creó la Dirección General de Obra Pública, que será la unidad administrativa encargada de detectar y cubrir las necesidades en materia de obra de la Fiscalía.

Dentro de la Coordinación General Jurídica fueron creadas tres direcciones generales: la Dirección General de Litigio y Constitucionalidad, que tendrá a su cargo la atención y despacho de los diversos asuntos jurisdiccionales en los que intervenga la fiscalía general, las fiscalías regionales y especializadas; la Dirección General de Normativa y Consultoría, responsable de la revisión de los proyectos de convenios y contratos que elaboren o se pretendan celebrar por las unidades administrativas de la FGE; y la Dirección General de Asuntos Laborales y Administrativos, que tendrá a su cargo la atención de los juicios que se originen con motivo de la terminación de la prestación de los servicios entre la FGE y su personal.

Además, se prevé que dependa directamente de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Acreditación y Defensa Patrimonial (que tendrá a su cargo con la participación de la también creada Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio de la Coordinación General de Administración), la recuperación de los bienes propiedad de la Fiscalía General, los trámites ante las aseguradoras, los trámites de extinción de dominio y demás autoridades competentes relacionadas.

De igual manera, dependerá de la Coordinación General Jurídica la Dirección de Derechos Humanos, la cual dará seguimiento a los asuntos en la materia. Paralelamente, se crea la Dirección General de Concursos, Licitaciones y Contratos, para ejercer el control de las contrataciones que en materia de adquisiciones y obra se requieran, previa validación de los requisitos técnicos que realicen las Direcciones Generales de Adquisiciones y Patrimonio, y de Obra.

Otro cambio relevante fue que el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, quien tiene la atribución de nombrar, adscribir y remover libremente al personal de la institución, otorgó facultades a las personas titulares de las coordinaciones generales, de las fiscalías especializadas y regionales, para nombrar directamente a los responsables de sus unidades administrativas, así como al personal operativo y técnico que sea necesario para el desempeño de sus funciones.

Lo anterior solo están condicionado a que el personal apruebe la evaluación de control de confianza y que cuente con el perfil y habilidades para el desempeño de sus funciones, aunque “sin perjuicio de que, en todo momento, de ser el caso, el Fiscal General podrá ejercer esa facultad originaria que le corresponde”.