En cumplimiento de una ejecutoria de amparo, fueron relevados dos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sustituidos por dos litigantes que en el 2011 -por presuntas irregularidades- impugnaron el concurso de oposición para la designación  de 13 jueces orales, convocado por el entonces magistrado presidente, Miguel Ángel Falcón Vega, y en el que participó -en calidad de consejera de la Judicatura- Carmen Cuevas López, actual representante del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Tras la resolución del amparo en revisión 9/2018, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ordenó a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para que “restituya a los aquí quejosos en el pleno goce de sus garantías violadas”, “deje insubsistentes las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los peticionarios de amparo”, y “dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces”.

El caso se remonta al año 2011, cuando Miguel Ángel Falcón Vega, entonces titular del TSJ, convocó –tras la cancelación del primero- a un segundo concurso de oposición para la designación de 13 Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones.

Quienes resultaron designados jueces y entraron en funciones el 1 de enero de 2012 fueron: Alejandro Becerra Arroyo; Nancy Aguilar Tovar; Gabriela Acosta Ortega; Ramón Villanueva Uribe; Tomas Mateo Morales; Arturo Ampudia Amaro; Javier Hernando Romero Ulloa; Gloria Angélica Jaimes Salgado; Yaredy Montes Rivera; Katy Lorena Becerra Arroyo; Isidoro Edie Sandoval Lome; y Leticia Damián Avilés.

Todos ellos fueron identificados como allegados a Falcón Vega, así como los entonces integrantes del Consejo de la Judicatura Julio Ernesto Pérez Soria, Carmen Cuevas López, Rubén Jasso Díaz, Antonio Tallabs Ortega y el magistrado visitador, Bernardo Sierra.

Inconformes con los nombramientos, por lo menos siete aspirantes promovieron juicios de amparo contra el Consejo de la Judicatura y denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso.

De acuerdo con los inconformes, el Consejo de la Judicatura nunca les informó de los resultados de sus evaluaciones ni realizó un comparativo respecto a las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en cada una de las etapas del concurso, para demostrar que –efectivamente- los elegidos fueron los que mayor calificación obtuvieron sobre el resto que fueron desestimados para ocupar una de las 13 plazas de juez oral.

También pusieron en tela de juicio los criterios de calificación aplicados por los consejeros de la Judicatura, pues entre los nuevos jueces orales había quienes no aprobaron el examen de conocimientos aplicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ni las evaluaciones aplicadas en diversos cursos a que fueron sometidos los aspirantes.

Además de que no había certidumbre sobre los criterios utilizados por el Consejo para evaluar la entrevista y la trayectoria profesional y académica de cada uno de los participantes.

Luego de un largo proceso de impugnación que duró ocho años, finalmente el pasado 24 de octubre de 2019 el tribunal colegiado emitió la sentencia de amparo en la que dio la razón a los quejosos y, a pesar de que el 12 de diciembre la autoridad federal advirtió que la Junta de Administración no había dado cumplimiento a la ejecutoria, y apercibió de aplicar sanciones por incurrir “en falta grave”, fue hasta ayer que la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, ordenó el relevo de los jueces Javier Hernando Romero Ulloa y Gloria Angélica Jaimes.

En su lugar fueron designados la abogada y ex Ministerio Público Federal, Gabriela Chang Marroquín, y el litigante Agustín Villalobos Salgado, quienes habían impugnado el proceso y se les concedió el amparo. La primera fue adscrita a un juzgado en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y, el segundo, a un juzgado en la Ciudad de Judicial, en Cuautla.