Hoy se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) expresó su preocupación por las fallas en la “cadena de justicia” y la falta de voluntad institucional para avanzar en las medidas preventivas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Al conmemorarse hoy el Día internacional por la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, la organización lamentó los escasos resultados en la implementación de las medidas ordenadas al gobierno de Morelos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en agosto de 2015. 

La organización independiente, impulsora de la AVG, expresó su preocupación por la falta de voluntad política y de acciones concretas de las autoridades locales ante los altos índices de feminicidios, que evidencian la vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Subrayó su consternación por las fallas y la falta de compromiso de las instituciones que conforman la cadena de justicia con la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

“Nos preocupa la nula rendición de cuentas de las instituciones de la cadena de justicia por la deficiente integración de las investigaciones o resoluciones judiciales sobre casos de violencia y feminicidio. 

“Llamamos la atención sobre el hecho de que el Sistema de la Alerta de Violencia de Género, estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como medida de prevención y protección, no se ha cumplido en la práctica.

“Insistimos en que el feminicidio se sigue cometiendo en el Estado y se mantiene en los niveles más altos. Aun cuando se incrementó la penalidad a 40 años mínimo, si no se investiga como feminicidio, tampoco se aplica a quienes lo cometen, por eso hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos”, sostuvo.

Insistió en que, para revertir las deficiencias en la cadena de justicia,  debe tipificarse como delito la violencia institucional y sancionarse a los funcionarios, jueces y magistrados que no aplicaron las leyes nacionales y las establecidas en el marco internacional a favor de los derechos de las mujeres, así como abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron u obstruyeron la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia.

Pidió armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, acorde con el artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas contra ellas.

De igual forma, exigió que la Fiscalía General del Estado implemente adecuadamente los protocolos de investigación sobre feminicidio al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.