Gestiona CES traslado de reos peligrosos a penales federales.

Mientras que el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, dio su espaldarazo a Israel Ponce de León Bórquez para que se mantenga al frente del sistema penitenciario estatal, paralelamente la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) realizan sus indagatorias sobre los actos de violencia ocurridos en el penal de Atlacholoaya. Además, se gestiona la reubicación de un grupo significativo de reos.

Pese a que tres funcionarios fueron cesados tras el motín y los enfrentamientos entre grupos de internos rivales que culminaron con un saldo de siete muertos, Ortiz Guarneros defendió al responsable de las cárceles en la entidad, por considerar que hace bien su trabajo y que logró mantener la certificación estadounidense del penal, que a la vez permite a Morelos a acceder a recursos y capacitación de la Iniciativa Mérida.

A pregunta expresa sobre el tema, señaló que Ponce de León Bórquez “va a permanecer en el cargo, lo hemos estado capacitando. Miren, el penal, sobre todo el de Atlacholoaya, tiene una certificación por parte de Estados Unidos que él ha sido capaz de mantenerla y eso nos ha permitido que Iniciativa Mérida nos siga invitando  a cursos que no tiene costo para el estado.

“Esto qué significa, que él está haciendo un buen trabajo de mantener la certificación. Él no estaba cuando pasó todo esto, pero estuvo al pendiente y ya analizando la situación vimos que es conveniente que él siga”, afirmó.

Ortiz Guarneros señaló que se logró trasladar a un grupo pequeño de internos “conflictivos” a penales federales, pero planteó al gobierno federal la necesidad de reubicar en cárceles de máxima seguridad a por lo menos 200 reos más, que actualmente están en el penal de Atlacholoaya pero que enfrentan procesos o sentencia por delitos federales.

Indicó que esto ayudaría disminuir la sobrepoblación penitenciaria,  que es del 27 por ciento, y evitar el hacinamiento. “La forma de vivir hacinados, 12, 15, en un solo dormitorio son condiciones que nosotros no deberíamos de permitir, (y) que se permiten porque no tenemos otra, más mientras no nos autoricen los traslados a otros penales”.

Precisó que los 28 internos trasladados el lunes a penales federales pertenecían al grupo identificado como “Los Chilango” que “cobraban piso” a los internos. Además, insistió que la CES mantiene el control de las cárceles estatales y no los internos, “esa palabra de autogobierno no la acepto, porque nosotros tenemos el control”, aseguró.