Maciel Calvo
Reconfirma TFJA responsabilidad de Alejandro Vera
Lectura 2 - 3 minutosDaño económico atribuido al exrector de la UAEM asciende a casi 659 millones de pesos.
Por tercera ocasión, el Tribunal Federal del Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, esta vez por casi 400 millones de pesos que fueron gastados en globos y paliacates.
Al resolver con diez votos a favor y uno en contra el juicio administrativo 4810/19-17-01-3/1451/19-PL-02-04, cuyo proyecto estuvo a cargo de la magistrada, Nora Elizabeth Urby Genel, el Pleno de la Sala Superior del TFJA declaró infundados los argumentos expuesto por Vera Jiménez.
Reiteró que –en el caso conocido como La Estafa Maestra- indebidamente la UAEM signó en mayo de 2013 el convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, a pesar de no tener capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato y que, por ese motivo, subcontrató a dos empresas el 99.9% de los servicios que debía prestar a la dependencia federal.
Recalcó que los bienes adquiridos por la UAEM, mediante la subcontratación de terceros, no correspondieron a los objetivos de la “Cruzada Contra el Hombre”, y “no se comprobó que la cantidad de 396 millones 838 mil 411 pesos con 64 centavos se hubieran ejercido para cumplir con el aprovisionamiento y distribución de equipo y material para la operación de promotores a nivel nacional” del programa emblema del sexenio pasado, en los 400 municipios a quienes estaba destinado el apoyo.
El Pleno de la Sala Superior confirmó la legalidad de la resolución de la ASF, al quedar probadas las conductas atribuidas al ex rector y el daño a la hacienda pública federal, ya que no demostró, “con elemento probatorio alguno, que los bienes descritos en el apéndice reproducido, sí cumplían con alguno o algunos de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre y la forma en que estos servirían para la operación al interior de las zonas rurales para alcanzar los objetivos específicos de dicha cruzada, máxime que dichos bienes consistieron en paliacates, tortilleros, globos metálicos y nacarados, entre otros, por lo cuales, como ya se mencionó, la Sedesol pagó a la universidad citada un monto de 396 millones 838 mil 411 pesos con 64 centavos”.
El pasado 15 de julio, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta por la ASF al ex rector por el daño ocasionado a la hacienda federal por un monto de 239.3 millones de pesos.
El 8 agosto 2020, en un segundo fallo, el tribunal confirmó la responsabilidad resarcitoria de Vera Jiménez, por un monto superior a los 22 millones de pesos
El 2 de septiembre, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), también implicados en el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, por el cual se mantiene en prisión preventiva y bajo proceso penal a la ex titular de la Sedesol federal, Rosario Robles Berlanga.
Con esta tercera resolución, el ex rector Vera Jiménez es responsable de un daño patrimonial a la hacienda federal que, en suma, asciende a casi 659 millones de pesos, que representa el 94.4% de los 698 millones de pesos que fueron pagados por la Sedesol a la UAEM, derivado del convenio signado en mayo de 2013.
Ataque directo, principal hipótesis
Lectura 3 - 5 minutosListos, recursos para apoyar a familias de policías fallecidos en acción
Lectura 2 - 3 minutosCrean fondo con un monto de ocho millones de pesos.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la modificación a la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos, que tuvo la finalidad de etiquetar un monto de ocho millones de pesos para crear el “Fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en el cumplimiento de su deber”.
De acuerdo con la fundamentación de la reforma y adición realizada por el Congreso al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al año fiscal 2020, los familiares de los policías fallecidos deben de iniciar ante las compañías de seguros el proceso del cobro de la póliza, pero el trámite puede tardar más de seis meses.
De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de los 19 elementos caídos en el 2019, únicamente se ha logrado concretar el pago del seguro de vida de un solo elemento.
Esto significa que las familias de los elementos fallecidos en el cumplimiento de su deber, no solo tienen que afrontar la pérdida de su ser querido, sino sortear toda clase de dificultades económicas para satisfacer las necesidades más básicas del hogar.
“Por ello, a manera de recompensa por la labor y años de servicio, prestados en favor de la sociedad del Estado, los policías caídos en cumplimiento del servicio adscritos tanto al Gobierno del Estado como a los Ayuntamientos de la Entidad que se hayan adherido al Mando Coordinado, puedan garantizar a sus beneficiarios o dependientes económicos, que el estado otorgara en su favor, el pago de un apoyo extraordinario, debido al fallecimiento del policía con motivo del desarrollo de sus funciones”, estableció el decreto.
El apoyo extraordinario será otorgado a quienes el elemento haya dejado como beneficiarios y únicamente será aplicable para los policías estatales, policías municipales adheridos al Mando Coordinado, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
El Poder Ejecutivo o, en su caso, la Comisión Estatal Seguridad (CES), contará con un plazo de 30 días hábiles, para expedir el acuerdo por el que se emiten los lineamientos del “Fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en el cumplimiento de su deber”, en los que se establezcan los mecanismos legales y administrativos para el otorgamiento de dicho apoyo económico.
Por única ocasión –recalcó el decreto- y en pleno respeto a las garantías de igualdad y no discriminación de los elementos de las instituciones policiales, se autorizó al Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría Hacienda y en coordinación con la CES, otorgue el apoyo económico a los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Enlista SCJN resolución de recursos contra reforma electoral
Lectura 1 - 2 minutosPartidos argumentan la presunta violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con sólo con 13 votos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos días las acciones de inconstitucionalidad promovidas por varios partidos políticos contra la reforma electoral promulgada hace tres meses junio.
En virtud de que el proceso electoral comenzó en Morelos el pasado 8 de septiembre y que el tema requiere resolución inmediata, el Alto Tribunal determinó darle prioridad al análisis y resolución de las impugnaciones promovidas por los partidos políticos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, quienes demandaron la invalidez del Decreto 690 en los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de junio de 2020.
Las acciones de inconstitucionalidad 139/2020, 142/2020, 223/2020 y 226/2020 fueron enlistadas en los asuntos que el Pleno de la SCJN tiene previsto resolver en los siguientes días, debido al proceso electoral está en curso en la entidad.
Recientemente, el Partido Humanista (PH) intentó sumarse a las impugnaciones contra la reforma electoral, pero la Corte determinó desechar el recurso porque fue promovido extemporáneamente, es decir, fuera del plazo de los 30 días naturales posteriores a la promulgación de la norma rebatida.
Las alegaciones de los partidos se centran básicamente en la presunta violación al proceso legislativo, al aprobarse el decreto de la reforma electoral con solo con 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; y se inconformaron con el incremento del porcentaje necesario (de tres a cuatro por ciento) para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.
Presentan iniciativa para despenalizar el aborto en Morelos
Lectura 4 - 8 minutosLa propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.
Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.
En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.
De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.
También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.
En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta.
Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.
En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.
De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.
Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.
En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.
Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.
La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.
Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.
Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia
Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN
En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.
“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.
Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.
Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.
“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.
“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.
Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.
Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.
Admite SCJN impugnación contra Ley de Videovigilancia
Lectura 4 - 8 minutosEl contenido de la legislación lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos, plantean.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) contra la recién promulgada Ley de Videovigilancia, por considerar que no solo hubo violaciones al proceso legislativo en su aprobación, sino que su contenido lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos.
El pasado 24 de septiembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 258/2020 y emplazo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a rendir sus respectivos informes, para dar contestación a la demanda.
De acuerdo con el documento presentado ante la SCJN, el organismo local alegó que existieron violaciones al proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Videovigilancia, ya que “el dictamen del cual deviene el decreto impugnado, fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, toda vez que al ser discutido y votado el mismo día en que por primera vez se enlistó dentro del orden del día de la sesión de Pleno, esto bajo una aparente urgencia, la cual nunca fue justificada, se impidió a las distintas fuerzas políticas estar en posibilidad de conocer y analizar y discutir adecuadamente el dictamen”.
Es decir, se “impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como para analizar y estudiar sus alcances que podría tener en beneficio o perjuicio de los derechos de la sociedad morelense como destinatario final de las normas y poder, en base a esto, realizar de una forma razonada y veraz la discusión y votación del dictamen al seno del Pleno del Congreso”.
La CDHEM también argumentó que la ley, al monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, regular, autorizar y operar sistemas de vigilancia en tareas de seguridad pública, acota derechos y obligaciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública dentro de su territorio, lo cual se traduce en perjuicio de sus atribuciones constitucionales.
Detalló que “el deber de permitir y dar a la Comisión Estatal de Seguridad pública los elementos tecnológicos con los que cuenta el municipio para el desarrollo de la función de seguridad pública, vulnera su autonomía, como lo hace el asignar atribuciones a los cuerpos policiales de los municipios que no le son propias a su función y que, en todo caso, quién podría decidir si se les delega o no, sería el propio ayuntamiento, conforme a la normativa que lo rige y, en su caso, conforme su forma de organización interna”.
Subrayó que, en el caso de los tres municipios indígenas, el Congreso debió haber realizado, antes a la emisión de la ley, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos o relacionado con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.
Por otra parte, subrayó que el artículo 16 de la Constitución federal reconoce que las comunicaciones privadas son inviolables y, si bien la ley impugnada no señala de manera específica como objeto la intención de grabar las comunicaciones privadas de la ciudadanía, “lo cierto es que sí lo hacen y está permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por autoridades como por particulares sin importar el contenido de la conversación representa, es un acto antijurídico”.
Destacó que, atendiendo a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas se encuentra regulada dentro del texto constitucional federal y de éste no se disponen facultades hacia las legislaturas locales para su regulación, “cabe concluirse que el Congreso del Estado es incompetente para legislar y regular dicha materia, por lo que las normas cuestionadas en el presente concepto de invalidez resultan inconstitucionales”.
La acción de inconstitucionalidad también cuestionó la invasión de facultades en que incurrió el Poder Legislativo en materia de recopilación, tratamiento y resguardo de información y datos personales en posesión de particulares, ya que vulnera el derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad, ya el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar al respecto.
La CDHEM impugnó también las modificaciones al Código Penal, ligadas a la Ley de Videovigilancia, para imponer sanciones a quienes transgredan la nueva legislación promulgada en pasado 12 de agosto.
Consideró que el Congreso estableció un “tipo penal abierto”, violando la garantía de la aplicación exacta de la ley, ya que no se establece claramente cuál es la autorización a la que deben acceder los particulares (ciudadanos, empresas, condóminos, comercios, entre otros) para instalar, operar, retirar o modificar cámaras de videovigilancia, así como la recopilación, almacenamiento y tratamiento de las imágenes.
Además, dijo, indebidamente la ley impone a los particulares, ya sean personas físicas o morales, la obligación de adquirir determinado equipo de videovigilancia supuestamente en aras de contribuir a la seguridad pública, lo cual es totalmente inconstitucional.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA?
La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.
Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales, que decidan adherirse al sistema mediante convenio.
Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.
También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.
Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como para quienes instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.
La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.
También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.
Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.
Las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.
Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.
Busca FGE a pareja sospechosa de asesinar a madre e hija
Natural, la tensión por el tema de seguridad y justicia: fiscal
Lectura 1 - 2 minutosSe postergó la comparecencia de Uriel Carmona ante los diputados.
El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que hay una tensión natural y favorable en EL Congreso del Estado, derivado la preocupación de la legislatura por lo que ocurre en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Tras postergarse su comparecencia ante los diputados, señaló que acudió al llamado del Congreso para presentar su informe semestral y responder los cuestionamientos respecto al desempeño y resultados de la institución.
Consideró que por la coyuntura en que se encuentra la entidad existe cierta tensión, pero consideró sano que las autoridades sean cuestionadas y rindan cuentas de su actuar.
“Es una tensión natural porque el tema de procuración de justicia y de seguridad pública en el estado no es para menos, pero yo noto a una legislatura interesada en mejorar, noto una legislatura preocupada, y creo que de lo que se trata es de mejorar las condiciones para que la seguridad pública y la procuración de justicia combata la impunidad, combata la corrupción, se mejore en su ejercicio.
“Por supuesto que hay tensión, pero es una tensión favorable porque la crítica y el impulso de las autoridades hace bien. Es importante que nos revisen, es importante que nos cuestionen y nosotros no estamos cerrados a eso, yo creo que es benéfico para la sociedad que las autoridades comparezcan a rendir cuentas, eso es sano”, dijo.
Indicó que no tenía previsto exponer específicamente los avances del caso de la masacre en la colonia Antonio Barona, en la que fallecieron diez personas, pero aseguró que si hay inquietudes de los diputados de conocer los avances de este y otros casos, se informará en forma privada, para mantener el sigilo de las investigaciones.
Agregó que está listo para comparecer la próxima semana junto con todo su equipo de colaboradores y fiscales.
Sí habrá labores en juzgados de Cuautla el 30 de septiembre
Lectura 1 - 2 minutosHay acumulación de asuntos pendientes.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó no suspender actividades en la sala y juzgados del Tercer Circuito el próximo 30 de septiembre, debido a la acumulación de asuntos pendientes y a la cancelación del tradicional desfile cívico.
Desde 2016, el TSJ declaró la fecha como día inhábil, debido a la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón y la realización del desfile cívico en la ciudad de Cuautla.
Por unanimidad de votos, el Pleno del TSJ determinó que, por esta única ocasión, no habrá suspensión de labores el próximo 30 de septiembre y, por lo tanto, laborará de manera normal el personal de la Sala del Tercer Circuito Judicial, de los Juzgados Civiles de Primera Instancia, del juzgado Menor de la Tercera Demarcación Territorial, de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Cuautla, Morelos.
También funcionará de manera habitual el Departamento de Orientación Familiar, todos con residencia en Cuautla.
“Lo anterior tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del virus Covid-19, se suspendió el desfile conmemorativo por el Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Cuautla”, informó el TSJ.
Obtiene Graco suspensión definitiva contra juicio político
Lectura 1 - 2 minutosEl Congreso estatal no podrá emitir sentencia hasta que se resuelva de fondo el recurso.
El exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo la suspensión definitiva contra el juicio político en curso en su contra en el Congreso de Morelos, lo que impide al Poder Legislativo emitir una sentencia hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por el ex mandatario.
El Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro de la demanda de garantías 673/2020, resolvió mantener la medida cautelar contra los actos reclamados al Congreso local, únicamente para efecto de que no se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia.
Esto significa que el Congreso podrá continuar con la sustanciación del procedimiento de juicio político, pero no se podrá emitir una determinación.
Graco Ramírez, quien ejerció el cargo de gobernador en el periodo 2012-2018, impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.
Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020, y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.
Dos tripulantes muertos, en la caída de jet en Guatemala
Lectura 1 - 2 minutosEn la aeronave se encontraron armas y droga.
La aeronave robada la mañana del martes en el Aeropuerto “Mariano Matamoros” de Cuernavaca se estrelló en territorio guatemalteco, donde murieron dos tripulantes y se encontraron armas y droga.
De acuerdo con información confirmada por el Ejército de Guatemala, el avión cruzó su espacio aéreo a las 11:50 horas con dirección a Sudamérica y se presume que aterrizó a las 16:00 horas en el Estado de Zulia, en Venezuela.
Horas después, la aeronave, tipo Jet Hawker 800 color blanco con matrícula XB-PYZ, fue detectada nuevamente en territorio guatemalteco a las 20:00 horas, en un sobrevuelo en el departamento de Alta Verapaz, y a las 20:30 horas realizó maniobras para aterrizar en una pista clandestina ubicada en la comunidad de Santa Marta Salinas, del departamento de Alta Verapaz, donde colisionó.
Al lugar del siniestro, llegaron las unidades militares de la Sexta Brigada de Infantería, cuyos elementos resguardaron la zona y localizaron los cuerpos de dos tripulantes (cuya identidad se desconoce) y los restos de armas y droga.
Hasta el momento, se sabe que la mañana del martes dos hombres ingresaron a la zona de hangares del aeropuerto “Mariano Matamoros” y, sin cumplir los protocolos de navegación y a punto de ocasionar un accidente con otra aeronave, despegaron sin autorización con rumbo desconocido hasta que el aparato se estrelló.
Sanciona TEEM a alcalde por violencia política de género
Lectura 1 - 2 minutosDicho órgano declara responsable de la falta al edil de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, por impedir que Marixa Mireya Castro Mendoza ejerza plenamente su cargo como síndica municipal.
Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) declaró responsable de violencia política de género al presidente municipal de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, por impedir que Marixa Mireya Castro Mendoza ejerza plenamente su cargo como síndica municipal.
Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEM/JDC/20/2020-1, el Pleno consideró que existieron elementos suficientes que probaron que González Pérez realizó actos para obstaculizar e impedir que la representante popular y representante legal del ayuntamiento pudiera realizar sus funciones, al restringirle personal, información, convocatorias a sesiones de Cabildo y eventos públicos, y negarle gastos de representación.
“Por lo que hace al actuar del presidente municipal, ha quedado evidenciado que se ha enfocado en obstaculizar el desempeño de su cargo, ello porque él, en su carácter de representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, estuvo en oportunidad de girar las instrucciones para atender las solicitudes de información.
“Él es quien encabeza los proyectos institucionales, y por tanto, las decisiones de quienes asisten a los eventos públicos y quien no, así como nombrar y remover a los servidores públicos municipales, por lo cual se le atribuye la responsabilidad de que la síndica no tenga el personal suficiente, no cuente con toda la información necesaria, no ejerza en plenitud su voz y voto en plenitud al interior del Cabildo”, estableció el proyecto aprobado el Pleno.
En consecuencia, al Ayuntamiento de Tetela del Volcán fue condenado a pagar los gastos de representación reclamados por la síndica municipal, así como declaró responsable al presidente municipal, Israel González Pérez, de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y realizó una amonestación política pública por los agravios cometidos en contra de Marixa Mireya Castro Mendoza.
Sindicatos y alcaldías, los más opacos
Lectura 2 - 3 minutosEl órgano publica los resultados de la evaluación a los entes obligados a transparentar sus acciones.
Los sindicatos de burócratas, seguido por los partidos políticos y los ayuntamientos, fueron los entes más opacados e incumplidos en sus obligaciones en materia de transparencia, según los resultados de la última verificación realizada por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe).
El informe detalló que de 179 sujetos obligados, se verificaron 173 y los seis restantes se encuentran dentro del plazo de los seis meses para publicar su información pública, de acuerdo al Lineamiento Técnico General en su Capítulo II Fracción Cuarta apartado III.
Los más incumplidos en sus obligaciones de transparencia fueron los sindicatos de trabajadores de los ayuntamientos y organismo municipales descentralizados, ya que de un total 41 sindicatos, 26 de ellos (63.3%) incumplieron con su responsabilidad legal de subir a la Plataforma Nacional de Transparencia toda la información pública relacionado con sus agremiados, las cuotas que reciben y los bienes inmuebles públicos que ocupan, entre otros datos.
De acuerdo con el informe, la mayor parte de estos sindicatos no tiene ninguna información en la plataforma de transparencia, algunos menos del 12 por ciento de la información que están obligados a publicar y solo algunos se quedaron a un paso de cumplir al 100 por ciento.
Solo nueve sindicatos municipales (21.9%) cumplieron con el total de la información pública obligada, mientras que seis están en tiempo para cumplir con la publicación de la información.
En el caso de los partidos políticos la situación no es distinta, ya que de los 11 institutos incluidos como sujetos obligados, solo tres cumplieron con sus obligaciones de transparencia y cinco más (Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Humanista, Partido Encuentro Social y Partido Nueva Alianza) fueron etiquetados como incumplidos.
Los partidos del Trabajo, Social Demócrata y Verde Ecologista, fueron ubicados entre los sujetos que están dentro del plazo para el cumplimiento de sus obligaciones.
En el caso del Poder Ejecutivo, 10 de las 16 dependencias cumplieron al 100% con la información, mientras que las secretarias de Desarrollo Agropecuario, Hacienda, Turismo y Cultura, Contraloría, Desarrollo Económico y Obras Públicas fueron ubicadas entre los entes incumplidos.
Los ayuntamientos también destacaron por opacidad, ya que de los 33 municipios verificados, 31 incumplieron de manera total o parcial con sus obligaciones de transparencia. Solo los ayuntamientos de Cuautla y Xochitepec cumplieron al 100%.
El IMIPE destacó que el Poder Judicial del Estado de Morelos, integrado por los tribunales Electoral, Unitario de Justicia para Adolescentes y Superior de Justicia, cumplió en su totalidad con sus obligaciones de transparencia.
Oficializan a Adriana Pineda como titular de superfiscalía
Lectura 1 - 2 minutosEl órgano concentrará ocho unidades y fiscalías.
El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara oficializó el nombramiento de Adriana Pineda Fernández como titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Alto Impacto (FIDAI), que concentrará ocho unidades y fiscalías.
Al cumplirse el plazo de 45 días establecido en el decreto de creación de la superfiscalía para el nombramiento del titular, Carmona Gándara formalizó la designación de la otrora fiscal antisecuestro, que había sido anunciada desde el 24 de junio pasado durante un acto oficial.
La súper fiscalía es la “unidad administrativa de investigación de élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.
A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Técnicas de Investigación.
Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos que determine, previo acuerdo con el fiscal estatal.
En su comunicado, la FGE informó que Pineda Fernández durante 10 años prestó sus servicios en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y cuenta con 12 años de servicios en la fiscalía estatal, además de que cuenta con sus evaluaciones de control de confianza.
La superfiscalía contará con edificio propio, el cual se construye con una inversión de 79 millones de pesos donde estuvieron las antiguas instalaciones de la Secretaría de Transportes.
Pierden diputadas recurso electoral
Lectura 2 - 3 minutosLo que reclaman es parte del derecho parlamentario y no de la vía reclamada, confirma el TEPJF.
Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo fueron desplazadas de sus cargos dentro del Congreso local.
Con cinco votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, que rechazó ser competente para conocer de actos legislativos, presuntamente constitutivos de violencia política de género.
En el proyecto resolutivo de los recursos de reconsideración promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, Naida Josefina Díaz Roca y Keyla Figueroa Evaristo, el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso ordenar al Congreso de Morelos realizar una nueva distribución de comisiones legislativas con pleno apego al principio constitucional de paridad total, y la reincorporación de la diputada Figueroa Evaristo a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración de Nacional (Morena).
Lo anterior, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, determinó que no podía revisar los actos impugnados por ser de naturaleza parlamentaria, como lo establece la jurisprudencia 44/2014 del rubro “Comisiones legislativas. Su integración se regula por el derecho parlamentario”, y la jurisprudencia 34/2013 del rubro “Derecho político electoral de ser votado. Su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario”.
El proyecto planteó interrumpir ambas jurisprudencias, aplicadas por la Sala Regional y el TEEM, por considerar que “la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, requiere una nueva redefinición de las facultades y las competencias de las autoridades electorales para conocer y resolver sobre la afectación del derecho político electoral a ejercer el cargo en el ámbito legislativo.
Bajo esta perspectiva, el ministro ponente consideró en el proyecto fundados los actos de violencia política de género expuestos por las diputadas agraviadas; que la modificación en la integración inequitativa de las comisiones legislativas vulneró el principio constitucional de paridad; y que la expulsión de una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena se realizó sin cumplir con las garantías del debido proceso.
También sostuvo que “es necesario reconocer una realidad inobjetable, no existe ninguna otra autoridad que salvaguarde el derecho de las legisladoras de ejercer su encargo en condiciones libre de violencia política y de género para que nuestra democracia pueda”, y recalcó que la propuesta no era una carta blanca para que el tribunal pudiese revisar todas los actos parlamentarios, pues la propuesta se limitaba a un recurso real que permitiera desarrollar los derechos políticos de las legisladoras conforme al principio constitucional de paridad total, y favorecieran los principios constitucionales y mandato de representación política, para lograr un balance entre el derecho electoral y derechos parlamentario.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior decidió rechazar el proyecto de su homólogo Rodríguez Mondragón y mantener vigente la jurisprudencia, respecto a que el asunto no es competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, por ser un asunto que atañe exclusivamente al derecho parlamentario.
Frente de Pueblos promueve recursos legales contra termoeléctrica
Lectura 2 - 3 minutosExisten suspensiones que impiden el funcionamiento de la planta, insisten opositores.
El Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala (FPDTA-MPT) promovió sendos incidentes de violación de suspensión ante juzgados federales, tras el anuncio del gobierno federal sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca a finales de este año.
A través de un comunicado, el colectivo –integrado por organizaciones y pobladores de comunidades de las tres entidades- informó que ayer fueron promovidos cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el director de la CFE, Manuel Barttlet Diaz y la directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otras autoridades, quienes deberán explicar a la justicia federal el porqué de su intención de poner en funcionamiento la termoeléctrica, cuando existen suspensiones que lo impiden.
“El Presidente Obrador, Director de la CFE y Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal porque han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, las tierras del ejido de Amilcingo sobre el Gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca”, argumentó.
Señaló que las declaraciones recientes del mandatario federal respecto a que ya no hay amparos que impidan echar a andar la termoeléctrica en tres meses, son “un hecho notorio” en el que “las autoridades responsables están realizando y van a realizar diversas acciones para que en el mes de diciembre inicie el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos (PIM), basados en que ya se resolvieron todos los amparos, no hay suspensiones vigentes”, lo cual es totalmente falso.
Recordó que el 5 de diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, confirmó la suspensión de plano otorgada al Ejido de Amilcingo, que frenó el inminente funcionamiento del Gasoducto Morelos.
En el caso de la protección al agua de los ejidos, la situación es similar en los amparos 1180/2019 y 162/2020, contando con suspensión de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme”.
En el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumentó que fueron incumplidas las recomendaciones establecidas por la UNESCO al aumentar, supuestamente, el volumen de agua que recibe la planta tratadora a 885 lps, cuando la comisión de la UNESCO recomendó en su punto 1.5.
El FPDTA-MPT reiteró que se mantendrá en pie de lucha y que no permitirá que se concrete el funcionamiento de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto que forman parte del PIM.
“Los pueblos y ejidos que se defienden contra la imposición del PIM agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún más al poder judicial y a falsos representantes, para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”, advirtió.
Prohibidos, anuncios sexistas y ofensivos en rutas y vía pública
Lectura 2 - 4 minutosLa medida busca impedir la naturalización de ideas y estereotipos sexistas, como la exhibición de imágenes de mujeres semidesnudas para lograr captar la atención del público.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las reformas a la Ley del Transporte y la Ley de Equilibrio Ecológico, que prohíben la colocación en rutas y vía pública de anuncios con imágenes y mensajes sexistas, discriminatorios u ofensivos contra las mujeres.
De acuerdo con la justificación de las modificaciones legales, la pretensión del legislador fue evitar que mediante la mercadotecnia y la publicidad todos los espacios públicos favorezcan la naturalización de ideas y estereotipos sexistas, como la exhibición de imágenes de mujeres semidesnudas para lograr captar la atención del público y promocionar algún producto o servicio.
“Se ha venido asimilando a la mujer como un objeto, mismo que está al servicio del poseedor y en el caso de la publicidad, se encuentra al servicio del consumidor, de tal manera que se han venido creando en la sociedad, estereotipos dirigidos a la identidad de la mujer con un sentido machista y mostrando un género femenino como sumiso e inferior, ejerciéndose de este modo, violencia simbólica y mediática sobre las mujeres.
“Es por ello que nuestros esfuerzos deben concentrarse en atender, castigar, pero sobre todo en prevenir la violencia contra las mujeres y niñas desde la perspectiva de género, desde los aspectos interculturales, en nuestro ciclo de vida, reconociendo los derechos humanos y fomentando en todo momento la cultura de la paz”.
Con base en estos argumentos, el Congreso local reformó la fracción I del artículo 117 de la Ley de Ley de Transporte del Estado de Morelos, que otorga a la Secretaría de Movilidad y Transporte la facultad de “prohibir la instalación y colocación, en los vehículos destinados al servicio de transporte público con y sin itinerario fijo y de carga, de publicidad que contenga frases, palabras, fotografías y/o dibujos, así como objetos que muestren contenido sexista, estereotipos y expresiones que denoten, atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de aversión y que construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres”.
También fue reformado el artículo 160 Ter y adicionado el artículo 160 Quáter de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para prohibir la instalación y colocación de anuncios o elementos visibles en áreas naturales protegidas o en zonas clasificadas como habitacionales; sitios y monumentos considerados de patrimonio histórico, arquitectónico o cultural; y cuando afecten o impacten nocivamente el paisaje natural o urbano.
También cuando ocasionen riesgo o peligro para la población; cuando obstruyan la visibilidad en túneles puentes, pasos a desnivel vialidades o señalamientos de tránsito; cuando los anuncios o elementos visibles publiciten y muestren contenido sexista, ofensivo, degradante, de desprecio o falta de respeto hacia las mujeres, así como expresiones y estereotipos que denoten, atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de aversión y que construyan patrones socioculturales reproductores de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la reforma, se entenderá como publicidad sexista, aquella que exprese una actitud discriminatoria, que infravalore a las personas del sexo opuesto y que haga distinción de las personas según su sexo.
Adicionalmente, los municipios “deberán incorporar en sus bandos de policía y gobierno reglamentos y disposiciones que regulen de forma estricta los términos de las prohibiciones, así como las obras, actividades y elementos publicitarios, a fin de evitar el deterioro del paisaje rural y urbano, y evitar la contaminación visual, procurando crear una imagen armónica de los centros de población y en atención a los principios de una cultura libre de violencia simbólica y mediática”.
Fuera de servicio, el 40% de cámaras de videovigilancia
Lectura 1 - 2 minutosSe requerirá una fuerte inversión para su reparación: CES.
El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que el 40 por ciento de las cámaras de videovigilancia se encuentran fuera de servicio y que los recursos para su reparación serán aportados por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom).
Recordó que el C-5 cuanta con 1,002 cámaras disponibles que operan vía microondas y fibra óptica, pero 400 sufrieron daños en el transcurso de la temporada de lluvias y se requerirá de una fuerte inversión para su reparación.
En virtud de los altos niveles de violencia en Cuernavaca y diez municipios más de la entidad, señaló que los empresarios pugnaron porque el Fidecom subsidie la compostura de las cámaras.
“Ahorita ya estamos con un plan para reactivarlas, porque les recuerdo que el Fidecom, en esta ocasión, los empresarios decidieron invertirlo en el C-5”, dijo al señalar que el fideicomiso destinará 31 millones de pesos para la reparación de las cámaras.
Explico que, adicionalmente, el gobierno de Morelos tiene planeado adquirir e instalar otras 400 cámaras de videovigilancia en los diez municipios más violentos de la entidad, de las cuales 34 serían colocadas en la ciudad capital.
Respecto al operativo de seguridad implementado con motivo de las fiestas patrias, agregó que se registró saldo blanco y que únicamente se registraron dos decesos violentos en Cuernavaca y la muerte de una persona más, cuya causa de fallecimiento está por determinarse por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Habrá más personal en los juzgados
Lectura 1 - 2 minutosEl TSJ determina también aumentar el número de citas otorgadas y desaparecer el circuito único en materia penal, para agilizar los procesos.
Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó aumentar el número de personal y el aforo de abogados en los juzgados en las tres sedes judiciales. Además, aprobó eliminar el Circuito Único y retornar a la antigua división de tres circuitos.
Luego de que Morelos pasó al color amarillo del semáforo epidemiológico, los magistrados aprobaron el acuerdo por el cual se determinó que, a partir de este martes, se reincorpora el 60 por ciento del personal judicial y, el 40 por ciento restante hará trabajo en casa, hasta que las autoridades sanitarias emitan nuevas disposiciones.
Para evitar aglomeraciones, cada sala y área del TSJ fijará el horario de entrada de su personal, ingresará de manera escalonada entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana y, en lugar de checar en el libro de asistencia, los empleados tendrán que usar una aplicación en sus teléfonos para el registro de entrada y salida.
Paralelamente, el TSJ ampliará el número de citas emitidas, con el fin de permitir el ingreso de un mayor número de abogados a los juzgados a realizar sus promociones y consultas de expedientes. Tanto el personal como los litigantes o justiciables deberán acatar el protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus.
Para evitar la movilidad de magistrados y litigantes, el Pleno también acordó desaparecer el Circuito Único en materia de justicia penal oral, creado el 19 de septiembre de 2019 y que dio pie a varios amparos de magistrados (que alegaron que era ilegal porque fue aprobado únicamente con la presencia y votación de nueve de los 18 magistrados que integran el Pleno del TS), y retornar de tres circuitos de sala, con cabeceras en Cuernavaca, Jojutla y Cuautla.
Oficialías podrán tramitar divorcios administrativos
Lectura 1 - 2 minutosEstán en vigor reformas a la Ley Orgánica Municipal alusivas.
Las oficialías del registro civil municipales ya cuentan con las facultades legales para realizar divorcios administrativos, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
De acuerdo con la justificación de la reforma, en las atribuciones de las Oficialías del Registro Civil establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos no estaba contemplada la tramitación del divorcio administrativo, pese ser parte de competencia
Por esta razón, el legislador consideró necesario adicionar la fracción VIII al artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal, el cual está correlacionado con lo que dispone el Código Familiar y el Código Procesal Familiar de Morelos, que prevén el concepto y el procedimiento jurídico para llevar a cabo el divorcio administrativo.
Con la reforma, quedan claras las atribuciones de los oficiales del Registro Civil de cada ayuntamiento, para tramitar en sus demarcaciones, en apoyo de la Dirección General del Registro Civil, los procedimientos de divorcio administrativo, que exigen solo la petición expresa de los cónyuges casados dentro del estado de Morelos o que tengan su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo.
Dicho procedimiento, es una forma de divorcio que prevé la ley para cuando los cónyuges están de acuerdo con la separación, siempre que tengan un año o más de matrimonio y no estén en juego los intereses de los hijos e hijas, o éstos ya son mayores de edad, la cónyuge no se encuentra embarazada y no requieren de alimentos.
No requiere de la intervención de la autoridad judicial y solo exige la voluntad de los consortes en un acta, previa identificación de los cónyuges y ratificación en el mismo acto de su solicitud de divorcio y ello es suficiente para considerar disuelto el vínculo matrimonial.
El acta levantada declara divorciados a los cónyuges, y se ordena la anotación correspondiente en el acta de matrimonio anterior.
Municipios, obligados a fundar consejos de cronistas
Lectura 1 - 2 minutosJuez federal concede suspensión a Graco Ramírez
Lectura 2 - 3 minutosEl recurso es únicamente para evitar que el Congreso de Morelos emita sentencia del juicio político iniciado en su contra.
El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional al ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, únicamente para evitar que el Congreso emita sentencia del juicio político iniciado en contra.
En su demanda de garantías 673/2020, el ex gobernador impugnó el proceso legislativo de los artículos 9 y 16, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el proceso legislativo del artículo 135, cuarto párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, por el que se estableció que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos; el proceso legislativo del artículo 4 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; la omisión legislativa de emitir la Ley en Materia de Responsabilidad Política del Estado de Morelos y el Decreto 2193 publicado el 19 de julio de 2017; la denuncia de juicio político presentada por el Consejero Jurídico del Estado de Morelos.
Además, de la presunta indebida integración e incompetencia de la Junta Política del Congreso del Estado, actuando como jurado de procedencia; la determinación de 14 de noviembre de 2019, en la que se admitió el juicio político en su contra; el emplazamiento al juicio político practicado el 17 de agosto de 2020; y la inminente resolución dentro del juicio político de origen.
En su escrito de amparo, Ramírez Garrido Abreu “solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que no se dicte ni se ejecute la resolución final que deba poner fin al juicio político que se sigue en su contra y se mantengan las cosas en el estado en que guardan; además, solicitó que, en todo caso, sin conceder, se continúe con el juicio político pero sin que se dicte resolución definitiva en su contra”.
En consecuencia, el juez de distrito rechazó otorgar la suspensión en contra de la sustanciación del procedimiento de juicio político, “en tanto que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano; sin embargo, sí se podrá conceder la suspensión de los efectos y consecuencias de ese procedimiento.
“En tal virtud, la presente medida cautelar provisional se concede únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento del juicio político respectivo en contra del quejoso, hasta antes de que se emita la resolución definitiva por el Jurado de Sentencia; lo anterior, hasta en tanto reciban notificación sobre la resolución interlocutoria que se dicte por este juzgado en la audiencia incidental respectiva”.
La medida cautelar provisional se mantendrá hasta que la autoridad judicial federal determine si procede o no conceder la suspensión definitiva.
Se ampara Graco contra el juicio político
Lectura 2 - 3 minutosAunque la representación legal del exmandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente.
El ex gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu, promovió un amparo para intentar combatir el juicio político en curso en el Congreso local.
El Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda de garantías 673/2020, en la que el mandatario estatal impugnó la discusión, aprobación y promulgación del artículo 9 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los sujetos de juicio político a que se refiere esta Ley, serán susceptibles de responsabilidad durante el ejercicio de su encargo y hasta un año después de haberse separado del empleo, cargo o comisión que les fue encomendado, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de la prescripción previsto en la presente Ley”.
Otros de los alegatos incluidos en la demanda de amparo son la presunta prescripción de los plazos para incoar (iniciar) el juicio político y vicios en el procedimiento legislativo.
De acuerdo con el auto de admisión del juzgado federal, no se encontró ninguna causa de improcedencia para dar entrada al juicio de amparo, sin embargo, la autoridad judicial advirtió que en su momento deberá resolver conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones o determinaciones emitidas por el Congreso del Estado en los juicios políticos; pues atento al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 258/2019, en sesión de tres de julio de dos mil diecinueve, el procedimiento de juicio político debe substanciarse conforme a ciertas etapas, reglas y plazos que deben observarse por los órganos encargados de su substanciación, para finalmente estar en aptitud de poder emitir de manera soberana o discrecional la resolución o declaración con la que resuelvan el juicio político -inimpugnables-, por lo que dichas reglas -que se traducen en formalidades esenciales del procedimiento- deben ser acatadas en su integridad y su incumplimiento debe ser susceptible de analizarse por la autoridad judicial (control constitucional).
“No pasa inadvertido que las violaciones cometidas durante el procedimiento de juicio político pudieran considerarse de naturaleza puramente adjetiva, en contra de las cuales, en términos de la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto; sin embargo, de ser el caso tendría que ser analizado en la sentencia que se emita al final de este procedimiento constitucional”.
Aunque la representación legal del ex mandatario solicitó la suspensión provisional contra el acto reclamado, el juez rechazó abrir el incidente, debido a que solo se presentaron 12 de los 14 juegos de copias requeridos. Una vez que sean presentadas las dos copias faltantes, se dará trámite y resolverá lo correspondiente a la medida cautelar solicitada.
Ortiz Guarneros ofrece diálogo a sus detractores
Lectura 2 - 3 minutosEl comisionado de Seguridad reafirma que se mantendrá en el cargo, leal al gobernador.
El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ofreció diálogo a sus detractores, que han exigido su renuncia por la falta de resultados en la prevención del delito.
El funcionario agradeció el respaldo del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien dijo que el comisionado se mantendrá en el cargo, pese a las presiones y críticas a su desempeño.
“Aprovecho este medio para hacer una muestra de gratitud hacia el señor gobernador, que el día de ayer dijo que el Comisionado Estatal de Seguridad no se va, porque hay muchos que, por lo que acaba de pasar en la Barona, están pidiendo mi salida. El señor gobernador tuvo a bien a considerar que no es necesario que yo me vaya. Entonces mi agradecimiento con él y mi compromiso y mi lealtad con el señor gobernador”, dijo, a nueve días del ataque que cobró la vida de nueve personas, entre ellos varios jóvenes deportistas y menores de edad.
Parsimonioso y con total comodidad, ofreció recibir en su oficina a sus detractores y escuchar los diferentes puntos de vista.
“Yo respeto la opinión de aquellos que dicen que no quieren que yo permanezca. Yo los invito a hacer un diálogo, a trabajar juntos, a sumarnos. Yo puedo aceptar todas las opiniones, porque soy respetuoso ello. Siempre he dicho que la seguridad no la hace nada más la Policía, las armas y las patrullas, sino el estar juntos, sociedad y gobierno”, afirmó, tras concluir una reunión en el C-5, a la que asistieron únicamente15 de los 36 presidentes municipales.
En esta reunión, los ediles y la CES trataron el tema del Certificado Único Policial (CUP), ya que ninguno de los dos mil 300 policías municipales cuenta con esta certificación, por carecer de los requisitos.
Indicó que para obtener el CUP es necesario que el elemento apruebe los exámenes de control de confianza y acredite capacitación policial, pero la mayoría carece de alguno de estos dos requisitos indispensables para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expida la certificación.
Agregó que el gobierno estatal ofreció a los ediles subsidiar los cursos de capacitación policial, lo que significa que serán totalmente gratuitos.
También exhortó a los ediles a acercarse a la Fiscalía General del Estado, institución responsable de la aplicación de los exámenes de control de confianza, para que dé prioridad a la evaluación de los policías municipales, ya que para abril de 2021 todos los elementos deberán contar con el CUP, de lo contrario, serán dados de baja de las corporaciones.
Integran Consejo de Comisión de Búsqueda
Lectura 1 - 2 minutosSus integrantes son Amalia Hernández Hernández, Miguel Albavera Rojas, Celia Salinas Maya, Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz.
La Secretaría de Gobierno designó a los cinco nuevos integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, luego de que el nombramiento se mantuvo paralizado durante cinco meses, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.
A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se dio a conocer la designación de los activistas y familiares de desaparecidos Amalia Hernández Hernández, Miguel Alvavera Rojas y Celia Salinas Maya, como representantes de la sociedad civil dentro del consejo ciudadano.
Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz, fueron seleccionados para integrarse al consejo como especialistas en materia legal y forense.
La Secretaría de Gobierno detalló que recibió ocho propuestas de aspirantes a integrar el consejo ciudadano, cinco de ellas correspondientes a ciudadanos familiares de víctimas de desaparición, y tres ciudadanos especialistas.
Al revisar la trayectoria y la documentación proporcionada por cada aspirante, “se procedió a realizar un análisis de los perfiles, en atención a su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, laboral y de conocimientos especializados en las materias afines en la protección y defensa de los derechos humanos, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, concluyendo esta Secretaría de Gobierno que el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano”.
Los consejeros ciudadanos durarán en su función tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público en términos del artículo 16 del Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.
Con esta designación queda totalmente integrado el consejo ciudadano, luego de que colectivos y familiares de víctimas han exigido resultados, tanto al gobierno de Morelos como a la Fiscalía General del Estado, igual que la identificación de los cuerpos extraídos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y denunciar los más de 500 cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio México Forense.
PES, obligado a modificar su dirigencia estatal
Lectura 2 - 3 minutosEl TEPJF confirmó que el Partido Encuentro Social de Morelos no respetó el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.
Por la pandemia se salvará de convocar a un nuevo congreso en el corto plazo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Partido Encuentro Social de Morelos (PES) deberá realizar cambios en su directiva estatal, para respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.
Por extemporáneo, el Pleno determinó desechar el recurso de reconsideración promovido por el partido político y dejó firme la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del pasado 13 de agosto, en la que se determinó que existió falta de convocatoria previa para que todos militantes del PES pudieran participar en un cargo partidista, y que no se cumplió el principio de paridad de género durante la celebración del congreso estatal del instituto político realizado el 21 de julio de 2019.
Esta significa que el PES está obligado a realizar la reposición del proceso electivo de sus órganos internos, con base en los lineamientos estipulados en la sentencia del tribunal federal.
De acuerdo con la sentencia, la Sala Regional ordenó al PES “que realice la reposición del congreso estatal, cuando determine que existen condiciones sanitarias en el estado de Morelos, y considere que es viable la protección del derecho a la salud de su militancia y a votar y ser votado, y que la celebración del proceso interno no distraiga en mayor medida las actividades del proceso electoral local a celebrarse en el estado de Morelos.
“En el caso de que no mejore la situación sanitaria en el estado de Morelos y que ello impida realizar el congreso estatal, deberá prorrogar la integración y funcionamiento de sus órganos internos para enfrentar el proceso electoral 2020-2021, en el entendido de que como medida adicional y atemporal, el partido a través de la comisión político estatal electa e integrada conforme al congreso del año pasado, deberá nombrar y hacer los ajustes necesarios, para que la integración de sus órganos internos, cumplan con el principio de paridad de género.
“Además de ello, la reunión que lleve a cabo la comisión político estatal para realizar el reajuste de paridad de género en sus órganos internos, deberá hacerse en la medida de lo posible vía remota, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la salud de las y los integrantes de dicho comité.
“En el caso de que el partido optara por prorrogar y realizar el reajuste de paridad de género en la integración y funcionamiento de los órganos del partido de manera temporal, para enfrentar el proceso electoral en el estado de Morelos 2020-2021, una vez concluido el proceso electoral, el partido deberá convocar a su congreso estatal conforme a lo ordenado”.
Exigen a FGE acelerar identificación de cuerpos de fosas
Lectura 1 - 2 minutosIntegrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos realizan una protesta en el Palacio de Gobierno.
Familiares de desparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado acelerar el procesamiento de las pruebas genéticas y el proceso de identificación de los cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) y que extraídos de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla.
Hartas de escuchar discursos y de que la fiscalía estatal mantenga congelado el proceso de identificación de decenas de cadáveres, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos regresaron a protestar a las puertas del Palacio de Gobierno, como prometieron que lo harán cada lunes hasta romper la inacción del fiscal, Uriel Carmina Gándara, y otras instituciones.
Recordaron que en la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la fiscalía en el 2014 inhumó ilegalmente cuerpos no identificados, participaron la fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, pero “ninguna de estas instituciones han cumplido con su deber”.
“Pasaron más de tres años (de la exhumación) y ni siquiera se validaron los perfiles genéticos obtenidos (a partir de muestras biológicas tomadas a los cuerpos exhumados y a familiares de desparecidos), ninguna persona ha sido identificada, no hay ninguna investigación penal, no se fincaron responsabilidades por ocultar seres humanos bajo la tierra y haciéndoles desaparecer por segunda vez.
“Ya no permitiremos que se siga evitando el tema de la identificación, es por eso que a partir de hoy vamos a estar presentes enfrente del Palacio de Gobierno y contaremos los días que pasan sin que las autoridades avancen en las tareas de identificación”, señalaron.
También subrayaron que, actualmente, en los frigoríficos del Servicio Médico Forense de la FGE se encuentran almacenados más de 500 cuerpos de personas no identificadas y al fiscal no le ha importado que en Morelos o en algún otro estado haya familias que buscan a sus familiares.
Señalaron que mantendrán la presión hacia la fiscalía estatal.
La del 2021, contienda compleja y judicializada
Lectura 1 - 2 minutosArrancó el proceso electoral local; los partidos tradicionales lanzan críticas y los nuevos ofrecen unidad.
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) pronosticó una contienda compleja, competitiva, con alto nivel de tensión política y judicialización, ante el gran número de fuerzas políticas con registro y las candidaturas independientes que se postularán.
Al realizar la Sesión Plenaria para hacer la declaratoria de apertura del proceso electoral 202-2021 e instruir que para el TEEM desde ahora todos los días y las horas serán hábiles hasta la terminación de la contienda, el magistrado presidente del tribunal, Alberto Puig Hernández, consideró que los comicios que se avecinan serán inéditos.
“El grado de dificultad al que nos vamos a enfrentar será inédito, tanto por la situación de la pandemia que aún nos aqueja, como por el número de participantes que van a estar con partidos político con registro. Los ocho nuevos que obtuvieron su registro a nivel local, uno de ellos nivel federal y los 11 que ya estaban registrados”, dijo al adicionar las posibles candidaturas independientes.
Señaló que el número de partidos y contendientes hará que este proceso electoral sea altamente competitivo y complejo, lo que obligará a los órganos electorales administrativo y jurisdiccional a trabajar a marchas forzadas, para agotar las etapas de los procesos sancionadores y las impugnaciones antes y después de la jornada electoral
De esta manera, el TEEM pronosticó que Morelos enfrentará una contienda electoral muy complicada y con alto ambiente de tensión política y previó que el número de impugnaciones superará los 700 expedientes que el tribunal local resolvió en los comicios pasados.
Carmen Cuevas debe aclarar observaciones: Jasso Díaz
Lectura 1 'Fueron detectadas durante el proceso de entrega recepción en el TSJ.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que su antecesora, Carmen Cuevas López, deberá de hacer frente a varias observaciones detectadas durante el proceso de entrega recepción.
Señaló que no puede afirmarse todavía que hubo irregularidades en la gestión de su ex homóloga, ya que la exmagistrada tiene el derecho de responder a cada una de las observaciones que se realizaron al proceso de entrega recepción y hacer la aclaraciones que ella considere pertinentes.
“Nosotros estamos en la parte aclaratoria y no podemos nosotros decir que encontramos algo directo, porque no ha terminado el proceso todavía”, dijo, al señalar que esencialmente las observaciones que se realizaron son en torno al estatus (la situación) de algunos bienes del TSJ.
Agregó que deberán agotarse los plazos y las etapas del proceso de entrega recepción, los procesos de revisión interna, externa y de fiscalización, para emitir juicios respecto a la gestión de su antecesora.
Requiere SCJN información a Congreso
Lectura 2 - 3 minutosHay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.
Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.
Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional 42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.
En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.
Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.
De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.
También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Suspenden instalación del tianguis de La Cerillera
Lectura 1 - 2 minutosEl mercado viola medidas de sanidad
El Ayuntamiento de Jiutepec suspendió la instalación del tianguis dominical de La Cerillera, debido a la reiterada violación de las medidas de sanidad, que fueron exigidas para prevenir los contagios de covid-19.
A través de un oficio enviado por la Dirección de Industria, Comercio y Servicio a la representante de los comerciantes del tianguis, Leticia Alcántara Brito, el ayuntamiento anunció que no permitirá hoy la instalación de puestos.
“Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el día 6 de septiembre del presente año no se permitirá la instalación del Tianguis La Cerrillera, debido a que no se respetaron las medidas de seguridad e higiene como portar el cubre bocas, la sana distancia, la instalación del 50% de su capacidad, no respetar el horario para el levantamiento de puestos como también la reducción de espacios.
“Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos tomados en pláticas anteriores y ordenamientos antes referidos”, detalló el documento notificado a la líder de los comerciantes.
Varios comerciantes lamentaron la suspensión y reclamaron la irresponsabilidad de varios de sus compañeros, que infringieron los acuerdos asumidos con la autoridad municipal para la operación del tianguis bajo estrictas medidas sanitarias.
El ayuntamiento condicionó la instalación siempre y cuando se distribuyera gel antibacterial, hubiese rigor en el uso de cubrebocas, no se instalaran módulos o carpas, no se rentarán los espacios a terceros, se respetara la sana distancia y el horario de venta, así como cada comerciante recogiera su basura.
También se acordó que el tianguis operaría al 50%, es decir, una semana trabajarían los comerciantes que se instalan del lado derecho y la siguiente los del lado izquierdo, y así alternadamente.
Sin embargo, no todos los comerciantes cumplieron y el ayuntamiento tomó la decisión de suspender la instalación del tianguis dominical, que es uno de los más concurrido en la zona metropolitana de Cuernavaca, debido a que Jiutepec es uno de los municipios con el mayor número de contagios de covid-19.
Tanto el ayuntamiento como los representantes del tianguis, analizan la posibilidad de imponer sanciones a los comerciantes que infrinjan los acuerdos pactados, ya la irresponsabilidad de algunas personas afectó a todos los tianguistas de La Cerillera.
Inician CDHM y FGE investigación de protesta en CEDIF
Lectura 2 - 3 minutosSe impidió el acceso al lugar a personal del organismo defensor de derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) inició una queja de oficio por el presunto sometimiento violento de menores al interior del Centro del Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), tras la protesta de un grupo de adolescentes. Además, la Fiscalía General del Estado anunció que investigará tanto a los menores rijosos como a las autoridades del centro.
El ombudsman estatal, Raúl Hernández Cruz, informó que se inició la queja de oficio luego de que por espacio de 30 minutos se le impidió el acceso a personal del organismo que acudió a las instalaciones del albergue, tras conocer que estaba en curso una protesta de un grupo menores, por presuntos malos tratos recibidos del personal del CEDIF.
Indicó que cuando el visitador de la CDHM tuvo acceso al albergue, entrevistó a varios menores que participaron en la protesta y “recabó algunos indicios de que fueron objeto de malos tratos, específicamente algunos de ellos referían que recibieron coscorrones y que recibieron golpes en las pantorrillas, además de que había permanecido hincados y maniatados (permaneciendo) frente a una pared, lo cual es inaceptable, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no merecen ese trato, bajo ninguna circunstancia”.
Indicó que el organismo investigará los hechos y la eventual actuación irregular de servidores públicos que participaron en el origen del conflicto y en el sometimiento de los menores inconformes.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Morelos, la protesta comenzó la noche del martes, porque el personal del CEDIF llamó la atención a un grupo de menores por violar el reglamento de la institución, pero en respuesta comenzaron los disturbios y daños al inmueble.
El personal del centro solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), para reestablecer el orden y evitar que los menores saltaran la barda y escaparan.
La Fiscalía General del Estado comunicó también que abrió una carpeta de investigación, ya que se “tienen identificados a por lo menos seis menores que son los que incitan a los actos de violencia en donde reportes preliminares señalan algunos elementos policiales con golpes al ser atacados con piedras por los infantes”.
En el escueto comunicado, la fiscalía señaló que “trabajará de manera coordinada con las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como del Sistema DIF Morelos, con la finalidad de establecer cualquier tipo de responsabilidad que afecten a la niñez morelense”.
En la postura oficial, ninguna autoridad reconoció que hubiesen existido vejaciones hacia los menores, la cuales la CDHM comenzó a documentar.
FGE tiene pistas de multihomicidas y sociedad civil exige justicia
Lectura 2 - 4 minutosLa Fiscalía estatal confirmó el deceso de seis adultos y dos menores durante el ataque armado en un velorio en la colonia Antonio Barona.
Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que tiene pistas de quienes perpetraron el ataque que cobró la vida de ocho personas en la colonia Antonio Barona, y que las armas ya habían sido utilizadas en otros homicidios, diferentes sectores de la sociedad expresaron su indignación y reclamaron la falta de resultados en la prevención, el combate y la sanción del delito.
A través de un comunicado, la fiscalía estatal confirmó el deceso de seis adultos y dos menores identificados como: Edgar Alexander “N” de 18 años, Roberto Eduardo “N” de 21 años, Marcelino Alejandro “N” de 18 años y el menor D.J.L. de 16 años de edad, quienes fallecieron en el lugar del ataque (Calle Lázaro Cárdenas esquina Vicente Guerrero de la Colonia Antonio Barona del Municipio de Cuernavaca); y Aylin Sherezada “N” de 25 años, el menor D.M.B. de 15 años, Víctor Omar “N” de 31 años, y Óscar David “N” de 21 años, quienes fallecieron durante su traslado a los hospitales.
Las víctimas asistieron al funeral de un menor que murió el lunes pasado en un accidente de moto en el Paso Exprés. En el ataque, perpetrado por hombres fuertemente armados, también resultaron lesionadas 14 personas que participaban en el duelo.
De acuerdo con la FGE, existe “una línea de investigación sólida” que confirma la operación de grupos delictivos en la zona y, derivado de los estudios periciales en materia balística, “se establece que las armas de grueso calibre utilizadas en los hechos, estarían relacionadas con otros delitos de alto impacto registrados de manera reciente, y en donde se cuenta con la participación de miembros de la delincuencia organizada”.
Este lamentable multihomicidio ocurrió apenas dos semanas después del asesinato de seis jóvenes en la colonia Flores Magón, cuyos atacantes utilizaron el mismo modus operandi. Hasta el momento, la FGE no ha revelado el probable móvil de ambas masacres.
La reacción de algunos representantes de la sociedad no se hizo esperar. Además de sumarse al pésame a las familias, consideraron que el caso debe investigarse y criticaron los escasos resultados en materia de seguridad y justicia.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rafael Rueda Moncalian, lamentó la pérdidas de vidas, calificó el hecho como “muy reprochable y consideró que la FGE debe investigar a fondo del caso, para que no quede en la impunidad.
El grupo de la Barra de Abogados del Estado de Morelos liderado por José Luis Urióstegui, afirmó que “en Morelos es más fácil morir por un acto delictivo que por covid-19”, y está en duda la estrategia estatal de seguridad y de justicia.
En un pronunciamiento público, recordó que en lo que va del año han muerto violentamente más de mil personas en la entidad y exigieron a las autoridades estatales que establezcan una mesa de trabajo, no sólo para para que la sociedad civil y especialistas realicen propuestas, sino para vigilar y evaluar la actuación de las instituciones.
Exigió a la FGE investigar los homicidios dolosos que ocurren en la entidad para que las víctimas y las familias tengan justicia, porque ahora no existe el pretexto de la falta de recursos económicos; y exigió a los tres Poderes del Estado que hagan su trabajo en el área y nivel de competencia.
Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, también se sumó a la condena del ataque y exigió no solo a las autoridades estatales, sino también a la los gobiernos municipales asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública.
“No solamente es responsabilidad del gobierno del estado, es un llamado también a los alcaldes, porque estos hechos corrieron en un lugar donde hay un presidente municipal, en el caso de la ciudad capital, pues evidentemente ningún alcalde puede eximirse de la responsabilidad de brindar seguridad pública a los ciudadanos”, dijo.
Pidió a la sociedad no normalizar la violencia y a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hagan lo necesario para que no siga creciendo la violencia en todos los municipios de la entidad.
Anula juez convocatoria para elección en Facultad de Derecho
Lectura 1 - 2 minutosAspirante la impugnó por considerarla discriminatoria.
Un juez de distrito invalidó la convocatoria emitida en febrero de 2019 para la elección del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que la catedrática y aspirante, Carlota Olivia de las Casas Vega, impugnó dicha convocatoria por considerarla discriminatoria.
La abogada y catedrática consideró que la sentencia emitida por el Juez Primero de Distrito, dentro del amparo indirecto 202/2019, es histórica tanto para la UAEM como para el resto de las universidades públicas del país y para las mujeres que aspiran a cargos directivos dentro de la instituciones de nivel superior.
Indicó que la justicia federal le dio la razón respecto a que la convocatoria, emitidas por Consejo Universitario y Consejo Técnico de la Facultad, era discriminatoria y pretendía ser un acto de simulación para nombrar a un hombre como director.
Recalcó que el juez de distrito “determinó que el Consejo Universitario ha omitido fomentar el acceso a los puestos directivos a las mujeres que por razón de su sexo se encuentran relegadas impidiendo la participación paritaria de las mujeres en las altas esferas de la vida pública y en el espacio de toma de decisiones, lo cual es una exigencia de carácter constitucional.
“Reconociendo la existencia de una discriminación estructural que se encuentra sustentada mediante la implementación de medidas aparentemente neutras que dan como resultado que la elección del puesto directivo de una Facultad de Derecho sea ocupado exclusivamente por hombres”.
También, resaltó la abogada, la sentencia subraya que “la autonomía universitaria no constituye un derecho humano de una persona colectiva que deba ponderarse con otros derechos humanos, sino que se trata de una garantía institucional del derecho a la educación superior, que tiene un carácter exclusivamente instrumental, sin conformar un fin en sí misma, por lo que es jurídicamente relevante sólo si maximiza el derecho humano a la educación.
En consecuencia, la sentencia dejó sin efectos la convocatoria para la elección del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como todos los actos derivados de la misma, incluidos la "consulta" relativa a dicho proceso.
Confirma TFJA responsabilidad de dos exfuncionarios más de UAEM por Estafa Maestra
Lectura 2 - 3 minutosSe trata de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García.
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria de Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, ex funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), también implicados en caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.
En los proyectos expuestos por separado por los magistrados ponentes, Víctor Martínez Orduña Muñoz y Guillermo Valls Esponda, los ex funcionarios quejosos plantearon argumentos similares y rechazaron la responsabilidad resarcitoria mancomunada impuesta por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso de la Unión.
Pero en ambos proyectos, los ministros consideraron que si existió el daño a la hacienda federal por un monto de 239.3 millones de pesos, ya que no solo se comprobó que hubo violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento, así como con la cláusula tercera del convenio de firmado entre la Sedesol y la UAEM el 6 de mayo de 2013 que prohibía la subcontratación, sino que la ASF presentó evidencia de que los ex funcionarios participaron en el proceso irregular de licitación, contratación y pago de la empresa Evyena Servicios SA. De C.V.
Es decir, se dispusieron de los recursos públicos para el pago de los servicios convenidos con la empresa, para establecer la estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras la Cruzada Contra el Hambre, pero no hubo evidencia de que dicho servicio se hubiese prestado.
También en ambos proyectos, se consideró que la ASF sustentó debidamente la responsabilidad de Gerardo Ávila García, ex rector y que al momento de los hechos imputados se desempeñaba como secretario de la rectoría, quien también enfrenta un proceso penal por este caso; y del encargado del encargado de proyectos especiales de la UAEM y ex subsecretario de Educación durante sexenio de Graco Ramírez, Wistano Luis Orozco García.
Cabe destacar que ambos ex funcionarios universitarios comparten la responsabilidad resarcitoria solidaria con el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por su implicación en el caso de La Estafa Maestra, que mantiene en prisión preventiva a la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.
Inicia CNDH queja de oficio contra funcionarios del penal de Atlacholoaya
Lectura 2 - 3 minutosObstaculizaron el ingreso de personal del organismo para realizar una supervisión en el lugar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio contra los funcionarios del penal de Atlacholoaya que obstaculizaron el ingreso del personal del organismo para supervisar el centro de reinserción social como parte de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).
A través de un comunicado, recordó que el pasado 18 de agosto dos integrantes de la CNDH llegaron al penal varonil de Atlacholoaya para iniciar la supervisión penitenciaria en Morelos, pero se les negó la entrada, primero con el pretexto de que no estaba la directora; luego, que no había suficiente personal de custodia para garantizar su seguridad; y finalmente se les dijo que la CNDH no pidió cita para realizar la inspección, y que regresaran en otra ocasión.
Luego de que el caso fue difundido por los medios de comunicación y luego de una espera de varias horas, se le permitió al personal de la comisión el ingreso, pero para la CNDH hubo una evidente obstaculización de su trabajo por parte de funcionarios del sistema penitenciario estatal.
“En ese contexto, es evidente que tales restricciones, obstaculizan el trabajo del DNSP, al impedir supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, a través de la verificación de las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ello de conformidad con el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Cabe mencionar que, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, manifestó que también se les negó el acceso al mencionado Centro penitenciario.
“En virtud de la gravedad de los hechos, que inciden en la opinión pública nacional y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos adscritos al Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos, esta Comisión Nacional Investigará de oficio el presente caso”, recalcó.
El sistema penitenciario estatal y, en particular el penal de Atlacholoaya, se encuentra en la mira nacional como uno de los penales con mayor inestabilidad, donde prevalece el cogobierno, es decir, que existe una complicidad entre un grupo de reos y funcionarios penitenciarios para tener el “control” de centro de reclusión.
Además, en los últimos diez meses el penal ya acumula casi una veintena de asesinatos violentos de reos por enfrentamientos, motines y riñas, más de 50 lesionados y varios presuntos suicidios.
Pese a la crisis del sistema penitenciario, se mantiene en su cargo el coordinador estatal de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, que forma parte de la ola de funcionarios veracruzanos que se incrustaron en el gobierno estatal.
Piden abogados penalistas cabeza de Guarneros
Lectura 1 - 2 minutosGremio exige esclarecer el asesinato de un litigante.
Por alto número de ilícitos que se registran en el estado y por la falta de resultados en la prevención del delito, la Asociación de Abogados Penalistas pidió la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, luego de que el rumor sobre su posible su salida del cargo ha sido insistente en diversos círculos políticos.
El dirigente de los litigantes penalistas, Efraín Márquez Durán, se sumó a la condena del asesinato del abogado Daniel Benítez Callado, ocurrido el fin de semana en el municipio de Temixco, y consideró que ante este tipo de hechos que lastiman a la sociedad es evidente que el responsable de la seguridad estatal no cumplió con su misión.
En rueda de prensa, señaló que “nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno de Morelos para el efecto de que realice un análisis sobre la destitución del Comisionado Estatal de Seguridad Pública (José Antonio Ortiz) Guarneros, ante las negligencias, ante las omisiones que ha realizado, en trabajos de prevención del delito, para evitar este tipo de actos”, dijo.
También pidió al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que se realicen todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Benítez Callado, pero también de otros litigantes, como fue el caso de Paul Zaragoza Popoca, asesinado en enero pasado dentro de su despacho en la ciudad de Jojutla.
Condena Foro de Abogados homicidio de ex juez cívico
Lectura 1 - 2 minutosContabilizan 32 asesinatos de profesionales del derecho en los últimos ocho años.
El Foro Morelense de Abogados del Estado de Morelos condenó el homicidio del abogado Daniel Benítez Callado y exigió a las autoridades estatales y municipales dar resultado en materia de seguridad.
Benítez Callado, quien se desempeñó como juez cívico en el municipio de Temixco durante el trienio pasado y se dedicaba al litigio, murió tras ser acribillado en la colonia Aeropuerto.
Al conocerse la noticia, el gremio de abogados condenó el lamentable asesinato, al que le preceden cerca de 32 asesinatos violentos de profesionales del derechos en los últimos ochos años.
Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, realizó un llamado enérgico para que los ayuntamientos y el gabinete estatal de seguridad asuman su responsabilidad y de una vez por todas hagan frente a la inseguridad que agobia a la población en la entidad.
“Queremos hacer un enérgico llamado a las autoridades, a todo el gabinete de seguridad pública del estado, a la presidente municipal (de Temixco) y en general a todos los presidentes municipales, para que asuman su responsabilidad de hacer frente a la inseguridad pública”, dijo.
Exigió el esclarecimiento del homicidio de Daniel Benítez Callado, quien fue privado de la vida en el ejercicio de su profesión, e insistió en que las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de realizar las acciones previstas en el marco constitucional, para que los profesionales del derecho y los ciudadanos puedan recuperar la paz que la delincuencia les ha arrebatado.
Sin resolver, más de 300 desapariciones
Lectura 2 - 3 minutosReclaman familias a la FGE por falta de resultados.
Miembros de la organización Regresando a Casa Morelos reclamaron a la Fiscalía General del Estado la falta de resultados en la investigación y esclarecimiento de más de 300 casos de desaparecidos.
Luego de que el 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres y familiares de personas desparecidas acudieron a la ofrenda dedicada a las víctimas, que permanece en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para recordar a sus seres queridos y reprochar la inacción de los responsables de las investigaciones para dar con su paradero.
Previo a la rueda de prensa, la organización Regresando a Casa Morelos comenzó en redes sociales una campaña, acompañada de las etiquetas (hashtag) #MemoriaVivadeTuRecuerdo y #HastaEncontrarlos, con el propósito de visibilizar la lucha de padres, madres, hermanos y amigos contra el burocratismo de la fiscalía estatal y mantener vivo el recuerdo de todos aquellos ausentes.
Ataviada con un rebozo de satén rojo y acompañada de otros madres que también vistieron sus hombros con una tela roja, Angélica Rodríguez Monroy, vocera de la organización Regresando a Casa Morelos y madre de la estudiante universitaria Viridiana Morales Rodríguez, desparecida desde agosto de 2012, reconoció que existe una mesa de trabajo con la FGE y comunicación con el fiscal Uriel Carmona Gándara, pero esto no es suficiente, porque lo que reclaman las familias son resultados en las investigaciones para dar con el paradero de sus seres querido.
Indico que, de acuerdo con estadísticas recopiladas por las diferentes organizaciones de familiares de víctimas y personas desparecidas, se estima que son más de 300 casos no esclarecidos de personas ausentes y cuyas investigaciones sobre su paradero no avanzan.
Señaló que reiteradamente fiscal aseguró que hay disposición a trabajar de manera coordinada, sin embargo, la institución se niega a dar información importante para cada uno de los casos, por lo que difícilmente podrán existir avances.
Dijo que hasta ahora el trabajo realizado con las instituciones solo son mesas de trabajo y promesas de los funcionarios, pero lo que verdaderamente interesa a la familias es dar con el paradero de sus seres querido.
De esta manera, integrantes del colectivo Regresando a Casa advirtieron que continuarán con las acciones para mantener visible la lucha y encontrar respuestas a las dolorosas ausencias.
Denuncia exombudsman robo de su perro y exhibe al presunto ladrón
Lectura 1 - 2 minutosSergio Valdespín Pérez difunde en redes sociales fotos y un video en torno a los hechos.
El exombudsman, Sergio Valdespín Pérez, denunció en redes sociales el robo de su perro y exhibió imágenes del presunto ladrón.
En una primera publicación, el también ex presidente municipal de Cuautla (2006-2009) expresó abiertamente su enojo y describió cómo fue hurtado el cachorro de pastor belga malinois, cuya raza suele ser entrenada para vigilancia y es utilizada por las corporaciones policíacas para la detección de cuerpos y narcóticos.
“Rateros de perros, H.D.S.P.M., en un descuido se abrió el portón y pasaban y se lo jalaron, perro pastor belga malinois. ¡Es un gol de VW gris estamos identificando placas, mejor entrégalo. ¡Colonia Gabriel Tepepa, atrás de la secundaria!”, narró escuetamente.
En un segundo mensaje, el exfuncionario panista exhibió fotos y un video del presunto ladrón, un hombre que conducía el vehículo Volkswagen, vestido con sombrero y camisa a cuadros.
Notablemente molesto, lanzó una advertencia para el presunto ladrón: “Este es el paisa que se chingo el perro, ayuden a identificar, estamos tras él, entrégalo. ¡Te va a salir barato¡”.
En los comentarios de las publicaciones, el exombudsman recibió el apoyo de su sus seguidores, y puntualizó que el can fue un regalo que él le hizo a su nieto, y por ello el gran enojo.
Dimite Martínez Cruz por intromisiones externas en la CNDH
Motociclistas piden seguridad y sana convivencia en Tres Marías
Lectura 2 - 4 minutosHackean sesión zoom de primaria
Lectura 2 - 3 minutosInsta FGE a autoridades del centro educativo a iniciar la denuncia.
La Fiscalía General del Estado espera que en breve los directivos de la Escuela Primaria de Tiempo Completo Francisco I. Madero del municipio de Tepoztlán, presenten la denuncia penal por la irrupción de un hacker en una sesión virtual con padres de familia.
De acuerdo con lo denunciado públicamente por personal directivo del plantel, ubicado en el barrio de Sato Domingo, el pasado 20 de agosto, a través de la plataforma digital Zoom, el personal docente sostenía una videoconferencia con los padres de familia, cuando súbitamente comenzaron a escucharse sonidos e imágenes obscenas.
El hecho desconcertó a los padres de familia y docentes, quienes sin éxito intentaron bloquear los sonidos e imágenes, lo que obligó a la suspensión de la reunión virtual.
A través de un documento, la directiva del plantel lamentó el suceso y anunció el inicio de una denuncia, para que se finque responsabilidad a él o los responsables de la reprobable irrupción cibernética.
“Es así como la comunidad escolar de la Escuela Primaria de Tiempo Completo Francisco I. Madero, exhorta a las autoridades municipales y educativas del estado de Morelos a hacer un alto a estos hechos que vulneran la seguridad de nuestras familias y reducen la garantía de la educación del tesoro más preciado que tenemos: nuestros niños.
“Es injusto que la necesidad que nos trajo la pandemia de usar medios electrónicos, sea un pretexto para denigrar e insultar de tal forma la noble y tan necesaria tarea de educar”, expresó el plantel, a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Facebook.
Tras el incidente, la dirección y los docentes de la primaria decidieron cancelar indefinidamente cualquier reunión virtual a través de cualquier plataforma digital, “toda vez que no existe una garantía en su ejecución y no vamos a exponer a nuestras familia y maestros a tales bajezas”.
Por lo pronto y pese a la contingencia sanitaria que prevalece en semáforo naranja, la comunicación entre profesores y padres de familia se mantiene de manera personal, con el fin de evitar sufrir un nuevo incidente desagradable.
Fuentes de la FGE consultadas informaron que se tiene conocimiento de este caso y se espera que en breve se inicie la denuncia por parte de la dirección del plantel o las autoridades educativas competentes.
Desecha juzgado amparo de magistrado
Lectura 1 - 2 minutosJorge Gamboa Olea impugnó el proceso de designación de Rubén Jasso Díaz como presidente del TSJ.
El Juzgado Segundo de Distrito desechó el juicio de amparo promovido por el magistrado Jorge Gamboa Olea contra el proceso de designación de Rubén Jasso Díaz como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De acuerdo con la resolución del juzgado federal, la designación del titular del TSJ no generó la transgresión de los derechos del magistrado y por ello procedió el desechamiento del juicio de amparo 403/2020.
“En tales circunstancias, aun realizando una interpretación que tienda a la mayor protección del concepto de autoridad para efectos del amparo, el solo hecho de designar al nuevo Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para el periodo comprendido del dieciocho de mayo de dos mil veinte al diecisiete de mayo de dos mil veintidós, no vulnera derechos fundamentales propios del quejoso.
“Máxime que la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia es el elemento teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha encomendado, y en el caso en particular, los actos reclamados no reúnen las características propias de un acto de autoridad emitido con imperio y de forma unilateral, lo que de suyo impide analizar mediante el juicio de amparo como vía extraordinaria las presuntas violaciones que éste produzca, puesto que corresponde a un acto de autogobierno”, dice el acuerdo de desechamiento.
El magistrado Gambo Olea expresó su inconformidad con la resolución y adelantó que promoverá una queja contra el desechamiento.
En tanto, el Juzgado Octavo de Distrito ya admitió el juicio de amparo promovido por la magistrada, Nadia Luz Lara Chávez, y requirió los respectivos informes del acto impugnado al TSJ. De igual forma, se encuentran en tránsito las demandas de amparo promovidas por los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Norberto Calderón Ocampo.
Buscarán despenalización del aborto en Morelos
Lectura 2 - 3 minutosFGE y Conavim anuncian respaldo a la iniciativa elaborada por la CDHEM.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y la Fiscalía General del Estado apoyaron la iniciativa elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) para despenalizar el aborto en la entidad.
A través de un comunicado, la FGE informó que su titular, Uriel Carmona Gándara, sostuvo una reunión con la titular de la Conavim, María Fabiola Alanís Sámano, así como con representantes del sector salud, del Instituto de la Mujer (IMM) y el ombudsman estatal, Raúl Hernández Cruz, para convenir acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Uno de los temas torales de la reunión fue el proyecto de iniciativa elaborado por la CDHM, que buscará despenalizar el aborto, luego de que recientemente se conocieron dos casos de jóvenes que decidieron interrumpir su embarazo y fueron denunciadas ante el agente del Ministerio Público, pero finalmente la FGE decidió no iniciarles un proceso.
“Durante la reunión y en respuesta a los planteamientos sobre la prevención y atención, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, presentó para el análisis y discusión de las autoridades reunidas, una iniciativa de ley para garantizar la interrupción legal del embarazo, misma que fue apoyada por la Conavim, la representación social de la Secretaría de Salud, el IMM y la FGE.
“Tanto la Conavim como el sector salud, coincidieron en promover dicha iniciativa para que pueda ser impulsada por el Ejecutivo como una iniciativa preferente, para ser presentada en la apertura del período ordinario de sesiones, lo que permitiría ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo de 40 días naturales”, detalló el comunicado. .
En tanto, la directora de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud, Erika Marisol Troncoso Saavedra, refirió que la iniciativa debe ser parte de la armonización legislativa y debe ser apoyada para generar las condiciones que permitan avanzar en el tema en los ámbitos estatal y nacional.
En la reunión se analizaron otros temas relacionados con los casos de feminicidio y atención a víctimas, así como la necesidad de fortalecer las fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres.
Abogados obtienen acuses electrónicos de sus demandas
Lectura 1 - 2 minutosDigitaliza el TSJ servicios.
Como parte de la digitalización de los servicios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), obligada por la contingencia sanitaria por el covid-19, los litigantes podrán recibir y consultar los acuses de recibo de las promociones de sus demandas.
De acuerdo con el TSJ, ahora en el Portal de Citas Electrónico podrán consultarse los acuses de recibo de las demandas o escritos iniciales presentados por las y los abogados desde el inicio de la pandemia hasta fecha.
Los documentos digitales están disponibles en el apartado de “Lista de Acuses”, ubicado en el Portal de Citas Electrónico, el cual inició su funcionamiento desde el pasado 8 de junio como una medida preventiva para evitar que se generen aglomeraciones en la reapertura parcial de los órganos jurisdiccionales.
Una vez obtenido el documento, el usuario deberá desplegar la función “buscar” oprimiendo simultáneamente las teclas “Control” más “F” y escribir el nombre de su cliente para visualizar el acuse de sus demandas o escritos iniciales.
Los acuses de las demandas iniciales están disponibles desde el 7 de abril hasta el viernes 21 de agosto, para que los abogados no tengan que asistir a las sedes judiciales y conozcan qué juzgado les fue asignado por el sistema electrónico y de manera aleatoria.
Se escapa Manuel Agüero a Fiscalía Anticorrupción
Lectura 2 - 3 minutosDicha instancia adelanta que volverá a imputar ante un juez al exalcalde de Jiutepec.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) advirtió que volverá a imputar ante un juez al ex presidente municipal de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, quien presumió en redes sociales su “absolución” de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
A través de su cuenta de Facebook, Agüero Tovar difundió de manera parcial el documento de la notificación del falló de la Sala del Circuito Judicial Único en materia de Justicia Penal Oral con sede en Jojutla, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el pasado 14 de febrero por un juez de control dentro de la causa penal JC/1596/2019.
De acuerdo con el ex alcalde, la sala declaró infundados los argumentos expuestos por la fiscalía anticorrupción y la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Jiutepec, que acusaron a Agüero Tovar de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.
Posteriormente, la FECC emitió un comunicado en el que rechazó que el polémico ex edil esté absuelto y adelantó que la fiscalía volverá a formularle imputación.
“La fiscalía anticorrupción volverá a imputar a José Manuel “N” ex presidente municipal de Jiutepec, por peculado y enriquecimiento ilícito, ya que no está absuelto de estos delitos.
“Debido a que se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción volverá a imputarlo por la presunta distracción del dinero recaudado del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019”, explicó al señalar que “el próximo primero de septiembre, la fiscalía anticorrupción imputará de nueva cuenta al ex edil, en tanto, se siguen varias investigaciones en su contra”.
Recordó que Agüero Tovar enfrenta otro proceso penal, por el presunto delito de ejercicio abusivo de la función pública, por haber beneficiado a su familia con un contrato de arrendamiento de un predio, ubicado en la en la colonia Vista Hermosa de Jiutepec, para utilizarlo como corralón municipal.
De acuerdo con la fiscalía, durante todo su trienio (2016-2018) mantuvo el arrendamiento del inmueble que era propiedad de su familia por un monto aproximado de 58 mil pesos mensuales, pese a la evidente existencia de un conflicto de intereses.
FGE niega aprehensión de menor por aborto
Lectura 1 - 2 minutosGrupos feministas han exigido la liberación de la adolescente y la despenalización de la interrupción del embarazo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó la aprehensión de una menor por el presunto delito de aborto, en respuesta a los mensajes de grupos feministas que han exigido la liberación de la adolescente y la despenalización de la interrupción del embarazo.
A través de un escueto y ambiguo comunicado, la fiscalía no confirmó ni negó la historia que circuló en redes sociales sobre una adolescente, identificada como Fátima, de 15 años, que presuntamente ingirió medicamentos para expulsar el producto y posteriormente fue sido detenida, luego de que requirió atención de urgencia y los médicos dieron aviso al Ministerio Público.
“Se ha dado seguimiento a los distintos mensajes y posturas expresadas por activistas y colectivos feministas en donde expresan la exigencia de la hipotética liberación de la menor de edad al señalar que se tenía detenida, e incluso se ha manifestado que se tiene supuestamente privada de la libertad, de acuerdo a dichas publicaciones.
“En algunas de las mencionadas se ha manifestado el apoyo a la menor por su derecho al aborto, y que ha sido presuntamente victimizada por esta institución, misma que tiene la función constitucional de la procuración de justicia, no así, la impartición de justicia que recae en el Poder Judicial.
“Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado manifiesta que a la referida menor de edad Fátima no se le ha tenido detenida y tampoco existe proceso judicial en su contra”, aclaró la institución.
Abogados exigen asignación transparente de magistraturas
Lectura 1 - 2 minutosReiteran que acudirán a los tribunales si la elección incurre en favoritismos.
El gremio de abogados mantiene la presión sobre el Congreso de Morelos, a fin de que lance la convocatoria para concursar seis magistraturas vacantes en los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA) y que las designaciones sean transparentes y apegadas al marco constitucional.
Un grupo de litigantes acudió a la sede el Poder Legislativo a presentar un escrito, en la que fijaron su postura y advirtieron en que no permitirán el influyentismo ni el nepotismo en el nombramiento de los juzgadores de segunda instancia.
La abogada Jessica Vargas detalló que el grupo de litigantes independientes entregó al Congreso un documento en que exigió a los legisladores un proceso totalmente transparente e imparcial, en el que todos los aspirantes estén en igualdad de condiciones para competir por una magistratura.
Destacó que también solicitó que, en cuanto sea lanzada la convocatoria, ésta sea ampliamente difundida y se establezca un plazo de por los menos de 30 días, para que los abogados puedan recopilar y presentar su documentación para postularse y desarrollar un ensayo, en caso de que éste se incluya como requisito.
Adicionalmente, sugirió que el examen escrito a los aspirantes no sea de respuestas abiertas, sino de opción múltiple, de tal manera que no haya duda sobre cuál es la respuesta correcta y se descarte cualquier interpretación ventajosa a favor de algún aspirante.
El grupo de abogados dejó claro que vigilará con lupa la actuación de los legisladores y no permitirá que esta vez las magistraturas sean asignadas a personas que no cuenten con los méritos, con honorabilidad probada, con la calidad académica y profesional que debe tener un impartidor de justicia.
“Nosotros le vamos a estar dando seguimiento a nuestro escrito, a lo que contesten y obviamente a la convocatoria, porque ya estamos hartos de que estos puestos los ocupen compadres, amigos, familiares de los diputados. No queremos eso”, dijo
Indicó que las personas sobre quienes recaigan las magistraturas deben ser incorruptibles y contar con una trayectoria impecable.
Advirtió que, en caso de que el proceso de designación sea amañado y fuera de la ley, los abogados irán a los tribunales a impugnar los nombramientos.
Aprietan austeridad en gobierno estatal
Lectura 1 - 2 minutosDictan nuevas reglas de disciplina financiera a dependencias.
El Poder Ejecutivo estatal emitió un nuevo decreto por el cual estableció medidas extraordinarias de racionalidad y austeridad para hacer frente a los gastos no previstos generados por la contingencia sanitaria en el estado de Morelos.
Con excepción de las áreas que realizan actividades prioritarias con motivo de la atención de la contingencia sanitaria, el gobierno de Morelos ordenó a todas sus dependencias apegarse a las reglas de disciplina financiera y reducir al mínimo indispensable su gasto autorizado no etiquetado, en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, para generar ahorros que permitan, conforme a la normativa aplicable, una reasignación de recursos.
Esto significa que no habrá pago de horas extras, bonos, asignaciones o compensaciones extraordinarias y se suspenderá la petición de contratación de plazas vacantes -con excepción de las áreas operativas de salud y seguridad pública- así como la creación de nuevas plazas y la contratación de personal por honorarios asimilables a salarios.
También se reducirán al mínimo los gastos de combustible, papelería, telefonía móvil, compra de equipos de oficina y cómputo, refacciones, consultorías, servicios profesionales, servicios de difusión por radio, televisión y otros medios, excepto por internet, servicios de impresión y elaboración de material informativo y publicitario, congresos, convenciones y gastos de representación, ayudas sociales a personas, instituciones y cooperativas, donativos a instituciones, y adquisición de muebles de oficina y estantería.
De acuerdo con el decreto, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, “los recursos que resulten de los ahorros o economías a que hace referencia el artículo anterior, se destinarán en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable, en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a programas que la Secretaría de Hacienda, previo el análisis respectivo, determine prioritarios, ya sea para atender la contingencia sanitaria de la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) o para el desempeño de actividades esenciales de la función pública en el Estado”.
Barra de Abogados exige a Congreso transparencia en elección de magistrados
Lectura 2 - 3 minutosSe pronuncian por la designación de personas reconocidas por su profesionalismo, honorabilidad y por el perfil para administrar justicia.
La Barra de Abogados del Estado de Morelos exigió al Congreso evitar las prebendas y el influyentismo en el proceso de designación de magistrados y que los nombramientos recaigan en personas reconocidas por su profesionalismo, su honorabilidad y por contar con el perfil para administrar justicia.
José Luis Urióstegui Salgado, quien se ostenta como presidente del Consejo Directivo Interino de la organización (que atraviesa un conflicto interno por la representación) acudió a la sede del Poder Legislativo con un grupo de abogados barristas para entregar un documento dirigido a cada uno de los diputados, en el que manifiesta su postura en la víspera del lanzamiento de la convocatoria para designar seis nuevos magistrados, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia (TJS) y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Dijo que la petición es que el Congreso del Estado valore todos los perfiles profesionales y que tome en cuenta la preparación, la experiencia, la honorabilidad y el desempeño de todos y cada uno de los abogados que concursen por una de las vacantes.
Afirmó que existe temor fundado de que, por el historial de designaciones anteriores, los nombramientos se realicen con base en intereses particulares o partidistas y mediante prácticas ilegales e inmorales.
“Estamos seguros de que en este tiempo de receso hay muchos intereses que están moviéndose para designar a magistradas y magistrados, que obedezcan más a una cercanía con algún servidor público, que por el conocimiento del derecho”, recalcó.
Advirtió que los barristas estarán pendientes de los términos en los que será lanzada la convocatoria y de que el desarrollo del proceso de designación de magistrados se realice con apego a la Constitución del estado de Morelos. De lo contrario, como profesionales del derecho recurrirán a los medios de impugnación posible.
“Si a pesar de este llamamiento el Congreso determinase seguir el camino de la inconstitucionalidad, haremos valer nuestra oposición en las instancias jurisdiccionales a nuestro alcance, y que los diputados y diputadas tengan la certeza de que lo que hagan indebidamente no quedará impune”, recalcó.
Insistió en que el historial de designaciones a cargo del Congreso está plagado de intereses políticos y relaciones personales que transgreden el marco constitucional, por lo que la Barra de Abogados pugnará porque este proceso sea transparente, que los aspirantes sean evaluados por un organismo nacional y que los cargos sean otorgados a personas competentes, profesionales y honorables.
No hay orden de aprehensión contra exrector
Lectura 1 - 2 minutosJuzgado de distrito dejó sin efecto la suspensión provisional que fue otorgada como medida cautelar al inicio del juicio de garantías.
El Juzgado Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, al no existir una orden de aprensión en su contra.
Tras realizarse la audiencia constitucional, el juzgado de distrito dejó sin efecto la suspensión provisional que fue otorgada como medida cautelar al inicio del juicio de garantías.
De acuerdo con los informes recibidos por el juzgado de distrito de parte de la Fiscalía General de la República y el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, que fueron señaladas como autoridades responsables, no existe orden de aprehensión contra el ex jefe universitario, quien se encuentra implicado en el caso de “La Estafa Maestra”.
Fuentes consultadas informaron que la defensa legal de Vera Jiménez no descarta recurrir a otro juicio de amparo, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una segunda resolución, que confirmó la responsabilidad resarcitoria impuesta al ex rector por la Auditoría Superior de Fiscalización, esta vez por un monto de más de 22 millones de pesos.
Cabe destacar que el pasado 15 de julio, el TFJA confirmó la responsabilidad resarcitoria solidaria del ex funcionario por un monto de 239.3 millones de pesos que, con los más de 22 millones de la segunda resolución, suman casi 262 millones de pesos.
Ordena TEPJF renovar dirigencia nacional de Morena
Lectura 1 - 2 minutosA través de una encuesta, la militancia debe elegir a representantes.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó renovar la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que sea el Instituto Nacional Electoral (INE), quien realice la encuesta abierta a la ciudadanía para elegir a quienes ocuparán la presidencia y la secretaría general del instituto político.
En sesión privada realizada a través de videoconferencia, el Pleno rechazó la petición del dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, para postergar la renovación de la dirigencia hasta 90 días después de los comicios de junio de 2021, porque implicaría modificar por casi un año el cumplimiento de la sentencia principal e incidentales, que ya son cosa juzgada.
Consideró que el partido no ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que, desde la primera determinación, las medidas que se han dictado no han sido eficaces para su cumplimiento.
Por lo tanto, ordenó al partido realizar la renovación de su dirigencia nacional y que sea el INE quien, bajo el método y condiciones que libremente determine, lleve a cabo la encuesta abierta a la ciudadanía, es decir, entre las personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena.
Precisó que la encuesta puede llevarse a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria con las medidas de cuidado a la salud indispensables, y no resulta necesaria la celebración de asambleas conforme a dicho medio de designación.
Con este criterio, recalcó la Sala Superior, se privilegia el orden público e interés social que reviste el cumplimiento de las sentencias, así como el derecho de la militancia a la renovación periódica de sus órganos.
TFJA confirma por segunda ocasión responsabilidad de exrector
Lectura 2 - 3 minutosAhora, por un monto superior a los 22 millones de pesos.
En un segundo fallo, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, ahora por un monto superior a los 22 millones de pesos.
Al resolver el expediente 4811/1917144/292/20PL0104, promovido por Vera Jiménez en contra de la resolución de la Dirección de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) el Pleno consideró infundados los agravios expuestos por el ex rector, quien alegó desde la violación de sus derechos humanos hasta la caducidad del procedimiento de responsabilidad instaurado en su contra.
De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, a cargo del magistrado, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, en octubre de 2014, la ASF emitió las órdenes de fiscalización a la UAEM y a la Secretaría de Desarrollo Social federal, entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y enfrenta cargos por el caso conocido como “La Estafa Maestra” y que involucra a varias universidades estatales.
Posteriormente fue emitido el pliego de observaciones y, en el caso de Vera Jiménez, en marzo de 2018, el órgano fiscalizador dio por no solventadas las irregularidades e inició el procedimiento de responsabilidad resarcitoria.
En enero de 2019, la ASF resolvió que efectivamente el ex rector incurrió en daño a la hacienda pública y le atribuyó la responsabilidad resarcitoria por un monto de 22 millones 462 mil 182 pesos.
En la resolución se declararon infundados los agravios expuestos por el ex jefe universitario y particularmente se subrayó que, aun cuando el procedimiento de responsabilidad se resolvió fuera del plazo de 190 días previsto en la ley, de ninguna forma opera la caducidad, ya que el procedimiento de responsabilidad resarcitoria es muy relevante para la colectividad y, por ello, el legislador no fijó consecuencias o sanciones cuando dichos procedimiento no se resuelven en el plazo.
Al igual que en la sentencia del 15 de julio pasado el TFJA, se expuso que la responsabilidad administrativa impuesta al ex rector fue derivada del convenio firmado entre la UAEM y la Sedesol por un monto de 697 millones 767 mil 700 pesos.
Y es que, aun cuando en noviembre de 2013 la Sedesol dio por ejercidos los recursos y cumplida la prestación de bienes y servicios para el programa “Cruzada contra el Hambre” por parte de la UAEM, no fue hasta días después que la universidad realizó diversos procesos para la subcontratación de varias empresas (algunas de ellas presuntamente fantasmas), en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento.
En la resolución del juicio contencioso administrativo 4808/1917133/165/20PL0704, del pasado 15 de julio, se confirmó la responsabilidad administrativa resarcitoria solidaria de Vera Jiménez por un monto de 239.3 millones de pesos, a cuya cantidad se le suman 22 millones 462 mil 182 pesos de esta segunda resolución.
Por primera vez TSJ realiza audiencia por videoconferencia
Lectura 1 - 2 minutosMediante la tecnología, magistrados resolvieron una apelación.
La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó la primera audiencia a través de videoconferencia, con la cual la administración de justicia inició una nueva etapa, al hacer uso de las tecnologías de la información para el desahogo de los asuntos, luego de que la contingencia sanitaria por el covid-19 obligó a la suspensión de actividades jurisdiccionales por cuatro meses.
Con apoyo de la telemática, los magistrados Jorge Gamboa Olea, Nadia Luz Lara Chávez y Andrés Hipólito Prieto realizaron la primera audiencia por videoconferencia, para resolver una apelación.
Cada uno de los magistrados integrantes de la Primera Sala permaneció en su oficina y las partes implicadas en el caso, previo cumplimiento del protocolo sanitario, ingresaron a la sede judicial y fueron conducidas a otras oficinas, donde se colocaron monitores y equipos de audio y video para realizar la transmisión remota, que permitió la interacción entre los juzgadores y los justiciables y la emisión del fallo.
El magistrado del TSJ Jorge Gambo Olea, consideró que esta audiencia vía videoconferencia marca un parteaguas en la administración de justicia, no solo porque fue la primera en desarrollarse, sino porque quedó manifiesta la voluntad de implementar las tecnologías de la información como factor determinante para avanzar en el desahogo de los asuntos en tiempos de contingencia.
Recalcó que, al dar tránsito a los asuntos judiciales con apoyo de los medios tecnológicos, se cumplió con la responsabilidad y protección de los derechos humanos, como acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, con base en las facultades que previstas en los artículos 44, 47 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La parte técnica corrió a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del TSJ y la logística fue responsabilidad del personal de la Primera Sala.
PRD y MC van a la SCJN contra reforma electoral
Lectura 2 - 4 minutosImpugnan que reformas fueron aprobadas por sólo 13 diputados.
Las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron acciones de inconstitucionalidad contra las recientes reformas realizadas por el Congreso de Morelos a la legislación electoral local.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad 223/2020 y 226/2020, promovidas por el PRD y MC, y que se acumularon con el recurso 139/2020, iniciado por el Partido Social Demócrata de Morelos.
A través de los recursos de control constitucional, los partido políticos impugnaron el decreto 690, publicado el 8 de junio pasado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5832, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.
Esencialmente, los partidos alegaron la violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con solo 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislativos; y se inconformaron con el incremento, del tres a cuatro, del porcentaje de votos totales necesario para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.
Pese a que el PRD solicitó a la SCJN conceder, de manera excepcional y por la trascendencia del tema en víspera del arranque del proceso electoral, la suspensión del acto reclamado, el tribunal constitucional rechazó otorgar la medida cautelar.
“Por lo que hace a la solicitud de suspensión formulada por el Partido Político de la Revolución Democrática, debe señalarse que no ha lugar a acordar de conformidad, primero, porque por regla general, cuando se impugnan normas no existe la posibilidad de conceder dicha medida cautelar, según lo disponen los artículos 14, párrafo segundo, y 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria; y no se actualiza la excepción sobre la interpretación constitucionalmente válida que puede y debe darse al último párrafo de ese numeral 64, en el sentido de que en aquellos casos en que la controversia y/o la acción de inconstitucionalidad se hubiere planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión.
“Más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de Ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado.
“Situación que no acontece en la acción de inconstitucionalidad 223/2020, en virtud de no cuestionar la constitucionalidad de normas generales que impliquen o que puedan implicar la transgresión irreversible de derechos fundamentales”, argumentó la SCJN.
Por lo pronto, el Congreso local y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos han sido emplazados a presentar los informes correspondientes, en contestación a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los tres partidos.
Cabe destacar que a finales de julio, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad 142/2020, promovida por el PRD contra la reforma electoral, en virtud de que no cubrió con algunos requisitos para la promoción, sin embargo, el partido promovió un recurso de reclamación contra el auto de desechamiento, que se encuentra pendiente de resolución.
Acusan obstrucción a supervisión penitenciaria
Lectura 2 - 4 minutosRetardan 90 minutos el ingreso al penal de Atlacholoaya de personal de la CNDH y CDHEM.
Personal de la Coordinación de Reinserción Social obstaculizó el ingreso del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que llegó sorpresivamente a realizar una supervisión al penal más grande de la entidad, donde en los últimos meses han ocurrido constantemente hechos violentos y asesinatos de internos.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas, alrededor de las 10: 30 Horas, se presentaron en el penal de Atlacholoaya, Marta Patricia Orozco Pérez, directora del Área de Supervisión, y Humberto Pettit Gutiérrez, jefe de Departamento, ambos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la CNDH, para llevar a cabo la evaluación correspondiente al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.
Sin embargo, directivos del penal y de la Coordinación de Reinserción Social impidieron su ingreso, con el argumento de que la CNDH no dio aviso del arribo de sus dos funcionarios y no está permitido el ingreso de personas ajenas sin antes cumplir los protocolos penitenciarios.
Por casi dos horas, los representantes de la CNDH permanecieron sentados en la jardinera que se encuentra frente al acceso principal, hasta que se les permitió el ingreso.
A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) detalló que el personal de la CNDH contactó al organismo estatal para solicitar el apoyo institucional, para realizar la inspección de varios de los centros de reinserción social en el Estado de Morelos, pero a los representantes de ambas comisiones se les negó el ingreso.
“Este organismo local recuerda a las autoridades penitenciarias en la entidad, que la obstrucción de la labor de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos puede ser sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable, como puntual y categóricamente lo dispone el último párrafo del artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Es importante destacar que los diagnósticos de supervisión penitenciaria se realizan de manera sorpresiva y aleatoria, con el objeto de verificar las condiciones reales que prevalecen en los centros penitenciarios del país, de ahí que no resulte necesario notificación previa; subrayando que cualquier dilación o entorpecimiento puede viciar los resultados de la inspección. En el caso, esta mañana no se permitió el acceso al centro sino transcurridos 90 minutos, los cuales son considerados una obstrucción atribuible a las autoridades penitenciarias”, recalcó la CDHM en su comunicado.
Informó que, a partir de este incidente, representantes de la CNDH y la CDHM sostendrán una reunión para compartir información sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la entidad.
En contraparte, la Comisión Estatal de Seguridad, también a través de un comunicado, argumentó que fueron aplicados los protocolos de seguridad para el adecuado acceso del personal de las comisiones en compañía de directivos del penal, ya que “en ningún momento es posible abrir el acceso de manera inmediata a ninguna autoridad, toda vez que es necesario cumplir con lineamientos, reglas y protocolos establecidos, a fin de garantizar la seguridad de quienes ingresan a las instalaciones penitenciarias”.
Agregó que, una vez cumplidos los protocolos, se permitió el ingreso a los funcionarios de la CNDH y la CDHM al penal varonil de Atlacholoaya y a la cárcel distrital de Cuautla, así como se acordó una visita al área femenil del CERESO Morelos, como parte del Diagnóstico Penitenciario 2020.
Denuncian a Enrique Alonso y a dos alcaldesas
Lectura 1 - 2 minutosUn ciudadano inicia el recurso por actos anticipados de campaña.
Con el apoyo del Foro Morelense de Abogados, un ciudadano promovió una denuncia por actos anticipados de precampaña en contra del presidente del instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefom), Enrique Alonso Plascencia, y las alcaldesas de Zacatepec y Tetecala, Olivia Ramírez Lamadrid y Luz Dari Quevedo Maldonado.
El abogado e integrante del foro, Daniel Trinidad Figueroa Tejeda, detalló que en calidad de ciudadano, decidió presentar una denuncia ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para efecto de que se sancione a los servidores públicos que aprovechan su encargo y usan el erario para publicitar su imagen en vísperas del arranque del proceso electoral 2020-2021.
Señaló que cada uno de los funcionarios, por medio de sus cuentas de redes sociales, promociona la entrega de apoyos como despensas y fertilizantes a personas vulnerables y campesinos, pero no en actos institucionales sino de proyección personal.
“Si bien es cierto que estamos pasando por una pandemia, también es cierto que ellos no pueden promover su imagen a nivel personal con fines electorales. Por lo tanto nosotros consideramos que se están realizando actos anticipados de campaña. Por lo tanto estamos promoviendo una denuncia ante las autoridades electorales”, detalló.
Explicó que, en el caso específico de Alonso Plascencia, la entrega de apoyos la realiza en calidad de director de Idefomm, lo cual está totalmente fuera de sus atribuciones y hay una evidente promoción personalizada.
En el caso de las alcaldesas, señaló que también ellas han aprovechado las circunstancias que impuso la contingencia sanitaria por el covid-19 para promocionar su imagen.
Dijo que esperan que las autoridades electorales admitan las denuncias, para entonces aportar la mayor cantidad de pruebas en torno a las violaciones a ley electoral en que han incurrido los servidores públicos denunciados por realizar actos anticipados de precampaña.
Juzgados reinician actividades
Lectura 1 - 2 minutosEl Poder Judicial opera sistema de citas y protocolos sanitarios en instalaciones.
En orden y acatando todas las medidas de seguridad sanitaria, los abogados pudieron ingresar a los juzgados en las tres sedes judiciales del Tribunal Superior de Justicia, luego de poco más de cuatro meses de permanecer cerradas al público.
El presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, detalló que los litigantes realizaron con anticipación sus citas y con base en los horarios asignados ingresaron poco a poco a los juzgados a presentar sus demandas.
Explicó que, en el caso de la sede de Cuernavaca, aproximadamente 60 litigantes pudieron ingresar a los órganos jurisdiccionales cada 45 minutos, y en las dos sedes restantes el número de abogados fue menor pero sí representó un flujo importantes.
En los juzgados se observó la aplicación de estrictas medidas sanitarias: cada persona debía portar su propio bolígrafo; las copias de los expedientes podían obtenerse solo dentro de la sede judicial o a través de medios electrónicos; el tiempo máximo de consulta de expedientes fue de 15 minutos; se pidió no ensalivar los dedos para cambiar de página; el uso de cubrebocas obligatoriamente y se prohibieron las reuniones o pláticas en los juzgados o en los pasillos de las instalaciones judiciales.
En seis meses vence plazo para registrar cámaras de videovigilancia
Lectura 3 - 5 minutosEmpresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.
Dentro de un plazo máximo de 180 días naturales, las empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, que será operado por la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Al entrar en vigor la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, así como diversas modificaciones a Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y el Código Penal local, se establecieron plazos de entre 120 y 180 días naturales para acatar lo previsto en la nueva legislación, que tiene como objetivo “regular lo que ya se encuentra en funcionamiento, y al mismo tiempo tener un marco legal que permita la creación y consolidación de un Sistema Estatal de Videovigilancia”, y una coordinación en la materia entre los tres niveles de gobierno.
La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.
Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales que decidan adherirse al sistema mediante convenio.
Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.
También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.
Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.
La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.
También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.
Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública, las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.
De acuerdo con las disposiciones transitorias, en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de su promulgación, el Ejecutivo estatal deberá emitir el reglamento de la Ley de videovigilancia para el Estado de Morelos.
En el mismo periodo, los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos, bandos y disposiciones en materia de seguridad pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, y a licencias para establecimientos mercantiles, conforme a la nueva ley.
De igual forma, las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.
Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.
Actualmente, la CES cuenta con 1,008 cámaras de videovigilancia y Morelos es la undécima entidad en contar con una legislación de esta naturaleza. En los próximos meses, la CES deberá integrar el Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, e informar con cuánto equipos de monitoreo (públicos y privados) cuenta, para realizar tareas de videovigilancia, prevención y persecución del delito.
IMIPE prorroga suspensión de plazos y términos
Reprochan indolencia de FGE en búsqueda de desaparecidos
Lectura 2 - 3 minutosAlma Griselda Nieto, Manuel y Celia Salinas Maya conmemoraron un año más de la desaparición de sus hijos.
Alma Griselda Nieto, Manuel y Celia Salinas Maya conmemoraron un año más de la desaparición de sus hijos. Alma no sabe nada del paradero de su hijo Diego Armando desde hace nueve años. Celia lleva ocho años de doble angustia al no saber nada de su hija, quien estaba a punto de dar a luz a su nieto Max.
Ambas sufren no solo la ausencia y la incertidumbre, sino la indolencia y desdén de los funcionarios de la Fiscalía General de Estado (FGE), quienes detrás de su prepotencia esconden su incapacidad para dar resultados en la búsqueda de personas desparecidas.
La madre de Diego cada año acude a la ofrenda de víctimas, ubicada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para recordar que fue un 13 de agosto de 2011 cuando despareció su hijo, de 28 años, y su vida dio un vuelco doloroso.
“Siempre (en la fiscalía) me dicen lo mismo, que van a trabajar, que van a dar seguimiento. Hasta fecha, el expediente de mi hijo sigue abierto, no han dado carpetazo, pero no han hecho nada absolutamente, no hay resultados, que porque no hay elementos para seguir la investigación”, dijo.
Afirmó que nada la callará y que, junto con otras madres con las que comparte el dolor y la incertidumbre, continuará en la búsqueda de su hijo y otros desaparecidos.
Celia Salinas Maya, madre de Jessica Cerón Salinas, quien despareció el 13 de agosto de 2012, publicó una carta en la que externó su dolor y fustigó la insensibilidad y la miseria de las autoridades, incapaces de dar con el paradero de la joven, quien al momento de su desaparición estaba a días de tener a su bebé.
También apeló a la conciencia de quienes hayan participado en la desaparición de Jessica, para que permitan que la familia dé con su paradero.
“En estos años he vivido la indolencia de las autoridades, la falta de actitud y compromiso por ejercer el bien y justicia, autoridades corruptas que se vendieron a favor de delincuentes, autoridades omisas con tanta falta de sensibilidad hacia las víctimas y desinterés por ejercer su trabajó.
“Estoy aquí y seguiré buscándote Jessy, te abrazo en la distancia y deseo que Dios te acompañe donde te encuentres, eres un pedazo de mi vida que se fue desde tu ausencia, te amo hija y a pesar de la distancia sé que sentirás mi amor porque ese es más fuerte que todo y que cualquier distancia.
“A todos los que han elevado alguna oración por mi hija, que me han brindado su apoyo compartiendo la foto de Jessy, les agradezco de corazón. Por último, a ti que te llevaste a mi hija y que estoy segura de que me leerás y que me imagino no tienes paz en tu vida, te pido me devuelvas a Jessy, sé que con eso algún día Dios te concederá la paz que probablemente buscas”, dijo en su misiva.
Sólo con cita confirmada se ingresará a los tribunales
Lectura 1 - 2 minutosHabrá acceso a los juzgados a partir del próximo lunes.
El Tribunal Superior de Justicia informó que habrá acceso a los juzgados a partir del próximo lunes, pero únicamente a los litigantes que hayan realizado su cita electrónica.
“(Podrán entrar) todos aquellos abogados que ya realizaron su registro en el Portal de Citas Electrónico, que previamente se había generado para la presentación de demandas, sólo deben ubicar la pestaña de acceso a inmuebles y generar la cita correspondiente”, señala el TSJ mediante un comunicado.
Recordó que todos los que ingresen a las instalaciones judiciales, deberán acatar las disposiciones establecidas en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, el cual puede ser consultado en la página web del tribunal.
Los abogados que aún no tienen un registro deberán ingresar al portal electrónico del TSJ, crear una cuenta con su nombre completo, número telefónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), contraseña y correo electrónico para completar el registro, para posteriormente ingresar al Portal de Citas.
Para agendar una cita de acceso a los inmuebles, deberán dar click en la opción del menú “Acceso a Inmuebles”, en el formulario seleccionar la sede a la que acudirán, seleccionar el tipo de cita y fecha en la que asistirán.
Una vez concluido el proceso, el sistema generará de manera automática un acuse que será enviado al correo electrónico proporcionado. El acuse tendrá que ser presentado de manera impresa o digital para validar el acceso.
Obliga TEPJF al PES a reestructurar su directiva
Lectura 3 - 6 minutosPiden a ese instituto político respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido Encuentro Social (PES) hacer reajuste a sus órganos de dirección partidista, para respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.
Además, ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) reformular el acuerdo para la implementación de acciones afirmativas, para garantizar el acceso a cargos de elección popular a los pueblos y comunidades indígenas, y permitir que los municipios indígenas elijan, mediante el método de autodeterminación, a sus autoridades municipales.
Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 61/2020, promovido por Aura Alina Avilés Mejía y otras personas, la Sala Regional consideró que existió falta de convocatoria previa para que todos militantes del PES pudieran participar en un cargo partidista, y que no se cumplió el principio de paridad de género, durante la celebración del congreso estatal del partido realizado el 21 de julio de 2019.
Al declarar fundados los agravios expuestos por la parte actora, el tribunal determinó dejar sin efecto todos los actos realizados ante o por el Instituto Morelense de Procesos Electores y Participación Ciudadana (Impepac), únicamente en lo que concierne al proceso electivo de los órganos internos del PES durante el congreso estatal del año pasado.
Debido a la contingencia sanitaria por el covid-19 y “como medidas excepcionales y extraordinarias”, ordenó al PES “que realice la reposición del congreso estatal, cuando determine que existen condiciones sanitarias en el estado de Morelos, y considere que es viable la protección del derecho a la salud de su militancia y a votar y ser votado, y que la celebración del proceso interno no distraiga en mayor medida las actividades del proceso electoral local a celebrarse en el estado de Morelos.
“En el caso de que no mejore la situación sanitaria en el estado de Morelos y que ello impida realizar el congreso estatal, deberá prorrogar la integración y funcionamiento de sus órganos internos para enfrentar el proceso electoral 2020-2021, en el entendido de que como medida adicional y atemporal, el partido a través de la comisión político estatal electa e integrada conforme al congreso del año pasado, deberá nombrar y hacer los ajustes necesarios, para que la integración de sus órganos internos cumpla con el principio de paridad de género.
“Además de ello, la reunión que lleve a cabo la comisión político estatal para realizar el reajuste de paridad de género en sus órganos internos deberá hacerse en la medida de lo posible vía remota, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la salud de las y los integrantes de dicho comité.
“En el caso de que el partido optara por prorrogar y realizar el reajuste de paridad de género en la integración y funcionamiento de los órganos del partido de manera temporal, para enfrentar el proceso electoral en el estado de Morelos 2020-2021, una vez concluido el proceso electoral, el partido deberá convocar a su congreso estatal conforme a lo ordenado”, determinó la Sala Regional.
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
En cuando a la resolución del juicio para la protección de los derechos político del ciudadano 88/2020 y sus acumulados, la Sala Regional revocó el acuerdo expedido por el Impepac para la implementación de acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
El acuerdo impugnado estableció que las medidas afirmativas se aplicarían únicamente en los municipios indígenas de Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco, ya que los 33 municipios restantes no contaban con al menos un 60% de población de origen étnico y que hablara alguna lengua indígena.
También previó, en cuanto diputaciones, que el distrito IV sería asignado a municipios indígenas y, como medida compensatoria de género, la candidatura correspondería a una mujer, además de que se realizaría oficiosamente una consulta a municipios indígenas, para determinar si el sistema electivo de sus ayuntamientos sería bajo el sistema de partidos o por autodeterminación.
El Pleno de la Sala Regional consideró incorrecto el parámetro del Impepac para determinar la cantidad de población indígena y consideró desmedido el porcentaje (60%) para implementar acciones afirmativas en municipios no indígenas, ya que al estimar esta cantidad no tomó en cuenta el parámetro de auto adscripción como factor fundamental para determinar quiénes son indígenas y cuantificar a la población étnica.
“El factor previsto por el instituto local de 60% para implementarlas (acciones afirmativas) va en contra de la existencia de estas medidas y en perjuicio de la población indígena de Morelos. Ello en virtud, tal como lo ha sostenido la Sala Superior, para que se hagan efectivas las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, las autoridades electorales deben establecer instrumentos a fin de lograr la citada finalidad.
“Haciendo prevalecer los principios de igualdad y no discriminación a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad, además de que, conforme al artículo 2 de la Constitución federal, no se prevé cierto porcentaje de concentración poblacional indígena para la creación de medidas compensatorias en materia electoral a favor de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló en la sentencia.
Sobre la forma de elección de sus autoridades, detalló que el órgano electoral dejó de lado que los municipios indígenas poseen un reconocimiento como organización política y social y su derecho a la autodeterminación, por lo que no existe motivo válido para implementar una consulta para definir si renovarán sus ayuntamientos por medio del sistema de partidos o sus sistema de auto organización.
Sobre la asignación de una diputación, el tribunal electoral resolvió que el Impepac no fundó ni motivo por qué tendría que ser asignada a los municipios indígenas y porqué le correspondería a una mujer.
Por lo anterior, ordenó revocar el acuerdo y emitir uno nuevo, debidamente fundado y motivado, para implementar acciones afirmativas que beneficien a personas indígenas en municipios tanto indígenas como no indígenas y se apliquen medidas compensatorias de género.
Reclama Congreso por la suspensión concedida a Tetela del Volcán
Lectura 1 - 2 minutosLa SCJN concedió el recurso para efecto de que no se aplique el acuerdo por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.
El Congreso del Estado de Morelos promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la suspensión concedida al Ayuntamiento de Tetela del Volcán, para efecto de que no se aplique el acuerdo expedido por Poder Legislativo, por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.
Mediante el recurso de reclamación 77/2020-CA, el Congreso combatió el proveído de 27 de julio de 2020, dictado por el ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 105/2020.
La suspensión impide que las autoridades estatales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asignen la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan (territorio escindido de Tetela del Volcán) y establezcan la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios.
El ayuntamiento de Tetela de Volcán, dentro del recurso de control constitucional, argumentó que el municipio no fue consultado respecto del decreto y fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, sobre todo por el tema de la disputa por el agua entre ambas comunas.
Por lo pronto, la suspensión que impide avanzar en la división territorial ha sido combatida y está en espera de resolución.
No hay denuncias por saqueos en Panteón de la Paz: FGE
Lectura 1 - 2 minutosReiteran llamado a denunciar los robos en decenas de sepulcros.
La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que por el momento no ha recibido ninguna denuncia por el saqueo perpetrado en días pasados en decenas de sepulcros en el Panteón de La Paz en Cuernavaca.
A finales del mes de julio, a través de redes sociales, comenzaron a surgir las primeras alertas de los hurtos que, aparentemente, un solo hombre perpetró en varias tumbas que estaban recubiertas de materiales finos y piezas de herrería.
El hombre, de apariencia humilde y presuntamente originario del municipio de Xoxocotla, fue detenido en al menos dos ocasiones y sus fotografías circularon en diversos grupos en redes sociales, con el llamado a los usuarios del panteón de acudir a revisar las condiciones en que se encontraban los mausoleos de sus seres queridos.
Dos semanas después, surgieron, también en redes sociales, fotografías y videos de más tumbas saqueadas, a las que les habían retirado ventanas, piezas de herrería, mármol, losetas, cruces y hasta urnas con cenizas.
La FGE fue consultada sobre si alguno de los afectados o la propia autoridad municipal, como responsable de la administración del panteón, ya habría presentado alguna denuncia. Sin embargo, la respuesta fue que hasta ahora no hay ninguna carpeta de investigación iniciada por estos hurtos.
Critican abogados penalistas desempeño de la FGE
Lectura 1 - 2 minutosLamentan el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.
La Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos criticó el pobre desempeño de la Fiscalía General de Justicia (FGE) y lamentó el desdén del fiscal estatal hacia los litigantes.
Al tomar protesta como nuevo presidente de la asociación, Efraín Márquez Durán calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscalía y lamentó que, a partir de la contingencia sanitaria por el covid-19, la institución responsable de la persecución del delito haya truncado la investigación e integración de las carpetas de investigación.
Consideró delicado que la fiscalía se encuentre en el letargo, con el alto riesgo de que las evidencias y elementos probatorios para completar debidamente las investigaciones en curso se desvanezcan con el paso del tiempo y, en consecuencia, los delitos queden impunes.
Dijo que será crítico respecto de la labor que realicen las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia y recalcó su crítica hacia el fiscal estatal, quien dejó claro su poco interés por mantener un diálogo con los abogados penalistas.
Incluso, destacó que fue buscado para presenciar la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, pero no hubo respuesta del fiscal estatal.
La nueva Mesa Directiva de la Asociación de Abogados Penalistas para el periodo 2020-2022, estará integrada por: Efraín Márquez Durán como presidente; Alfonso González Mendizábal como vicepresidente; Naybi Ríos Sandoval como secretaria general; Mario Martínez Díaz como tesorero y Jorge Armando Onofre Cuéllar como vocal.
El Consejo de Honor y Justicia de la organización estará integrado por Crhistian Fragoso Velázquez como presidente, Claudia Susana Pantaleón Rodríguez como vicepresidenta, Víctor Hernández Vega como secretario general y Fernando Abarca López como vocal.
Piden máxima transparencia para elegir magistrados
Lectura 2 - 3 minutosConsejo Ciudadano de Seguridad pugna por evitar que los nombramientos obedezcan a intereses políticos.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Rafael Rueda Moncalian, llamó al Congreso a transparentar el proceso de designación de magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA), a fin de evitar que los nombramientos se rijan por “acuerdos de cuota” entre partidos y a establecer como requisito que los aspirantes se sometan a exámenes de control de confianza.
A través de una misiva enviada a los integrantes del Poder Legislativo, resaltó la relevancia del próximo proceso para elegir a seis juzgadores, sobre todo en el contexto de inseguridad y fuertes cuestionamientos al sistema de administración de justicia.
“En el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia hacemos un seguimiento de la problemática de seguridad pública, así como del sistema de justicia penal.
“Reconocemos la importancia del papel que juega la administración de justicia, en la solución de las condiciones de inseguridad que actualmente vivimos y que se relaciona con los altos índices de impunidad. Papel que con frecuencia ha levantado suspicacias fundadas ante la opinión pública.
“De ahí la importancia del nombramiento de los magistrados y que su elección se apegue a los principios de transparencia y máxima publicidad”, recalcó Rueda Moncalian en la misiva dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a cada uno de los legisladores.
Pidió a las y los diputados transparentar completamente el proceso de designación, que se hagan públicas las constancias y antecedentes profesionales de los aspirantes; que se tome en cuenta la opinión de los integrantes de las organizaciones representativas de abogados y jueces que conocen el desempeño profesional de los aspirantes; y que eviten los acuerdos de cuota, con base en el interés de los partidos políticos, en detrimento de los méritos legales, morales y académicos que debe poseer un juzgador.
Consideró imprescindible que el Poder Legislativo se apegue a los requisitos que la Constitución local señala en sus artículos 89 y 90, y que los nombramientos de magistrados recaigan “preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, honradez y probidad en la impartición de justicia, se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, de conformidad con el servicio de carrera judicial”.
También creyó necesario una efectiva paridad de género en las designaciones y que, por primera vez, se les exija a los aspirantes a magistrados someterse a los exámenes de control de confianza y se conozcan sus declaraciones de bienes patrimoniales y conflictos de interés.
De acuerdo con el Congreso, tentativamente en el mes de septiembre, tras el inicio del nuevo periodo de sesiones, estará lista la convocatoria para someter a concurso las seis vacantes que quedaron en el TSJ y el TJA, luego de que el pasado 13 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la extensión, de 14 a 20 años, del periodo de los magistrados.
En riesgo de prescribir, las denuncias contra Graco
Lectura 2 - 3 minutosFiscales responden a intereses del exmandatario: Sotelo Salgado.
El especialista en derecho penal Cipriano Sotelo Salgado advirtió que el ex gobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, podría no llegar a no ser acusado penalmente en los tribunales si las carpetas de investigación iniciadas en su contra no son integradas debidamente y en tiempo.
Expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que prosperen las investigaciones que la actual administración estatal inició contra el perredista por la presunta comisión de delitos como ejercicio indebido de la función pública y peculado, ya que durante dos años ninguna de las carpetas de investigación han sido judicializadas.
Consideró que es claro que los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmina Gándara y Juan Salazar Núñez, responden a los intereses del ex mandatario estatal y existen pocas probabilidades de que actúen contra quien los impuso en el cargo.
Expresó que posiblemente esta fue la razón por la que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó el apoyo de la Federación para que, conforme a su competencia, inicie investigaciones paralelas.
“Probablemente lo que moleste a la sociedad, y que el gobernador lo hace patente el día de ayer, es que en dos años no ha pasado nada, pero yo lo digo muy claro, con estas autoridades (el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción) van a pasar los seis años y no va a pasar nada”, dijo.
Advirtió que en carpetas de investigación en el que se indagaba la posible comisión de ejercicio indebido de la función pública por parte del ex gobernador, existe la posibilidad de que el delito haya prescrito.
“Prescriben los delitos atendiendo a la sanción que tiene estipulada en la ley, y dice el Código Penal que prescriben cuando transcurren las dos terceras partes del máximo de la pena, y si el máximo de la pena es de dos años, ya trascurrió más de un año y ya están prescritos los delitos de ejercicio indebido del ejercicio público”, explicó.
Señaló que en el caso del delito de peculado la pena es de 10 años y ya han transcurrido dos, pero el tiempo pasa muy rápido y si las carpetas no se integran debidamente y judicializan en tiempo, llegará la prescripción y el ex mandatario nunca llegará a pisar un tribunal.
Afirmó que todo indica que no existe interés de los fiscales para proceder contra el ex gobernador, pero también se debe analizar si las partes denunciantes han aportado todos los elementos para la debida integración de las carpetas de investigación.
Agregó que está descartada la posibilidad de un juicio político contra Graco Ramírez, ya que la ley establece que puede ser sometido a este procedimiento durante su gestión y hasta un año después de dejar el cargo, cuyo plazo ya feneció.
Buscan acelerar indagatorias sobre desaparecidos e identificación de cuerpos
Lectura 1 - 2 minutosFiscalía y organizaciones acuerdan generar mecanismos para acceder a bases de datos.
La Fiscalía General del Estado e integrantes de colectivos de víctimas acordaron crear mecanismos para facilitar el acceso a las bases de datos, con el fin de acelerar la integración de carpetas de investigación sobre personas desparecidas e identificación de cuerpos.
Luego de las constantes quejas de las agrupaciones de víctimas y familiares de desaparecidos sobre los obstáculos institucionales para acceder a los archivos y bases de datos, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se reunió con representantes de colectivos para establecer acuerdos específicos que permitan avanzar en la búsqueda de personas e identificación de cuerpos.
De acuerdo con un comunicado de la FGE, se pactó buscar los mecanismos y el protocolo correspondiente para que la Comisión Estatal de Búsqueda tenga acceso a la información que necesita de la fiscalía, para avanzar en los trabajos de mapeo, análisis, coordinación y búsqueda.
También, la fiscalía se comprometió con los colectivos a facilitar la consulta de cada investigación, a través de reuniones permanentes para dar seguimiento a cada uno de los casos registrados y establecer los mecanismos para que las autoridades de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y otras autoridades, tengan la posibilidad de consultar las bases de datos genéticos, como parte de las acciones para coadyuvar en la búsqueda de personas.
Finalmente, se acordó crear una base de datos con los archivos de características, propiedades, tatuajes y demás indicios, que pueda ser consultada por sexo, edad, fecha de desaparición y señas particulares de víctimas, para apoyar con el proceso de identificación de personas no localizadas en Morelos y de otras partes del país.
En representación de víctimas y colectivos participaron en la reunión Angélica Rodríguez Monroy, Ina Zoon, Edith Hernández, Nydia Guadalupe Morales, Irma Rosaba Ramos, Tranquilina Hernández, Celia Salinas y Amalia Alejandra Hernández.
Crean nuevo juzgado civil en Xochitepec
Lectura 1 - 2 minutosSu titular es designada de manera interina y por un plazo de tres meses.
El Tribunal Superior de Justicia puso en funcionamiento el Juzgado Segundo Civil del Octavo Distrito Judicial de Xochitepec, cuyo órgano fue recientemente creado para despresurizar la carga de trabajo y acercar los órganos jurisdiccionales a la población.
En medio de estrictas medidas sanitarias, los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo tomaron protesta a la titular del nuevo juzgado, Miriam Cabrera, quien fue designada de manera interina y por un plazo de tres meses.
La apertura se realizó únicamente con el 30 por ciento del personal asignado y con base en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, que obliga a la colocación de señalizaciones y mamparas, así como una logística apropiada, para impedir la aglomeración de personas, una vez que se reanuden los plazos y términos procesales a partir del próximo lunes 17 de agosto.
El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, recalcó que en todas las sedes judiciales el personal cuenta con cubre bocas, caretas y gel antibacterial para evitar la propagación del coronavirus, y detalló que se analiza cuál será la metodología y la logística que se aplicará en los juzgados para evitar concentraciones y tumultos a partir del próximo lunes, cuando se tiene previsto la reactivación de los plazos procesales.
La “Ley Olimpia” ya está en vigor
Lectura 2 - 4 minutosSe tipifican los delitos contra la intimidad y la violencia digital contra las mujeres.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la reforma al Código Penal del Estado de Morelos por la cual se tipifican los delitos contra la intimidad y la violencia digital contra las mujeres.
Esta reforma, conocida también como “Ley Olimpia”, no solo tipificó sino estableció severas penalidades a quienes distribuyan o compartan imágenes íntimas, sin el consentimiento de la víctima, con fines lucrativos o para atentar contra la dignidad de la persona.
De acuerdo con la modificación legislativa, el capítulo de “Delitos contra la intimidad personal o familiar” del Código Penal fue renombrado como “Delitos contra la intimidad”, y el artículo 151 Bis fue reformulado para abundar sobre la conducta delictiva y endurecer las penas contra quienes, “utilizando cualquier medio, revele, difunda, exhiba, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique imágenes, audios o videos con contenido real, manipulado o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, en perjuicio de quien aparezca en el mismo y sin el consentimiento de la víctima”.
Anteriormente se establecía una pena seis meses a cuatro años de prisión y multa de 200 a 500 veces la unidad de medida y actualización para quienes revelaran y difundieran imágenes o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico sexual en perjuicio la víctima, pero con la reforma la pena se incrementó a cuatro y hasta ocho años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización.
Los delitos contra la intimidad se perseguirán por querella, salvó cuando entre el agresor/sujeto activo y la víctima exista o haya existido una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho, aun sin convivencia, o de confianza, de amistad, afectiva o de vecindad con la víctima o comparta el uso de espacios, educativos o laborales, culturales, deportivos o sociales comunes con ella, o haya relación de subordinación o superioridad.
También se perseguirá de oficio cuando la conducta se haya cometido con fines lucrativos; en contra de personas adultas mayores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no se puedan resistir; y cuando haya existido violencia en la comisión del delito. En estas hipótesis, las penas y sanciones se aumentarán hasta en dos terceras partes.
Adicionalmente, la autoridad competente podrá ordenar el retiro inmediato de la publicación a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos, servidor de internet, red social, administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o cualquier otro donde sea publicado o compilado el contenido intimo no autorizado.
Paralelamente, entró en vigor la reforma la fracción IX del artículo 20, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para redefinir la violencia digital contra las mujeres como “cualquier acto que se presenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño moral a ellas y/o su familia.
“Se manifiesta mediante al acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.
La denominada “Ley Olimpia” es un conjunto de reformas a las legislaciones penales de los estados, que tienen como finalidad tipificar la violencia digital contra las mujeres y sancionar el acoso y la vulneración de la dignidad de la persona, así como para proteger el derecho a la intimidad y el libre ejercicio los derechos sexuales, principalmente de las mujeres. Con Morelos, suman ya 17 entidades que han realizado modificaciones a sus legislaciones locales.
El mote de “Ley Olimpia”, surgió del activismo de Olimpia Melo Cruz, originaria del estado de Puebla y quien en 2014 fue víctima de su ex pareja, que exhibió fotos íntimas y la expuso al escarnio público.
A partir de la difusión de su caso, surgieron más víctimas y Olimpia, junto con un grupo de mujeres y organizaciones civiles, exigió al Congreso de Puebla la tipificación de los delitos contra la intimidad y el reconocimiento de la grave a violencia digital contra las mujeres.
Dan sentencia de 20 años a El Carrete
Lectura 1 - 2 minutosTambién enfrenta tres procesos penales más por delitos contra la salud y secuestro.
Un juez federal condenó a 20 años de prisión al ex líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, al demostrarse su responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en su hipótesis de narcotráfico.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal del Tercer Circuito determinó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aportó elementos suficiente para acreditar las conductas ilícitas imputadas a “El Carrete” o “El Señor de los Caballos”.
Mazari Hernández fue detenido el 1 de agosto de 2019, en el municipio guerrerense de Leonardo Bravo, donde durante varios días mantuvo un enfrentamiento con un grupo rival por el control del corredor Cuernavaca-Chilpancingo para el trasiego de droga.
Durante casi seis años fue considerado como el criminal más buscado de Morelos y también el más escurridizo, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de la administración del otrora gobernador perredista Graco Ramírez logró burlar por lo menos siete operativos.
Su base de operación fue la zona sur de Morelos, especialmente el municipio de Amacuzac, que fue gobernado por su tío, Alfonso Miranda Gallegos, quien siendo nuevamente candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, fue detenido el 7 de mayo de 2018 y enfrenta un proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Otros familiares de Mazari Hernández que presuntamente participaron en actividades ilícitas posteriormente fueron detenidos, sometidos a proceso penal y sus casos están pendientes de sentencia.
“El Carrete” era considerado uno de los principales generadores de violencia tanto en Morelos como en Guerrero, al mantener una sangrienta rivalidad con otras agrupaciones criminales por el control de zona.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco, donde cumplirá su condena. También enfrenta tres procesos penales más por delitos contra la salud y secuestro.
Convocan a elecciones en 2021
Lectura 1 - 2 minutosUn mes antes de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral para el inicio del proceso comicial del próximo año, el Congreso del estado publica la convocatoria correspondiente con la descripción de etapas y plazos
El Congreso del Estado de Morelos lanzó la convocatoria a los morelenses y partidos políticos para participar en el proceso electoral ordinario correspondiente al año 2021, para la renovación de los ayuntamientos y el Poder Legislativo.
La convocatoria fue publicada este 8 agosto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en cumplimiento de los artículos 40, fracción XXXIV, de la Constitución Local, y 19, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que establecen que corresponde al Congreso del Estado de Morelos convocar a elecciones de gobernador, integrantes del Congreso Local y ayuntamientos, y que dicha convocatoria debe expedirse 30 días antes del inicio del proceso electoral.
Es así que en la primera semana del mes de septiembre, el proceso electoral iniciará formalmente con la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que al efecto sea convocada en los plazos y términos establecidos por el artículo 160 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
El proceso electoral comprenderá las etapas de preparación de la elección, la jornada electoral y la de resultados y declaración de validez de las elecciones.
Durante estas tres etapas, los partidos políticos y los ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral ordinario del año 2021, deberán sujetarse a las disposiciones legales y plazos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y a las normas secundarias y reglamentarias aplicables en la materia.
En cuanto a tiempos, la convocatoria recalcó que la duración de las campañas electorales para la elección de diputados locales, así como de los integrantes de los ayuntamientos de la entidad, será de 45 días naturales, mientras que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes (30 días) que el periodo establecido para las campañas electorales.
Exalcalde sale libre bajo fianza
Lectura 1 - 2 minutosEn otra audiencia se determinará si es sometido a proceso.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusó al ex presidente municipal de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, de haber pagado casi medio millón de pesos a una empresa sin realizar la obra contratada.
Tras su detención la mañana del martes por agentes de Investigación Criminal adscritos a la fiscalía anticorrupción, una juez de control impuso como medida cautelar al ex edil la presentación de una garantía económica de 50 mil pesos y acudir a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
La juez otorgó a la defensa 144 horas para la continuación de la audiencia inicial, dónde se determinará si continúa el proceso contra el ex funcionario municipal, a quien la fiscalía le imputa haber cometido presuntamente los delitos de ejercicio abusivo del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Según la FECC, presuntamente el ex alcalde pagó indebidamente 496 mil 248 pesos a la empresa “Catersa S.A. DE C.V.” para realizar la obra denominada “Contra ademe y rehabilitación del pozo número 1, Tulipanes” en la colonia Benito Juárez, pero esta nunca fue realizada.
Trabajaban en Morelos funcionarios de la judicatura sancionados
Lectura 1 - 2 minutosFueron inhabilitados al acreditarse que incurrieron en hostigamiento sexual y laboral.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionó a dos ex funcionario judiciales del Decimoctavo Circuito, al acreditarse que ambos incurrieron en hostigamiento sexual y laboral.
A través de un comunicado, el órgano responsable de la administración y vigilancia de los órganos jurisdiccionales federales informó que un magistrado en retiro y uno de sus secretarios (José Francisco Nieto González y Ricardo Pérez Montufar, respectivamente) del Tribunal Unitario de Circuito del estado de Morelos, fueron inhabilitados por un año para ejercer cargos públicos.
“Lo anterior, derivado de actos graves de hostigamiento sexual y laboral, así como infracciones relacionadas con el profesionalismo con el que deben de conducirse los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). El CJF ha adoptado, y seremos firmes en ello, un compromiso de cero tolerancia ante la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones”, subrayó el CJF en su comunicado.
Recalcó que “conductas como las de hostigamiento sexual y laboral, así como faltas al estándar de profesionalismo que hemos trazado, no serán toleradas por principio al servicio público de justicia que prestamos y por respeto al trabajo de los cientos de juzgadores y juzgadoras que día a día demuestran su responsabilidad con una sociedad más justa e igualitaria”.
También informó sobre la destitución e inhabilitación por 10 años del ex director general del Instituto de la Judicatura Federal (IJF) por habérsele encontrado responsable de la filtración, y eventual comercialización, de información confidencial sobre el 28º concurso interno de oposición practicado por el IJF en 2018.
Otros ex funcionarios judiciales implicados en el caso, también recibieron sanciones en función de su participación.
Lamenta CIDH omisión para frenar feminicidios
Lectura 1 - 2 minutosEstán por cumplirse cinco años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de Morelos.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos lamentó la “cadena consecuente y permanente” de omisiones de los tres niveles de gobierno para combatir la violencia feminicida.
A unos días de que se cumplan cinco años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), la organización independiente recalcó que durante este lustro las autoridades han recurrido a la simulación y los pretextos para no avanzar en el cumplimiento cabal de las 15 recomendaciones que fueron ordenadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
“Lo que hemos visto es una cadena consecuente y permanente de excusas, por todos los gobiernos de todos los colores (partidos)”, recalcó Paloma Estrada Muñoz, coordinadora de Investigación de la organización, que desde hace 20 años documenta la violencia de género en Morelos y que fue la peticionaria de la AVG.
Indicó que primero se pretextó que si la AVG se operaba bajo un nuevo reglamento; luego que se avecinaba el proceso electoral; seguido de las autoridades entrantes que decían desconocer el tema; posteriormente que no había recursos para llevar a cabo diversas acciones; y, ahora, el pretexto es que hay contingencia sanitaria.
Señaló que en lo que va del 2020 han sido perpetrados 44 feminicidios, siendo el mes de marzo con el mayor número de casos (10), seguido por julio (9) y mayo (7).
Indicó que, de acuerdo con las estadísticas recabadas por la comisión y contrastadas con las de la Fiscalía General del Estado, en los últimos 20 años se han cometido en Morelos mil 235 feminicidios, de los cuales casi una tercera parte ocurrió en el último lustro.
Carmen Cuevas, ante un juez por desacato
Lectura 2 - 3 minutosExhiben a sancionados por violencia política
Lectura 2 - 3 minutosRequieren a exdirectivos de la Barra de Abogados documentos y dinero
Lectura 2 - 3 minutosEl recién reelecto presidente de la Barra de Abogados, Cristián Iván Velazco Alcocer, requirió formalmente a los ex integrantes de la Mesa Directiva la entrega de los recursos acumulados de las cuotas de los asociados.
En medio de la polémica disputa por la representación de los litigantes barristas, Velazco Alcocer emitió sendos oficios dirigidos a Monserrat Bosco Ramírez y Nora Tania Jaimes Servín, ex tesorera y ex vicepresidente de la organización, para efecto de que realicen el proceso de entrega recepción de la documentación y los recursos de las cuotas de los agremiados en favor de Marilyn Cristina Rivera Sánchez y Alexis Velazco Alcocer, electos en la asamblea del 1 de agosto como nueva tesorera y vicepresidente.
“Solicito a usted se realice la entrega recepción de todo el recurso económico que obran (sic) en su poder, al igual que los estados financieros del recurso económico del que usted era responsable hasta el 1 de agoto de la presente anualidad que se realizaron las elecciones correspondientes para el cambio de directiva para el periodo 2020-2022….”, detalla el documento difundido en redes sociales por Velazco Alcocer.
De acuerdo con el oficio, las ex integrantes de la Mesa Directiva deben hacer entrega de toda la información y documentación relacionada con los recursos depositados en una cuenta bancaria, que las ex representantes barristas manejaban de manera mancomunada, conforme a lo previsto en los estatutos de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.
Emplazó a ambas abogadas para acudir el próximo 7 de agosto de 2020 a un domicilio en la colonia Centro, de la capital morelense, para llevar a cabo la entrega recepción de los recursos, cuyo monto se estima en 350 mil pesos aproximadamente.
Actualmente, la Barra de Abogados se encuentra en una disputa interna por la titularidad de la representación. Por un lado, está Velazco Alcocer, quien se reeligió en el cargo, después de una reforma a los estatutos realizada en julio pasado para establecer, “por única ocasión” la posibilidad de reelección, justificada por las circunstancias especiales de la contingencia sanitaria por el covid-19.
Por otro lado, está el abogado José Luis Urióstegui Salgado y un grupo de ex presidentes de la Barra de Abogados, que conformaron un consejo interino y convocaron a elección de la nueva Mesa Directiva para la primera semana de octubre. Este bando de la Barra de Abogados no reconoce a Velazco Alcocer como su dirigente y consideró ilegal su reelección, porque su periodo feneció el 2 de junio y los estatutos prohíben la reelección.
Valida SCJN reformas locales en materia de asentamientos humanos
Lectura 1 - 2 minutosLas modificaciones fueron hechas por el Congreso de Morelos como parte de las acciones de reconstrucción en municipios, ante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y para generar una mejora regulatoria en la materia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversas reformas realizadas por el Congreso de Morelos a normas locales en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, como parte de las acciones para apoyar la reconstrucción en los municipios que registraron fuertes afectaciones por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y para generar una mejora regulatoria en la materia.
Al resolver la controversia constitucional 96/2018, promovida por el Ayuntamiento de Zacatepec, que consideró que las reformas invadían competencias y violentaba la autonomía municipal, en Pleno de la SCJN, en sesión virtual, reconoció la validez de los artículos 13 del Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos; 16, 17 y 37 Bis del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Ordenamiento Territorial, y 26, fracción III, del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en Materia de Fusiones, Divisiones, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos.
Lo anterior, por considerar que los preceptos no privaban a los municipios de los ingresos establecidos a su favor, sino que se limitaban a regular distintas cuestiones de asentamientos humanos en el estado de Morelos.
También concluyó que dichos artículos no violaban la autonomía hacendaria municipal contenida en el artículo 115 fracción IV constitucional.
Piden paridad de género en designación de magistraturas
Lectura 2 - 3 minutosPlantean crear una convocatoria exclusiva para mujeres.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos exhortó al Congreso local a contemplar la paridad de género en la designación de magistraturas y crear una convocatoria exclusiva para mujeres, como acción afirmativa para reducir la brecha de la desigualdad en el Poder Judicial.
Por medio de una misiva, la titular del (IMEM), Flor Desiré León Hernández, llamó a los diputados y diputadas de la LIV Legislatura a aplicar la reforma constitucional federal, promulgada el 6 de junio de 2019, que garantiza la paridad de género en los tres poderes, así como a la reforma local del 10 de junio de 2020 que establece la paridad constitucional en el gabinete, los tribunales, la legislatura, las candidaturas y los gobiernos municipales.
Consideró que el Congreso debe emitir, como una acción afirmativa, una convocatoria pública exclusiva hacia mujeres para acceder a los cargos de magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
“No es reiterativo señalar que las acciones afirmativas tienen como finalidad acelerar la mejora de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como compensarlas”, explicó la titular del instituto en su misiva.
Este pronunciamiento se suma al realizado hace unos días por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ex magistrado del TJA, Carlos Iván Arenas Ángeles, quien recordó que, particularmente, el tribunal administrativo ha sido integrado y dirigido en los últimos años exclusivamente por varones, por lo que llamó a los diputados a privilegiar a mujeres en las próximas designaciones de las magistraturas.
Tras la resolución del 13 de julio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años, quedaron inmediatamente vacantes seis magistraturas, cuatro en el TSJ y dos en el TJA.
Sin embargo, también está pendiente la designación de dos magistraturas más en el TJA, luego de la reforma que amplió de cinco a siete el número de magistrados integrantes de este tribunal, y cuya convocatoria para el nombramiento de magistrados quedó congelada, luego de varios amparos promovidos por diversos aspirantes.
Abogados exigen la reapertura de juzgados
Lectura 2 - 4 minutosProtestaron contra el reinicio de actividades a puerta cerrada en el TSJ.
Diversas organizaciones de abogados protestaron contra el reinicio de actividades a puerta cerrada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y exigieron la apertura total de los juzgados.
Integrantes del Colegio de Morelense de Abogados, del Colegio de Abogados del Estado de Morelos y litigantes independientes se agruparon afuera del TSJ para exigir al magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz, la reactivación al cien por ciento de las actividades jurisdiccionales, tras cuatro meses de parálisis debido a la contingencia sanitaria por el covid- 19.
Aunque estaba planeada para este lunes el inicio de una huelga de hambre de abogados en la explanada del TSJ, finalmente los litigantes decidieron posponer la acción unos días más, en espera que las protestas de los postulantes ejerzan efecto sobre quienes dirigen el Poder Judicial.
Enrique Paredes Sotelo, representante del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, consideró insostenible que los juzgados permanezcan cerrados, no sólo por las afectaciones económicas a los abogados sino por el impacto que se ocasiona a los justiciables, que no ven respuesta institucional a sus demandas.
Dijo que sigue en pie la intención de realizar la huelga de hambre si no se atiende la exigencia de reapertura de las actividades jurisdiccionales, porque los abogados no obtienen ingresos por sus servicios legales y su subsistencia está en riesgo, “porque nos morimos de hambre o nos morimos de covid o nos morimos sin trabajar”.
Por separado, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, coincidió con la exigencia de sus homólogos y cuestionó el trabajo realizado por quienes dirigen en Poder Judicial, al considerar que no respondieron debidamente a las circunstancias que generó la pandemia y no han mostrado un trabajo verdaderamente eficiente, que permita destrabar el sistema de administración de justicia.
“Al Foro Morelense de Abogados no nos van a engañar, el llamado es para que se pongan a trabajar en el TSJ, todos. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que se tiene que administrar justicia en razón de los justiciables, pero pareciera que les es muy conveniente no iniciar actividades jurisdiccionales. El llamado a quien está dirigiendo el tribunal es que abran ya”, recalcó.
Advirtió que, al no haber acceso a la justicia, se corre el riesgo de que la sociedad busque “mecanismos extraoficiales” para resolver sus conflictos, por lo que insistió en que no puede postergarse más la reapertura de las actividades jurisdiccionales.
Así, los litigantes independientes y organizados manifestaron su inconformidad con la determinación del Pleno del TSJ de reiniciar actividades a puerta cerrada y solo con el 30 por ciento del personal y la reactivación de plazos y términos procesales hasta el 17 de agosto.
A través de un comunicado, el TSJ informó que el magistrado presidente del TS, Rubén Jasso Díaz, recibió a una comisión de litigantes inconformes, para aclarar algunas inquietudes sobre la nueva operatividad de los juzgados, y reiteró su disposición al diálogo y al trabajo coordinado a favor prioritariamente de los justiciables
“Hoy vieron abogados, hicieron un recorrido para que conocieran cómo se está llevando a cabo la actividad, las promociones y demandas que se han estado recibiendo. Se les dio una explicación y se disiparon algunas dudas que tenían, afortunadamente están a la espera de que todo funcione favorablemente”, expresó Jasso Díaz en el comunicado.
También se informó que el magistrado presidente realizó un recorrido por la sede del TSJ para verificar el cumplimiento del “Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos”, aprobado por el Pleno para la reanudación de labores jurisdiccionales y administrativas a puerta cerrada.
Lamentan retraso en modernización judicial
Lectura 2 - 3 minutosEl Poder Judicial del estado reinicia actividades jurisdiccionales.
La vocera del Colegio de Postulantes del Estado de Morelos, Norma Delgado Díaz, lamentó que Morelos esté en el último lugar del ranking nacional como el sistema de justicia más rezagado en modernización y digitalización de sus servicios.
Dijo que está parcialmente conforme con las condiciones en las que hoy el Poder Judicial del Estado de Morelos reinicia actividades jurisdiccionales, pues la admisión y desahogo de asuntos será muy lenta.
Indicó que otras entidades, donde también litigan muchos abogados morelenses, cuentan con servicios digitales que durante la pandemia han permitido dar continuidad a los asuntos judiciales, pero lamentablemente Morelos está rezagado en la modernización y aplicación de las tecnologías de la información para hacer frente a los retos de la “nueva normalidad”.
Dijo que el Poder Judicial local reaccionó lento y tarde a los nuevos retos, aunque también reconoció que la falta de reformas legislativas y la asignación de recursos para la modernización del sistema de administración de justicia es uno de los factores que mantiene a Morelos en el último lugar en el ranking nacional por el rezago en la digitalización de servicios.
Instó al Congreso local para que a la brevedad posible realice las adecuaciones legislativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y reasigne recursos, para que se pueda avanzar en la modernización de los trámites y servicios que ofrecen los diversos tribunales, ya que Morelos no puede seguir más en el rezago.
Por lo pronto, el Tribunal Superior de Justicia reiniciará hoy actividades a puertas cerradas únicamente con el 30 por ciento de su personal, mientras que el resto de los trabajadores laborarán desde sus casas, y la reanudación de plazos y términos procesales será a partir del 17 de agosto.
Durante los próximos 15 días se llevará a cabo la organización de las publicaciones y notificaciones de todos los acuerdos y sentencias que se emitieron durante el tiempo que duró la suspensión de labores para evitar aglomeraciones, y se determinará la metodología y logística para el ingreso seguro de los abogados litigantes y público en general a esta nueva normalidad.
También se realizará la organización, capacitación, captura documental y puesta en marcha del Sistema Electrónico de Autoconsulta De Expedientes (SEAE), para consulta de los acuerdos y resoluciones que se dicten en los procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales, únicamente con fines informativos.
También se habilitarán las listas de acuerdos digitales con código de respuesta rápida (QR) en las secretarías y actuarías de los órganos jurisdiccionales, en sustitución de las listas físicas para consulta del público en general.
Se reelige Velasco Alcocer en la Barra de Abogados
Persiste disputa entre Tetela del Volcán y Hueyapan
Lectura 1 - 2 minutosTetela impugna el decreto por el cual el Congreso local estableció los términos de delimitación territorial con el recién creado municipio indígena
El municipio de Tetela del Volcán recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el decreto, por el cual el Congreso local estableció los términos de delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.
El Ayuntamiento de Tetela del Volcán inició la controversia constitucional 105/2020 en la que “se demandan por los vicios propios los efectos y consecuencias derivados de la entrada en vigor del decreto número seiscientos noventa y tres por el que se resuelve la controversia iniciada respecto a la delimitación territorial entre los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán”.
El gobierno municipal argumentó que el municipio no fue consultado respecto del decreto y fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, sobre todo por el tema del agua entre ambos municipios.
Incluso, a pesar de que el decreto legislativo reclamado permite asignar la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan y establecer la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios, se han generado diversos conflictos sociales entre la población de ambas localidades, sobre todo por la distribución de agua de los manantiales
SCJN avala nombramiento del fiscal anticorrupción
Lectura 2 - 4 minutosHace válida la facultad legal del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar directamente la designación.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad legal del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para designar directamente al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC), cuyo nombramiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 65/2018, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 11 de julio de 2018, la Corte validó la facultad del fiscal general para designar libremente al fiscal especializado, porque no contraviene ninguna disposición constitucional y está en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.
El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, estableció que en “la propuesta se destaca que no se trata de una decisión absoluta, pues se encuentra sujeta a cumplir los requisitos que al efecto establece el artículo 77” de la Ley Orgánica de la FGE.
Señaló que conforme, a los artículos 79 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 3 de la Ley Organiza la FGE, la fiscalía es un órgano autónomo, por lo que “es constitucionalmente justificada” la facultad del titular de la institución para designar al fiscal especializado.
Además, señaló, entendiendo y atendiendo a las funciones del fiscal anticorrupción, concerniente a la importancia de su función y tratamiento de información sensible, y en concordancia del Sistema Nacional Anticorrupción, es aceptable “en la medida en que entre el fiscal general y fiscal anticorrupción debe existir la seguridad y confianza en las políticas y lineamientos que se dicten al respecto”.
Adicionalmente, recalcó que “el estado de Morelos, en el ejercicio de la libertad de configuración legislativa, fijó los términos para designar al fiscal anticorrupción bajo ese modo, sin que con ello se advierta contravención a alguna disposición fundamental que establezca en concreto lo contrario, por tanto, con el fin de contar con un sistema anticorrupción adecuado incluso se llegó a replicar el sistema nacional anticorrupción”.
En el debate, los ministros coincidieron en desestimar el argumento planteado por la Comisión de Derechos Humanos respecto a que la facultad otorgada al fiscal general era discriminatoria y rompía con el principio de igualdad, al no permitir que otras personas fueran consideradas para el cargo.
El ministro Javier Laynez Potisek señaló que los argumentos planteados en la acción de inconstitucionalidad no establecieron parámetros para sustentar que la designación directa del fiscal anticorrupción violenta el derecho de igualdad y no discriminación, y contrastar cuál fue el grupo de sujetos que fue tratado de forma distinta.
“En el caso yo no veo ningún parámetro de comparación porque estamos ante la designación de un funcionario público que, insisto, no entiendo con qué compararía, para considerar, si se violenta, o hay un trato desigual frente a quién”, dijo.
El Pleno de la SCJN también determinó sobreseer la impugnación de los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del FGE, al actualizarse la causal de improcedencia, luego de que el 22 de mayo de 2019 se publicó el decreto 242, por el cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE, y se modificaron las prerrogativas otorgadas por los servicios prestados a los fiscales anticorrupción y antisecuestro.
Insisten abogados en impulso de juicios en línea
Lectura 2 - 3 minutosOrganizaciones pugnan por modificaciones legales para contrarrestar la parálisis en los procesos judiciales.
El Colegio de Postulantes del Estado de Morelos llamó a sus colegas a presionar al Congreso de Morelos para que se realicen los ajustes inmediatos a la legislación que rige el funcionamiento del Poder Judicial, a fin de que jueces y abogados puedan trabajar a través de los juicios en línea.
Norma Delgado Díaz, en representación de la organización de postulantes, afirmó que con la reactivación de las actividades jurisdiccionales en los tribunales locales no se resuelve el problema que enfrentó la justicia y los justiciables durante la contingencia sanitaria por el covid-10, que obligó al confinamiento, el cierre de los juzgados y la parálisis en los procesos judiciales.
Dijo que si bien es prioridad y preocupación la salud de todos, también hay incertidumbre en Morelos porque los tribunales no logran evolucionar a la justicia digital, debido a que carecen de un marco normativo que lo permita.
Coincidió con otras organizaciones y colegas, que incluso han planteado acciones radicales como realizar una huelga de hambre en la sede del Tribunal Superior de Justicia para exigir la reactivación del sistema estatal de justicia. Sin embargo, consideró que el gremio debe unirse para atender la problemática de fondo.
“Es un tema que no se va a resolver nada más con que abran las puertas del tribunal, necesitamos trabajar en una modificación que permita que los juicios se puedan llevar en línea, que se aporten pruebas, que exista la firma electrónica.
“No nada más debemos pedir que se aperture y punto, o que hagamos huelga de hambre, vamos a organizarnos para que se logré esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, necesitamos que tengan las herramientas para darnos facilidades a quienes somos litigantes, y podamos trabajar desde los despachos, desde cualquier punto que estemos, sin estar in situ en el tribunal o en cualquier oficina del tribunal”, dijo.
Afirmó que los abogados deben presionar al Poder Legislativo, porque es “quien tiene la responsabilidad y la tarea de trabajar en estos temas” que importan e impactan a la sociedad.
“Vamos a hacer la huelga, los invito a todos y a todas, en el Congreso del estado para que los diputados y las diputadas pongan atención en el tema prioritario. Así es que, vámonos uniendo, pero sobre una causa real, bajo un conocimiento de causa de lo que vamos a hacer. No nada más abran la puerta, necesitamos que estén las condiciones jurídicas para trabajar en línea, porque ya no es la normalidad como antes, es una nueva normalidad y tenemos que innovar y adoptarnos a un nuevo sistema de trabajo”, recalcó.
Estrictas medidas para regreso en tribunales federales
Lectura 2 - 3 minutosEl Poder Judicial de la Federación establecerá estrictos controles de logística y seguridad sanitaria en sus instalaciones y generará un sistema de citas para la consulta física de expedientes o la realización de trámites procesales.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para evitar contagios del covid-19 se adoptarán medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios, así como un programa para la generación de citas.
También se privilegiará el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional y se continuará el trabajo a distancia como eje rector en la prestación de impartición de justicia.
Se anunció que a partir del 3 de agosto estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre “Servicios jurisdiccionales”, dentro del cual las personas justiciables encontrarán la información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como el sistema “Agenda OJ”, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para la consulta de expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos.
También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió los lineamientos de seguridad sanitaria que deberán observarse de manera obligatoria con motivo de la reactivación de las actividades jurisdiccionales y la consecuente asistencia de justiciables, público en general, así como de servidores públicos a sus edificios y oficinas, a partir del 3 del próximo lunes.
Los lineamientos incluyen, entre otros aspectos, la programación de actividades relativas al regreso a las labores; la implementación de un buzón automatizado para promociones jurisdiccionales y administrativas; el establecimiento de un sistema de citas programadas para consulta de expedientes y diligencias jurisdiccionales; la instalación de filtros sanitarios; las medidas de higiene y seguridad en el trabajo; la flexibilidad y adecuación de jornadas de trabajo y horarios; la protección al personal en situación de vulnerabilidad; la suspensión o restricciones de actividades específicas, así como todas aquéllas acciones que, conforme a las mejores prácticas, contribuyan a mitigar la transmisión del covid-19.
Continúan diligencias por hallazgo de restos en paraje de Puente de Ixtla
Lectura 1 - 2 minutosPersonal de la CNDH dio acompañamiento a familiares de desaparecidos.
Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio acompañamiento a familiares de desaparecidos y observó las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en un paraje de la comunidad de El Salado, del municipio de Puentr de Ixtla, donde se localizaron restos óseos.
El organismo nacional dio a conocer que envió personal a dar acompañamiento a los colectivos de víctimas de personas desaparecidas de los estados de Guerrero y Morelos, que se mantienen pendientes de los resultados de las diligencias que se realizan en la zona sur de la entidad.
“En nuestra misión por estar cerca de las víctimas, representantes de la CNDH acompañaron a colectivos de familiares de personas desaparecidas en Morelos para vigilar la aplicación del Protocolo de Identificación Forense”, señaló.
De acuerdo con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, todavía no es concluyente la hipótesis del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de que los huesos y restos de cerámica localizados puedan ser un hallazgo arqueológico.
“Por supuesto que no es definitivo, ahí vamos a llegar hasta la última consecuencia, simplemente tenemos que permitir la intervención y opinión científica de las autoridades en la materia.
“Si resulta que se trata de una inhumación prehispánica, bueno la consecuencia legal ya se estará dando a conocer, sin embargo, la excavación sigue, es una excavación ministerial autorizada por un juez en materia penal”, dijo.
Señaló que el INAH y la FGE continúan los trabajos de investigación en la zona, donde el pasado 20 de julio buscadores e integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas ubicaron lo que se presumía era una fosa clandestina. Hasta que no concluyan las primeras indagatorias, no se descarta ninguna de las dos hipótesis.
Reinicia actividades presenciales el Poder Judicial federal
Se queja Xoxocotla ante SCJN por falta de recursos
Lectura 1 - 2 minutosEl municipio indígena promovió una controversia constitucional.
El municipio indígena de Xoxocotla promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para quejarse de que las autoridades estatales no le apoyan ni dotan de los recursos económicos para el funcionamiento del gobierno local.
De acuerdo con el recurso de control constitucional 94/2020, el municipio indígena reclamó de las autoridades estatales “la negativa y la omisión de realizar por sí u ordenar a las múltiples secretarías, dependencias y entidades paraestatales de la administración pública del estado de Morelos, la ejecución de acciones tendentes a proveer al municipio de Xoxocotla, Morelos, de los elementos administrativos necesarios para su operación, como municipio constitucional y legalmente eregido (sic), desde el 01 de octubre de 2018, en que protestó el cargo que actualmente ostenta”.
Explicó que el Poder Ejecutivo omitió presentar al Congreso las iniciativas de ley o decretos que acorten la brecha de marginación del municipio actor y que le permitan oportunamente la obtención de recursos.
Además de incumplir con el acuerdo parlamentario, por el que se aprobó el convenio de fijación y reconocimiento de límites territoriales entre las autoridades municipales de Puente de Ixtla y Xoxocotla, en cuyas disposiciones transitorias se vinculó al Poder Ejecutivo del Estado para realizar las gestiones necesarias para suministrar las participaciones y aportaciones federales y estatales al municipio indígena, con sus retroactivos al 01 de enero de 2019.
Alegó que la omisión de adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de la administración pública y generar las condiciones legales, administrativas o jurídicas adecuadas para proveer de recursos presupuestales al municipio es un franco acto de discriminación.
“El tratamiento (es) diferenciado y discriminatorio realizado por sí, e instruido al resto de las Secretarías, Dependencias y entidades paraestatales que conforman al Poder Ejecutivo Estatal, en contra del municipio actor, respecto del resto de los municipios de la entidad, por su condición de municipio indígena, por su grado de marginación y por ser de reciente creación”, subrayó el municipio en la controversia constitucional en la que reclama, particularmente a la Secretaría de Hacienda estatal, la entrega de más de 47 millones de pesos.
Definitivo: Carmen Cuevas, fuera del Poder Judicial
Lectura 2 - 3 minutosRevocaron la suspensión que la mantuvo unos días más como magistrada del TSJ.
María del Carmen Cuevas López quedó fuera del Poder Judicial, luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito revocó la suspensión que la mantuvo solo por unos días más en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En acatamiento a la sentencia del 13 de julio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la ampliación del periodo de los magistrados a 20 años, el juzgado federal dejó sin efecto la suspensión definitiva concedida, en el juicio de amparo 1311/2019 en septiembre de 2019, a Cuevas López para mantenerse en el cargo mientras se resolvía de fondo la legalidad o no de la extensión del periodo de los nombramientos de los magistrados.
Cuevas López fue designada magistrada del TSJ en el año 2005 y el 5 de julio de 2019 concluyó su periodo original de designación de 14 años. Sin embargo, se mantuvo en el cargo gracias al artículo tercero transitorio que la LIII Legislatura incluyó en la reforma constitucional, que modificó la estructura del Poder Judicial, para efecto de alargar, “por única ocasión”, el periodo de los magistrados en funciones.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos impugnó ante la SCJN la ampliación del periodo de los magistrados, a través de una acción de inconstitucionalidad y la LIV Legislatura emitió un acuerdo para dejar sin efectos el artículo transitorio. A su vez, el Poder Judicial impugnó ante la SCJN el acuerdo legislativo. Hace unos días, el Pleno de la Corte resolvió ambos asuntos y decretó la invalidez de la extensión del periodo.
De inmediato, la sentencia de la SCJN fue notificada a los tres Poderes del Estado y posteriormente se informó a los jueces de distrito que, en términos de la Ley de Amparo, a la brevedad deben dejarse sin efectos las suspensiones otorgadas a los magistrados.
La primera en quedar oficialmente fuera del Poder Judicial fue Carmen Cuevas López, y así sucederá en los próximos días con cinco magistrados más del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, que en mayo pasado concluyeron su periodo de 14 años y cuyas suspensiones concedidas en sus juicios de amparo serán revocadas.
En el momento procesal oportuno, los jueces de distrito también deberán sobreseer los 14 juicios de amparo promovidos por igual número de magistrados, que defendían la ampliación de sus periodos.
Restos hallados en Puente de Ixtla son “arqueológicos”: FGE
Lectura 2 - 3 minutosMateriales óseos y de cerámica antigua datan probablemente de la época prehispánica, señalan.
La Fiscalía General del Estado informó que los huesos humanos localizados en un paraje de Puente de Ixtla son “arqueológicos” y no restos inhumados clandestinamente por grupos criminales, como se presumió por parte de colectivos de víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Detalló que el informe preliminar de las diligencias, realizadas en un predio del campo El Salado por especialistas en antropología física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indica que localización de los restos óseos y de cerámica antigua datan probablemente de la época prehispánica.
De acuerdo con un comunicado emitido por la FGE, Liliana Torres Sánders, antropóloga Física del INAH, estableció que los vestigios fueron encontrados a una profundidad de entre 40 y 50 centímetros de profundidad, y pudieran tener una antigüedad de más de 500 años.
“Derivado de lo anterior, informó que se realizarán trabajos de limpieza y preservación de la zona, para que el personal de salvamento arqueológico del propio INAH realice las excavaciones ampliadas y preserve los materiales óseos y cerámicos y emita la data para continuar con la extracción de restos correspondientes presumiblemente del (periodo) post clásico”, detalló la FGE.
Indicó que el INAH procederá a emitir el dictamen de conservación de los vestigios localizados y a hacerse cargo del resguardo del área, mientras que la FGE se mantendrá atenta para colaborar con los trabajos hasta donde alcancen sus facultades legales, con el propósito de "no afectar el desarrollo de las actividades a cargo de los encargados de temas arqueológicos y lo que derive”.
La mañana del lunes buscadores de colectivos de desaparecidos de los estados de Guerrero y Morelos, realizaron un rastreo en un paraje, localizado a la altura del kilómetro tres de la autopista Cuernavaca-Iguala en el municipio de Puente de Ixtla, y localizaron restos óseos humanos, que aparentemente eran un fémur y una rótula.
Los colectivos informaron que recibieron información de que posiblemente en esa zona se encontraban fosas clandestinas, por lo que emprendieron la búsqueda.
Tras la intervención de la FGE y el INAH, se concluyó preliminarmente que los restos óseos son de un pie y, por la resequedad de los huesos y las características del hallazgo, se presume que datan de la época prehispánica.
Desestima Corte recurso del PRD
Lectura 1 - 2 minutosHabía iniciado acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral; impugnó la mayoría calificada de 13 diputados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la reciente reforma electoral realizada por el Congreso de Morelos, pero admitió el recurso promovido por el Partido Social Demócrata de Morelos (PSD).
“Se desecha de plano la acción de inconstitucionalidad promovida a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SESCJN), por los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, así como por el representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, todos del Partido de la Revolución Democrática”, fue el acuerdo emitido por el Alto Tribunal respecto a la acción de inconstitucionalidad 142/2020.
El recurso pretendía impugnar el decreto 690, publicado en 8 de junio pasado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5832, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.
El PRD alegó la violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con solo con 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislativos; también se inconformó con el incremento de tres a cuatro por ciento del porcentaje de la votación total para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.
En contraste, la SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 139/2020, promovida por el Partido Social Demócrata de Morelos (PSD), que fue otra de las fuerzas políticas locales afectadas con la reciente reforma.
Ordena juez a ISSSTE reactivar tratamiento a una paciente con cáncer
Lectura 1 - 2 minutosLa mujer promovió un juicio de amparo por la falta de atención médica y la violación al derecho a la salud.
Un juez federal ordenó a directivos y médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE reactivar el tratamiento y el suministro de medicamentos a una paciente con cáncer.
La paciente, quien padece carcinoma epidermoide y basocelular recurrente nasal, malar y palpebral (cáncer en la piel), promovió el juicio de amparo 468/2020, radicado el Juzgado Primero de Distrito, por la falta de atención médica y la violación al derecho a la salud.
Por tratarse de un asunto de vital importancia y de urgencia, el juzgado de distrito admitió la demanda de garantías y concedió la suspensión de plano “para el efecto de que bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable se le proporcione a la justiciable el seguimiento a la enfermedad que padece, así como el suministro de medicamento que requiere para el tratamiento de su padecimiento, el cual fue prescrito por su médico tratante.
“En atención a lo anterior, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Órgano Jurisdiccional, sobre el cumplimiento dado a lo antes ordenado; lo que no prejuzga sobre el fondo del asunto”. Decretó la autoridad judicial que el desacato a lo ordenado podría ser objeto de sanción.
En consecuencia, los directivos y médicos del hospital de alta especialidad, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, deberán garantizar el seguimiento y tratamiento a la paciente.
Exigen a FGE informe sobre diligencias en fosa
Lectura 2 - 3 minutosColectivos de víctimas, inconformes con el desempeño de funcionarios de la institución.
Colectivos de víctimas reiteraron al fiscal estatal Uriel Carmona Gándara su inconformidad con el desempeño de funcionarios de la institución y urgieron un informe público sobre las diligencias realizadas en el predio, ubicado en el municipio de Puente de Ixtla, donde fueron localizados restos óseos.
En un comunicado, se informó que el fiscal estatal, representantes de varios colectivos y de las comisiones estatal y nacional de búsqueda de personas, sostuvieron una reunión virtual, donde el ex notario dio a conocer que el área del hallazgo ya se encuentra resguardada, pero existe información sobre que la zona posiblemente fue un panteón hace 200 años, con lo que sugirió que los huesos humanos localizados podrían no haber sido inhumados recientemente.
“El Fiscal General del Estado destacó que se cuenta al momento con los informes de criminalística, fotografía, el embalado de restos óseos localizados y el estudio de arqueología forense, toda vez que existe referencia que el lugar pudiera haber sido utilizado como panteón local entre los años 1800 y 1900, información que está siendo corroborada con las autoridades municipales”, dice el comunicado.
Detalló que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas obtuvo este miércoles la autorización de la autoridad judicial para iniciar los trabajos para la exhumación de los restos óseos localizados en el lugar.
Sin embargo, no es la primera vez que en el municipio de Puente de Ixtla se descubren fosas clandestinas. En agosto de 2014, fue localizada una con cuatro cuerpos y, un años después, en octubre de 2015, fue localizada otra más, donde se localizaron los cuerpos de jóvenes, que entonces, se presumió, se trataba de dos muchachos que habían sido secuestrados y que trabajaban para el ex edil de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, quien sobrevivió a varios atentados.
De acuerdo con la información recabada, los colectivos de víctimas hicieron hincapié en los obstáculos institucionales que enfrentan cotidianamente las familias y la insensibilidad tanto de fiscales como de servicios periciales.
Los colectivos de Morelos y Guerrero continuarán con el rastreo de fosas en otros puntos del sur de Morelos, cuya zona es disputada por bandas criminales. Además, esperan que a la brevedad posible la FGE rinda un informe los estudios forenses realizados a los restos óseos encontrados la mañana del lunes.
Reportan hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas
Lectura 2 - 4 minutosFamiliares de víctimas acusan a la FGE de obstaculizar la búsqueda.
Familiares de víctimas localizaron restos óseos tras realizar un rastreo en fosas clandestinas localizadas en el municipio de Puente de Ixtla, pero acusaron nuevamente a la fiscalía de obstaculizar la búsqueda, ya que fue hasta que el caso trascendió en los medios de comunicación que la institución accedió a asegurar el área donde fue el hallazgo.
El rastreo comenzó desde la mañana del lunes, luego de que colectivos de víctimas del estado de Guerrero recibieron información sobre la ubicación de parajes donde habría varias fosas clandestinas en el sur de Morelos.
Los colectivos pidieron ayuda a organizaciones de víctimas de Morelos para seguir la pista y emprender la búsqueda de cuerpos en un predio localizado a la altura del kilómetro 3 de la autopista federal Cuernavaca-Iguala, donde existe una desviación que aparentemente fue realizada de manera ilegal exprofeso para la inhumación clandestina de cuerpos.
Después de varias horas, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, y los buscadores, entre los que se encontraban Tranquilina Hernández, del colectivo morelense Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos; Mario Vergara, de los Otros Desaparecidos en Iguala; Angélica Rodríguez y Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos; y Cecilia Salinas Maya; lograron ubicar un punto de inhumación y localizar un fémur y la rótula de una persona.
Tras el hallazgo se dio parte a la Fiscalía General de Morelos para el aseguramiento de la zona y continuar con las diligencias con el apoyo del Ministerio Público, pero el pretexto de la institución que dirige el ex notario, Uriel Carmona Gándara, fue que necesitaban la orden de un juez para poder actuar.
“El día de ayer (lunes) a las diez y media, encontramos unos restos humanos e hicimos una excavación. Encontrando el primer resto, como familias (de víctimas de delitos) sabemos que no debemos ‘ensuciar’ el área, no podemos poner nuestra huellas o cosas así que puedan interrumpir la debida investigación y darle un nombre a esta persona que está enterrada.
“Llamamos a la Fiscalía del Estado de Morelos para que llegara a hacer la exhumación. Ellos llegaron como las 12:30, nos dijeron que nos saliéramos del lugar porque iban a proceder y luego nos dijeron que no, porque tenían que esperar la orden de un juez para poder hacer la exhumación.
“Nosotros nos retiramos porque iban a hacer el acordonamiento e iban asegurar el área. Nos retiramos para no entorpecer su trabajo y para que aplicaran los protocolos que ellos tanto mencionan. Nos retiramos y hoy llegamos para ver cómo habían procesado la fosa y nos encontramos con que no hay acordonamiento y la fosa sigue intacta”, relato Tranquilina Hernández Laguna, madre de Mireya Montiel Hernández, desparecida en septiembre de 2014.
Dijo que la fiscalía no necesitaba una orden de cateo para asegurar la zona del hallazgo y participar en la búsqueda de más cuerpos, porque se contaba con la autorización del propietario del predio, e insistió que los pretextos y la actitud de los funcionarios de la FGE son parte de los obstáculos institucionales que todos los días enfrentan las familias de los desaparecidos.
Hasta que los colectivos de víctimas externaron ante los medios de comunicación su molestia por la inacción de la FGE el personal de la institución comenzó a movilizarse.
De acuerdo con la agente del Ministerio Público, que se identificó con el nombre de Claudia Vanesa, la FGE estaba a la espera de la orden de un juez para iniciar la diligencia.
Cuestionada sobre la ausencia de la fiscal especial en desaparición de persona, Zaira Lulo Juan, la agente respondió que estaba atendiendo otra diligencia.
Los buscadores de los colectivos de Guerrero y Morelos informaron que continuarán con el rastreo de fosas clandestinas en tres puntos más del municipio de Puente de Ixtla, donde -por información anónima que recibieron- grupos criminales con influencia en esa zona podrían haber inhumado clandestinamente más cuerpos.
Buscadores hallan restos humanos en cercanías del río Tembembe, en Puente de Ixtla
Lectura 1 - 2 minutosDesde el fin de semana, buscadoras y buscadores de varios estados de la República, entre ellos Guerrero y Morelos, llevan a cabo rastreos en varios puntos de Puente de Ixtla; ayer fueron encontrados restos humanos en un punto ubicado a un costado de la autopista Cuernavaca-Iguala, unos 500 metros adelante del puente Chalma, en las cercanías del río Tembembe.
Este martes, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos y familiares de víctimas que se encuentran en el lugar de hallazgo indicaron que la Fiscalía General de Estado (FGE) rechazó resguardar el sitio y enviar a un ministerio público para el levantamiento de los restos óseos.
Los buscadores, entre los que se encuentran Tranquilina Hernández, del colectivo morelense Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos; Mario Vergara, de Los Otros Desaparecidos en Iguala; Angélica Rodríguez y Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos y Cecilia Salinas Maya, lograron ubicar un punto en el que hallaron un fémur y una rótula.
A la brigada la acompaña la propia titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez; asimismo, al encontrar los restos se dio parte a la Fiscalía General del Estado.
Los buscadores continuarán rastreando en otros tres puntos de Puente de Ixtla; la presencia de los colectivos en este sitio responde a información que les fue hecha llegar por personas que se enteraron de movimientos de grupos criminales en el lugar, quienes habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas en la zona.
Puente de Ixtla es un municipio ubicado en la zona sur de Morelos, en los límites con Guerrero, zona en la que han tenido presencia distintos grupos criminales; limita al oeste con Amacuzac, la zona de influencia de "Los Rojos", que encabezó Santiago Miranda Hernández o Mazari Miranda, mejor conocido como "El Carrete", quien se encuentra preso y procesado desde hace casi un año.
Funcionarios obstaculizan identificación de cuerpos
Lectura 2 - 4 minutosDiversas organizaciones culpan a la fiscal Zaira Lulo Juan y al coordinador de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, y piden su destitución.
Aseguran que revictimizan a los deudos y que tienen paralizada identificación de los restos extraídos de una fosa en Jojutla.
Colectivos de víctimas y miembros del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas exigieron la dimisión de dos altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertaron de la acumulación de cientos de cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), y solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los casos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo.
A través de una videoconferencia, integrantes de Regresando a Casa Morelos, la Unión de Familias Resilientes en Busca de sus Corazones Desaparecidos y del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas reprocharon que la contingencia sanitaria por el covid-19 sea el pretexto de la fiscalía estatal para obstaculizar los procesos de búsqueda e identificación.
Recriminaron al titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, el incumplimiento de los acuerdos asumidos por él con colectivos de víctimas en el mes de enero, respecto al acceso que se daría a la Comisión de Búsqueda de Personas a las carpetas de investigación; la coordinación de acciones para la búsqueda de víctimas; y la realización de reuniones de coordinación para observar y revisar los procesos de inhumación de casi 500 cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense.
Resaltaron que “ninguno de los acuerdoS ha sido cumplido, la fiscal especializada en desaparición de personas, Zaira Lulo Juan, y el coordinador del Servicio Periciales, Samuel Nava Vázquez, desconocen la órdenes del fiscal del estado, obstaculizan las actividades de búsqueda y de investigación penal, y continúan bloqueando el acceso a la información a las víctimas”.
Por ello, solicitaron al fiscal estatal la remoción de ambos funcionarios, quienes no cumplen con su encomienda y suelen revictimizar a las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.
Señalaron que otro argumento de la ineficiencia de ambos ex funcionario es la parálisis del caso de las fosas irregulares de Jojutla, ya que los 84 cuerpos extraídos permanecen sin identificar, a pesar de que 45 familias aportaron muestras genéticas para saber si alguno de sus seres queridos habían sido sepultados ilegalmente por la fiscalía en esa fosa común.
“En tres años, la fiscalía del estado no ha encontrado tiempo para convocar a las instituciones participantes en la exhumación a las reuniones de validación de perfiles genéticos” y “no hay ningún avance en el caso Jojutla, ningún funcionario del servicio forense, ningún fiscal, ningún funcionario de la municipalidad de Jojutla, ha sido penalmente imputado por las graves irregularidades encontradas, al enterrar sin rastro a personas en fosas comunes”.
Adicional al cese de Lulo Juan y Nava Vázquez, solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de las fosas ilegales de Jojutla y Tetelcingo, así como la aceleración del procesamiento de las muestras genéticas, confronta con las bases de datos de otras instituciones y las muestras tomadas a familias de desaparecidos.
Expresaron su preocupación por la acumulación de cuerpos en Semefo donde, de acuerdo con la información que les fue proporcionada en el mes de enero, estaban almacenados 494 cuerpos no identificados.
Dijeron que esto es un indicador de que no se están aplicando los protocolos de identificación forense y advirtieron que no permitirán que estos cuerpos sean inhumados sin antes verificar que se aplicaron los protocolos para su posible futura identificación y entrega a sus familiares.
También instaron al gobierno de Morelos y al Congreso a dotar de presupuesto al Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas y la designación de los miembros restantes de este órgano ciudadano y honorario, donde urge la participación de especialistas en materia forense.