Diversas organizaciones culpan a la fiscal Zaira Lulo Juan y al coordinador de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, y piden su destitución.

Aseguran que revictimizan a los deudos y que tienen paralizada identificación de los restos extraídos de una fosa en Jojutla.

Colectivos de víctimas y miembros del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas exigieron la dimisión de dos altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertaron de la acumulación de cientos de cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), y solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR)  atraiga los casos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo.

A través de una videoconferencia, integrantes de Regresando a Casa Morelos, la Unión de Familias Resilientes en Busca de sus Corazones Desaparecidos y del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas reprocharon que la contingencia sanitaria por el covid-19 sea el pretexto de la fiscalía estatal para obstaculizar los procesos de búsqueda e identificación.

Recriminaron al titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, el incumplimiento de los acuerdos asumidos por él con colectivos de víctimas en el mes de enero, respecto al acceso que se daría a la Comisión de Búsqueda de Personas a las carpetas de investigación; la coordinación de acciones para la búsqueda de víctimas;  y la realización de reuniones de coordinación para observar y revisar los procesos de inhumación de casi 500 cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense.

Resaltaron que “ninguno de los acuerdoS ha sido cumplido, la fiscal especializada en desaparición de personas, Zaira Lulo Juan, y el coordinador del Servicio Periciales, Samuel Nava Vázquez, desconocen la órdenes del fiscal del estado, obstaculizan las actividades de búsqueda y de investigación penal, y continúan bloqueando el acceso a la información a las víctimas”.

Por ello, solicitaron al fiscal estatal la remoción de ambos funcionarios, quienes no cumplen con su encomienda y suelen revictimizar a las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.

Señalaron que otro argumento de la ineficiencia de ambos ex funcionario es la parálisis del caso de las fosas irregulares de Jojutla, ya que los 84 cuerpos extraídos permanecen sin identificar, a pesar de que 45 familias aportaron muestras genéticas para saber si alguno de sus seres queridos habían sido sepultados ilegalmente por la fiscalía en esa fosa común.

“En tres años, la fiscalía del estado no ha encontrado tiempo para convocar a las instituciones participantes en la exhumación a las reuniones de validación de perfiles genéticos” y “no hay ningún avance en el caso Jojutla, ningún funcionario del servicio forense, ningún fiscal, ningún funcionario de la municipalidad de Jojutla, ha sido penalmente imputado por las graves irregularidades encontradas, al enterrar sin rastro a personas en fosas comunes”.

Adicional al cese de Lulo Juan y Nava Vázquez, solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de las fosas ilegales de Jojutla y Tetelcingo, así como la aceleración del procesamiento de las muestras genéticas, confronta con las bases de datos de otras instituciones y las muestras tomadas a familias de desaparecidos.  

Expresaron su preocupación por la acumulación de cuerpos en Semefo donde, de acuerdo con la información que les fue proporcionada en el mes de enero, estaban almacenados 494 cuerpos no identificados.

Dijeron que esto es un indicador de que no se están aplicando los protocolos de identificación forense y advirtieron que no permitirán que estos cuerpos sean inhumados sin antes verificar que se aplicaron los protocolos para su posible futura identificación y entrega a sus familiares.

También instaron al gobierno de Morelos y al Congreso a dotar de presupuesto al Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas y la designación de los miembros restantes de este órgano ciudadano y honorario, donde urge la participación de especialistas en materia forense.