La propuesta que presentó la CDHEM al Congreso del estado es respaldada por organizaciones feministas y la Fiscalía General del Estado.

Con el respaldo de más de una veintena de organizaciones feministas y de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) presentó al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para permitir que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en condiciones salubres y seguras.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz acudió a la sede legislativa acompañado por mujeres de diversos colectivos, para presentar la iniciativa que propone modificar íntegramente diversas disposiciones del Código Penal y adicionar la Ley de Salud del Estado de Morelos.

De acuerdo con el documento entregado al Poder Legislativo, la iniciativa propone reformar los artículos 115 116 117 118 y 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para establecer que “se consideraría aborto la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación” y se impondría de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo.

En este caso, el delito de aborto sólo se sancionaría cuando se haya consumado y la persona que haga abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, se le impondría de uno a tres años de prisión.

También establece que el aborto forzado se definiría como “la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada” y, en este supuesto, se impondría al responsable de cinco a ocho años de prisión y, si hubiese violencia física o moral, la pena se incrementaría de ocho a diez años de prisión.

En la hipótesis de que el aborto o el aborto forzado lo practicará un médico cirujano, comadrón, partera, enfermero o practicante, además de las sanciones penales, se le suspendería del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Se consideraría como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado de una violación o inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer;  cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de los médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales  que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto; o que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En el caso de la Ley de Salud del Estado de Morelos, la iniciativa respaldada por grupos feministas propone que la atención a la salud sexual reproductiva y de planificación familiar sea de carácter prioritaria para el gobierno estatal, que tendría la obligación de promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales con enfoque de género e interculturalidad, tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

De manera relevante, la iniciativa prevé adicionar los artículos 79 bis y 39 ter, con el propósito de que las instituciones públicas de salud del estado procedan a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal.

Es decir, cuando la mujer, joven o niña interesada así lo solicite y, en el caso de que la solicitante sea menor de 12 años, se necesitaría la autorización de su madre, padre, tutor o representante legal o quien ejerza la patria potestad sobre está, o en su defecto del Ministerio Público o alguna de las instituciones integrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las instituciones de salud estarían obligadas a proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuenta a las mujeres, además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo.

En los casos de violación, la interrupción legal del embarazo deberá efectuarse de manera inmediata sin más requisitos que la manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que el embarazo es producto de una agresión sexual.

Cuando la víctima de este delito sea menor de 12 años, la solicitud la podría presentar su madre o padre o, a falta de estos, su tutor, el Ministerio Público o quien ejerza la patria potestad.

La interrupción del embarazo, recalca la propuesta de reforma, deberá practicarse de manera inmediata cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida de la mujer las instituciones de salud del estado.

Ante la polémica del personal de salud que estaría a favor o en contra, la propuesta de ley contempla que, si el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y sus creencias religiosas o convicciones personales son contrarias a tal procedimiento, podría ser objetor de conciencia y excusarse, sin embargo, tendría la obligación de canalizar a la mujer con un médico no objetor.

Solo cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse objeción de conciencia

Asimismo, planteó que es obligación de las instituciones de salud del gobierno del estado garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia, para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a decidir.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

En entrevista, el ombudsman indicó que el objetivo de la propuesta de reforma legislativa, que forma parte de las atribuciones del organismo estatal, pretende que no se siga criminalizando la interrupción del embarazo y que las mujeres ejerzan su derecho a la privacidad, a la intimidad y al ejercicio de la libertad de procreación, para decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos e, incluso, el derecho a no tenerlos.

“La decisión de interrumpir un embarazo, es la decisión más íntima, más personal que puede tomar una mujer a lo largo de su vida y no se le puede criminalizar por ese motivo. De manera tal que el día de hoy el Congreso tendrá en sus manos, la oportunidad de no darle la espalda a los derechos de las mujeres y de legislar en esta materia para que no se siga criminalizando esta práctica, a habida cuenta de que sabemos el no tener el acceso a los servicios de salud y garantizar este derecho, lo que hace es que la práctica se haga de manera clandestina, con todos los efectos perjudiciales para una mujer y para la sociedad”, explicó.

Andrea Campos, representante de la red de colectivos, afirmó que los abortos clandestinos son una realidad, y diariamente cientos de mujeres y jóvenes ponen en riesgo su vida al someterse a procedimientos no seguros o que, al no tener alternativas, se ven obligadas a cortar su plan de vida y a tener embarazos no deseados.  

Por ello, “hacemos un llamado urgente a los organismos que toman decisiones en este estado, a que se pronuncien a favor del derecho a decidir de las mujeres y que creen una infraestructura gubernamental que garantice nuestro acceso a métodos anticonceptivos y a aborto legal y gratuito a mujeres morelenses.

“Sabemos que grupos anti-derechos que existen en México y en Morelos, se han encargado de desinformar a través de videos falsos, así como la reproducción de discursos de estigmatización, culpa y odio a las mujeres que deciden abortar y hacia las defensoras de los derechos humanos.

“Es por eso que exigimos acceso a información laica, científica y gratuita, así como políticas creadas desde los derechos humanos y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo.

Llamó a los diputados a aprobar las reformas legislativas propuestas con el aval de grupos feministas y, advirtió que, aquellos que se pronuncien en contra, estarían obstruyendo los derechos fundamentales de las mujeres y seguirán siendo cómplices de la violencia de género.

Y agregó: “Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal (a la interrupción del embarazo)”.