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para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".

El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.

El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

La legislación viola el derecho a la privacidad de las personas, plantean.

Empresarios del estado se sumaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en su intento por echar abajo la Ley de Videovigilancia que aprobó el Congreso del estado y que entró en vigor el pasado 13 de agosto.

Según los representantes de la iniciativa privada y el ombudsman Israel Hernández Cruz, la legislación vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, al obligar a los negocios a instalar cámaras de videovigilancia y a "colaborar" en la entrega de grabaciones y datos personales.

Sergio Aldana Hinzpeter, presidente de la Asociación de Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), señaló que la ley establece como plazo, a partir de su entrada en vigor el pasado 13 de agosto, 180 días para el cumplimiento de la instalación de aparatos de videograbación, con el supuesto de inhibir delitos.

Sin embargo, sostuvo que eso vulnera los derechos de los empresarios, de sus trabajadores y de los ciudadanos, aún más cuando no se les tomó en cuenta para la creación de la ley.
Por tal razón, los empresarios afirmaron que llegarán hasta el final en la lucha legal que ya emprendieron con los juicios de amparo que promovieron en agosto pasado y los que se sumarán en las próximas semanas por las acciones impositivas que contiene la nueva ley.

"Es inconstitucional está ley, porque autoriza al responsable de un establecimiento a colocar e instalar cámaras no solo de imagen sino de audio y se puede estar grabando una conversación privada,  y un comunicación privada no puede ser grabada de manera clandestina sin una orden judicial. Esta ley viola el derecho a la privacidad de las personas, aunque estén en un lugar público”, manifestó Israel Hernández Cruz.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos adelantó que trabajará con los empresarios en una iniciativa para obligar al Congreso del estado a que abrogue la ley vigente y se apruebe una que no vulnere los derechos fundamentales.

El contenido de la legislación lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos, plantean.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) contra la recién promulgada Ley de Videovigilancia, por considerar que no solo hubo violaciones al proceso legislativo en su aprobación, sino que su contenido lesiona la autonomía municipal y los derechos de los ciudadanos.

El pasado 24 de septiembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 258/2020 y emplazo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a rendir sus respectivos informes, para dar contestación a la demanda.

De acuerdo con el documento presentado ante la SCJN, el organismo local alegó que existieron violaciones al proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Videovigilancia, ya que “el dictamen del cual deviene el decreto impugnado, fue producto de un proceso sumarísimo y arbitrario, toda vez que al ser discutido y votado el mismo día en que por primera vez se enlistó dentro del orden del día de la sesión de Pleno, esto bajo una aparente urgencia, la cual nunca fue justificada, se impidió a las distintas fuerzas políticas estar en posibilidad de conocer y analizar y discutir adecuadamente el dictamen”.

Es decir, se “impidió que los legisladores conocieran oportunamente el contenido del dictamen, así como para analizar y estudiar sus alcances que podría tener en beneficio o perjuicio de los derechos de la sociedad morelense como destinatario final de las normas y poder, en base a esto, realizar de una forma razonada y veraz la discusión y votación del dictamen al seno del Pleno del Congreso”.

La CDHEM también argumentó que la ley, al monopolizar en favor del Estado el derecho para utilizar, regular, autorizar y operar sistemas de vigilancia en tareas de seguridad pública, acota derechos y obligaciones que tienen los municipios en materia de seguridad pública dentro de su territorio, lo cual se traduce en perjuicio de sus atribuciones constitucionales.

Detalló que “el deber de permitir y dar a la Comisión Estatal de Seguridad pública los elementos tecnológicos con los que cuenta el municipio para el desarrollo de la función de seguridad pública, vulnera su autonomía, como lo hace el asignar atribuciones a los cuerpos policiales de los municipios que no le son propias a su función y que, en todo caso, quién podría decidir si se les delega o no, sería el propio ayuntamiento, conforme a la normativa que lo rige y, en su caso, conforme su forma de organización interna”.

Subrayó que, en el caso de los tres municipios indígenas, el Congreso debió haber realizado, antes a la emisión de la ley, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución             Política de los Estados Unidos o relacionado con los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales.

Por otra parte, subrayó que el artículo 16 de la Constitución federal reconoce que las comunicaciones privadas son inviolables y, si bien la ley impugnada no señala de manera específica como objeto la intención de grabar las comunicaciones privadas de la ciudadanía, “lo cierto es que sí lo hacen y está permisibilidad a la que se le suma su regulación, intercepción, conocimiento y tratamiento, tanto por autoridades como por particulares sin importar el contenido de la conversación representa, es un acto antijurídico”.

Destacó que, atendiendo a que la autorización para la intervención de las comunicaciones privadas se encuentra regulada dentro del texto constitucional federal y de éste no se disponen facultades hacia las legislaturas locales para su regulación, “cabe concluirse que el Congreso del Estado es incompetente para legislar y regular dicha materia, por lo que las normas cuestionadas en el presente concepto de invalidez resultan inconstitucionales”.

La acción de inconstitucionalidad también cuestionó la invasión de facultades en que incurrió el Poder Legislativo en materia de recopilación, tratamiento y resguardo de información y datos personales en posesión de particulares, ya que vulnera el  derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad, ya el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar al respecto.

La CDHEM impugnó también las modificaciones al Código Penal, ligadas a la Ley de Videovigilancia, para imponer sanciones a quienes transgredan la nueva legislación promulgada en pasado 12 de agosto.

Consideró que el Congreso estableció un “tipo penal abierto”, violando la garantía de la aplicación exacta de la ley, ya que no se establece claramente cuál es la autorización a la que deben acceder los particulares (ciudadanos, empresas, condóminos, comercios, entre otros) para instalar, operar, retirar o modificar cámaras de videovigilancia, así como la recopilación, almacenamiento y tratamiento de las imágenes.

Además, dijo, indebidamente la ley impone a los particulares, ya sean personas físicas o morales, la obligación de adquirir determinado equipo de videovigilancia supuestamente en aras de contribuir a la seguridad pública, lo cual es totalmente inconstitucional.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA?

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales, que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como para quienes instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

 La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

Las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

Empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Dentro de un plazo máximo de 180 días naturales, las empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles deberán integrarse Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, que será operado por la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Al entrar en vigor la Ley de Videovigilancia para el Estado de Morelos, así como diversas modificaciones a Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y el Código Penal local, se establecieron plazos de entre 120 y 180 días naturales para acatar lo previsto en la nueva legislación, que tiene como objetivo “regular lo que ya se encuentra en funcionamiento, y al mismo tiempo tener un marco legal que permita la creación y consolidación de un Sistema Estatal de Videovigilancia”, y una coordinación en la materia entre los tres niveles de gobierno.

La nueva ley, que entró en vigor, tras su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de agosto, estableció la obligación a la CES de presentar informes al Consejo Estatal de Seguridad Publica sobre las estadísticas de los resultados e impactos obtenidos mediante el uso del sistema de videovigilancia en el estado.

Contempló la creación del Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, para conocer el número de cámaras de videovigilancia existentes en la entidad federativa, su ubicación tanto en oficinas gubernamentales como las disponibles por parte las empresas de seguridad privada y, en su caso, de los particulares y establecimientos comerciales que decidan adherirse al sistema mediante convenio.

Los propietarios o representantes legales de los establecimientos mercantiles, cuando celebren convenio, deberán adquirir e instalar cámaras o sistemas de videovigilancia, así como implementar el botón de alerta, para la atención de situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir la comisión de probables conductas delictivas, a fin de que la CES pueda implementar acciones de inteligencia en el ámbito de sus atribuciones para el combate a la delincuencia, los cuales estarán interconectados a los sistemas de videovigilancia del C5.

También, fijó como obligación a los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos o condominios, cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, de contar con un sistema de videovigilancia, aprobado por la CES, para contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública y convivencia pacífica de quienes ahí vivan.

Además, se realizaron adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos para establecer nuevos tipos penales que sancionen a quienes hagan uso indebido de los sistemas de videovigilancia, los manipulen o destruyan para un provecho propio o ajeno, así como instalen cámaras en lugares públicos sin la autorización de la CES.

La nueva legislación también contempló que toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y quien las realiza. Para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda “este lugar es video vigilado”, el nombre de quien realiza dicha actividad, y el aviso de privacidad respectivo con base en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Estos avisos, no obligan a los propietarios o responsables a revelar el lugar de ubicación de los equipos de monitoreo y videovigilancia.

También, toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sobre las grabaciones en que razonablemente considere que figura, o que existen datos referentes a una afectación que haya sufrido en sus bienes o derechos, siempre y cuando se acredite el interés jurídico.

Las autoridades podrán solicitar a los particulares y empresas de seguridad pública, las imágenes registradas por sus equipos, para desarrollar investigaciones y esclarecer actos criminales.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de su promulgación, el Ejecutivo estatal deberá emitir el reglamento de la Ley de videovigilancia para el Estado de Morelos.

En el mismo periodo, los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos, bandos y disposiciones en materia de seguridad pública, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, y a licencias para establecimientos mercantiles, conforme a la nueva ley.

De igual forma, las instituciones de seguridad pública, empresas de seguridad privada y establecimientos mercantiles que utilicen cámaras de videovigilancia deberán firmar los respectivos convenios con la CES o, en su caso ratificarlos, dentro de un plazo máximo de 120 días naturales, para ser incorporados al Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública.

Además, la CES deberá emitir los lineamientos en los cuales se definan, como mínimo, el criterio que determine el número de cámaras de videovigilancia a instalar en los fraccionamientos y condominios, así como de los establecimientos mercantiles, sus características técnicas y los procedimientos en la materia.

Actualmente, la CES cuenta con 1,008 cámaras de videovigilancia y Morelos es la undécima entidad en contar con una legislación de esta naturaleza. En los próximos meses, la CES deberá integrar el Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública, e informar con cuánto equipos de monitoreo (públicos y privados) cuenta, para realizar tareas de videovigilancia, prevención y persecución del delito.

Lamentan que la legislación se haya aprobado sin ser consultada con la iniciativa privada y la ciudadanía.

Empresarios alistan las acciones legales que promoverán para impugnar la Ley de Videovigilancia, que entró en vigor en Morelos este jueves, tras su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad". Además, advirtieron que darán un voto de castigo para los diputados locales que la aprobaron.

Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), lamentó que la legislación se haya aprobado y posteriormente publicado sin ser consultada con la iniciativa privada y la ciudadanía, tal y como lo señala la ley.

Por eso, informó que las cámaras empresariales del estado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) preparan con sus abogados las acciones legales que promoverán, que en este caso podrían ser amparos individuales o colectivos.

Sostuvo que de la revisión que han hecho, la Ley de Videovigilancia transgrede los derechos fundamentales de los ciudadanías, ya que permite una invasión a la privacidad en las viviendas y las empresas, además de la obligación que se les impone como iniciativa privada para integrarse al Sistema Estatal de Videovigilancia que se creará una vez que se reglamente la ley.
Otra de las observaciones que hicieron fue la imposición de multas por lo que, según la ley, sería una negativa de los empresarios y los ciudadanos a colaborar con la entrega de las grabaciones en el caso de que se investigue un delito.
Por ello, Sánchez Purón adelantó que habrá voto de castigo para los legisladores que la impulsaron y la aprobaron.

"Es una ley que va a generar más inconvenientes que beneficios, pero lamentablemente es lo que puede dar el Congreso y es una pena. El diputado Marcos Zapotitla lo que menos hace es trabajar y no se acerca a la población. Ya habrá su momento, porque querrán, como bien sucede.. donde son grillos, quieren brincar para otro puesto, veremos que los ciudadanos no se nos olvide el actuar de él y de otros diputados más", manifestó.
Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que es cuestión de días para "dar respuesta" al Congreso del estado y al Poder Ejecutivo sobre la nueva legislación, por no haber sido consultada y sobre todo, porque coincidió en que viola los derechos de los ciudadanos.
 

Alejandro Dorantes Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, advirtió que promoverán amparos en contra de la ley de videovigilancia que aprobó el Congreso del estado la madrugada del jueves pasado.
El empresario sostuvo que con la nueva legislación existe el riesgo de que se trasgredan  los derechos fundamentales de los ciudadanos, al obligarlos a suscribir convenios con las autoridades para la instalación de cámaras y a proporcionar información que podría revelar datos personales con el fin de combatir un delito.
"Si las cámaras, si bien se tienen como una medida de seguridad, se proporciona la información y se trasgrede derechos, porque en las casas llegan a tener cinco, ocho, 16 cámaras, si llega a haber un ilícito en la calle se solicita la información y la autoridad se lleva la información de las 16 cámaras y no sólo la información de ese día, sino de meses o por un año", explicó.
Sostuvo que la legislación no fue consensada y desde el Poder Ejecutivo podría vetarse para evitar que sea publicada para su entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad" o, bien, dijo que en la reglamentación de la misma se podrían corregir ambigüedades que impida se viole la privacidad.
Dorantes Rodríguez manifestó que si no encuentran apertura desde el Poder Ejecutivo para revisar la nueva ley de videovigilancia, como empresarios promoverán juicios de amparo para que no se aplique.
"Esta ley no fue consensada, no fue consultada y que en su momento va a ser objetos de amparo, de litigios porque está trasgrediendo estos derechos", añadió.
Con la nueva legislación, el estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES)  regulará la instalación, utilización y operación de cámaras de grabación, para lo cual se creará un sistema estatal de videovigilancia y un registro de los dispositivos conectados con el centro de comando C5.

La nueva legislación ayudaría a prevenir y combatir los ilícitos mediante la colocación de los dispositivos de grabación en espacios públicos y privados.

La ley de videovigilancia para Morelos se encuentra lista para su aprobación por el Pleno del Congreso del estado. La nueva legislación ayudaría a prevenir y combatir los ilícitos, mediante la colocación de los dispositivos de grabación en espacios públicos y privados.
El miércoles pasado, legisladores locales se reunieron en las comisiones unidas de Seguridad y Protección Civil, Igualdad de Género, Puntos Constitucionales y Legislación, Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, y votaron en sentido positivo el dictamen de la citada ley, que será presentada ante el Pleno para su aprobación en la próxima sesión ordinaria.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que la ley de videovigilancia permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) firmar convenios con particulares para que se puedan instalar videocámaras, ya sea en empresas o viviendas, que estarán conectados al centro de comando (C5) para que cuando se cometa un ilícito ayuden a aportar pruebas para la detención de los responsables.
Explicó que para el intercambio de información o  de imágenes tendrá que existir un convenio de por medio,  a fin de que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Es un tema que ya traíamos de tiempo, que se había estado analizando y lo que nosotros cuidábamos mucho era precisamente el tema de derechos humanos y sobre todo respetar el tema de transparencia y protección de datos personales, que es un tema del que se ha hablado mucho en esta situación", añadió.
Por otro lado, la legisladora informó que también se aprobó un dictamen de reforma en materia de violencia política de género para evitar agresiones en contra de mujeres candidatas a un puesto de elección popular, mediante propaganda colocada en las unidades del transporte o u otros espacios públicos.
"Se plantea que la publicidad no dañe o no afecte la integridad de las personas o genere violencia contra la mujer. Llegamos a ver imágenes fuertes o muy complicadas en contra de la mujer", indicó la diputada.

Ya están colocadas algunas, falta que entren en operación.

Jojutla.- El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó que pese a la situación económica complicada que se vive en el municipio, se instalarán cámaras de videovigilancia en las calles principales en esta cabecera.

El edil dijo que en materia de seguridad, en su primer año de gobierno, se bajó el índice de homicidios en el municipio en un 30 por ciento.

“Que hay robo a casa habitación, sí, pero ya no hay homicidios como los había antes, a plena luz del día, en plena calle, en pleno espacio público. En el tema de seguridad no vamos a parar hasta tener una ciudad segura”.

En este sentido, destacó que ya hay algunas cámaras de seguridad instaladas en  muchas avenidas, lo cual no se tenía antes y la gente todavía no lo sabe.

No recordó el número total de ellas, pero dijo que ya están colocadas y faltan sólo algunos detalles para ponerlas en operación y se van a controlar desde el C-2.

 “Cuando estén al cien por ciento, lo vamos a dar a conocer”, apuntó.

Afirmó que se adquirieron con recursos propios antes de esta contingencia y confió en que estén operando a la brevedad posible.

Añadió que hay otras cosas también que se adquirieron con recursos propios, pero eso lo dará a conocer después, en su momento.

Sobre el mismo tema de seguridad, aprovechó para mencionar que debido a las pensiones y jubilaciones, disminuyó el número de elementos policíacos y no cuentan con recursos para contratar más.

“Tenemos sólo 79 activos en la Policía porque desafortunada, o afortunadamente para ellos, ya están jubilados o pensionados, pero al final, y no tenemos más recursos para aumentar la nómina de los policías”.

El objetivo es mejorar los esquemas de prevención con la tecnología: Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de Seguridad Pública, Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, presentó el proyecto de compra de cámaras de seguridad para distribuirlas en los 10 municipios de mayor incidencia delictiva, ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.
Ortiz Guarneros resaltó que el objetivo es fortalecer los esquemas de prevención con la red de videovigilancia en el estado y reducir los tiempos de respuesta en los auxilios.
Asimismo, explicó que el proyecto está planteado para la activación de cámaras en puntos estratégicos de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Ciudad Ayala, Temixco, Jojutla, Yautepec, Xochitepec y Puente de Ixtla.
En su intervención, el encargado de Despacho del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), Víctor Fernando Lobato Castañeda, detalló que el costo total de la instalación y mantenimiento de las cámaras serán subsidiadas por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad Promoción del Empleo (Fidecomp).
Aunado ello, dijo, se prevé la reparación de 247 cámaras de los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvive) y con el apoyo de Teléfonos de México (Telmex) adquirir otras 400 para completar mil cámaras.
Finalmente, en esta reunión se abordaron temas referentes a la dignificación de los cuerpos policiales y proyectos de prevención del delito que se llevan a cabo en los 36 municipios.

Diputados aseguran que la iniciativa fue socializada.