Sus integrantes son Amalia Hernández Hernández, Miguel Albavera Rojas, Celia Salinas Maya, Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz.
La Secretaría de Gobierno designó a los cinco nuevos integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, luego de que el nombramiento se mantuvo paralizado durante cinco meses, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.
A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se dio a conocer la designación de los activistas y familiares de desaparecidos Amalia Hernández Hernández, Miguel Alvavera Rojas y Celia Salinas Maya, como representantes de la sociedad civil dentro del consejo ciudadano.
Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz, fueron seleccionados para integrarse al consejo como especialistas en materia legal y forense.
La Secretaría de Gobierno detalló que recibió ocho propuestas de aspirantes a integrar el consejo ciudadano, cinco de ellas correspondientes a ciudadanos familiares de víctimas de desaparición, y tres ciudadanos especialistas.
Al revisar la trayectoria y la documentación proporcionada por cada aspirante, “se procedió a realizar un análisis de los perfiles, en atención a su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, laboral y de conocimientos especializados en las materias afines en la protección y defensa de los derechos humanos, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, concluyendo esta Secretaría de Gobierno que el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano”.
Los consejeros ciudadanos durarán en su función tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público en términos del artículo 16 del Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.
Con esta designación queda totalmente integrado el consejo ciudadano, luego de que colectivos y familiares de víctimas han exigido resultados, tanto al gobierno de Morelos como a la Fiscalía General del Estado, igual que la identificación de los cuerpos extraídos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y denunciar los más de 500 cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio México Forense.